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26 julio 2011 2 26 /07 /julio /2011 20:17

“Es necesario explicar a los ciudadanos la plena responsabilidad del Gobierno de España en la situación de iliquidez de las cuentas de las administraciones públicas” sostiene el Partido Popular.

La crisis española actual se manifiesta especialmente en una crisis fiscal de las Administraciones Públicas. En esta crisis, la pérdida de ingresos públicos respecto al PIB es de 5 puntos, equivalente a la cuarta parte de los mismos.

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Esta pérdida de ingresos públicos respecto al PIB es 10 VECES LA DE LA UNIÓN EUROPEA …contrasta de manera alarmante con la pérdida media de ingresos de la Unión Europea que es de tan solo 0,5 puntos del PIB.

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El Gobierno de España ha reconocido tarde que esta pérdida de ingresos es estructural, lo que ha agravado sustancialmente el problema. Esto ha llevado al actual estado de asfixia del sector público, principal preocupación de los ciudadanos y los mercados.

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El gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, enfrenta tremendo problema por la responsabilidad del Gobierno en la situación de iliquidez

unexpected

Las CCAA deberán devolver cerca de 19.000 millones de euros al Estado

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La cifra corresponde a la liquidación negativa global de 2009. El secretario de Estado de Hacienda, Juan Manuel López Carbajo,  dice que se podrá aplazar el pago

EFE Madrid 26/07/2011

El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Juan Manual López Carbajo, durante la presentación de los datos de la última liquidación del sistema de financiación de las comunidades autónomas, correspondiente al ejercicio de 2009.

El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos de España, Juan Manual López Carbajo, durante la presentación de los datos de la última liquidación del sistema de financiación de las comunidades autónomas, correspondiente al ejercicio de 2009.

Las autonomías deberán devolver al Estado 18.736 millones de euros al Estado, debido a la liquidación negativa global de 2009 correspondiente al actual modelo de Financiación, aunque el secretario de Estado de Hacienda, Juan Manuel López Carbajo, recordó este martes que se podrá aplazar el pago.

Carbajo presentó en rueda de prensa esta liquidación. Destacó que si no hubiera habido un nuevo modelo de Financiación, las autonomías hubieran dispuesto de 9.197 millones de euros menos en 2009, y cerca de 2.400 menos en 2012, y ha precisado que el aplazamiento es de un año y otros cinco de cadencia.

Por comunidades autónomas, Andalucía es la que deberá pagar más: 4.637 millones de euros, el doble que Cataluña, con 2.487.

Carbajo precisó que los recursos obtenidos por las autonomías en 2009 aumentaron un 11,37% respecto al sistema anterior, y que la desigualdad de financiación por habitante se ha reducido en un 31,7%.

Asimismo, el secretario de Estado anunció que en la liquidación de 2010 se aportarán 2.400 millones de euros adicionales que se integrarán en el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales.

Del total de recursos (91.911 millones), 87.950 corresponden a los recursos del sistema de financiación transferidos, mientras que 3.960 millones corresponden a los nuevos fondos de convergencia autonómica.

Los pagos a cuenta y los anticipos satisfechos en 2009 son 97.898 millones de euros, mientras que el total de recursos sujetos a liquidación en 2009 sumaron 79.162, por lo que la liquidación negativa aplazada queda en 18.736 millones.

“Acuerdo generoso”

En cuanto a la posibilidad de alargar los plazos establecidos para pagar los cerca de 19.000 millones de euros, Carbajocomentó que no cree que haya razón para modificarlo porque “el acuerdo es muy generoso”.

Ha añadido que cuando la liquidación resulta positiva el Estado paga a tocateja y cuando es negativo se aplaza el pago a seis años.

Preguntado por las cifras facilitadas por la Generalitat que aseguran que deberán devolver más de 600 millones de euros a cuenta de las liquidaciones de 2008 y 2009, Carbajo aseguró que los datos son los expuestos este viernes y en ellos se cifra la deuda catalana en 2.478 millones de euros.

El siguiente cuadro recoge por comunidades autónoma de régimen común (todas menos el País Vasco y Navarra) y en millones de euros el total de los recursos sujetos a liquidación del Sistema de Financiación de 2009, los pagos a cuenta y anticipos satisfechos y la liquidación negativa global aplazada:

CCAA Total recursos Pagos a cuenta Liquidación

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Cataluña 14.858,59 17.336,70 -2.478,11

Galicia 5.587,61 7.188,20 -1.600,59

Andalucía 13.944,45 18.581,89 -4.637,44

Asturias 2.129,30 2.717,37 -588,06

Cantabria 1.234,39 1.599,21 -364,23

La Rioja 648,15 851,13 -202,97

Murcia 2.381,25 2.963,23 -581,97

C.Valenciana 8.066,84 9.774,06 -1.707,22

Aragón 2.581,47 3.303,12 -721,00

C.La Mancha 3.728,15 4.761,84 -1.033,69

Canarias 3.388,80 4.491,16 -1.102,36

Extremadura 2.257,41 3.021,79 -764,38

Baleares 1.869,55 2.047,93 -178,38

Madrid 11.373,84 12.710,06 -1.336,22

C.y León 5.111,85 6.551,03 -1.439,18

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TOTAL 79.162,25 97.898,71 -18.736,46

Noticias relacionadas

 

http://www.publico.es/dinero/388835/las-ccaa-deberan-devolver-cerca-de-19-000-millones-de-euros-al-estado

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El Gobierno rechaza el aplazamiento de la deuda que pide Rajoy

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El secretario de Estado de Hacienda recuerda a las autonomías gobernadas por el PP que la devolución de los adelantos a cuenta ya es “generoso”.

PÚBLICO.ES / AGENCIAS Madrid 26/07/2011

El secretario de Estado de Hacienda, Juan Manuel López Carbajo, ha  replicado a la pretensión del PP (en PDF) de retrasar el pago de la deuda diez años subrayando que la devolución de los adelantos a cuenta ya es “generoso”, por lo que “no hay razón” para volver a aplazarlos.

Con todo, López Carbajo ha optado por esperar hasta mañana, cuando se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiero (CPFF), para saber si los presidentes autonómicos formularán la petición, tal y como hoy ha avanzado el presidente del partido, Mariano Rajoy. 

En una declaración de seis puntos hecha pública este martes, las comunidades autónomas gobernadas por el PP defienden la estabilidad presupuestaria y la contención del gasto público al tiempo que reclaman 10 años de plazo para pagar las liquidaciones de la deuda correspondientes a 2008 y 2009. Pese a reclamar el aplazamiento, exigen responsabilidades al Gobierno por “el incumplimiento de sus obligaciones especialmente por sus efectos sobre la liquidez”.

Cinco años para liquidar

Ante la posibilidad de que la reclamación se ponga sobre la mesa, López Carbajo ha puesto la venda antes de que surja la herida al subrayar que ya se acordó aplazar un año el pago de esas deudas. Las comunidades autónomas tienen desde ese momento hasta cinco años para liquidar.

Las normas de pago ya “están en la ley” y cuando la liquidación el positiva el Estado paga “a toca teja”, mientras que las comunidades tienen hasta seis años. “Me parece que no hay razón para modificar el sistema”, ha insistido el secretario de Estado de Hacienda.

Las normas de pago ya “están en la ley” y cuando la liquidación el positiva el Estado paga “a toca teja”

Con las cifras encima de la mesa López Carbajo ha informado de que la liquidación negativa aplazada de las comunidades alcanzó los 18.736,46 millones de euros en 2009, pero que tras la moratoria las comunidades podrán empezar a devolver los adelantos en 2012.

Este saldo negativo en 2009 se explica no por un mal resultado de la reforma de la financiación autonómica, sino por una caída de los ingresos tributarios autonómicos superior al previsto, que provocó que las aportaciones anticipadas elevarán el saldo negativo de dichas comunidades.

http://www.publico.es/dinero/388857/el-gobierno-rechaza-el-aplazamiento-de-la-deuda-que-pide-rajoy

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kicking the can

Declaración de los presidentes autonómicos del Partido Popular

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La situación económica presente ha puesto de manifiesto las dificultades de financiación y gestión del conjunto de las Administraciones Públicas.
La crisis actual se manifiesta especialmente en una crisis fiscal de las Administraciones Públicas. En esta crisis, la pérdida de ingresos públicos respecto al PIB es de 5 puntos, equivalente a la cuarta parte de los mismos. Esta cifra contrasta con la pérdida media de ingresos de la Unión Europea que es de tan solo 0,5 puntos del PIB.
El Gobierno ha reconocido tarde que esta pérdida de ingresos es estructural, lo que ha agravado sustancialmente el problema.

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Esto ha llevado al actual estado de asfixia del sector público, principal preocupación de los ciudadanos y los mercados. La duda sobre la viabilidad financiera de España produce problemas de refinanciación de la deuda pública, pero sobre todo de la privada, lo que impide la salida de la crisis económica.

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Para poder hacer frente a esta crisis fiscal, no cabe otra alternativa que reducir los actuales niveles de gasto público que han vuelto a situarse por encima del 45% del PIB (5 puntos más que en 2003). La opción de subir los impuestos para tapar un agujero de esta magnitud limitaría la capacidad de crecimiento incluso en el largo plazo.
La única manera de llevar a cabo un ajuste de tanta envergadura en el sector público es una reforma institucional del sector público que establezca de forma precisa los límites competenciales.
España no puede permitirse el actual nivel de gasto público y es, por tanto, necesario un proceso de reforma y racionalización del mismo. El impulso de un sector público viable y eficiente que garantice la prestación de los servicios públicos en condiciones de igualdad a todos los ciudadanos no sólo es un objetivo en sí mismo, sino que, en la encrucijada histórica que vivimos, es imprescindible para devolver a España los niveles de bienestar y empleo que llegamos a tener.
A este deterioro de la eficiencia y racionalidad del gasto público ha contribuido decisivamente el relajamiento y, en última instancia, derogación por la vía de los hechos de las normas de disciplina, transparencia y estabilidad presupuestaria.

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Es inaplazable la creación de un nuevo marco de estabilidad y disciplina que actúe como complemento institucional al proceso de racionalización del sector público para la garantía de la viabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas.

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Por todas estas razones, el Partido Popular propone las siguientes líneas de actuación para garantizar el Estado de Bienestar y una adecuada prestación de los servicios públicos esenciales de la comunidad:
 Las Comunidades Autónomas del Partido Popular reiteran su compromiso con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Sólo desde la aplicación de los criterios de austeridad y disciplina presupuestaria es posible garantizar los servicios públicos esenciales. La sostenibilidad de las finanzas públicas es una condición ineludible para el funcionamiento del Estado del Bienestar.
Conscientes de ello, las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular consideran que los objetivos de estabilidad han de ser cumplidos por todos y ha de realizarse un gran esfuerzo de contención del gasto público como el que ya han iniciado a partir de las elecciones del 22 de mayo.
 Afirman compromiso con la transparencia para conocer la situación y aportar las soluciones oportunas que generen credibilidad y confianza.
Un ejercicio de transparencia riguroso y profundo sería claramente beneficioso por al menos estos motivos:
 En el momento presente de incertidumbres sobre la economía española, un ejercicio de rigor y credibilidad ayudará a mejorar la imagen de España y servirá de punto de partida para las políticas de austeridad y reformas de los actuales gobiernos autonómicos y el futuro Gobierno de España.
 Es necesario acabar con los atrasos en los pagos de la deuda comercial. Esta es una forma muy ineficiente e injusta de financiarse las administraciones. Obliga a convertirse en financiadores a empresas de suministro y obras. Se hace recaer el esfuerzo de financiación de las administraciones en los más débiles, las PYMEs y los autónomos, que sin embargo han de ser los protagonistas del crecimiento y la creación de empleo.

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Las Comunidades Autónomas reiteran sus compromisos en materia de transparencia y en concreto:
 Verificación de la situación de tesorería en el momento de cambio de gobierno.
 Comprobación de la realidad de estimación de ingresos del presupuesto 2011.
 Grado de cobertura presupuestaria de las obligaciones previstas en el 2011.
 El mapa real del entramado de organismos, empresas con participación pública, fundaciones, consorcios y otros mecanismos, determinando su nivel exacto de endeudamiento y compromisos para el futuro.
 Desarrollo de un “portal de la transparencia” que dé un acceso permanente y sencillo a los ciudadanos a todos los procedimientos de información de las administraciones públicas, tales como la remuneración de los cargos, información periódica sobre la ejecución del presupuesto y de todos los expedientes de contratación y subvención.
 Apoyan las reformas legislativas necesarias de carácter nacional que garanticen la estabilidad presupuestaria mediante un nuevo marco de disciplina y se comprometen a aprobar normas de desarrollo a nivel autonómico de dicho marco nacional.
Se propondrá una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que:
 Establezca la obligatoriedad para el conjunto del sector público del Escenario de Austeridad descrito anteriormente. Recupere el “concepto de estabilidad presupuestaria” como aquella situación de equilibrio o superávit, de forma que se garantice la sostenibilidad de las cuentas públicas a largo plazo. La reducción del déficit público al 3% para 2013 es un primer paso, pero no es suficiente para garantizar el equilibrio de las cuentas públicas.
 Establezca techos de gasto y endeudamiento para todas las Administraciones Públicas que garanticen el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria derivados del Escenario de Austeridad.
 Incluya la obligación de aprobar, junto al techo de gasto de cada administración, el volumen máximo de beneficios fiscales y una previsión indicativa del gasto financiero del presupuesto. Se elimina así la posibilidad de establecer nuevas necesidades de gasto por encima del techo de gasto inicialmente aprobado.
 Incluya los compromisos de gastos para los próximos años, de forma que se prevea el impacto que sobre los presupuestos tendrán cuestiones como la dependencia o el envejecimiento.
 Endurecimiento de la responsabilidad contable de los gestores públicos que incumplan las normas de disciplina y especialmente de transparencia con objeto de penalizar conductas irresponsables, como por ejemplo la acumulación de “facturas en el cajón”.
 Exigen, en el ámbito de la Lealtad Institucional, las responsabilidades al Gobierno de España por el incumplimiento de sus obligaciones, especialmente por su efectos sobre la liquidez.
Es necesario explicar a los ciudadanos la plena responsabilidad del Gobierno de España en la situación de iliquidez de las cuentas de las administraciones públicas:
 En primer lugar, el Gobierno es quien tiene que aceptar los Planes de Reequilibrio y realizar su seguimiento.
 La gran mayoría del endeudamiento autonómico y local ha sido autorizado por el Consejo de Ministros. Por lo tanto, los nivel actuales de deuda son responsabilidad del Gobierno de España.

 Una buena parte de la deuda de las Comunidades Autónomas consiste en la devolución por parte de estas Administraciones de parte de las entregas a cuenta que en 2008 y 2009 les otorgó el Estado. Es evidente que el problema lo creó el Gobierno entregando un dinero que era evidente que no se estaba recaudando.
Desde esta responsabilidad, corresponde al Gobierno de España llevar a cabo actuaciones inmediatas que palien el problema de liquidez que él mismo generó, en aplicación del principio de Lealtad Institucional
 Aplazamiento a diez años de la devolución de las liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009. Esta medida no implicaría incremento alguno de deuda pública, pero supondría unas menores necesidades de financiación de las Comunidades Autónomas.
 Estabilidad de los flujos de tesorería. Se ha de establecer un procedimiento de pago a cuenta de los fondos adicionales del modelo de financiación, incluidos los fondos de convergencia, para todos los años. Estos forman parte de los recursos de las Comunidades Autónomas, y por tanto deben operar de forma idéntica al resto de los recursos del modelo. Es decir, se entregara a cuenta un alto porcentaje de la cuantía prevista en el año en curso, y se liquida después. No tiene sentido que el 100% del fondo se perciba dos años más tarde en la liquidación.
 Establecer un procedimiento reglado de concesión de avales del Estado a las emisiones de deuda autonómica, caso por caso, mediante un análisis previo de la necesidad y destino de esos fondos y siempre que las Comunidades Autónomas beneficiadas por la medida estén al corriente del cumplimiento de sus objetivos de estabilidad presupuestaria.
 Se comprometen a actuar de forma coordinada en la mejora de la eficiencia del gasto público y consecución de una mayor unidad de mercado.
Cada Comunidad Autónoma aprobará un Plan Estratégico de Racionalización del Gasto Corriente a cuatro años, que tenga por objetivo mejorar la aplicación de los fondos destinados a atender los gastos de funcionamiento de la administración.

Este plan contemplará:
 Una política integral de gestión del patrimonio inmobiliario y de los alquileres de todas las Administraciones Públicas.
 La creación de centrales de compras, incluso entre Administraciones Públicas de diferente ámbito, para conseguir mejores precios de suministro especialmente en áreas como equipamiento, energía o telefonía.
 Subscripción de acuerdos entre Comunidades Autónomas para la contratación conjunta de determinados bienes y servicios, de modo que se obtengan mejores precios y servicios más competitivos.
 Reducción de los gastos de representación y publicidad.
 Reducción del parque móvil, desarrollando el uso compartido.
 Racionalización del uso de teléfonos móviles.
 Plan de ahorro energético basado en el concepto de eficiencia.
 Demandan al Gobierno de España que ejerza sus facultades competenciales para dotar de Sostenibilidad a los servicios públicos esenciales.
 Reforma en profundidad del conjunto del sector público mediante una modificación de la Ley de Bases de las Haciendas Locales y de la LOFCA que evite solapamientos, defina bien los límites competenciales y garantice los recursos necesarios para la prestación adecuada de los servicios públicos.
 Establecimiento de una normativa sobre Unidad de Mercado, con un apartado específico sobre sector público y simplificación administrativa. De esta forma se eliminarían los organismos redundantes, se reducirían los organismos reguladores, y se eliminaría la normativa concurrente innecesaria.

 Reforma de la normativa básica estatal que permita mejorar la eficiencia de los servicios públicos esenciales, garantizando su eficacia.
 Cumplimiento de las obligaciones del Gobierno en la financiación de la Ley de Dependencia.
 Acometer un programa de reequilibrio financiero para el Sistema Nacional de Salud que evite la morosidad inasumible.

EL OPORTUNISMO DE RAJOY

EL OPORTUNISMO DE ZAPATERO

 

 

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  • Biólogo desde hace más de treinta años, desde la época en que aún los biólogos no eran empleados de los abogados ambientalistas. Actualmente preocupado …alarmado en realidad, por el LESIVO TRATADO DE(DES)INTEGRACIÓN ENERGÉTICA CON BRASIL
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