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11 agosto 2011 4 11 /08 /agosto /2011 00:15

 

Las organizaciones, procesos y movimientos sociales que estuvieron en la audiencia -Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por las Represas Ríos Vivos, Red Frente a la Gran Minería Transnacional, SINTRACARBÓN, Comité de Integración del Macizo Colombiano, Consejo Regional Indígena del Cauca, ASOQUIMBO, Proceso de Comunidades Negras, entre muchos otros- presentaron en tres ejes temáticos la agresión estructural que están sufriendo. En esos ejes se concentró la atención en los balances, análisis y demandas frente a asuntos vinculados a las represas y el patrimonio hídrico, los hidrocarburos, la minería y los agrocombustibles.

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La denuncia se hace en momentos en que la agresión territorial se consolida bajo la sombra de la prosperidad democrática como nueva fase del proyecto de seguridad que sumió a los colombianos en ocho años de guerra de “baja intensidad”, las locomotoras del desarrollo que efectiviza el Plan Nacional exacerban los conflictos ambientales.

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HIDROELECTRICA HIDROITUANGO: DE SUEÑO A PESADILLA

Los cálculos más pesimistas hablan de que desde el momento en que empiecen a funcionar las ocho turbinas generadoras, la hidroeléctrica Hidroituango puede vender U$ 700 millones por año, sin contar los ingresos de otros U$ 15 millones al año por la asignación de Energía Firme para el Cargo por Confiabilidad. Con una rentabilidad mínima del 60%, los U$ 2.800 millones que cuesta el proyecto, más los costos financieros, pueden ser recuperados en diez años de operación. Pero la trampa de la globalización neoliberal, además de convertir la prestación de los servicios públicos en un muy lucrativo negocio privado y disparar las tarifas a niveles astronómicos, restringe la posibilidad de hacer inversiones estatales en este tipo de proyectos, al aplicar la exigencia del FMI, absurda por lo demás, de contabilizarlas como gasto público. De esta forma, ni por la vía del endeudamiento, ni por la de inversión de recursos propios, se le facilita al Estado, la posibilidad de entregar a todos los colombianos el disfrute de este fabuloso negocio y desde luego lo direcciona hacia los planes de negocios de los monopolios globales.

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Indignados y en resistencia. Audiencia en Congreso colombiano sobre energía y grandes megaproyectos: faltó el gobierno

05 Aug 2011

Con la asistencia de más de 500 delegados de organizaciones sociales, movimientos de defensa territorial y de procesos de resistencia a los megaproyectos de diversas partes de Colombia, se realizó el miércoles en el Congreso de ese país (en Bogotá, ciudad capital) la audiencia pública nacional “La política del sector energético y sus impactos en los territorios”.

El ambientalista Danilo Urrea, representante de CENSAT Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia, realiza un reporte especial para Radio Mundo Real.

En momentos en que la agresión territorial se consolida bajo la sombra de la prosperidad democrática como nueva fase del proyecto de seguridad que sumió a las y los colombianos en ocho años de guerra de “baja intensidad”, las locomotoras del desarrollo que efectiviza el Plan Nacional exacerban los conflictos ambientales. Esos conflictos ya estaban de por sí presentes por la consolidación de la premisa fundamental del modelo de corporación/nación, que es garantizar la inversión extranjera directa y la cohesión social.

Las organizaciones, procesos y movimientos sociales que estuvieron en la audiencia -Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por las Represas Ríos Vivos, Red Frente a la Gran Minería Transnacional, SINTRACARBÓN, Comité de Integración del Macizo Colombiano, Consejo Regional Indígena del Cauca, ASOQUIMBO, Proceso de Comunidades Negras, entre muchos otros- presentaron en tres ejes temáticos la agresión estructural que están sufriendo. En esos ejes se concentró la atención en los balances, análisis y demandas frente a asuntos vinculados a las represas y el patrimonio hídrico, los hidrocarburos, la minería y los agrocombustibles. Son todos temas de gran debate y preocupación por la imposición con que se llevan a cabo, y el desplazamiento, pérdida de soberanía y las amenazas que representan para la vida.

Juan Pablo Soler, integrante de Otros Mundos Colombia, presentó la posición del Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas Ríos Vivos, y expuso el consenso de las organizaciones y procesos que lo conforman.

La audiencia, además de convertirse en escenario de articulación de los sectores y procesos sociales presentes, tuvo como uno de sus objetivos informar a la población colombiana sobre las complejas situaciones que en casos muy concretos, y que fueron presentados, viven las comunidades locales de varias partes del país. Por ejemplo, diversas poblaciones sufren procesos de militarización, de construcción de obras de infraestructura y grandes megaproyectos, de pérdida de acceso a los bienes comunes, especialmente el agua (afectados por formas de privatización por contaminación, y por la apropiación del vital líquido por parte de protagonistas de la economía extractiva y del control geopolítico).

Licifrey Ararat, integrante del Consejo Comunitario de la Toma en el departamento del Cauca, y quien hace parte del Proceso de Comunidades Negras, señaló la difícil situación en la que se encuentran las comunidades afrodescendientes en esa región del país. Demandó además la resolución efectiva y adecuada de los conflictos que allí se presentan como consecuencia de la entrada de las corporaciones mineras y de sus prácticas de fragmentación y despojo territorial.

Como ocurre sistemáticamente en Colombia, no participaron de la audiencia la ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Beatriz Uribe, ni el ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado, a pesar de haber sido convocados con la antelación necesaria y de ser parte de sus obligaciones constitucionales. Los concurrentes a la actividad manifestaron su repudio a la inasistencia gubernamental, que a su vez es un espejo del desinterés institucional en el diálogo y la comunicación con la población, que de manera organizada busca los canales de interlocución. Se trata de un gobierno permisivo con las irregularidades de las corporaciones transnacionales en temas como las licencias para los megaproyectos, las consultas comunitarias no realizadas, la ausencia de protección ambiental, entre muchos aspectos más que se consignaron en la audiencia en la capital colombiana.

Isabel Cristina Zuleta, integrante de la Asociación de Mujeres Ideales de Ituango, presentó el panorama del noroeste del país con la construcción de la hidroeléctrica Ituango, reflejo de muchos otros proyectos en Colombia.

La audiencia fue concebida como un sendero más del proceso de organización para la movilización en defensa integral de los territorios. Además de las denuncias, se presentaron propuestas concretas al gobierno nacional, como la de generar una mesa de alto nivel para dialogar sobre la política minero-energética actual y sus impactos. También se propuso la construcción de una verdadera política democrática, en concertación con las comunidades y sus procesos organizativos.

Olinto Mazabuel, integrante del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), dio cuenta de la actualidad de los territorios indígenas, de sus demandas y propuestas de vida.

Foto: CENSAT Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia

Galería de imágenes de la actividad: http://censat.org/gallery/main.php?…

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Hidroituango, un sueño convertido en pesadilla

Jorge Gómez Gallego*, Medellín, abril 30 de 2010

A medida que se conocen más detalles de la anunciada subasta para entregar en concesión, la construcción, propiedad, operación, mantenimiento y posterior devolución de la hidroeléctrica Pescadero – Ituango, se va configurando una verdadera pesadilla.

Varias décadas se ha hablado del sueño de construir y poner en operación el mayor proyecto de generación de energía de origen hidráulico de la historia del país (2.400 megavatios), que además es el de menor costo por megavatio (U$ 1’167.000), y el que puede producir a más bajo precio un kilovatio en el país (U$ 0,02); según los expertos, es uno de los más baratos del mundo. Los promedios hablan de que construir y poner en funcionamiento una hidroeléctrica puede valer U$ 2’500.000 por megavatio instalado, la generación de un kilovatio originado en planta térmica tiene un costo que ronda los U$ 0,045, y en hidroeléctrica alrededor de U$ 0,03. Este mismo Kilovatio se vende al estrato 4, en Colombia a U$ 0,06.

El sitio para que semejante sueño se pueda hacer realidad está ubicado en nuestro departamento, y en el lugar en el que está concebido y casi totalmente diseñado el hoy denominado Hidroituango. Este hecho desde luego lo convierte en un valioso patrimonio de todos los antioqueños, y consecuentemente de todos los colombianos. Pero también lo convierte en objetivo de los grandes inversionistas, cuyo afán al despuntar el sol cada día es encontrar dónde materializar el sueño de colocar sus capitales con la mayor tasa de ganancia posible.

Los cálculos más pesimistas hablan de que desde el momento en que empiecen a funcionar las ocho turbinas generadoras, Hidroituango puede vender U$ 700 millones por año, sin contar los ingresos de otros U$ 15 millones al año por la asignación de Energía Firme para el Cargo por Confiabilidad. Con una rentabilidad mínima del 60%, los U$ 2.800 millones que cuesta el proyecto, más los costos financieros, pueden ser recuperados en diez años de operación.

La trampa de la globalización neoliberal, además de convertir la prestación de los servicios públicos en un muy lucrativo negocio privado y disparar las tarifas a niveles astronómicos, restringe la posibilidad de hacer inversiones estatales en este tipo de proyectos, al aplicar la exigencia del FMI, absurda por lo demás, de contabilizarlas como gasto público. De esta forma, ni por la vía del endeudamiento, ni por la de inversión de recursos propios, se le facilita al Estado, la posibilidad de entregar a todos los colombianos el disfrute de este fabuloso negocio y desde luego lo direcciona hacia los planes de negocios de los monopolios globales.

Esta política, profundizada sin medida por el uribismo, al punto de convertir la “confianza inversionista” en artículo de fe, se agrava en Antioquia, y en este caso particular, por la incidencia que en el proyecto tiene la Gobernación de Antioquia, y su Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA.

La empresa promotora del proyecto Hidroituango era de manera equilibrada propiedad del IDEA y las Empresas Públicas de Medellín, tal vez la única empresa colombiana prestadora de servicios públicos domiciliarios que se ha salvado, al menos en lo que tiene que ver con su propiedad, 100% del Municipio de Medellín, del vendaval privatizador. Lo lógico entonces era que EPM, por su experiencia, músculo financiero y por su naturaleza pública, sacara adelante el proyecto.

Sin embargo, en una operación de toma hostil de la empresa promotora, el IDEA adquirió los derechos de accionistas minoritarios, convirtiéndose en socio mayoritario (algo más del 52%), lo que le dio poder decisorio en la Junta. Pero ese poder, contrasta con su escasa capacidad financiera, ya que con apenas 388.000 millones de patrimonio (unos U$ 195 millones), no tiene la más remota posibilidad de aportar el dinero suficiente para apalancar los créditos requeridos para realizar el proyecto, en compañía del socio minoritario EPM, que si la tiene.

El escenario ideal para adelantar el proyecto, se configuraría si los dos socios se comprometieran a colocar el 40% del valor del proyecto con recursos propios, y obtener uno o varios créditos por el restante 60%. Pero esto implica que el IDEA coloque U$ 560 millones, que no tiene, ni va a tener en el corto o mediano plazo, mucho menos si se tiene en cuenta el alegre manejo que la gerencia le da a ese importante patrimonio regional.

Los socios han hecho capitalizaciones de la empresa en proporción a su participación accionaria por 300.000 millones de pesos, y deberán incrementarlas este año a 560.000 millones. El IDEA tiene urgencia de recuperar los recursos invertidos, a los que hay que sumar los que empleó para hacerse al control mayoritario, cercanos a los $ 100.000 millones, pues si no lo hace, puede colapsar, además de colocar en grave riesgo la viabilidad fiscal del propio Departamento de Antioquia.

En cambio, Empresas Públicas de Medellín tiene un patrimonio superior a 16 billones de pesos (U$ 8.000 millones), una disponibilidad de caja cercana al billón de pesos (U$ 500 millones) y activos corrientes que se estiman hoy en un billón ochocientos mil millones de pesos (U$ 900 millones), es decir, no solo puede cargar con el proyecto, sino que lo que ha aportado hasta hoy no le hace cosquillas a su salud financiera.

Y es precisamente el desespero del IDEA, lo que hace que el proyecto esté en grave riesgo de caer en manos de inversionistas extranjeros, pues en su condición de socio mayoritario ha precipitado la subasta, poniendo en competencia a EPM, única firma nacional precalificada, actualmente generadora de 2.574 MW, con un consorcio coreano que certifica generación de más de 60.000 megavatios, con las Centrales Eléctricas del Brasil, propietarias de la gigantesca Itaipú, y generadora de casi 40.000 megavatios, y con la Corporación China de las Tres Gargantas, dueña del mayor proyecto de generación del mundo con 18.200 megavatios, entre las hidroeléctricas; aparte de tres constructoras multinacionales de origen brasileño, con fuertes nexos con el capital financiero (Camargo Correa, Odebrecht, y Andrade Gutiérrez). Todos los competidores extranjeros de Empresas Públicas de Medellín la superan en lo que denominan músculo financiero.

¿Y qué es lo grave de que caiga en manos extranjeras? El gerente del IDEA responde que como nos pagarán una prima, una regalía y nos devolverán la central operando en 35 o 40 años, será un excelente negocio. Pero eso significa que al menos el 50% de los beneficios económicos negocio se vayan al exterior, y esto en el evento, muy improbable por las experiencias conocidas, de que todo funcione como un relojito. Desde otro punto de vista, significa que el país dejará de percibir una suma calculada en U$ 12.000 millones de hoy, durante los próximos 50 años. Eso, en pesos de hoy, ¡son veinticuatro billones!

La última ocurrencia, hecha pública hoy por el Presidente Uribe, consiste en declarar zona franca la hidroeléctrica, lo que le sumaría gabelas tributarias enormes al inversionista extranjero, reduciendo en una suma aún difícil de calcular los ingresos necesarios para atender las responsabilidades del Estado. Al doctor Uribe le conoce el país el gusto por los caballos finos, pero también su adicción a las zonas francas, sobre todo cuando se trata de beneficiar a inversionistas extranjeros, y a algunos nacionales, especialmente si se trata de sus hijos.

Con razón importantes ex – alcaldes, ex – gobernadores, dirigentes gremiales, columnistas, diputados, parlamentarios y expertos, han prendido alarmas sobre el tema, al punto que el doctor Juan Gómez Martínez le ha pedido al Gobernador que no se convierta en el Marroquín del siglo XXI, rememorando el vergonzoso despojo del canal de Panamá por Estados Unidos a principios del siglo pasado, y ha calificado la entrega de Hidroituango como un “crimen de lesa patria”. Palabras mayores para calificar un proyecto que pasa aceleradamente de sueño a pesadilla.

*Diputado Asamblea Departamental de Antioquia. POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO.

 

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