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7 enero 2015 3 07 /01 /enero /2015 15:55
A computer rendition of the Barro Blanco Dam after completion
A computer rendition of the Barro Blanco Dam after completion

Ngabe protesters camped for weeks on the banks of the Tabasara River.

PRONUNCIAMIENTO EN REFERENCIA A DECISION DE LA CORTE EN CASO DE BARRO BLANCO

La Alianza Ciudadana Pro Justicia y la Red de Organizaciones de Derechos Humanos de Panamá vemos con suma preocupación la decisión de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en el caso de la demanda de nulidad presentada por el Centro de Incidencia Ambiental a nombre del Movimiento 10 de abril, en contra el Proyecto Hidroeléctrico Barro Blanco por la falta de consulta a los pueblos originarios dentro del Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. Esta decisión de la Corte Suprema no solo afecta este caso, sino que genera un precedente funesto en el reconocimiento del consentimiento, previo, libre e informado y del significado de una real consulta ciudadana.

En esta decisión judicial se evidencia que la Sala posee un errado concepto de lo que es un proceso de consulta a pueblos originarios, ya que considera que la realización de un solo Foro Público en área no comarcal, así como el aviso que dio la Cacica General de la Comarca a las comunidades comunicándoles que se aproximaba la construcción del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco constituían prueba que la población comarcal conocía todos los impactos que produciría la obra. También, destaca la Corte que el idioma oficial del país, es el español, siendo “el que corresponde en el desarrollo de las distintas actuaciones de los poderes públicos”.

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En ese sentido, la Sala no tomó en cuenta las características culturales de la población afectada, lo cual elevaba la responsabilidad que tenía el Estado de garantizar que el proceso de consulta fuera efectivo y que se ajustase a los estándares internacionales precitados. De igual forma. Lo anterior se contrapone a lo establecido por la jurisprudencia de la Corte IDH, la cual señala que “la consulta no debe agotarse en un mero trámite formal, sino que debe concebirse como "un verdadero instrumento de participación” , “que debe responder al objetivo último de establecer un diálogo entre las partes basado en principios de confianza y respeto mutuos, y con miras a alcanzar un consenso entre las mismas”.

Es rescatable el salvamento de voto hecho por el Magistrado Abel Zamorano, el cual concluye que “en estos casos, no se puede la justicia conformar con el estricto cumplimiento o apego a la ley por parte de la Autoridad, sin atender al ser humano, pues al ser parte de tratados, convenios y declaraciones internacionales en materia de derechos humanos, Panamá debe implementar prácticas efectivas […] razonables para este tipo de situaciones, en donde se involucra a sectores vulnerables de la sociedad; y en este caso, a humilde criterio, ello no se cumplió […]”.

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Esta decisión judicial constituye un precedente nefasto para la justicia panameña, por el desconocimiento de los estándares internacionales sobre consulta previa, libre e informada, por la omisión que promueve al ignorar que la consulta a los pueblos originarios que serán afectados por proyectos o planes de desarrollo deben ser realizadas por el Estado y no por la empresa que pretende llevar a cabo el proyecto de acuerdo a procesos culturalmente adecuados desde la primera etapa del plan de desarrollo, manteniendo una comunicación constante entre las partes a lo largo del proceso. Siendo además contradictorio con el anuncio del Ministerio de Gobierno que se promoverá la próxima ratificación del Convenio 169 de la OIT, ya que este precedente jurisprudencial desvirtúa totalmente el concepto de la consulta previa, libre e informada.

Finalmente, consideramos que este tipo de decisiones que está adoptando la Corte Suprema en casos de alto impacto humano y social, no solo no resuelven el conflicto, sino por el contrario profundizan el conflicto, poniendo en peligro la paz social.


Panamá, 8 de septiembre de 2014

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Polémica por Barro Blanco


Dirigentes indígenas advierten que no saldrán de sus tierras a orillas del rió Tabasará, pese a que el gobierno ya autorizó el ingreso al área.

14 feb 2014 -


Indígenas denunciaron ayer que buscan sacarlos de sus tierras para dar paso al proyecto hidroeléctrico Barro Blanco en las aguas del río Tabasará, Tolé, provincia de Chiriquí.

Según Ricardo Miranda, coordinador del indigenista Movimiento 10 de Abril, fueron notificados de que, a partir del lunes 17 de febrero, la empresa responsable del proyecto, Generadora del Istmo S.A. (Genisa), está autorizada a ingresar a sus fincas cercanas al afluente.

Miranda no descarta que para ese día se pretendan llevar a cabo desalojos con ayuda de la Policía Nacional y maquinaria de la empresa, pues varias familias se negaron a vender los terrenos donde han vivido por años para dar paso a la hidroeléctrica.

De hecho, a través de un edicto de notificación con fecha de 28 de enero de 2014, la Autoridad de Servicios Públicos comunica que “el día 17 de febrero de 2014 a las 10:00 a.m. se procederá a ingresar a las fincas o predios, a fin de que la empresa Generadora del Istmo tenga acceso a los mismos”.

Incluso, por medio de esa notificación se gira oficio al Ministerio de Gobierno solicitándole el apoyo en dicha diligencia de entrada a esas tierras comarcales.

Para el dirigente indígena lo anterior no es más que una violación de los derechos humanos de los grupos étnicos del país y las normativas de la comarca Ngäbe Buglé, ya que se les quiere despojar de las tierras ancestrales para permitir el desarrollo de una obra inconsulta.

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ESTUDIO INCONSULTO

Desde sus inicios, Barro Blanco ha encontrado el rechazo no solo de agrupaciones indígenas sino también de los ambientalistas.

Por ejemplo, el estudio de impacto ambiental (EIA) para el proyecto fue demandado por el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam) en 2011 ante la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia, presuntamente porque no hubo una consulta pública apropiada con las comunidades anexas y que pertenecen a la comarca Ngäbe Buglé.

Los reportes de los dirigentes indígenas dan cuenta de que Barro Blanco afectará directamente a 270 personas que viven cerca de la cuenca del río Tabasará e indirectamente a 3 mil que dependen de ese afluente para diversas actividades.

Luisa Araúz, de la parte legal del Ciam, sostuvo que la represa se ha continuado construyendo a pesar de la demanda de nulidad que presentaron. “La demanda se sustentó en las violaciones que cometió tanto la Autoridad Nacional del Ambiente como la empresa en el tema de consulta con las comunidades”, acotó.

Araúz subrayó que en el foro público organizado para sustentar el proyecto solo participaron 41 personas y no fue realizado en el área comarcal. “Realmente fue un proceso con varias anomalías”, dijo la activista, quien recordó que esas tierras están protegidas por la Ley 10 que estableció la comarca.

En el Ciam enfatizan que Barro Blanco no es un proyecto de “interés público y de carácter urgente” como dicen el Gobierno y la empresa.

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PERITAJE

Precisamente, un peritaje que se entregó en septiembre sobre ese proyecto, luego de que se formara una mesa de diálogo con la Iglesia, representantes de la Organización de Naciones Unidas y autoridades comarcales señaló: “La falta de una consulta adecuada con respecto al proyecto Barro Blanco ha creado una situación de miedo y extrema ansiedad entre los pobladores. Los impactos directos e indirectos no han sido claramente explicados y ciertamente pueden afectar a la comunidad por lo que deben ser mitigados”.

Pese a esto, se continuó con las obras, que ahora tienen un 64% de avance.

Por su parte, la cacica general, Silvia Carrera, indicó que desde un principio esta obra estuvo rodeada de engaños, ya que se dijo que no afectaría a la población de la comarca, pero muchas familias tendrán que salir de allí.

Carrera indicó que la hidroeléctrica colinda con la zona comarcal y que el área de embalse podría inundar permanentemente cerca de seis hectáreas, sin considerar las posibles inundaciones adicionales en tiempos de crecida del río Tabasará.

No obstante, la empresa Genisa sostuvo en un comunicado que la obra continuará con apego estricto a la Constitución y a las leyes.

La nota también menciona que solo son cinco los propietarios que están dentro de las hectáreas del embalse. “Estos cinco propietarios serán debidamente indemnizados de conformidad al proceso legal vigente en el país”, añadió Genisa.

Además, planteó que en el foro con la Iglesia, como mediadora, nunca se evaluó la continuidad de la hidroeléctrica. “La mesa se instaló exclusivamente para la revisión técnica del EIA”, menciona el comunicado.

 


- See more at: http://impresa.prensa.com/panorama/Polemica-Barro-Blanco_0_3868113224.html#sthash.aqw11GkV.dpuf

 

 

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[PDF]Protestas masivas contra el proyecto hidroeléctrico Barro ...

www.internationalrivers.org/files/attached.../cdm_article_28spanish29.pd...

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Tabasará libre | Facebook

https://es-es.facebook.com/tabasaralibre

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La hidroeléctrica Barro Blanco y los Ngöbes.

www.orientacion-y-lucha.org/.../La-hidroelectrica-Barro-Blanco-y-los-N...

20 de mar. de 2014 - La hidroeléctrica Barro Blanco y los Ngöbes I. ... expresión genuina de los conflictos sociales correspondientes a las transformaciones ... río Tabasará, se tiene contemplada una presa de 360 m de longitud en su corona y 51

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Peritaje sobre Barro Blanco propone modificar embalse

impresa.prensa.com/.../Peritaje-Barro-Blanco-modificar-embalse_0_3757...

19 de set. de 2013 - conflicto en comarca indígena ... La hidroeléctrica Barro Blanco es un proyecto que requerirá la inundación de 258 hectáreas para la ..

 

Weni Bagama and two of her children, whom the Barro Blanco dam will force from their land.

Weni Bagama and two of her children, whom the Barro Blanco dam will force from their land. The sign says “No Barro Blanco” in the indigenous Ngäbe language. Bagama is a Ngäbe leader of the Movimiento 10 de Abril, a community-based movement defending the river from development projects.

Abby Rubinson / Earthjustice

What's at Stake

The Panamanian government’s approval of the Barro Blanco hydroelectric dam project disregarded the environmental impacts of the dam to indigenous peoples and violated their rights to consultation and territories. The project's registration under the Kyoto Protocol's Clean Development Mechanism highlights the need to ensure stronger protections of human rights in efforts to address climate change.

 

http://earthjustice.org/our_work/cases/2013/challenging-a-panamanian-dam-project-for-violating-indigenous-rights

 

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  • : Ecología y sostenibilidad socioambiental, énfasis en conservación de ríos y ecosistemas, denuncia de impacto de megaproyectos. Todo esto es indesligable de la política y por ello esta también se observa. Ecology, social and environmental sustainability, emphasis on conservation of rivers and ecosystems, denounces impact of megaprojects. All this is inseparable from politics, for it, the politics is also evaluated.
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  • Biólogo desde hace más de treinta años, desde la época en que aún los biólogos no eran empleados de los abogados ambientalistas. Actualmente preocupado …alarmado en realidad, por el LESIVO TRATADO DE(DES)INTEGRACIÓN ENERGÉTICA CON BRASIL
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