Monday 6 february 2012 1 06 /02 /Feb /2012 21:55

      

 

 

CONCESIONES DE HIDROELÉCTRICAS EN EL RÍO CHIRIQUÍ VIEJO PREOCUPAN A LA COMUNIDAD Y A LOS AMBIENTALISTAS

Cuenca 102, en poder de las hidroeléctricas

En el río Chiriquí Viejo hay ocho concesiones para hidroeléctricas: Baitún y Bajo Mina, de la empresa Ideal, S.A.; Bajo Frío, de Fountain Intertrade Corp.; Burica, de Hidro Burica, S.A.; El Alto, de Hydro Caisán; Terra 4-Tizingal, de Hidroeléctrica Tizingal, y Montelirio y Pando, de Electron Investment, S.A. Funcionarios de Anam reconocieron que no existe un plan de manejo del recurso hídrico para la cuenca 102 y que se trabaja en ello, luego de la visita de la oficina de reclamos Compliance Advisor Ombusman (CAO) en enero de 2010. Sin embargo, las concesiones hidroeléctricas ya están dadas.

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TEXTO: ALEIDA SAMANIEGO C.
MARY TRINY ZEA
FOTOS: ERIC BATISTA

panorama@prensa.com

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Los lugareños y productores de las áreas aledañas de la cuenca 102 –conocida como río Chiriquí Viejo– ven con preocupación cómo su principal fuente de agua es concesionada a grandes proyectos hidroeléctricos.

“El charco lo han secuestrado”, señaló Felipe Castillo, quien por 35 años ha vivido en la comunidad de Las Perlas, a las faldas del volcán Barú.

“Ahora no tenemos dónde pescar, porque el mayor caudal se lo llevan las hidroeléctricas y han realizado desvíos en el cauce del río”, dijo.

A Castillo también le preocupa que las fincas cercanas al río –que nace en el Parque Nacional Volcán Barú y baña con sus 161 kilómetros las fértiles tierras de Renacimiento, Bugaba y Barú– son compradas por empresas hidroeléctricas, impidiendo así el paso de los moradores al río, porque alegan que es propiedad privada.

El desarrollo de estos proyectos influyó en que migrara la mano de obra agrícola de la zona, fuerte productora de granos y ganado lechero, y en que el agua escaseara, afirman los pobladores.

“Tengo ganas de irme, ya no se puede dormir. El ruido de las maquinarias es a toda hora”, expresó con frustración Guido De Gracia, quien vive a pocos metros del lugar donde se construye el proyecto Bajo de Mina.

Al padre de Guido, la empresa Ideal S.A. le pagó sus tierras a 2 mil 500 dólares, lo que calificó como un “engaño”.

Por lo mismo pasa Florinda Montezuma, una indígena de Volcán, a quien la hidroeléctrica Pando-Montelirio le cambió la vida. Ella afirma que grandes piedras y arena es lo que queda donde antes corría el caudal del río, aquel al que acudían las familias a bañarse.

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Concesiones

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En el río Chiriquí Viejo hay ocho concesiones: Baitún y Bajo Mina, de Ideal, S.A.; Bajo Frío, de Fountain Intertrade Corp.; Burica, de Hidro Burica, S.A.; El Alto, de la empresa Hydro Caisán; Terra 4-Tizingal, de Hidroeléctrica Tizingal, y Montelirio y Pando, de Electron Investment.

El poderío de las hidroeléctricas no solo se registra en el Chiriquí Viejo. Desde 2006 –cuando gobernaba Martín Torrijos– los derechos de propiedad sobre el agua de los principales ríos (Chiriquí, Caldera y Tabasará, entre otros) pasaron a manos privadas por un período de 50 años prorrogables, según los contratos de concesión.

Las reglas de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) establecen que el 10% del caudal de estos ríos queda para abastecer de agua potable a las poblaciones. Esa pequeña cantidad también debe alcanzar para el uso agrícola, toma de agua de animales, turismo y el resto de las actividades.

El 90% del agua restante pasa a servir las necesidades de las ocho hidroeléctricas en construcción en la cuenca 102, trabajos que deben culminar en 2013.

Ante esta realidad, las aguas de los ríos de Chiriquí están agitadas. En total son 58 proyectos que se instalarán en la provincia, cambiando el entorno y la vida de sus habitantes cercanos.

Hay 26 proyectos en concesión y 32 solicitudes en trámite para la generación eléctrica, según un informe de la Dirección Nacional de Electricidad de la Asep.

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Aspectos ambientales

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En un recorrido terrestre y aéreo, este diario constató que las comunidades han tenido que cambiar sus costumbres de trabajo y forma de vida. Los distritos de Renacimiento, Bugaba y Barú son los más afectados.

Este sinnúmero de proyectos en concesión no solo preocupa a las comunidades; también a los ecologistas, por ser una amenaza directa al ambiente.

Damaris Sánchez, de la Fundación para el Desarrollo Integral, Comunitario y Conservación de Ecosistemas en Panamá (Fundiccep), reconoce que la producción energética es necesaria para fomentar el desarrollo, pero este no debe estar por encima de la conservación del recurso hídrico.

Sánchez señaló que no hay políticas para el manejo del recurso y que nunca se realizó un estudio integral del río Chiriquí Viejo para establecer su capacidad de abastecimiento a las hidroeléctricas y las comunidades, para luego tomar una decisión y dar las concesiones.

“Los contratos se han dado sin analizar quiénes son las personas que dependen de la cuenca 102, ya que las autoridades no han ido al campo a verificar la realidad de los distritos afectados”, se quejó.

Los ambientalistas de Chiriquí han llevado esta discusión a los foros internacionales. En enero de 2010, 16 organizaciones comunitarias y ambientales presentaron una reclamación al Compliance Advisor Ombudsman (CAO), mecanismo de rendición de cuentas de la Corporación Financiera Internacional (CFI) y la Agencia de Garantía de Inversiones Multilaterales.

Los reclamantes plantearon que serían afectados por todos los proyectos de energía hidroeléctrica que tienen concesiones en la cuenca del Chiriquí Viejo, incluido Pando-Monte Lirio, financiados por la CFI.

Las quejas están relacionadas con la falta de un proceso de consulta participativa con las comunidades, la ausencia de un estudio de impacto acumulativo de los proyectos hidroeléctricos de la cuenca y la posibilidad de inundación de las comunidades río abajo.

Además, está la restricción del acceso al agua; los altos niveles de sedimentación que podrían afectar la calidad del líquido y la infraestructura de tratamiento del agua corriente abajo (como en Barú), y las afectaciones en el entorno natural y los manglares localizados cerca de la desembocadura en el golfo de Chiriquí.

El dirigente ambiental de Volcán, Jorge Pittí, recordó que un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) advirtió de las graves consecuencias ambientales y sociales de los proyectos.

Los impactos descritos por el BID van desde modificaciones del caudal del río, la disminución de la calidad del agua y la afectación de las actividades turísticas.

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Sin plan de manejo

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Roberto Galán, director de Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas de la Autoridad Nacional de Ambiente (Anam), explicó que las hidroeléctricas utilizan el agua para generar energía y como no la consumen tanto como el sector agrícola, vuelve a su cauce.

Por eso la comunidad no debe preocuparse, ya que el agua estará disponible.

Agregó que la cuenca 102 tiene 200 usuarios con concesiones o permisos; las otras personas que adquieren el agua del río Chiriquí para sus actividades la utilizan ilegalmente.

Para tener una pequeña parcela de producción agrícola, los lugareños deben tener un permiso que cuesta 60 dólares al año, dijo Freddy Vega, de Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas.

En la Anam reconocieron que no hay un plan de manejo para la cuenca 102 y que se trabaja en ello, tras una visita del CAO. La elaboración de un plan de manejo cuesta de 300 mil a 400 mil dólares, calculó.

En tanto,  el pasado 9 de junio, el Consejo Municipal de Renacimiento prohibió por decreto que en los ríos Candela, Caña Blanca, Caisán, Cotito, Pavón, Sereno, Guisado y Chevo se construyeran más hidroeléctricas.

El objetivo de la norma es garantizar la seguridad alimentaria debido a que los ríos abastecen la producción agrícola, y también son atractivo turístico, indica el decreto. La medida no aplica para los proyectos aprobados y en construcción.

 Si bien el país requiere de energía para evitar racionamientos por el incremento de la demanda por el crecimiento del país, empresarios como Philippe Delmotte, gerente de GDF Suez Panamá, indican que hay otras opciones más amigables.

 GDF Suez tiene un proyecto hidroeléctrico en el río Chiriquí llamado Dos Mares, que producirá 118 MW. En Guanacaste, Costa Rica, tiene una planta eólica de 50 MW.

“El centro de Despacho de la Empresa de Transmisión Eléctrica decide quién va a operar en base al costo de cada planta para obtener el costo menor. Si un día la empresa no genera energía, tiene que comprarla al mercado ocasional y esto es un riesgo para una planta eólica”, contó. En Costa Rica, el contrato es diferente: si la planta genera, venden; si no, no.

Otro obstáculo es que el Gobierno fijó un máximo de 5% a la participación del sector eólico en el mercado energético local. Inversionistas indican que esto obstaculiza el desarrollo de fuentes limpias y reclaman que debió ser entre 20% y 25%, como en otros países.

Este medio solicitó entrevistas, en reiteradas ocasiones, a los representantes de las hidroeléctricas. Estos no atendieron el llamado.

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junio 2011 - Se llena embalse de Changuinola - además de la planta de AES Changuinola, otras seis plantas de generación están en su fase final de construcción, con una inversión conjunta de $873 millones.

 

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Auge económico pasajero

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El distrito de Renacimiento refleja un auge económico, ya que en la zona se construyen grandes proyectos hidroeléctricos y el dinero que ello genera se empieza a reflejar en las comunidades.

Los lugareños reconocen que el empleo que tienen hoy no es para siempre, y aprovechan el momento de bonanza para construir mejores viviendas, ahorrar e invertir en sus fincas de cultivo.

Otros, menos cautelosos, se lo gastan en cualquier bar de la comunidad, locales que han proliferado, según los moradores.

Para Quintín Pittí, representante de Montelirio, la llegada de las hidroeléctricas ha generado empleo en la zona, aunque ese auge tiene su aspecto negativo.

En las pequeñas fincas, los dueños pasan trabajo para conseguir empleados.

El principal atractivo para abandonar las fincas productoras es el salario en los proyectos –el cual está en 20 dólares por día­, frente a los bajos salarios que se devengan en los campos de producción –10 dólares diarios–, explica Pittí.

El alcalde de Renacimiento, Onelio Miranda, señala que hay cinco hidroeléctricas que están en construcción dentro de ese distrito, pero es muy poco el beneficio, pues casi ninguna apoya la parte social de las comunidades.

Destaca que Electron Investment, S.A., de Pando-Montelirio, es una de las que más se han comprometido con obras sociales.

La empresa ya desembolsó 90 mil dólares para comités comunitarios de los corregimientos de Montelirio, Santa Clara y Caisán, dijo.

En los proyectos hidroeléctricos solamente están trabajando unas 600 personas de esa región, lo que representa el 40% del total de empleos que las obras han generado. El resto proviene de otras partes de la provincia de Chiriquí.

Se prevé que esta prosperidad terminará cuando finalicen las obras.

“A pesar de los ingresos y los empleos que han surgido, tantos proyectos hidroeléctricos en un solo río como el Chiriquí Viejo no es positivo, porque ponen en riesgo la cuenca, y además se engañó a la población con falsas promesas de mejoras a la comunidad que no se han cumplido”, dijo el alcalde de Renacimiento.

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FLOR ROSARIO BOCHAREL

      http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2011/07/04/hoy/panorama/2640866.asp

 

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Represas son componente de política de exterminio de los Ngäbe Buglé de Panamá

 

 

 

 

 

 

Cuatro comunidades indígenas ngäbes desaparecieron con la crecida del embalse de Chan-75, la hidroeléctrica construida por la Corporación AES que promete añadirle vatios de potencia al mercado eléctrico de Panamá. Mientras los ejecutivos y el Gobierno celebran esta nueva obra de desarrollo, familias afectadas reclaman un pago justo por las tierras de cultivo inundadas. El embalse sobre el río Changuinola es el segundo con mayor impacto en la historia del país, luego de que en la década de 1970 se inundaran 35 mil hectáreas de terreno con las aguas del río Bayano. El valle de Bayano estaba habitado por indígenas gunas.

 

 

DIVISIÓN. 

 

MEGAPROYECTOS HIDROELÉCTRICOS Y DERECHO INDÍGENA

El mar de las montañas de Changuinola

 

 

LA PRENSA/ Gabriel Rodríguez.

 

julio 2011 - ANA TERESA BENJAMÍN

 

 

El valle del río Bayano tenía miles de hectáreas, y en sus tierras crecía la población guna y los mejores aguacateros.

 

Ubicado al este de la ciudad de Panamá, el Bayano, caudaloso y bravío, había sido el alimento y la vida para los gunas quienes, desde hacía siglos, recorrían las tierras colombianas y panameñas formando comunidades y asentamientos. 

 

Los relatos de los sailamar, los grandes jefes gunas, dicen que cuando llegaron los españoles al continente americano, este pueblo vivía cerca del río Tuira, en Darién. Las enfermedades y los conflictos hicieron que se movieran poco a poco hacia la región atlántica, hasta formar la comarca de Guna Yala. Más tarde poblarían las tierras de lo que hoy es Chepo. 

 

En los años 60 del siglo XX, el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) empezó los estudios para represar el Bayano y construir la hidroeléctrica Ascanio Villalaz. En ese entonces, en el valle de Bayano vivían miles de gunas y emberás, y cientos de colonos de Herrera y Los Santos.

 

En 1974, cuando la hidroeléctrica estaba en plena construcción y el país bajo el mandato del general Omar Torrijos, este viajó a Ikantí para reunirse con los sailas y explicarles el proyecto.

 

“Tenían siglos de estar allí y no concebían que debían salir”, relata el antropólogo Francisco Herrera, trabajador del IRHE en aquellos años y hoy miembro de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD).

 

En 1976, cuando se terminó la represa, 35 mil hectáreas del valle fueron inundadas y siete comunidades indígenas tuvieron que moverse ante el avance del “gran espejo de agua”. 

 

Cabeza de piedra

 

Es miércoles 8 de junio de 2011 y en la casa de Daniel Tera, allá en Guayabal, hay chivos, cabras, gallinas, un caballo, varios perros y algunos cerdos.

 

Construido con laurel y cedro, o tal vez guayacán, el tambo de Tera está sobre una colina húmeda que apenas se desprende del brazo verde de la selva bocatoreña.

 

Antes del 22 de mayo de 2011, llegar allí tomaba unas tres horas desde el Valle de Riscó, por un camino despejado y transitado.

 

Después del 22 de mayo, llegar hasta Guayabal toma seis horas penosas por entre montañas inacabables, árboles inmensos, ríos y quebradas, gritos de monos y cantos de tucanes, insectos de todos los colores... Y una humedad que se adhiere a la piel.

 

Ya en el tambo, huele a café y a limón. Carolina Tera tiene, como el resto de las mujeres, una trenza tejida en su cabello largo y negro, y no oculta su frustración.

 

“Nunca pensé en ver un lago cerca de la casa”, dice Tera en ngäbere, mientras su hijo, Bernardino Morales, traduce las palabras. 

 

“Nuestros niños conocían el río Changuinola, que corría allá abajo, y ahora me preguntan por qué está así”, agrega.

 

Como les ocurrió a los gunas en los años 70, los ngäbes, ahora en 2011, no dejan de ver con asombro el cambio del río que desde siempre les dio alimento y vida. 

 

El 22 de mayo pasado, la empresa AES Changuinola, constructora de la hidroeléctrica Chan-75, cerró las compuertas a la altura de la desaparecida comunidad de Charco La Pava, y el embalse empezó a llenarse ante la mirada incrédula de quienes todavía se resisten a dejar sus tierras.

 

Carolina Tera asegura que a ella, por ejemplo, le llaman “cabeza de piedra”, por su tozudez. Porque no ha habido argumento corporativo que logre su firma en un acuerdo de indemnización que, según ella, es injusto.

 

Tera tiene una casa en Valle de Riscó y unas tierras para el cultivo en Guayabal. Según las mediciones de AES, eran seis hectáreas de terreno que ahora están bajo las aguas.

 

Ella quiere que le reconozcan los años de trabajo en esas tierras y el hecho de que de allí sacaba frutas y verduras para alimentar a su familia, pero la visión colectiva del uso de las tierras de los indígenas se ha topado de frente con una postura distinta.

 

“Si tú eres propietaria me tienes que presentar una factura, demostrar un título”, sostiene Ángel Abreu, encargado de reubicaciones y negociaciones de AES. Sin embargo, Abreu agrega: “reconocemos que la señora Carolina Tera ocupaba un terreno ahí [en Guayabal], y hemos estado dispuestos a negociar con ella”.

 

Las negociaciones 

 

Para entender mejor el tamaño del “no” de los Tera de Guayabal, vale la pena dejar escritas algunas cosas. 

 

AES Corporation es una transnacional de la energía que, en sus informes financieros, habla con naturalidad de números de 10 cifras.

 

En Latinoamérica tiene presencia en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y República Dominicana. Llegó a Panamá en 1999, y empezó a comprar varias hidroeléctricas existentes.

 

Bayano, por ejemplo, es hoy de AES. Lo mismo ocurre con Estí, Los Valles y La Estrella, todas ellas en Chiriquí.

 

En resumen, la transnacional tiene hoy una hidroeléctrica en el lado este (Bayano), tres en Chiriquí y una en Bocas del Toro.

 

Si bien es la empresa de generación de energía más grande de Panamá, y el más grande generador hidroeléctrico privado en Centroamérica, según sus propios boletines, en el país hay otras 15 compañías que se dedican a este negocio y que administran un total de 20 hidroeléctricas y 15 termoeléctricas.

 

Los registros de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) indican, además, que hay un total de 39 concesiones otorgadas para la construcción de nuevas hidroeléctricas, y otras 45 en trámite.

 

La mayoría de los ríos comprometidos en la producción de energía eléctrica está en el llamado “granero de Panamá”: la provincia de Chiriquí.

 

 

 

 

 

 

 

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Por cinabrio - Publicado en: HIDROELECTRICAS
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