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14 julio 2015 2 14 /07 /julio /2015 21:11

 

Amazônia: 23 hidrelétricas e seus efeitos sobre Terras Indígenas, por Ricardo Verdum

 

23 hidroeléctricas en la Amazonìa y sus efectos sobre las tierras indígenas

 

La historia social y ambiental de la Amazonia brasileña en los últimos cuarenta años está profundamente marcada por la instalación y los efectos de los grandes proyectos de infraestructura, especialmente de transporte y generación de energía. El conocimiento acumulado sobre las obras del sector eléctrico muestra cómo este tipo de proyectos impacta en la naturaleza y las poblaciones humanas ubicadas en su área de influencia

23 junio 2015 - Ricardo Verdun

http://racismoambiental.net.br/2015/06/23/amazonia-23-hidreletricas-e-seus-efeitos-sobre-terras-indigenas/


Otro dato recurrente en esta historia es el gran poder de influencia que las empresas de construcción y los intereses alrededor de la exploración y extracción de minerales, petróleo, gas, industria forestal, exportaciones agroindustriales y de agroexportaciòn, tienen en la planificación estatal de desarrollo y en los espacios formalmente designados para la toma de decisiones o en las esferas políticas oficiales. La supuesta incapacidad del Estado para establecer normas de procedimiento para consultar a las comunidades indígenas, a las comunidades mestizas y a las comunidades tradicionales, parece ser la expresión exacta y el resultado de intereses y de reglas y jerarquías parcialmente visibles, que configuran esta relaciòn. [1]


No es raro que ocurra lo que Harvey (2008) llamò la acumulación por desposesión, que en la escena de la Amazonìa se manifiesta en la forma de incorporación por el capital de nuevas áreas territoriales y la privación de acceso a las comunidades tradicionales a las parcelas de tierra y agua utilizadas anteriormente. A ello sigue la privatización y la reducción de la naturaleza y condición de los recursos naturales, es decir las mercancía a insertarse en el mercado mundial para promover la producción y el crecimiento económico.


Estas obras generan flujo migratorio; promueven el desplazamiento y/o impacto directo en los medios de subsistencia de las poblaciones tradicionales (como indígenas, mestizos y ribereños) y de las poblaciones rurales; creando un entorno favorable para la intensificación de las disputas por la propiedad y el control de las tierras y territorios; aceleran el proceso de deforestación para implementar monocultivos (soja, caña de azúcar, eucalipto, etc.) o la mera especulación; desvían y alterar el curso de los ríos y pueden generar crisis de acceso y suministro de agua para otros fines de subsistencia consumo humano y (el caso de la mega-hidroelèctrica Belo Monte es un ejemplo); tienen impacto sistémico en la cadena alimentaria, sobre todo en la del pescado; causan la emisión de gases, como el metano, producido en la vegetación en descomposición no retirada de la zona del embalse hidroelèctrico; introduce nuevos patógenos y vectores de enfermedades, o dinamiza el proceso de propagación de la malaria, lo que lleva a un aumento en la incidencia de esta y otras enfermedades infecciosas; y estas obras están asociadas con el crecimiento exponencial de los casos de ETS (enfermedades de transmisión sexual).


La falta de planificación y el descuido de las condiciones establecidas en el momento de la concesión de licencias generan la precariedad de los servicios de salud pública y el alto costo de vida, especialmente en relación con los alimentos y la vivienda. Las acciones de mitigaciòn y compensaciòn implementadas por las empresas hidroeléctricas o el sector público, por lo general demoran mucho y están dirigidas a remediar los efectos de los impactos negativos. A menudo hay un crecimiento en el número de casos de violencia y de los índices de muerte para tal causa y por accidentes.




La construcción y operación de líneas de transmisión de energía, son otro factor de preocupación por sus múltiples impactos en términos ambientales, de población y sociales. Incluso en las llamadas plantas de energía de "plataforma", es necesario conectar la producción de energía, a la fuente generadora de sistema local, regional y / o nacional directamente. Y esto sucede en el terreno, por vìas abiertas en el bosque (carreteras) o la apertura y mantenimiento de corredores deforestados, que a veces son de docenas o incluso centenas de kilómetros de largo. Pasan por áreas protegidas, tierras indígenas, propiedades privadas, etc.


Un ejemplo de esta historia de desposesión territorial es el caso de los indìgenas Apinajé, que habita en la región de Tocantins conocida como “Bico do Papagaio”. Más de cincuenta años han visto su territorialidad y sus medios de vida restringidos por diversos proyectos (ferroviarias Carajás y Norte-Sur; carretera BR 153, Transamazônica y TO 126 e 134; linea de tensiòn de la UHE Tucuruí; impactos de las hidrelétricas Estreito y Lajeado), a las que se puede agregar la Hidrovia Tocantins/Araguaia y la amenaza, aùn latente de la construcciòn de la represa de Serra Quebrada Rio Tocantins
Esta supriminda cerca de 14% de la Terra Indígena Apinajé. Ademàs, enfrentan una deforestaciòn acelerada en el entorno de Tierra Indìgena, promovido por las empresas Sinobrás, Eco Brasil Florestas S/A, Cargil Agrícola S/A, Suzano Papel y Celulose S/A en amarre con el Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), para plantar soja, caña, eucaliptos e implementar carboneras en el extremo Norte del Estado de Tocantins.

Estas y otras situaciones y sus consecuencias y efectos se han observado y documentado en diversas situaciones en la Amazonia brasileña y otras partes del país y del mundo. [2]


Las represas en el Amazonas afectan a las tierras indígenas

 

A pesar de todas las pruebas y acusaciones, el Plan Decenal de Expansión de Energía 2023 (PDE, 2023), que se proyecta para el período 2014-2023 con un aumento de más de 28,000 megavatios (MW) de capacidad de generación eléctrica desde la instalación y puesta en marcha de grandes proyectos hidroeléctricos, se considera que ninguna de las 30 centrales hidroeléctricas diseñadas en el país para el período tienen injerencia directa en Tierras Indígenas (TI); También, que once de las 30 se encuentran hasta a 40 km de tierras indígenas en el Amazonas y 15 km en las otras regiones. Esta evaluación se basa en la Ordenanza Interministerial no. 419/2011, que regula las actividades de los órganos y entidades del gobierno federal en la licencia ambiental federal. En relación con 232 nuevas líneas de transmisión (LTS) contempladas por el Plan, que en conjunto conforman una superficie de 41.000 kilometros, el Plan prevé que serán afectadas ocho tierras indígenas. [3]

A partir de los datos e información almacenados en la base de datos creada por el Instituto de Estudios Socioeconómicos (INESC) como parte de la iniciativa "Inversión y Derechos de la Amazonia", constatamos que un conjunto de 23 plantas hidroeléctricas en al menos 16 proyectos tienen impactos sociales y ambientales en las tierras indígenas, es decir, la población que vive allí y/o las condiciones ambientales y los medios de que hacen uso y de que dependen para su mantenimiento y desarrollo.

La diferencia en los resultados se debe a la forma en que se construye conceptual  y materialmente la idea de impacto o interferencia. Bajo la ley actual, la "interferencia en  tierras indígenas" se produce cuando una parte de la Tierra Indígena se ve directamente afectada por el eje HPP o reservorio hidroelèctrico. Los criterios territoriales / ambientales no considera los aspectos sociales de la interferencia (o influencia) del proyecto sobre la población humana y desde nuestro punto de vista, es necesario que haya una revisión urgente de este indicador.


Al menos en lo que respecta a las comunidades indígenas, hay varios estudios que indican que los impactos indirectos negativos de este tipo de proyectos pueden ser iguales o más problemáticos y dañinos que los impactos directos. La simple noticia de que se planean obras cercanas, que hay gente encuestando en la región, midiendo, etc. Es suficiente para que la inquietud y el temor cunda en una comunidad. La situación en la cuenca del Tapajós es un buen ejemplo.

Estudios y análisis llevados a cabo en las últimas décadas muestran que la interferencia de este tipo de desarrollo va más allá de los 10 km del entorno. Puede llegar a las comunidades, incluso antes de que hayan tenido contacto directo, cara a cara, con los frentes de trabajo de construcción de represas, líneas de transmisión y carreteras. Según lo explicado por Darrell Posey (1987), situaciones de contacto se pueden separar en tres categorías en función de la naturaleza epidemiológica de la interacción:

1) Contacto Indirecto : incluye la transmisión de enfermedades sin ningún intermediario humano, a través de vectores y reservorios de insectos y animales;

2) Contacto Intermedio : depende de contacto momentáneo y / o fortuito con grupos o individuos tales como comerciantes, soldados, investigadores, empleados, exploradores, caucheros y otros pueblos indígenas que ya han tenido contacto con otras personas y sus enfermedades;

3) Contacto directo: que como su nombre lo indica, proviene de un contacto permanente con los misioneros, personal de agencias públicas instaladas en la Tierra Indígena, turistas o incluso casamiento con personas de otros grupos que ya están en situación de relación permanente con los centros urbanos o con características urbanas


La colección de artículos organizada por Martin Alberto Ibáñez-Novion y Ari Miguel Teixeira Ott (1987) y los estudios bibliográficos de Julio C. Melatti (1987) y Dominique Buchillet (2007), sumados a lo que se verificò en el Mapa del Hambre entre los Pueblos Indígenas en Brasil (Verdun 1995 Mapa da Fome entre os Povos Indígenas no Brasil) y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de los Pueblos Indígenas (Coimbra Jr. 2014), desvelar realidades muchas veces más complejas y proporcionar buenas pistas para investigar y explicar la relación entre territorio, gobernanza, desplazamientos sociales y  ambientales y la situación de la salud física y emocional de las personas y comunidades indígenas del Brasil.

 

 

Amazônia: 23 hidrelétricas e seus efeitos sobre Terras Indígenas, por Ricardo Verdum

 

No Inesc

A história social e ambiental da Amazônia brasileira ao longo dos últimos quarenta anos está profundamente marcada pela instalação e pelos efeitos de grandes obras de infraestrutura, especialmente de transporte e de geração de energia. O conhecimento acumulado sobre as obras do setor elétrico mostra o quanto esse tipo de empreendimento impacta a natureza e as populações humanas situadas na sua área de influência.

Outro dado recorrente nesta história é o grande poder de influência que as empresas construtoras e os interesses em torno da exploração e extração mineral, de petróleo, gás e florestal, e as empresas agroindustriais e de agroexportação, têm no planejamento desenvolvimentista estatal, nos espaços formalmente designados de tomada de decisões ou nas esferas políticas oficiais. A suposta incapacidade do estado de estabelecer regras de procedimento para consultar as comunidades indígenas, quilombolas e tradicionais nos parece ser a expressão exata e o resultado dos interesses e das regras e hierarquias parcialmente visíveis que configuram esta relação.[1]

Não é raro que ocorra o que Harvey (2008) denominou de acumulação por desapossamento, que na cena amazônica se manifesta na forma de incorporação pelo capital de novas zonas territoriais e da privação do acesso às comunidades tradicionais a parcelas das terras e águas até então utilizadas; a isso segue a privatização e a redução da natureza a condição de recurso natural, ou seja, de mercadoria a ser inserida no mercado global para promover a produção e o crescimento econômico.

Estas obras geram afluxo migratório; promovem deslocamentos e/ou impacto direto nos meios de subsistência de populações tradicionais (como indígenas, quilombolas e ribeirinhos) e de populações rurais; criam um ambiente favorável ao acirramento das disputas pela posse e o controle da terra e territórios; aceleram o processo de desmatamento para implantação de monocultivos (soja, cana, eucaliptos etc.) ou mera especulação; desviam e alteram o curso de rios, podendo gerar crises de acesso e abastecimento de água ao consumo humano e a outros fins de subsistência (o caso Belo Monte é um exemplo disso); têm impacto sistêmico na cadeia alimentar, especialmente na do pescado; provocam a emissão de gases na atmosfera, como o metano, produzido na decomposição da vegetação não retirada da área do reservatório d’água; introduzem novos patógenos e vetores, ou interferem no processo de disseminação da malária, levando ao aumento na incidência dessa e outras doenças infecciosas; e estão associadas com o crescimento exponencial dos casos de DSTs (doenças sexualmente transmissíveis).

A falta de planejamento e o descaso com as condicionantes estabelecidas por ocasião dos licenciamentos geram a precarização dos serviços de saúde pública e a elevação do custo de vida, relacionada especialmente com os itens alimentação e moradia. As ações mitigadoras e compensatórias implementadas pelas empresas de energia hidrelétrica ou pelo setor público, em geral são tardiamente implementadas e visam remediar os efeitos dos impactos negativos. Não raro ocorre um crescimento no número de casos de violência e nos índices de óbito por esse tipo de causa e por acidentes.

A construção e operação das linhas de transmissão de energia (também chamadas de “linhões”) são outro fator de preocupação, por seus múltiplos impactos em termos ambiental, populacional e social. Mesmo nas chamadas “usinas plataforma”, há a necessidade de escoar a produção de energia, conectando a fonte geradora às redes locais, regionais e/ ou ao sistema nacional, de maneira direta. E isso ocorre no terreno, por meio do aproveitamento de vias já abertas na mata (rodovias) ou da abertura e manutenção de corredores desflorestados às vezes por dezenas ou até centenas de quilômetros de extensão. Passando no interior de unidades de conservação, terras indígenas, propriedades privadas etc.

Um exemplo desta história de desapossamento territorial é o caso dos Apinayé, que habitam a região tocantinense conhecida como “Bico do Papagaio”. Ao longo de cinquenta anos viram sua territorialidade e meios de vida sendo restringidos por diversos empreendimentos (Ferrovias Carajás e Norte-Sul; rodovias BR 153, Transamazônica e TO 126 e 134; linha de tensão da UHE Tucuruí; impactos das hidrelétricas de Estreito e Lajeado), aos quais poderá se somar a Hidrovia Tocantins/Araguaia e a ameaça ainda presente de implantação da barragem de Serra Quebrada Rio Tocantins, esta última suprimindo cerca de 14% da Terra Indígena Apinajé. Ademais, enfrentam na atualidade um desmatamento acelerado no entorno da TI, promovido pelas empresas Sinobrás, Eco Brasil Florestas S/A, Cargil Agrícola S/A, Suzano Papel e Celulose S/A com a conivência do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), para o plantio de soja, cana, eucaliptos e implantação de carvoarias no extremo Norte do Estado do Tocantins.

Essas e outras situações e suas consequências e efeitos foram observadas e documentadas em diversas situações na Amazônia brasileira e noutras partes do país e do mundo. [2]

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Hidrelétricas na Amazônia: afetando Terras Indígenas

A despeito de todas as evidências e denúncias, o Plano Decenal de Expansão de Energia 2023 (PDE, 2023), que projeta para o período de 2014-2023 uma expansão de mais de 28 mil megawatts (MW) de capacidade de geração de energia a partir da instalação e da entrada em operação de grandes empreendimentos hidroelétricos, considera que nenhuma das 30 UHEs projetadas no país para o período tem interferência direta em Terras Indígenas (TI); também, que onze de 30 UHE estão situadas até 40 km de Terra Indígena na Amazônia Legal e 15 km nas demais regiões. Essa avaliação tem por base a Portaria Interministerial nº. 419/2011, que regulamenta a atuação dos órgãos e entidades da administração pública federal no licenciamento ambiental federal. Já em relação às 232 novas linhas de transmissão (LTs) contempladas pelo Plano, que no conjunto perfazem uma extensão de aproximadamente 41.000 km, o Plano prevê que oito Terras Indígenas serão afetadas. [3]

A partir dos dados e informações armazenadas no banco de dados criado pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) no âmbito da iniciativa “Investimentos e Direitos na Amazônia”, constatamos que de um conjunto formado por vinte e três hidrelétricas, em ao menos dezesseis empreendimentos há impactos socioambientais em Terras Indígenas, ou seja, na população que aí vive e/ ou nas condições ambientais e nos meios de que fazem uso e dos quais dependem para sua manutenção e desenvolvimento.

A diferença no resultado se deve a forma como é construída conceitual e materialmente a ideia de impacto ou de interferência. Segundo a legislação vigente, “interferência em TI” ocorre quando uma parcela da Terra Indígena é afetada diretamente pelo eixo ou reservatório da UHE. O critério territorial/ambiental não considera os aspectos humanos e sociais da interferência (ou influência) do empreendimento sobre a população. Do nosso ponto de vista, é necessário haver uma revisão urgente desse indicador.

Ao menos no que se refere às comunidades indígenas, há vários estudos indicando que os impactos indiretos negativos desse tipo de empreendimento podem ser tão ou mais problemáticos e danosos quanto os diretos. A simples notícia de que estão sendo planejadas obras nas proximidades, que pessoas estão andando pela região realizando levantamentos de dados, medições etc. é suficiente para trazer a inquietação e gerar temores ao interior de uma comunidade. A situação na bacia do rio Tapajós é um bom exemplo disso.

Estudos e análises realizadas nas últimas décadas mostram que a interferência desse tipo de empreendimento vai bem mais além da faixa de 10 km no seu entorno. Pode alcançar comunidades antes mesmo de elas terem tido um contato direto, face a face, com as frentes de trabalho de construção da barragem, linhas de transmissão e rodovias. Como explicado por Darrell Posey (1987), as situações de contato podem ser separadas em três categorias com base na natureza epidemiológica da interação:

1) Contato Indireto: inclui a transmissão de doenças sem nenhum intermediário humano, através de insetos e de reservatórios e vetores animais;

2) Contato Intermediário: depende de contato temporário e/ou fortuito com grupos ou indivíduos tais como mercadores, soldados, pesquisadores, funcionários, garimpeiros, seringueiro e outros indígenas que já tenham tido contato com outras pessoas e suas doenças;

3) Contato Direto: que como o próprio nome diz, provém de convívio permanente com missionários, funcionários de órgãos públicos instalados na Terra Indígena, turistas ou mesmo de parceiros de casamento com pessoas de outros grupos já em situação de relacionamento permanente com núcleos urbanos ou com feições urbanas.

A coletânea de artigos organizada Martin Alberto Ibáñez-Novion e Ari Miguel Teixeira Ott (1987) e os estudos bibliográficos de Julio C. Melatti (1987) e Dominique Buchillet (2007), somados ao que foi verificado no Mapa da Fome entre os Povos Indígenas no Brasil (Verdum 1995) e no Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas (Coimbra Jr. 2014), desvelam realidades inúmeras vezes mais complexas e fornecem boas pistas para investigar e explicar a relação entre território, governança, mudanças socioambientais e a situação da saúde física e emocional de indivíduos e comunidades indígena no país.

Considerações finais

Este quadro de pressões e de vulnerabilidades é mais grave quando não são reconhecidos os direitos territoriais coletivos das comunidades indígenas, ou quando a despeito de ter havido o registro fundiário, ou seja, de ter sido criada a Terra Indígena no papel, não são garantidas pelo estado as condições humanas e materiais à governança da sua proteção. Para desestimular as invasões e a depredação ambiental é preciso o estado se fazer presente nessas áreas de maneira adequada e efetiva. A precarização dos serviços prestados pela Fundação Nacional do Índio (Funai), com cortes sistemáticos efetuados no seu orçamento anual e perda de poder político de decisão nos assuntos sob a sua responsabilidade, em particular em processos de licenciamento ambiental, quando tem de avaliar e se posicionar sobre o impacto socioambiental em determinada Terra Indígena, tem efeitos diretos sobre os direitos territoriais dos coletivos indígenas. Lamentavelmente é isso o que vemos ocorrer de maneira generalizada e sistemática na Amazônia e no restante do país.

*Ricardo Verdum é Doutor em Antropologia Social pela UnB, em estágio pós-doutoral no PPGAS/UFSC. Contato: rverdum@gmail.com

Notas

[1] Em janeiro de 2012 o governo federal instituiu um GTI – Grupo de Trabalho Interministerial (Portaria Interministerial nº 35, de 31 de janeiro de 2012) com o objetivo de estabelecer os procedimentos de consulta prévia aos povos indígenas e comunidades quilombolas e tradicionais. O GTI foi coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República – SG/PR e pelo Ministério das Relações Exteriores – MRE e contou com a participação de ao menos 26 ministérios e órgãos vinculados. Passados dois anos, em fevereiro de 2014 o GTI encerrou seus trabalhos sem ter alcançado o objetivo.

[2] Vejam por exemplo Davis (1978); Diegues (1999); Dodde (2012); Fearnside & Graça (2009); Koifman (2001); Leonel (1992); Oliveira & Cohn (2014); Posey (1987); Reis & Bloemer (2001); Rocha (2013); Ramos & Taylor (1979); Santos & Nacke (2003); Verdum (1996, 2007, 2012); Verdum, Selau et al (1988); Verswijver & Araújo (2010).

[3] Em 25/03/2015 foi publicada a Portaria Interministerial nº 60, em substituição a 419/2011. No caso de aproveitamentos hidrelétricos (UHEs e PCHs), na Amazônia Legal, o eixo(s) do(s) barramento(s) e respectivo corpo central do(s) reservatório(s) não podem estar a menos que 40 km do limite da TI; e no caso de linhas de transmissão (LT), essa não pode estar numa distância menor do que 8 km do limite da Terra Indígena. Em 30/03/2015 foi publicada pela Funai a Instrução Normativa nº 02 de 27 de março de 2015, que veio para equalizar a atuação da Fundação com o que foi estabelecido na nova Portaria Interministerial.

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http://racismoambiental.net.br/2015/06/23/amazonia-23-hidreletricas-e-seus-efeitos-sobre-terras-indigenas/

 

 

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  • Biólogo desde hace más de treinta años, desde la época en que aún los biólogos no eran empleados de los abogados ambientalistas. Actualmente preocupado …alarmado en realidad, por el LESIVO TRATADO DE(DES)INTEGRACIÓN ENERGÉTICA CON BRASIL
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