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2 septiembre 2011 5 02 /09 /septiembre /2011 21:03

El crimen de Estado de la desaparición forzada perpetrado por la “democracia” en Colombia ha rebasado las dramáticas cifras de la dictadura argentina: sólo en los últimos 3 años el Terrorismo de Estado ha desaparecido a 38.255 personas (1). Se estiman en más de 250.000 las personas desaparecidas en los últimos 20 años. La desaparición forzada es un Crimen de Estado que acalla al desaparecido a la vez que inyecta terror en los sobrevivientes: persigue la parálisis de la reivindicación social. Es un genocidio contra la oposición política.  ——————— Azalea Robles

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38.255 personas desaparecidas en Sólo 3 (TRES) años en Colombia: esa es la realidad del Crimen de Estado!

38.255 personas desaparecidas en Sólo 3 (TRES) años en Colombia: esa es la realidad del Crimen de Estado, ya basta de minimizar el drama!
imagen y VIDEO desaparición forzada | Para Kaos en la Red | Hoy
 

El 29 de agosto 2011 la Comisión de Búsqueda cifró públicamente que busca a 62.000 desaparecidos en Colombia. En mayo 2011 el relator de la ONU hizo pública la cifra de Registraduría: al menos 57.200 desaparecidos: ante la evidencia de un drama del crimen de estado de la desaparición forzada sin parangón en el continente, han salido los medios de la oligarquía colombiana a tratar de minimizar y acallar las cifras. Lamentablemente su manipulación reiterada, martillada y omnipresente busca sembrar confusión y ocultar una vez más el clamor de víctimas y familiares.

Es muy importante que no permitamos una nueva minimización de esta realidad silenciada, y estar muy alertas a las redacciones manipuladoras, como aquella que busca aberrantemente cifrar los más de 60.000 desaparecidos en 60 años, cuando es conocido por datos de la propia Medicina Legal que SOLO en 3 años las herramientas represivas del estado colombiano han desaparecido al menos a 38.255 personas!

Muy pérfidamente la noticia de los mass-media hace datación de la génesis del proyecto de defensoría del pueblo (en los años 40) y la combina con las recientes cifras de la Comisión de Búsqueda: una atroz forma del gran capital y el estado de mentir para desaparecer no sólo a los desaparecidos, sino al hecho de la desaparición en sí.

Vea este VIDEO, Medicina Legal publicó un informe, en sólo 3 años 38.255 personas desaparecidas:

 

 

38.255 personas desaparecidas en Sólo 3 (TRES) años en Colombia: esa es la realidad del Crimen de Estado, ya basta de minimizar el drama! 

 
 

 

 

Más de 38 mil personas desaparecidas en Colombia, según Medicina Legal

Subido por el 11/05/2010

Según la organización Medicina Legal en Colombia hay más de 38 mil personas desaparecidas, explican que el problema obedece a grupos paramilitares y agentes estatales que ven en esta práctica una forma de callar a la oposición. teleSUR

http://multimedia.telesurtv.net/11/5/2010/8108/mas-de-38-mil-personas-desapar…

 

          
          

30 agosto día del Detenido Desaparecido: Colombia, crimen de Estado de Desaparición forzada contra 62 mil personas

imagen Areito/ Texto Azalea Robles/ VIDEOONU 57.200 desaparecidos, 62 mil Comisión d Búsqueda, víctimas buscan cientos de miles: Crimen de Estado de la desaparición forzada de la “democracia” colombiana rebasa cifras de dictaduras Cono Sur
[30-8-2011] | 304 lecturas | 5 comentarios30 agosto día del Detenido Desaparecido: Colombia, crimen de Estado de Desaparición forzada contra 62 mil personas 1 vídeos 1 vídeos

GRAN MINERÍA AVASALLA COLOMBIA malcolmallison – La Mula5 May 2011 La expansión de la actividad extractiva en Colombia responde, como la …. 800.000 afectados) y Brasil (1.000 desaparecidos, 39 muertos). malcolmallison.lamula.pe/…colombia45…/malcolmallison En caché -

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La apariencia: componente esencial de una “democracia” genocida que descuartiza personas vivas

 
En enero 2011
la Fiscalía publicó un informe acerca de los crímenes confesados por el paramilitarismo: al menos 173.183 asesinatos; 1.597 masacres; 34.467 desapariciones forzadas, entre otros crímenes cometidos entre 2005 y diciembre 2010 (ver 2). A este informe hay que sumarle el de febrero 2010, según el cual paramilitares aseguran haber perpetrado 30.470 asesinatos en 15 años (24). Y esto no es sino la punta del iceberg: en efecto, para acallar las revelaciones acerca de los comanditarios de las masacres (multinacionales, empresarios, políticos de alto nivel) el Estado colombiano ha procedido a extraditar a los principales capos paramilitares a Estados Unidos, en lo que las víctimas llamaron “la extradición de la verdad”. Asimismo han sido asesinados varios familiares de paramilitares cuando los paramilitares se han puesto muy locuaces a gusto de los comanditarios del genocidio (25). Pese a lo anterior, existen multitud de pruebas, de documentos, de informes y de testimonios que evidencian que el paramilitarismo es una Estrategia estatal. Existen pruebas fílmicas y fotográficas de la connivencia estatal-paramilitar y el paramilitarismo está preconizado en manuales militares (26). 
Testimonios de paramilitares, de sobrevivientes, y los resultados de los equipos forenses evidencian que la Estrategia paramilitar del Estado diseñó un método para descuartizar a seres humanos, y “Cursos de descuartizamiento” para adiestrar a los paramilitares en su función más específica: infundir terror en la población. “Cursos” en los que utilizaban a personas vivas llevadas hasta sus campos de entrenamiento para “ejercitarse” en descuartizamientos, torturándolas vivas. Francisco Villalba, el paramilitar que dirigió la barbarie del Aro, en la que torturaron y masacraron a 15 personas durante 5 días, revela detalles de esos “cursos”: “Eran personas que llevaban en camiones, vivas, amarradas (…) Se repartían entre grupos de a cinco (…) las instrucciones eran quitarles el brazo, la cabeza… descuartizarlas vivas (…) Ellos salían llorando y le pedían a uno que no les fuera a hacer nada, que tenían familia” (27) Los jefes de la herramienta paramilitar denuncian: “El paramilitarismo de estado sigue vigente” Jefe de las AUC Salvatore Mancuso. Así se expresó el paramilitar Hebert Velosa, alias ‘HH’, refiriéndose al ejército de Colombia: “Nosotros éramos ilegales y son más culpables ellos que nosotros, porque ellos representaban al Estado y estaban obligados a proteger a esas comunidades y nos utilizaban a nosotros. Nosotros cometimos muchos homicidios, pero ellos también deben responder…” (28)
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El “buen Estado desbordado”
Pese a tantas evidencias existentes de que Colombia lo que sufre es el yugo del Terrorismo de Estado, hay todavía agencias que buscan reforzar la idea del “buen estado desbordado”.
Fingiendo severidad y objetividad, dice el “informe” de la US office: “La reacción del gobierno colombiano ante el problema de las desapariciones ha sido retardada e insuficiente” (29). Planteando, en línea directa con la propaganda estatal, la idea del buen gobierno desbordado… El gobierno colombiano, según la US office, peca por “insuficiencia de reacción ante…” cuando la cuestión es que que ha “reaccionado” ante las denuncias: centenares de denunciantes han sido asesinados por la herramienta paramilitar del Estado, y miles de ellos dan cuenta de reiteradas amenazas por parte de la fuerza pública para que se callen.

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La propaganda del “post conflicto” encubre la profundización del genocidio
La falsimedia busca inyectar la idea de “post-conflicto” en un país cuyo ejército descomunal ejecuta bombardeos por toda la geografía y mantiene amplias zonas del país con restricción de alimentos y medicinas. Se busca establecer la idea del “post-conflicto” por encima de la realidad. No hay “post-conflicto” cuando las raíces del conflicto no han sido subsanadas: la tenencia de la tierra y la injusticia social en Colombia son dramáticas: el 68% de la población sufre miseria en el undécimo país más desigual del mundo. No hay “post conflicto” bajo las bombas y las fumigaciones, así como no hay “post conflicto” cuando la herramienta de la guerra sucia que adelanta el Estado sigue asesinando de forma exponencial: bajo Santos, la Herramienta paramilitar sigue activa. Sin embargo se intensifica la propaganda de “post-conflicto”, y se pretende presentar a Santos como “moderado”, cuando en los 90 primeros días de su mandato fueron asesinados 50 opositores políticos (denuncia PDA). Mientras la herramienta paramilitar sigue masacrando y los militares siguen asesinando niños para disfrazarlos de “guerrilleros abatidos en combate” (30), mientras continúan las fumigaciones hambreadoras, en la cámara de representantes se votan las leyes estrella del Uribo-Santismo (mayoría parlamentaria): la “Ley de Tierras”, y la “Ley de Víctimas”.
La “Ley de Tierras” es una ley inconsulta que favorece los grandes monocultivos, vulnera a los pequeños campesinos (desmonta la UAF), impulsa la minería multinacional y finge restituir tierras en lo que es en realidad la legalización del despojo, pues no hay desplazado que retorne a vivir en medio de los victimarios. Varios reclamantes de tierras han sido asesinados en estos meses en medio de la farsa de la restitución de tierras como es el caso de Óscar Maussa, apedreado y torturado hasta la muerte por la herramienta paramilitar, agonizando 7 horas mientras la policía, advertida al momento de las torturas, no hizo nada para salvarle la vida. (31).
La “Ley de Víctimas” ha sido denunciada por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado como otra ley inconsulta que deja por fuera del reconocimiento de “Víctimas” al genocidio contra la Unión patriótica (5000 asesinados por el estado), y a las víctimas de antes de 1991, entre otras aberraciones. Otro de los engaños es la noción de “Justicia Transicional” que se ha venido planteando desde la parodia de “proceso de desmovilización” de los paramilitares en 2005.
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La estafa de la Justicia Transicional
Ingrid Vergara, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), denuncia que no hay tal Transición: “Lo que la gente vive en las comunidades no es precisamente una “transición” (…) no hay garantías ni para los defensores de DDHH ni para las víctimas. La Ley de Víctimas no fue consultada con las víctimas, hay una institucionalidad permeada por el paramilitarismo: ¿Cómo se puede hablar de restitución de tierras si muchos de los despojadores están sesionando en el congreso?” “La ley carece de una ruta de protección: No hay acompañamiento para la restitución de tierras… en el territorio están los despojadores con el poder político y el poder de las armas ¿Cómo se va a proteger la vida de los reclamantes de tierras?”(32) 
El MOVICE objeta la denominación “Justicia Transicional”, cómo lo expresó María Cardona: “Nosotros objetamos la Ley de Víctimas porque desde el Movimiento de Víctimas nosotros no nos comemos el cuento de que estamos en post-conflicto, las altas esferas del poder gubernamental, la iglesia católica y los medios de comunicación masivos nos quieren hacer creer que Colombia está en post conflicto, y eso no es cierto. (…) La Ley Transicional es válida en un país que ha superado las causas estructurales que ocasionaron el conflicto y ya no tiene conflicto; pero ese no es el caso nuestro, por el contrario la brecha social es cada vez más grande… no hay razón para una Justicia Transicional que lo único que produce es más impunidad (…)(Ibíd.) 
Por asesinar 5.100 personas, sólo 8 años de prisión… para la Herramienta paramilitar 
Finalizando 2010 el Jefe Paramilitar Iván Laverde alias “el Iguano”, quién se declaró culpable de 5.100 asesinatos, fue condenado a sólo a 8 años de cárcel… (33) La Herramienta paramilitar goza de leyes especiales: en virtud de la mal llamada “Ley de Justicia y Paz”, la máxima pena que se le puede imponer a un paramilitar son 8 años de cárcel. El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado ha denunciado que la Ley de Justicia y Paz es una suerte de premio de impunidad a la herramienta paramilitar, por favores hechos al gran capital. La ley fue impulsada por el ex presidente Uribe, quién figura en las listas del Pentágono cómo el narcotraficante número 82 más peligroso del mundo (34)… sin que los Estados Unidos, quienes siempre andan declarando que “luchan contra el narcotráfico” hayan sabido dónde encontrarlo.
El Iguano fue hallado culpable de: tortura, homicidio agravado, desplazamientos forzados, 28 masacres, los homicidios de los fiscales Carlos Arturo Pinto y María del Rosario Silva, el asesinato del candidato a la Gobernación del Norte de Santander Tirso Vélez y el del asesor de la Alcaldía de Cúcuta Alfredo Enrique Flórez, perpetrados entre 1999 y 2005. El paramilitar admitió haber utilizado hornos crematorios para hacer desaparecer a sus víctimas, y torturas como el descuartizamiento de personas vivas… Sin embargo, a ojos de la “Justicia” colombiana, en pocos años habrá “saldado” cuentas con la sociedad: los acuerdos firmados durante la pantomima del “proceso de desmovilización”, sirvieron para premiar a los asesinos, para legalizar el despojo, y para darle una capa de pintura al propio impulsor de la Herramienta paramilitar: el Estado colombiano.
Bajo Santos se profundiza el blindaje de impunidad para paramilitares y sus financistas
Bajo el gobierno de Santos acaba de ser votada otra ley de impunidad para la herramienta paramilitar y sus financistas: se trata de la Ley 1424, que estipula: “(…)La información que surja en el marco de los acuerdos no podrá, en ningún caso, ser utilizada como prueba en un proceso judicial en contra del sujeto que suscribe el Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y a la Reparación o en contra de terceros”. El 29 de diciembre se convirtió en la ley 1424 de 2010 “Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones” (35). Evidentemente, con esta ley se blindan de impunidad los financistas de la herramienta paramilitar, los “terceros”.
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Detrás del drama de millones de personas se esconde la mano del gran capital
Una entrevista realizada al presidente Juan Manuel Santos en enero 2011, sintetiza la esencia de las motivaciones para la continuidad del genocidio: el drama colombiano está íntimamente relacionado con el capitalismo transnacional, no es el drama de “la bala perdida”, sino bien de una violencia ejercida desde el poder estatal y económico contra la población de un país cuyas riquezas son altamente codiciadas. Se trata de garantizarles a las empresas multinacionales la posibilidad de saquear sin trabas. Se trata de ofertarles el saqueo de los recursos y de la fuerza laboral, sin importar la destrucción del medio ambiente y de la seguridad alimentaria. Euronews le pregunta a Santos: “¿Hoy por hoy, es Colombia un país seguro para las inversiones extranjeras?” Santos: “Sin duda y no solamente lo digo yo, sino que lo dice el Banco Mundial, por ejemplo en su estudio Doing Business, Colombia aparece como uno de los países que más protege la inversión extranjera . Yo comparo mi política con las relaciones personales. Cuando uno dice que una persona es predecible, se piensa que es muy aburrida. Pues bien, yo quiero que para los inversores extranjeros, Colombia sea aburrida, es decir predecible, con reglas de juego estables y una seguridad jurídica. Eso es lo que queremos y por eso los inversores pueden estar tranquilos.” (36)

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  • Biólogo desde hace más de treinta años, desde la época en que aún los biólogos no eran empleados de los abogados ambientalistas. Actualmente preocupado …alarmado en realidad, por el LESIVO TRATADO DE(DES)INTEGRACIÓN ENERGÉTICA CON BRASIL
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