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7 septiembre 2015 1 07 /09 /septiembre /2015 19:47

Padres y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, durante el encuentro con la prensa en Ciudad de México, el 6 de septiembre, poco después de que los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes dieran a conocer sus primeras conclusiones sobre los graves fallos en la investigación del caso. Crédito: Daniela Pastrana/IPS

 

Padres y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, durante el encuentro con la prensa en Ciudad de México, el 6 de septiembre, poco después de que los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes dieran a conocer sus primeras conclusiones sobre los graves fallos en la investigación del caso. Crédito: Daniela Pastrana/IPS

 

Vuelve al inicio la investigación sobre 43 estudiantes mexicanos

MÉXICO, 7 sep 2015 (IPS) - Casi un año después de la desaparición forzada de 43 estudiantes rurales en México, las investigaciones del gobierno retornaron al punto de partida, luego de que un grupo de expertos independientes desmontó todos los argumentos de la tesis oficial.

“Debe darse un replanteamiento general de la investigación”, dijo concluyente el psicólogo español Carlos Beristáin, uno de los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que el domingo 6 presentó su informe.

El GIEI fue creado por la CIDH, en acuerdo con el Estado mexicano y los representantes de las víctimas, para dar asistencia técnica internacional en la investigación del ataque perpetrado por policías municipales contra los 43 estudiantes, el 26 de septiembre de 2014, cuando se desplazaban en autobús.

Las víctimas estudiaban en una de las 17 escuelas que forman maestros rurales en el país, situada en Ayotzinapa, en el suroccidental estado de Guerrero.

Entre las 20 recomendaciones del GIEI están la unificación de la investigación, realizar las diligencias pendientes, investigar a funcionarios que obstaculizaron e impidieron la investigación, y agotar como línea prioritaria el móvil del traslado de estupefacientes.

 

El mandato inicial del GIEI duró del 2 de marzo al 2 de septiembre, tiempo en el cual los expertos revisaron los 115 tomos del expediente judicial del caso, visitaron los lugares y entrevistaron a los familiares de todas las víctimas.

El informe de 550 páginas es un catálogo de errores en la investigación encabezada por la Procuraduría (fiscalía) General: hechos no investigados, evidencias destruidas, grandes inconsistencias en las declaraciones de testigos, denuncias de tortura, inexistencia de hipótesis de búsqueda fundamentadas en hechos y desconexión en las investigaciones sobre el momento de la agresión y el destino final de los estudiantes.

Sobre todo, desmonta la tesis central, presentada en enero como la “verdad histórica” por el exfiscal Jesús Murillo Karam, de que los estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en un basurero del municipio de Cocula, vecino al de Iguala, donde ocurrió la agresión.

El gobierno se basó en los testimonios de tres presuntos participantes en el asesinato, que declararon que durante 12 horas alimentaron la hoguera con llantas, madera, diésel y otros combustibles. Luego machacaron los huesos hasta convertirlos en ceniza y juntaron los restos en bolsas de plástico que arrojaron al río vecino.

“No fueron incinerados en el basurero de Cocula. Ese evento, así como ha sido descrito, no pasó”, dijo contundente el abogado chileno Francisco Cox.

La conclusión del GIEI se basa en las investigaciones de José Torero, experto en fuegos de la australiana Universidad de Queensland, quien determinó que para incinerar los 43 cuerpos en esas condiciones hubieran sido necesarias 30 toneladas de madera, 13 de neumáticos y al menos 60 horas.

Además, la pira habría generado una llama de siete metros, un penacho de humo de 300 metros y, por la geografía del lugar, habría provocado un incendio forestal y la radiación “hubiera quemado vivo” a quien se acercara.

El informe despeja otras dudas, como la presencia del Ejército, en al menos dos de los escenarios, y la posibilidad de que el ataque lo originara una confusión.

“Los normalistas tuvieron vigilancia de autoridades estatales, federales y del Ejército. No es que no supieran quiénes eran y qué estaban haciendo”, dijo la abogada guatemalteca Claudia Paz.

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Vuelve al inicio la investigación sobre 43 estudiantes mexicanos

Los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes, reunidos con alumnos y familiares durante su visita a la Escuela Normal Rural Raul Isidro Burgos de Ayotzinapa, de donde salieron el 26 de septiembre los 43 estudiantes de magisterio rural, víctimas de desaparición forzada. Crédito: Cortesía de Centroprodh

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“Los estudiantes no llevaban armas, no hay policías heridos, llegaron a la ciudad mucho tiempo después de concluido el evento y su plan no era entrar a la ciudad”, agregó, en relación a un alegado móvil, relacionado con un intento de boicotear un acto político de María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde, a quien se vincula con la banda de narcotráfico que opera en Iguala.

Hay, en cambio, una línea no investigada y en la que podría ser clave un autobús de la línea Estrella Roja, que aparece y desaparece del expediente. Ese “quinto bus” fue el último en salir del terminal con estudiantes y tomó una dirección distinta al resto.

El GIEI supo que en Iguala opera una red de tráfico de heroína hacia Estados Unidos, que mueve sus cargamentos en autobuses comerciales y concluye que los estudiantes pudieron subir, sin saberlo, a una unidad que transportaba droga, lo que explicaría la “reacción extremadamente violenta y el carácter masivo del ataque”.

El grupo explicó que fue un ataque simultáneo, que duró al menos tres horas en nueve escenarios distintos, con la intención de impedir que los autobuses abandonaran la ciudad.

“El nivel de intervención de diferentes policías y escenarios (…) da cuenta de la coordinación y mando existente para llevar a cabo dicha acción”, indica el informe.

Pese a ello, la investigación se fragmentó desde el inicio y en algún momento hubo 52 fiscales trabajando por separado, sin intercambiar información entre ellos.

Por ello, entre las 20 recomendaciones del GIEI están la unificación de la investigación, realizar las diligencias pendientes, investigar a funcionarios que obstaculizaron e impidieron la investigación, y agotar como línea prioritaria el móvil del traslado de estupefacientes.

Ante la contundencia del informe, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, anunció por Twitter que dio instrucciones para que las recomendaciones se consideren en la investigación.

En una comparecencia ante la prensa en que no permitió preguntas, la fiscal general, Arely Gómez, nombrada en marzo, ofreció un nuevo peritaje del basurero y la extensión del trabajo del GIEI otros seis meses.

Para los padres de los normalistas desaparecidos no basta.

Se sienten timados por las autoridades y emplazaron al presidente a reunirse con ellos antes del 10 de septiembre. También demandaron que se ratifique al GIEI “hasta que se encuentre a los muchachos”.

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Un grupo de expertos independientes desmontó todos los argumentos de la tesis oficial del Estado mexicano, casi un año después de la desaparición forzada de 43 estudiantes rurales en México: las investigaciones del gobierno retornaron al punto de partida ...

“Debe darse un replanteamiento general de la investigación”, dijo concluyente el psicólogo español Carlos Beristáin, uno de los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que el domingo 6 presentó su informe.

El GIEI fue creado por la CIDH, en acuerdo con el Estado mexicano y los representantes de las víctimas, para dar asistencia técnica internacional en la investigación del ataque perpetrado por policías municipales contra los 43 estudiantes, el 26 de septiembre de 2014, cuando se desplazaban en autobús.

Las víctimas estudiaban en una de las 17 escuelas que forman maestros rurales en el país, situada en Ayotzinapa, en el suroccidental estado de Guerrero.
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¿Ahora qué?

La pregunta que queda en el aire es ¿qué sigue?

“El ancla es la recomendación de los expertos, la Procuraduría tiene que asumir el informe como parte de la investigación e integrarla al expediente”, dijo a IPS el abogado Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que acompaña jurídicamente a los padres.

En el mismo sentido, Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, comentó que tienen que agotarse las líneas de investigación sobre la conexión políticos-criminales. “Un buen indicio es que refrenden al grupo experto, mientras ellos estén podemos tener garantías”, consideró a IPS.

Pero no todos son tan optimistas. La agresión sobre los estudiantes rurales dejó, además de las 43 desapariciones forzadas, seis ejecuciones, entre ellas las de dos estudiantes asesinados a quemarropa y otro más torturado y luego asesinado, y 40 heridos (dos siguen en coma). Además, hay unas 700 familias víctimas.

El informe del GIEI rescata también la documentación de 148 casos de desaparecidos en ocho años, 82 en Iguala y 55 durante el mandato del alcalde José Luis Abarca.

Desde octubre de 2014 se detuvieron más de 100 personas, entre ellas Abarca y su esposa. No hay sentencias y no todas las detenciones se relacionan con los estudiantes.

El propio exalcalde está procesado por otra de las 55 desapariciones registradas durante su gestión. Y los 60 procesados por el caso de los estudiantes, enfrentan el delito de secuestro, no de desaparición forzada.

“Imagínate si así hacen con los 43, que le han dado la vuelta al mundo, que no hacen con nosotros”, dijo Mario Vergara, uno de los promotores de las búsquedas de familiares en las fosas descubiertas en la zona durante la investigación sobre los estudiantes.

“Agradezco mucho el trabajo de los expertos, pero mientras no encontremos a nuestros familiares, y no se castigue a los responsables, esto no habrá servido de nada”, sentenció a IPS.

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Editado por Estrella Gutiérrez

ipsnoticias.net/2015/09/vuelve-al-inicio-la-investigacion-sobre-43-estudiantes-mexicanos/

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ipsnoticias.net/2015/09/vuelve-al-inicio-la-investigacion-sobre-43-estudiantes-mexicanos/

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..............Niños y niñas protestan en el Ángel de la Independencia acompañados de padres y madres, donde escribieron peticiones para el 6 de enero, Día de los Reyes Magos, y expresaron sus deseos para que se esclarezca la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014.

 

Niños y niñas protestan en el Ángel de la Independencia acompañados de padres y madres, donde escribieron peticiones para el 6 de enero, Día de los Reyes Magos, y expresaron sus deseos para que se esclarezca la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014.

 

LAS 20 RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE EXPERTOS INDEPENDIENTES


http://noticias.terra.com.mx/mexico/las-20-recomendaciones-del-giei-sobre-el-caso-ayotzinapa
http://noticias.terra.com.mx/mexico/las-20-recomendaciones-del-giei-sobre-el-caso-ayotzinapa

1 Unificación de la investigación
Continuar unificando la investigación para que no se pierda la visión integral de los hechos; para que no se dificulte el encuentro entre los consignados, sus familiares y sus representantes legales; para acortar las distancias y facilitar el acceso de las víctimas a la justicia, evitar situaciones de inseguridad y asegurar que haya un adecuado acercamiento al proceso.


Hay que evitar el riesgo de la pérdida de evidencia para hechos conexos y se requiere una acumulación procesal para investigar y juzgar de manera integral los hechos de Ayotzinapa. Esta medida es fundamental para evitar la fragmentación y resalta la importancia de tener en cuenta el patrón de actuación, el contexto y la conexidad de los delitos cometidos, lo que considera que es clave para determinar la responsabilidad y modus operandi. Las investigaciones deben estar concentradas y ser llevadas a cabo por jueces competentes y accesibles.
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2 Considerar otras violaciones de derechos humanos y delitos
Investigar de manera adecuada otras graves violaciones de derechos humanos y delitos que se presentaron en el caso, entre ellos: 1) homicidios con disparos a quemarropa, 2) tortura, y otras circunstancias de la muerte en el caso de Julio César Mondragón Fontes), 3) tentativas de homicidio, 4) encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, 5) uso no adecuado de la fuerza, 6) lesiones y amenazas, que sufrieron los normalistas sobrevivientes.
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3 Llevar a cabo gestiones y diligencias pendientes
Agotar todas las declaraciones testimoniales que han sido solicitadas por el GIEI y que aún no se han realizado, así como peritajes fundamentales que aún se trata de desarrollar como telefonía y otros, la confrontación de la evidencia balística recogida con otras armas existentes en el expediente y con las armas de otros cuerpos de seguridad como la policía de Cocula, así como cruces de entre el ADN encontrado en muestras recogidas en los buses o en la ropa, con los perfiles genéticos de las víctimas y sus familiares. Realizar una investigación exhaustiva de las sábanas de llamadas tanto de las víctimas como de los indiciados por los hechos del 26 y 27 de septiembre
de 2014.
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4 Investigar posible traslado de estupefacientes
Investigar como línea prioritaria del desencadenamiento de la agresión contra los normalistas el móvil del traslado de estupefacientes. Para tal efecto se deben realizar cruces información con autoridades judiciales y gubernamentales a nivel internacional, así como identificar de manera precisa el autobús Estrella Roja.
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5 Investigar denuncias por malos tratos o torturas con las debidas garantías
Investigar con la participación de peritos independientes las denuncias de tortura contra presuntos perpetradores que se hayan producido.
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6 Realizar una segunda autopsia de Julio César Mondragón Fontes
Realizar una nueva autopsia a Julio Cesar Mondragón Fontes, con participación de expertos de la PGR y del EEAF (peritos argentinos), de acuerdo con la familia.
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7 Replantear elementos de investigación del caso
Replantear algunas de las hipótesis del caso y líneas de investigación en función de los hallazgos proporcionados por la investigación del GIEI.
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RESPONSABILIDADES

8 Determinar otras responsabilidades
Investigar si la actuación de todos los cuerpos de seguridad que estuvieron presentes en los hechos fue acorde a derecho y si cumplieron con sus respectivos protocolos de actuación, especialmente, con la obligación de proteger a los ciudadanos.
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9 Investigar otros posibles responsables
Investigar a todos los posibles responsables que podrían haber participado en los hechos de acuerdo con las declaraciones testimoniales y otras evidencias probatorias. La investigación del GIEI ha proporcionado nuevos elementos en ese sentido.
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10 Llevar a cabo nuevas capturas
Capturar a la mayor brevedad, y que sean dispuestos de manera inmediata a las autoridades judiciales, a los presuntos responsables de mayor nivel como Felipe Flores Velásquez, secretario de seguridad pública de Iguala en el momento de los hechos, Gildardo López Astudillo alias “El Cabo Gil” y Alejandro Tenescalco Mejía exmiembro de la policía municipal.
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11 Investigar el patrimonio de presuntos responsables
Investigar el patrimonio de los presuntos responsables del caso, su origen lícito, si se corresponde con su perfil de ingresos, si existen o han habido transacciones de bienes entre ellos o con otras personas, así como si han acudido a testaferros u otras maniobras fraudulentas para ocultar sus haberes y propiedades.
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12 Investigar la posible obstrucción de la investigación
Investigar a todos los funcionarios públicos que hayan obstruido la investigación del caso de Ayotzinapa.
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BÚSQUEDA

13 Mantener los procesos de búsqueda
Mantener los procesos de búsqueda siguiendo los acuerdos con la Policía Federal en las acciones operativas, y los criterios establecidos de forma conjunta para las mismas, como resultado de los buenos oficios interpuestos por el GIEI.
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14 Examinar otros lugares compatibles con restos cremados
En el contexto de evaluar todos los posibles destinos de los normalistas debido al hallazgo de un resto cremado identificado como correspondiente a uno de los normalistas desaparecidos, y a la necesidad de tener en cuenta todos los posibles destinos de los normalistas, investigar la existencia y posible uso de hornos de cremación en entidades públicas y privadas en los municipios de Iguala y Cocula, u otros que pudieran haber sido disponibles para los perpetradores para evaluar todas las
circunstancias y una eventual vinculación con los hechos.
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15 Actualizar el mapa de fosas y la investigación de casos de otros desaparecidos de
Iguala
Actualizar de manera constante el mapa de fosas de cadáveres y restos óseos hallados en Iguala y lugares aledaños, de forma que dicha información contribuya a encontrar indicios que puedan ayudar a realizar nuevas búsquedas de los normalistas. La búsqueda de fosas se puede fortalecer utilizando tecnología láser (LIDAR), para identificar perturbaciones en el terreno de los lugares cercanos a Pueblo Viejo, La Parota y alrededores. La colaboración de los expertos periciales de PGR y del EAAF es fundamental para la realización positiva de dichas gestiones y técnicas, así como para obtener resultados de mayor fiabilidad y confianza.
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16 Incorporar a la investigación fotografias satelitales y tecnología de búsquedas
Reiterar la solicitud de contar con una serie más amplia y de mejor calidad de las imágenes satelitales del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) y de otras instituciones, de los diferentes lugares de los hechos vinculados con la investigación.
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ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS

17 Llevar a cabo las recomendaciones sobre atención a los familiares y otras víctimas
Implementar las recomendaciones que en materia de atención a las víctimas en aspectos legales, sociales, psicosociales, médicos y de salud, así con medidas de protección fueron presentadas por el GIEI para que fuesen impulsadas por la Segob y la CEAV, en coordinación con otras entidades federales y estatales.
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18 Consolidar mecanismos de información y relación con los familiares y otras víctimas
Mantener de manera constante mecanismos de información, comunicación y enlace, con los familiares, víctimas y representantes del caso que permitan garantizar relaciones de confianza y entendimiento con las diferentes autoridades estatales.
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19 Reformar y cumplir los acuerdos de colaboración y compromisos del Estado
Respetar e impulsar los acuerdos que en relación con la búsqueda de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el manejo de la información y otros aspectos que se han definido entre los familiares de los desaparecidos, sus representantes y las más altas autoridades de México en octubre de 2014.
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20 Considerar medidas de protección y prevención
Evaluar y reforzar las medidas de protección y una investigación efectiva de las amenazas respecto a testigos vinculados al caso.

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Published by Malcolm Allison H malcolm.mallison@gmail.com - en HISTORIA UNIVERSAL DE LA INFAMIA HISTORIA
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  • : Ecología y sostenibilidad socioambiental, énfasis en conservación de ríos y ecosistemas, denuncia de impacto de megaproyectos. Todo esto es indesligable de la política y por ello esta también se observa. Ecology, social and environmental sustainability, emphasis on conservation of rivers and ecosystems, denounces impact of megaprojects. All this is inseparable from politics, for it, the politics is also evaluated.
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  • Malcolm Allison H malcolm.mallison@gmail.com
  • Biólogo desde hace más de treinta años, desde la época en que aún los biólogos no eran empleados de los abogados ambientalistas. Actualmente preocupado …alarmado en realidad, por el LESIVO TRATADO DE(DES)INTEGRACIÓN ENERGÉTICA CON BRASIL
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