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27 noviembre 2014 4 27 /11 /noviembre /2014 16:58

 

Un tuerto en la COP 20

Jueves 27 de noviembre del 2014
Editorial ELCOMERCIO.PE

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 20), que se realizará en Lima en los próximos días, busca dejar todo listo para que el próximo año se pueda suscribir en París un acuerdo global sobre el medio ambiente. Aquí, nuestro país tiene el gran reto de presentar una postura que concilie la crucial protección del medio ambiente con la promoción de la inversión en los sectores productivos que, después de todo, nos han permitido crecer y crear miles de puestos de trabajo en los últimos años.

Es precisamente por lo anterior que preocupa que al sector privado no se le haya permitido una participación más activa en las reuniones preparatorias para la COP 20. Después de todo, la experiencia y conocimiento específico de los privados hace que sus opiniones y sugerencias sean especialmente valiosas para conseguir proteger el ambiente sin trabar innecesariamente el desarrollo económico del país.

La importancia de escuchar a los privados para tomar mejores decisiones tanto para el ambiente como para atraer inversiones es una lección que ya debería haber aprendido el gobierno. Recordemos, por ejemplo, que cuando se elaboró la norma de Estándares de Calidad Ambiental (ECA) la coordinación con el sector privado fue muy limitada. ¿El resultado? Los parámetros se impusieron de manera unilateral y transversal para todos los sectores, sin tomar en cuenta cuáles eran las opciones más razonables y dejando de lado que este tipo de cambio de reglas debería ser gradual. Los ECA resultaron siendo demasiado exigentes, al punto que ponían en riesgo la viabilidad financiera de muchas empresas. El gobierno, finalmente, reconoció las limitaciones de la norma y pudo modificarla encontrando una alternativa que protegiera al ambiente sin perjudicar innecesariamente a las inversiones. Todo esto se hubiera podido evitar si, desde el principio, hubiera existido un diálogo abierto y transparente entre el sector público y privado.

Lo mismo sucedió cuando se cambiaron los lineamientos de sanciones del Organismo de Evaluación Fiscal Ambiental (OEFA). Nuevamente, se creó un sistema fiscalizador con un enfoque excesivamente complejo y que permitía que se elevasen sustancialmente las multas. En realidad, el verdadero enfoque del OEFA siempre debió haber sido el de actuar más como un facilitador para incrementar el cumplimiento ambiental de las empresas sin arriesgar por ello que estas quiebren y afecten así el crecimiento y el empleo en el país. Tan mal fueron diseñadas estas políticas, que el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas tuvieron que intervenir y llegar a un acuerdo que implicaba bajar las multas por un período de tres años, para así brindar a los inversionistas las facilidades de adoptar medidas correctivas.

El problema que los anteriores casos ilustran no es solo que, cuando falta el diálogo, se corre el riesgo de que se promulguen regulaciones inadecuadas, gastando tiempo y dinero del Estado por gusto. El problema también es que luego el Estado tiene que retroceder, lo que lamentablemente mella su legitimidad.

Esto es precisamente lo que podría pasar con los compromisos que asumiríamos en la COP 20. Si bien no son vinculantes, lo cierto es que es importante que no nos pongamos metas que luego sean una camisa de fuerza que afecte irrazonablemente la actividad privada y de la que sea difícil zafarnos.

Por supuesto, el diálogo con los privados del que hablamos no es exclusivo para temas ambientales. En general, cada vez que el Estado busque hacer reformas o establecer nuevas regulaciones es importante que le dé un espacio a todos los interesados para poder discutir, dando sus argumentos a favor o en contra y también compartiendo sus sugerencias. Solo así podrán, por otro lado, tomarse decisiones analizando, realmente, cuáles son todos los costos y beneficios de las normas en cuestión y llegar a un consenso que beneficie a la sociedad.

El Estado, en fin, tiene que mirar los problemas sociales con dos ojos, el público y el privado. Y, lamentablemente, en el tema ambiental el gobierno a veces prefiere hacerse el tuerto.

 Países ricos quieren que el “Fondo Verde del Clima” beneficie a empresas transnacionales   Unas 160 organizaciones y redes de 40 países denunciaron este viernes 2 de diciembre de 2011 en Durban, Sudáfrica, los intentos de los países ricos de convertir el Fondo Verde del Clima en un instrumento para beneficio de las empresas transnacionales.  En una carta a los miembros del Comité de Transición que negocia la puesta en funcionamiento del fondo, los firmantes mostraron su preocupación ante la posibilidad de que el Fondo Verde se coloque al servicio de los intereses de los sectores empresariales y financieros en lugar de subvencionar acciones para salvar el planeta y proteger a los pobres en los países en desarrollo.  “Nos oponemos firmemente a cualquier recurso que vaya desde el Fondo Climático Verde directamente hacia el sector privado, a cualquier recurso que vaya dirigido a crear facilidades en una empresa privada”, señala el texto.  Asimismo, las organizaciones, entre las que se encuentran Ecologistas en Acción, Colectivo de Mujeres Acción Política por la Equidad y más de una treintena de agrupaciones de Estados Unidos y el Reino Unido, reclaman que el fondo evite vincularse con los mercados de carbono y otros instrumentos financieros de riesgo.  “Los mercados de derivados de carbono han estado plagados de escándalos de mercado, los precios del carbono han sido extremadamente volátiles y, en los últimos tiempos, muy bajos. Una empresa del sector privado vinculada a los mercados de carbono no proporcionará un flujo fiable de financiación para los países en desarrollo para la adaptación y mitigación”, precisa el documento.  El fondo debe administrar los recursos que los países desarrollados se comprometieron a entregar a las naciones subdesarrolladas para acciones de mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero y trabajos de adaptación contra las secuelas del cambio climático.  La promesa de los países ricos en realidad data de la XV cumbre del clima en Copenhague, cuando propusieron movilizar 100 mil millones de dólares anuales a partir de 2020, con una mezcla de recursos financieros provenientes de entidades privadas y públicas.  En reuniones del Comité de Transición previas a la cita de Durban emergieron claras diferencias entre los dos bloques que componen el mecanismo, 25 países en desarrollo y 15 países ricos.  El pasado encuentro de Cancún estableció que el Banco Mundial actuará como órgano de fideicomiso interino, sujeto a revisión tres años después de que sea operacional la reserva financiera.  La última propuesta para poner en marcha el Fondo data de octubre último, y en ella permanecían con vida desavenencias en torno a la estructura y funciones del instrumento financiero.

Países ricos quieren que el “Fondo Verde del Clima” beneficie a empresas transnacionales Unas 160 organizaciones y redes de 40 países denunciaron este viernes 2 de diciembre de 2011 en Durban, Sudáfrica, los intentos de los países ricos de convertir el Fondo Verde del Clima en un instrumento para beneficio de las empresas transnacionales. En una carta a los miembros del Comité de Transición que negocia la puesta en funcionamiento del fondo, los firmantes mostraron su preocupación ante la posibilidad de que el Fondo Verde se coloque al servicio de los intereses de los sectores empresariales y financieros en lugar de subvencionar acciones para salvar el planeta y proteger a los pobres en los países en desarrollo. “Nos oponemos firmemente a cualquier recurso que vaya desde el Fondo Climático Verde directamente hacia el sector privado, a cualquier recurso que vaya dirigido a crear facilidades en una empresa privada”, señala el texto. Asimismo, las organizaciones, entre las que se encuentran Ecologistas en Acción, Colectivo de Mujeres Acción Política por la Equidad y más de una treintena de agrupaciones de Estados Unidos y el Reino Unido, reclaman que el fondo evite vincularse con los mercados de carbono y otros instrumentos financieros de riesgo. “Los mercados de derivados de carbono han estado plagados de escándalos de mercado, los precios del carbono han sido extremadamente volátiles y, en los últimos tiempos, muy bajos. Una empresa del sector privado vinculada a los mercados de carbono no proporcionará un flujo fiable de financiación para los países en desarrollo para la adaptación y mitigación”, precisa el documento. El fondo debe administrar los recursos que los países desarrollados se comprometieron a entregar a las naciones subdesarrolladas para acciones de mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero y trabajos de adaptación contra las secuelas del cambio climático. La promesa de los países ricos en realidad data de la XV cumbre del clima en Copenhague, cuando propusieron movilizar 100 mil millones de dólares anuales a partir de 2020, con una mezcla de recursos financieros provenientes de entidades privadas y públicas. En reuniones del Comité de Transición previas a la cita de Durban emergieron claras diferencias entre los dos bloques que componen el mecanismo, 25 países en desarrollo y 15 países ricos. El pasado encuentro de Cancún estableció que el Banco Mundial actuará como órgano de fideicomiso interino, sujeto a revisión tres años después de que sea operacional la reserva financiera. La última propuesta para poner en marcha el Fondo data de octubre último, y en ella permanecían con vida desavenencias en torno a la estructura y funciones del instrumento financiero.

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 Perú se adhirió al Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un espacio de análisis e intercambio de experiencias sobre las políticas económicas y sociales entre países desarrollados y en vías de desarrollo, informó el 27 de noviembre de 2014 el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE).  El objetivo principal del centro es brindar apoyo a las tomas de decisiones y para la adopción de políticas que estimulen el crecimiento y la mejora de las condiciones de vida de la población, particularmente en los países en desarrollo.  Con su ingreso, Perú participará en los trabajos del centro junto a las principales economías del planeta, así como con Brasil, Chile, Colombia y México, a nivel de Latinoamérica.  El MRE dijo que como parte de su política exterior, desarrolla una estrategia progresiva de incorporación de Perú a los comités y grupos de trabajo de la OCDE, en coordinación con los diversos sectores de la administración pública.

Perú se adhirió al Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un espacio de análisis e intercambio de experiencias sobre las políticas económicas y sociales entre países desarrollados y en vías de desarrollo, informó el 27 de noviembre de 2014 el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE). El objetivo principal del centro es brindar apoyo a las tomas de decisiones y para la adopción de políticas que estimulen el crecimiento y la mejora de las condiciones de vida de la población, particularmente en los países en desarrollo. Con su ingreso, Perú participará en los trabajos del centro junto a las principales economías del planeta, así como con Brasil, Chile, Colombia y México, a nivel de Latinoamérica. El MRE dijo que como parte de su política exterior, desarrolla una estrategia progresiva de incorporación de Perú a los comités y grupos de trabajo de la OCDE, en coordinación con los diversos sectores de la administración pública.

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  • Malcolm Allison H malcolm.mallison@gmail.com
  • Biólogo desde hace más de treinta años, desde la época en que aún los biólogos no eran empleados de los abogados ambientalistas. Actualmente preocupado …alarmado en realidad, por el LESIVO TRATADO DE(DES)INTEGRACIÓN ENERGÉTICA CON BRASIL
  • Biólogo desde hace más de treinta años, desde la época en que aún los biólogos no eran empleados de los abogados ambientalistas. Actualmente preocupado …alarmado en realidad, por el LESIVO TRATADO DE(DES)INTEGRACIÓN ENERGÉTICA CON BRASIL

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