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19 septiembre 2011 1 19 /09 /septiembre /2011 23:29

 

 

Plantean "Comisión de la Verdad" sobre impacto ambiental de la minería

La “Declaración del Misti” propone, además, que el Ministerio del Ambiente defina los estudios para enfrentar los efectos del cambio climático en el país

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Sábado 17 de septiembre de 2011 - 12:25 am
Convención Minera, Ministerio de Energía y Minas, Arequipa
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(Andina). La creación de una “Comisión de la Verdad” sobre el impacto social y ambiental de la minería e industrias extractivas fue planteado en la denominada “Declaración del Misti”, suscrita en el Foro Nacional de los Pueblos, evento paralelo a la 30ª Convención Minera que culminó ayer en Arequipa.

El presidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami), Magdiel Carrión Pintado, dijo que esta “Comisión de la Verdad” permitirá investigar la actividad minera en Perú desde la década del 90.

El objetivo es emular el trabajo realizado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación creada para esclarecer las causas de la violencia entre 1980 y 2000, y establecer las responsabilidades correspondientes.

“La finalidad es que en un plazo razonable se informe sobre la realidad de los impactos sociales y ambientales”, explicó Carrión al término del foro, en que participaron unos 300 delegados de las comunidades afectadas por la minería de Cajamarca, Áncash, Lima, Huánuco, Huancavelica, Pasco, Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna.

La “Declaración del Misti”, que será alcanzada al Gobierno, contiene 24 puntos, varios de estos son propuestas orientadas a lograr la convivencia armónica de las comunidades campesinas y las empresas mineras.

El documento plantea, por ejemplo, que el Ministerio del Ambiente sea el ente rector que defina los estudios de impacto ambiental para enfrentar los efectos del cambio climático en el país.

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Foro Nacional de los Pueblos exige Comisión de la Verdad sobre la Minería

 

- Evento alternativo a Perumin suscribe Declaración del Misti y culmina con exitosa movilización pacífica.

Servindi, 17 de setiembre, 2011.- El Foro Nacional de los Pueblos culminó ayer con una exitosa marcha en la ciudad de Arequipa y en la que demandó al gobierno la formación de una Comisión Nacional de la Verdad sobre la Minería y otras industrias extractivas, como una de sus principales exigencias.

El llamado foro alternativo a la cumbre de empresarios mineros Perumin, que se realizó del 13 al 16, culminó con una marcha de más de dos mil delegados de pueblos y comunidades de todas las regiones andinas del Perú que recorrieron las principales calles de Arequipa.

El Foro Nacional de los Pueblos fue convocado y organizado por la Confederación Nacional de las Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami) y logró congregar a otras importantes federaciones regionales del sur del país, con las cuales comparten las mismas preocupaciones.

El Foro suscribió la Declaración del Misti, en la cual se proponen once medidas, entre las cuales abrir canales de diálogo directo entre las comunidades afectadas por la minería y el gobierno central para atender los conflictos urgentes y prioritarios.

Asimismo, respetar el carácter obligatorio o vinculante de las consultas ciudadanas realizadas con la participación de las poblaciones indígenas y no indígenas sobre actividades mineras, como en los casos de Tambogrande e Islay.

También demanda adoptar medidas jurídicas y administrativas eficaces para sancionar ejemplarmente a los responsables de los daños al ambiente, a la vida y la salud de los pueblos y comunidades y sancionar de manera drástica a las empresas mineras que han contaminado con metales pesados el ambiente y los recursos naturales.

Declaración del Misti

Propuestas al país de las comunidades del Perú afectadas por la minería

El Foro Nacional de los Pueblos celebrado del 13 al 16 de setiembre en Arequipa, luego de haber recibido los informes de los pueblos y comunidades de diversas regiones del país sobre los terribles impactos de la actividad minera sobre la vida, la salud, el ambiente, los recursos naturales y la organización autónoma de las comunidades; y en concordancia con los informes de las mesas de trabajo que formaron parte de este evento declara lo siguiente:

Considerando que la actividad minera ha crecido enormemente desde inicios de la década del 90 del siglo pasado, superponiéndose al territorio de las comunidades y alterando su desenvolvimiento social, económico y cultural, menoscabando su identidad cultural y su autonomía, elevándose actualmente a más de 24 millones de hectáreas que comprende el 18.91 por ciento del territorio nacional.

Considerando que alrededor de 300 mil personas de los pueblos y comunidades indígenas del país son víctimas de los impactos de la actividad minera que ha invadido sus territorios y trastornado sus condiciones esenciales de vida y sus actividades productivas como la agrícola, ganadera, pesquera, entre otras, que son esenciales para su subsistencia, para la alimentación local, regional y para la economía nacional.

Considerando que se ha incrementado a nivel nacional los casos de mujeres y niños contaminados con metales tóxicos muy superiores a los límites permisibles y que se ha acentuado la situación de vulnerabilidad de las mujeres en las comunidades.

Considerando que la actividad minera ha contaminado directa e indirectamente numerosas fuentes de recursos y servicios ambientales como ríos, lagunas, ojos de agua, cabeceras de cuenca, que ponen en peligro el bienestar y salud de las personas, la biodiversidad y que existen numerosos pasivos e impactos mineros de los cuales nadie se hace responsable.

Considerando que los pueblos y comunidades campesinas u originarias son poblaciones altamente vulnerables a los impactos del cambio climático por su condición de pobreza, desprotección, y debido a que sus actividades dependen de los cambios en el clima y la naturaleza a la cual están estrechamente vinculados.

Considerando que los gobiernos anteriores al presente han actuado favoreciendo la actividad minera sin que esta promoción haya desarrollado mecanismos de control efectivos y reguladores, adecuados y suficientes, para cautelar la protección del ambiente, de forma que se desarrolle en armonía con otras actividades económicas y no vulnere los derechos de los pueblos y comunidades afectadas.

Considerando que la visión de desarrollo que enfatiza el crecimiento económico como principal indicador sobre la base de proyectar una imagen de “Perú Minero” soslaya y menoscaba otras actividades esenciales y sostenibles indispensables para la alimentación, la salud y el bienestar de la población del país, que además están asociadas a la protección de nuestra diversidad cultural y biológica y a nuestras tradiciones culturales.

Considerando que la principal respuesta de las empresas y el Estado se condensa en la nefasta política del “perro del hortelano” del presidente Alan García, que ha profundizado la división entre peruanos, ha acentuado numerosos conflictos socioambientales -aún no resueltos- y ha criminalizado la protesta social, amenazando y enjuiciando a mas de mil líderes comunales y sociales que defienden la vida y el ambiente.

Considerando que el triunfo electoral del actual presidente Ollanta Humala es el reflejo de una voluntad de cambio profundo y radical del modelo vigente, que desea un crecimiento económico pero con equidad e inclusión social, el cual cautele de manera prioritaria y fundamental los derechos humanos de los pueblos y comunidades cuyas voces han sido marginadas y excluidas del debate y de las grandes decisiones nacionales.

Considerando que es fundamental empezar por crear las condiciones para un diálogo constructivo, propositivo y con equidad, que actúe con veracidad sobre la realidad, superando los antagonismos entre “promineros” y “antimineros”, con la finalidad de sentar las bases para un entendimiento y formular políticas públicas adecuadas para superar los conflictos y preservar el interés nacional y los derechos humanos y de los pueblos.

Proponemos al gobierno:

1. Crear una Comisión de la Verdad sobre la Minería y las industrias extractivas, que investigue el desempeño de la minería desde la década del 90, para que informe la situación real de los impactos sociales y ambientales de la minería, recomiende medidas de política pública para revertir y controlar sus efectos negativos y proponga medidas de reparación para las víctimas.

2. Ampliar y fortalecer el marco jurídico nacional para proteger con eficacia los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, organizados en el Perú en comunidades campesinas y nativas, y que se encuentran amparados en instrumentos internacionales de derechos humanos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio sobre Pueblos Indígenas núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales definen los niveles jurídicos mínimos para interpretar las normas nacionales y cautelar derechos esenciales como el derecho a la libre determinación, a elegir un modelo de desarrollo propio, a la autonomía y a la gestión de su territorio y recursos naturales.

3. Abrir canales de diálogo directo entre las comunidades afectadas por la minería y el gobierno central para atender los conflictos urgentes y prioritarios que enfrentan a los pueblos y comunidades con las empresas mineras y el propio Estado.

4. Respetar el carácter obligatorio o vinculante de las consultas ciudadanas realizadas con la participación de las poblaciones indígenas y no indígenas sobre actividades mineras, como en los casos de Tambogrande e Islay. Asimismo, cancelar aquellas concesiones mineras otorgadas que sean denunciadas por los pueblos y comunidades como lesivas y que no hayan sido consultadas ni tengan su consentimiento previo.

5. Adoptar medidas jurídicas y administrativas eficaces para sancionar ejemplarmente a los responsables de los daños al ambiente, a la vida y la salud de los pueblos y comunidades. Sancionar de manera drástica a las empresas mineras que han contaminado con metales pesados el ambiente y los recursos naturales, prohibir la minería a tajo abierto y el uso de cianuro y otras sustancias altamente tóxicas en las actividades mineras. Crear un Registro Nacional de las Víctimas por metales tóxicos, e identificar y sancionar a los responsables de estos atropellos a la vida.

6. Derogar los decretos legislativos que criminalizan la protesta social y pretenden restringirla. Amnistiar a los dirigentes comunales y luchadores sociales procesados por defender el ambiente y la vida frente a la actividad minera y reparar a las víctimas de la represión.

7. Demandar al Gobierno del presidente Ollanta Humala retomar su propuesta de campaña electoral para aplicar un impuesto a las sobreganancias mineras que sustituya al gravamen u óbolo minero a fin de asegurar un fondo para resarcir los daños al ambiente y a las víctimas.

8. Designar al Ministerio del Ambiente como ente rector para la aprobación de los estudios de impacto ambiental, con parámetros técnicos y sociales adecuados y con respeto a los derechos humanos.

9. Ordenar el territorio nacional con criterio de sostenibilidad ambiental y con la participación de los pueblos y comunidades originarias, para definir las zonas del país en las cuales se pueda o no se pueda hacer minería.

10. Apoyar la formación de una red de comités de vigilancia ambiental, para que desde las comunidades se vigile la actividad minera y se identifique con prontitud y precisión la emanación y variación de sustancias tóxicas en el aire, ambiente y cuerpos de agua.

11. Incorporar en la agenda política nacional el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza a fin de fortalecer la conciencia ambiental y promover medidas que equilibren el uso armonioso y racional de los recursos naturales para el bienestar de las actuales y futuras generaciones.

Arequipa, 16 de setiembre 2011

Más información publicada en Servindi:

Servindi, 17 de setiembre, 2011.- Entregamos a nuestra audiencia un resumen semanal de noticias, edición Internacional, con algunos de los hechos más destacados de la semana que hicieron noticia en el ámbito indígena y ecológico principalmente de la región. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.

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 Mundo Indígena al Día: Internacional, 17 de setiembre, 2011 (Archivo mp3, 6 minutos, 11 segundos. Descargar con un clic en el enlace y luego elegir guardar como). Seguir leyendo…

Servindi, 17 de setiembre, 2011.- Entregamos a nuestra audiencia un resumen semanal de noticias, edición Perú, con algunos de los hechos más destacados de la semana que hicieron noticia en el ámbito indígena y ecológico del país. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.

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 Resumen Perú, 17 de setiembre, 2011 (Archivo mp3, 6 minutos, 10 segundos. Descargar con un clic en el enlace y luego elegir guardar como). Seguir leyendo…

Servindi, 16 de setiembre, 2011.- Los indígenas que marchan en defensa del TIPNIS decidieron reanudar la caminata tras el fracaso del sétimo intento de diálogo, y el rechazo a la última propuesta escrita gubernamental. Ellos no reconocerán la consulta que se realizará en Santo Domingo, en el Sécure, donde hoy está el presidente Evo Moralespara reunirse con marchistas disidentes. Seguir leyendo…

Servindi, 16 de setiembre, 2011.- La formación de una comisión de la verdad sobre la actividad minera en el país, la creación de un tribunal ambiental, la suspensión de las concesiones mineras y una asamblea constituyente desde los pueblos para la propuesta de una nueva Constitución son parte de los acuerdos a los que se llegó en el Foro Nacional de los Pueblos que hoy culmina sus actividades en paralelo a la 30 Convención Minera. Seguir leyendo…

Servindi, 16 de setiembre, 2011.- Varios centenares de trabajadores mineros y matones armados con picos, lampas, cadenas y palos provenientes al parecer de la empresa Cerro Verde llegaron al local donde se celebra el Foro Nacional de los Pueblos con la intención de buscar enfrentamientos con los dirigentes de las comunidades afectadas por la minería. Seguir leyendo…

Por Juan Carlos Ruiz*

16, setiembre, 2011.- Esta es una pregunta que muchos se han hecho incluso desde antes de la promulgación de la Ley de Consulta Previa (Ley Nº 27985). No se trata de una duda intrascendente. El Presidente del Gobierno Regional de Arequipa acaba de exigir consulta previa en el caso del conflicto de la mina Tía María (1). Un sector no minoritario de la población afectada por las industrias extractivas o por grandes obras de infraestructura, que no es población indígena, considera que tiene derecho a la consulta previa. Seguir leyendo…

Servindi, 16 de setiembre, 2011.- La flamante jefa del Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (Indepa), Raquel Yrigoyen Fajardo, estará  hoy en la mesa redonda “La ley de consulta previa y los derechos de los pueblos indígenas en el marco del acuerdo energético Perú-Brasil: casos Inambari y Pakitzapango”, que organiza la Universidad Católica. Seguir leyendo…

Juanes posa con la camiseta diseñada por el artista Richard Long para Survival. © Alejandro Maestre/Survival

Servindi/Survival, 16 de setiembre, 2011.- “Proteger a los pueblos indígenas es dignidad, es respetar nuestro pasado, presente y futuro”, sostuvo el conocido cantante colombiano Juanes durante la promoción de varios artículos solidarios para la captación de fondos de la organización Survival International. Seguir leyendo…

Servindi, 16 de setiembre, 2011.- “Lamentablemente el gobierno regional (de Loreto) no ha asumido su responsabilidad y esperamos que ahora lo haga” manifestó el antropólogo Alberto Chirif, con relación a la concesión del Lote 117 a la empresa Petrobras. Seguir leyendo…

 

 

http://lamula.pe/2011/09/17/foro-nacional-de-los-pueblos-exige-comision-de-la-verdad-sobre-la-mineria/Servindi

 

 

Perú: Apología del humalismo / congresista Javier Diez Canseco

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Published by cinabrio - en MALA MINERÍA
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  • : Ecología y sostenibilidad socioambiental, énfasis en conservación de ríos y ecosistemas, denuncia de impacto de megaproyectos. Todo esto es indesligable de la política y por ello esta también se observa. Ecology, social and environmental sustainability, emphasis on conservation of rivers and ecosystems, denounces impact of megaprojects. All this is inseparable from politics, for it, the politics is also evaluated.
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  • Malcolm Allison H malcolm.mallison@gmail.com
  • Biólogo desde hace más de treinta años, desde la época en que aún los biólogos no eran empleados de los abogados ambientalistas. Actualmente preocupado …alarmado en realidad, por el LESIVO TRATADO DE(DES)INTEGRACIÓN ENERGÉTICA CON BRASIL
  • Biólogo desde hace más de treinta años, desde la época en que aún los biólogos no eran empleados de los abogados ambientalistas. Actualmente preocupado …alarmado en realidad, por el LESIVO TRATADO DE(DES)INTEGRACIÓN ENERGÉTICA CON BRASIL

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