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16 julio 2011 6 16 /07 /julio /2011 20:48

 

 

 

 

Don Francisco lleva años trabajando en la industria y al igual que sus compañeros se opone a las licitaciones porque haría regresar nuevamente la incertidumbre a los puestos de trabajo… plazas laborales que tras el terremoto quedaron muy mal. "Con las licitaciones, podrían venir empresas internacionales a operar nuestros recursos y nuestros actuales empleadores podrían quedarse con un porcentaje menor de cuota o, peor aun, sin nada de cuota. Esto sería catastrófico para nosotros, ya que comenzaría nuevamente el carrusel de despidos masivos de los trabajadores de la industria. Perderíamos todos los beneficios que hemos ganado en estos largos años de trabajo. Esto es lo que no queremos: que los recursos pesqueros se vayan a empresas internacionales que no consideren al trabajador pesquero chileno ya que podrían procesar lo capturado en alta mar o descargar en otros puertos del Pacífico. Haciendo que los trabajadores de mano de obra chilenos no tengan materia prima para trabajar, causando una seria cesantía en nuestro sector. No Licitaciones!" ... declara categoricamente

 

 

 

Dejaron a los pescadores artesanales abandonados a su suerte, sin tener en cuenta lo que ellos representan para el pueblo ... el hambre el olvido el abandono y la desesperación envolvió a miles de famlias...  los pescadores artesanales no les perdonarán y no olvidaán a quienes les han quitado el sustento y también el sustento de los pobres, todo para provecho de unos pocos parlamentarios e industriales de la harina de pescado ... 

 

 

Para los pescadores el Sr. Albert Arias no entiende nada!!! ...

 

 

Para Mauricio Alegría ... es interesante la postura del abogado Tapia, en Licitación de cuotas de pesca: Un debate artificial, sin embargo, se evidencia a través de toda su opinión que trata de enfocar la discusión en que una “transnacional” se está peleando por una licitación abierta y transparente, lo que hace ver como injusto, y defiende regalar los recursos pesqueros al grupo para él cual presta servicios.

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Quienes seguimos el tema pesquero, señala  Mauricio Alegría, sabemos que son varias las empresas que quieren participar del sector pesquero y no pueden porque el mercado no existe, es un oligopolio.

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Más desconcertante es la oposición del abogado Tapia a la participación de empresas extranjeras porque, según su propia descripción en Carcelén & Cia. Abogados, trabajó para Pesca Chile, filial de la gigante transnacional Pescanova española, en el periodo en que se le entregaron gratis por 12 años gran parte de los recursos pesqueros de la zona austral a esa empresa y que, de no licitarse el 2012, serán dueños a perpetuidad de los recursos de todos los chilenos.

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Es decir, el abogado Tapia no quiere que se abra la competencia, pero si quiere que se le sigan regalando los recursos a sus clientes. Ojalá Ciper investigue este tema, sobretodo porque Tapia comenzó su carrera en el sector pesquero trabajando para esa empresa coincidentemente justo cuando su padre, Mario Tapia Guerrero, era el secretario de la comisión de intereses marítimos y pesca en el Senado. El mismo que el 2005, cuando los grandes industriales pesqueros trataron de pasar una ley para que les regalaran las cuotas de pesca para siempre, fue amonestado por haber dejado fuera del informe a la sala la los datos que mostraban la sobreexplotación de los recursos pesqueros con la ley de cuotas. Esto parece un caso claro de esclavitud, que Ciper debería investigar, donde familias enteras tienen que hacer lo que al amo se le ocurre sin importar el costo personal. uyuyuuuiii !!!

 

 

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Albert Arias, consultor en política y manejo pesquero. Biólogo marino de la U. de Concepción y Master of Marine Affairs de la U. de Washington

Ley de pesca: el verdadero temor de los trabajadores

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En el tema de la próxima ley de pesca y de la propuesta del Gobierno de licitar hasta un 50% de la cuota, hemos visto que el sector laboral ligado a las empresas que conforman la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) y la Asociación de Industriales Pesqueros de la Octava Región (Asipes), se han declarado en contra de la iniciativa porque “pondría en riesgo su fuente laboral” y porque “terceros países podrían quedarse con los recursos pesqueros del país”.

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Ambas aseveraciones están erradas, porque terceros países no pueden pescar en aguas nacionales y porque, licitadas o entregadas por historia, el nivel de empleo no depende de quienes sean dueños de las cuotas.

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Durante más de una década las cuotas de pesca de los principales recursos pesqueros del país fueron entregados a un pequeño grupo de industriales, quienes se las arreglaron para que los parámetros de asignación les favorecieran.

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Eso es lo que hoy, en la discusión contingente, llaman “historia” y fue lo que obligó a los operadores medianos y pequeños a dejar el negocio por lo precario de sus asignaciones.

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La ley que hizo esa asignación posible, la de Límite Máximo de Capturas por Armador (LMCA), vence el 2012 por lo que el nuevo proyecto de ley debería estar en el Congreso durante los próximos meses.

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Sobre el supuesto temor del sector laboral por la transnacionalización de los recursos pesqueros chilenos, si se licita, hay que ser claros: quien pesque, sin importar cómo se asignen las cuotas, debe cumplir con la ley de navegación, por lo que los buques deben tener bandera chilena, es decir, de propiedad de chilenos.

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Ahora, la pregunta que surge es: ¿por qué quienes tienen las cuotas ahora no las han vendido al mejor postor?

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Las respuestas podrían ser dos. Primero, el mejor valor lo podrían lograr si se les regalan las cuotas a perpetuidad.

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 Hoy en día les quedan menos de dos años de la actual asignación por lo que su valor sería muy bajo, comparado con una aviso que diga: “se venden cuotas perpetuas todos los recursos pesqueros de Chile ¡Llame ya!”, donde el valor de las cuotas sería pagado al empresariado y no al Estado.

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Segundo, al examinar el tema a la luz de lo que dice el Dr. Enrique Golfarb “Estamos ante un caso donde el costo de no vender el derecho es un ‘costo de oportunidad’, que no duele mayormente y que puede petrificar el acceso al mercado para siempre” y si a esto le sumamos que, como ocurrió en Islandia, podrían venderse entre ellos pequeños montos de cuota a valores altísimos, aumentando el valor de su patrimonio en cuotas por secretaría ...                        

el quedarse con las cuotas y continuar bloqueando el acceso a terceros, puede ser un muy buen negocio. Aunque no para el resto de los chilenos, por cierto...

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En nuestro país, uno de los principales efectos de la ley de LMCA (Ley de Límites Máximos de Captura por Armador) fue la brutal concentración que afectó fuertemente el empleo y no sólo de la disponibilidad de éste, sino también de la calidad del mismo.

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Con tanta mano de obra calificada cesante aumentó la oferta y la concentración disminuyó la demanda, es decir, bajó el valor de los trabajadores del sector, especialmente de flota.

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Hoy en día, los que quedan dentro del sistema están muy temerosos de perder sus puestos de trabajo, pero no es por la posibilidad de licitación, sino porque si no dicen lo que los jefes les ordenan decir, pueden ser despedidos.

Es por eso que hoy tenemos organizaciones laborales que están en contra de abrir el acceso a las cuotas de pesca mediante una licitación transparente ... debido a que los jefes los usan como escudos para obtener la exclusividad de las cuotas a perpetuidad, luego de lo cual podrán hacer los que quieran con los recursos pesqueros del Estado ¡perdón!, de ellos.

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Lo peor de todo es que bajo este modelo, el empleo puede disminuir aun más, si eso es rentable, como hemos visto que hicieron con la excusa del terremoto. (Debemos recordar que con la misma excusa en marzo del año pasado estos mismos industriales pesqueros decían que la única forma de recuperarse, era que les regalaran las cuotas a perpetuidad.)

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Si analizamos seriamente el tema, vemos que la preocupación de las organizaciones laborales debería estar enfocada en mejorar el empleo -lo que está relacionado con la cantidad de cuota global disponible- la innovación y la competencia, independientemente de quién es dueño de la cuota de pesca o de la fábrica que lo procesa.

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La licitación de cuotas de pesca, justamente, apunta a la competencia e innovación, es decir que quienes sean capaces de desarrollar nuevos productos y por lo tanto, valoren más los recursos pesqueros del país, puedan acceder a ellos y crear actividad económica, lo que se traduce en lo que debería ser el principal interés de los trabajadores: empleo.

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Por Albert Arias

 

http://www.elciudadano.cl/2011/06/28/ley-de-pesca-el-verdadero-temor-de-los-trabajadores/

 

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Licitación de cuotas de pesca: Un debate artificial

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Por : Abog. Mario Tapia en Opinión en CIPER (Centro de Investigación Periodística / Chile)

Publicado: 05.07.2011
 


 
El debate sobre la asignación de cuotas de pesca divide a dos grandes bandos: los que quieren que se liciten y los que bregan porque el sistema se mantenga como está. El autor de esta columna aboga porque se entregue a cada empresa según su participación histórica en la explotación de cada recurso; y frente a la campaña que lidera la filial chilena del Grupo Koppernaes para abrir el sistema a las licitaciones, Tapia se refiere a la desestimación de esa opción que hizo el TDLC y al anuncio del gobierno de incluir en su proyecto la licitación del 25% de las cuotas individuales de pesca.

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No son pocas las transnacionales que intentan hacer crecer su negocio en el exterior promoviendo experimentos que en sus países de origen son impensables. Tal es el caso del Grupo Koppernaes, consorcio familiar fundado en Noruega en 1884, y sus empresas que fabrican desde harina de pescado a herramientas e insumos marítimos.

Su filial en Chile, Lota Protein -que produce exclusivamente harina y aceite de pescado y tiene cerca de 100 trabajadores-, emprendió hace más de un año una fuerte ofensiva jurídica y comunicacional para levantar un debate que reviste caracteres más artificiales que reales: la supuesta conveniencia de licitar las cuotas de pesca en el sector industrial.

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A través de una consulta al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en abril de 2010, la empresa Lota Protein planteó que las cuotas individuales se habrían “regalado” arbitrariamente a un grupo de empresas el año 2001 a través de la Ley Nº 19.713, que establece como medida de administración el Límite Máximo de Captura por Armador (LMCA). También argumentó que no podrían ingresar nuevos actores al sistema y que la solución a todos los problemas del sector pasaba por licitar las cuotas de pesca.

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Sin embargo, la empresa omite una serie de elementos esenciales para comprender realmente la importancia que ha tenido la asignación por historia de las cuotas de pesca, no sólo en Chile sino que en el mundo entero. Lota Protein evitó señalar que en los 22 países que se han establecido cuotas individuales (incluidos Noruega y Chile), éstas se han adjudicado entre quienes poseen autorizaciones de pesca de acuerdo a su participación histórica en cada recurso y no mediante licitaciones. Tampoco menciona que desde el año 1991 las compañías pesqueras pagan una patente por dicha autorización de pesca (de acuerdo con la Ley Nº 18.892), cuyo valor aumentó un 110% en 2002 para convertirse prácticamente en un royalty (Ley Nº 19.849). O sea, no tienen nada de gratuitas. Tampoco señala que el Grupo Koppernaes ingresó a la pesca en Chile precisamente bajo el régimen de los LMCA, al comprar sucesivamente acciones en Lota Protein, entre el año 2001 y 2005.

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En cuanto a las licitaciones, la compañía de capitales noruegos no indica que Rusia y Estonia experimentaron con ellas hacia fines de los años noventa, pero a dos años de haberlas implementado las revirtieron por no haber dado resultados. Al final, reasignaron las cuotas de pesca por historia. Tampoco comenta que el uso en Chile de las licitaciones, se encuentra restringido a la explotación de cuatro especies que se encuentran en estado o régimen de “desarrollo incipiente” y “recuperación” (es decir, sin historia). La asignación de cuotas en estos casos no se ha traducido en el ingreso de nuevos actores. Al contrario, la actividad se ha concentrado y los ingresos fiscales que generan son escuálidos y decrecientes en el tiempo.

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En esta campaña sólo se desconoce lo obrado por el adversario, señalándose como un futuro ideal el de las licitaciones. Así, Lota Protein esconde los defectos empíricos de la licitación de cuotas elevando sus cualidades teóricas a la categoría de dogma.

Lo real es que tras diez años de asignación por historia, las exportaciones de las compañías del sector industrial se han duplicado gracias al valor agregado de los productos para consumo humano elaborados en las ocho plantas que se construyeron en la Región del Bío Bío, dando trabajo directo a cerca de 10 mil trabajadores de planta y flota, y generando casi 30 mil empleos indirectos sólo en esa región.

Tras recibir y analizar una gran cantidad de extensos documentos de todas las partes interesadas, el 15 de junio el TDLC declaró inadmisible la consulta de Lota Protein y citó a las partes en cuestión a exponer sus puntos de vista en una audiencia pública. ¿Cuál era el objetivo? Contar con todos los antecedentes de primera fuente para luego realizar recomendaciones sobre el sistema de administración pesquera chileno. De esa manera, el 28 de enero del 2011, la tesis de Lota Protein fue doblemente desechada.

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El TDLC estimó innecesaria la licitación para asegurar la libre competencia y sugirió que simplemente se perfeccionara el sistema de transferibilidad existente (la compra y venta de cuotas de pesca). Además, señaló que no existían antecedentes que confirmaran la existencia de una colusión para impedir la entrada de nuevos actores por partes de los actuales tenedores de las cuotas. Con esto, parecía que la discusión artificial acababa. Pero fue el propio gobierno el que volvió a agendar el tema el 16 de abril del presente año, cuando el subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, indicó a la prensa que el proyecto de ley para renovar el régimen de LMCA contemplaba licitar alrededor de un 25% de las cuotas individuales. Esto fue corroborado por el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, al ser citado por la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. De ahí en adelante, Lota Protein volvió a levantar los mismos argumentos ya desechados por el TDLC, ahora en voz de nuevos asesores, entre los que se cuentan el ex ministro de Obras Públicas, Eduardo Bitrán, y el especialista en subastas Paul Milgrom.

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Ante esta nueva ofensiva de Lota Protein, ahora avalada por el gobierno, quedan abiertas varias preguntas aún sin respuesta. ¿Por qué frente a una resolución del TDLC, además de la aplastante evidencia jurídica y económica mundial, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera se empeña en licitar las cuotas de pesca? ¿Por qué una transnacional está dispuesta a mantener una campaña tan costosa, que incluso la ha llevado a utilizar un gremio del cual es la única socia (Anapesca), pudiendo comprar cuotas en el mercado como se hace en los 22 países regidos por este sistema? ¿Cuántas transnacionales como aquellas que sobreexplotan recursos, como sucede hoy con el jurel en alta mar, siguen atentamente los pasos de Lota Protein y los del Presidente de la República?

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http://ciperchile.cl/2011/07/05/licitacion-de-cuotas-de-pesca-un-debate-artificial/

 

Rodrigo ParadaJul, 06

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Lo único artificial son los argumentos para entregar todo gratis a un grupo de empresas, es cosa de leer la recomendación del TDLC (Tribunal de Libre Competencia de Chile) para darse cuenta que no desestimo las licitaciones, refiriéndose a ellas señaló “desde el punto de vista de la defensa de la libre competencia, no es estrictamente necesario implementar un mecanismo de este tipo para asignar cuotas de pesca. Lo anterior, con independencia de la idoneidad de dicho sistema para alcanzar otros fines que se pudiesen estimar como pertinentes en la discusión legislativa que se desarrolle al respecto.” y es por eso que el Gobierno las está propiciando. En Nueva Zelandia y Estados Unidos las licitaciones de recursos pesqueros han permitido el acceso a los recursos y han recaudado fondos para el Estado. Al referirse a las licitaciones de cuotas de pesca en Rusia y e Estonia, como en Chile, Al Sr. Tapia se le olvida señalar que en estos casos estas no operaron bien por colusión de las mafias pesqueras, lo que el gobierno chileno en este caso debe evitar con un buen diseño de licitación, para que el Cartel de la pesca en Chile no pueda interponerse en el desarrollo de las licitaciones, tal y como lo hizo la mafia en Rusia y Estonia.

http://ciperchile.cl/2011/07/05/licitacion-de-cuotas-de-pesca-un-debate-artificial/

 

Juan AndradeJul, 06

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Para los que están a favor de licitar... ¿alguien le podría asegurar a los trabajadores pesqueros que las empresas con capitales extranjeros que liciten cuotas van a mantener a mano de obra chilena en sus barcos y plantas? Y no sólo eso, ¿estas transnacionales respetarán todos los derechos laborales que los trabajadores han conquistado durante años?... Creo que no.

 

 

Rodrigo ParadaJul, 06

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Muy buena la pregunta del Sr. Juan Andrade, y lógicamente se podría preguntar lo mismo a quienes quieren las cuotas gratis y perpetuas. ¿Qué asegura que quienes queden dueños de las cuotas no las vendan a quien quieran? Imagínense cuánto dinero podrían recaudar si venden la propiedad perpetua de los recursos pesqueros del país a terceros, sea quien sea. Con licitación, por periodos de tiempo, los recursos se pueden recuperar y seguir en manos del Estado, y sería éste quien recauda el dinero por los recursos pesqueros.

 

Rodrigo ParadaJul, 06

Respecto de lo señalado por el Sr. Ureta me di el trabajo de ir al informe del TDLC (http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Proposicion_12_2011.pdf) y en su punto 157 dice:"Este Tribunal es de la opinión que debe desestimarse la argumentación defendida, entre otros, por Asipes y Sonapesca, en cuanto a que se habría producido el ingreso de genuinos nuevos competidores en las pesquerías sujetas a LMCA. Lo anterior, toda vez que, de acuerdo con lo informado por Subpesca a fojas 2135 sobre compraventas de naves con permisos de pesca para las tres principales especies (anchoveta, jurel y sardina común) que abastecen a la industria de reducción en Chile, es posible afirmar que en esta industria no se ha producido el ingreso de ningún nuevo entrante, entendiendo por “nuevo entrante” a una empresa con control corporativo independiente de las empresas a las que se le asignó inicialmente cuotas por armador en cada unidad de pesquería, al comenzar el sistema de LMCA en febrero del año 2001." Claramente las cuotas no están al alcance de terceros, se venden sólo entre los socios del club.

 

 

Rodolfo UretaJul, 06

Sr. Parada: Si de citar el fallo del tribunal se trata, citémoslo bien. En su punto 154 (unas líneas antes de lo que usted apuntó) el Tribunal señala: "En todo caso, y sobre la base del conjunto de antecedentes considerados en la sección VI.3 de este Expediente, este Tribunal no encuentra evidencia que le permita formarse convicción en cuanto a que la tendencia general hacia una mayor concentración en la titularidad y uso de las cuotas de pesca por armador, bajo el actual sistema de LMCA, pueda estar asociada con estrategias de bloqueo a la entrada de nuevos competidores, eventualmente ilícitas desde la perspectiva de la libre competencia, por parte de las principales empresas incumbentes que participan en los mercados analizados". Es más, en opinión del Tribunal, la principal razón de por qué el sistema de intercambio de cuotas no operó como se esperaba es la duración de la ley, que al ser de tan escasa duración, genereba incertidumbre tanto a los tenedores como a los compradores pensando en cómo iban a ser éstas consideras en la futura asignación. Por lo tanto, Sr. Parada, no hay evidencias que apoyen su teoría de los "socios del club". Le pregunto: Si el mercado secundario de cuotas se perfeccionara como lo propone el tribunal, ¿haría una oferta por comprarle cuotas a los actuales tenedores?

 

Rodolfo UretaJul, 07

Sr. Parada, no estando presente en las negociaciones de cuotas no puedo dar fe de que "cuando una empresa estaba a la venta, la compraban los mismos del club, entre varios y sin importar el precio, con tal de bloquear la entrada de terceros", tal como ud. dice. Ahora bien, siendo que el TDLC negó la existencia de estas prácticas de bloqueo que ud. señala habrían realizado los actuales tenedores, y con 400 transferencias disponibles a la venta en los últimos 12 años (lo que me parece un número aceptable) y, por último, también considerando el capital que hay detrás de una empresa como Lota Protein... ¿No encuentra extraño que esta empresa noruega no haya podido comprar ninguna cuota? ¿O realizar alguna oferta? Eso es lo que me llama poderosamente la atención. Por otro lado, gracias por contestar a mi pregunta y así mismo, entiendo sus dudas sobre el mercado secundario de cuotas. Sin embargo, soy de la opinión que al perfeccionar este mercado, y tal como lo indicó el TDLC, el método de asignación de cuotas pasa inevitablemente a segundo plano. La competencia se genereraría automáticamente, pasando las cuotas de mano desde los tenedores ineficientes a quienes las valoran más, fijando de esta manera el precio real de éstas. Las licitaciones, en cambio, abren espacio para el ingreso de especuladores (que no me diga que no aparecerían en estas subastas pesqueras) pudiendo llevar el precio de las cuotas a uno "mentiroso" más alto y, además, dado que éstas deben ser realizadas de manera períodica, frenarían la inversión en el sector a medida que el vencimiento de las cuotas se acerque. Adicionalmente, le comento también que la experiencia nacional en recursos pesqueros que fueron subastados (langostino, entro otros) es nefasta, ¡generando también alta concentración en los participantes y destruyendo la especie! Le dejo otra pregunta, ¿no cree ud. las bondades que podría traer un eficiente mercado secundario de cuotas serían similares o incluso mejores a las de licitar, en cuanto a competencia se refiere?

 

 

Samuel G.Jul, 12

Veo en este espacio de debate mucho experto argumentando en base a valores y negociaciones. Provengo de familia vinculada a la pesca, como obreros en su gran mayoría, y creo que la preocupación principal debiera ser la mano de obra chilena, los que de verdad hacen la pega. Dudo mucho que grandes empresas extranjeras interesadas en licitar, se preocupen de generar empleos a la mano de obra local, y que respeten los derechos que tantos años les ha costado ganar.   Hasta ahora veo defensa concreta y clara pensando en el beneficio de las grandes empresas extranjeras. Seamos honestos, sabemos que sólo buscan robar un poco más de nuestros recursos naturales con mano de obra barata.

 

 

 

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Opinión: TDLC: Asignación de cuotas de pesca y libre competencia en Chile

 

Recientemente el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) dio su opinión respecto de la asignación de las cuotas de pesca y recomendó medidas tendientes a garantizar que los costos de transacción de las cuotas fuesen bajos y de facilitar la profundización de un mercado secundario de estas cuotas para que se garantice la eficiencia. En relación con la subasta de todo o parte de las cuotas de pesca, el TDLC sostuvo que ello no era estrictamente necesario desde el punto de vista de la libre competencia, sin perjuicio de que en el proceso legislativo pudiera considerarse una herramienta idónea para el logro de otros objetivos de política pública.

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En este sentido, reproducimos una columna de opinión publicada en el boletín informativo de la empresa Lota Protein y elaborada por los académicos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, Eduardo Saavedra y Manuel Willington. El texto está basado en el informe “Un Análisis de Eficiencia en la Asignación de Cuotas de Pesca en Chile” de estos mismos autores.

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“Existen tres condiciones que deben cumplirse copulativamente para que una asignación administrativa o ‘por derecho histórico” sea al menos tan eficiente como una subasta que asigne derechos de propiedad: que no haya (o que sean bajos los) costos de transacción de esas cuotas de pesca, que no hayan asimetrías de información entre los poseedores de esas cuotas y quienes desean adquirirlas, y que no haya poder de mercado entre los poseedores de las cuotas de pesca. Si alguna de dichas condiciones no es satisfecha, entonces siempre una subasta adecuadamente diseñada será un mecanismo que entregará asignaciones más eficientes que aquellas que opte por entregar la autoridad pesquera en forma administrativa.

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En su proposición, el TDLC solo se hace cargo del primer argumento, el de la inexistencia de costos de transacción y, de hecho, recomienda varios cambios a la normativa actual que apuntan a reducir estos costos. Suponiendo que los costos de transacción fuesen bajos -lo cual no está garantizado por la mera recomendación del TDLC sobre la materia- efectivamente sería irrelevante desde la óptica de la eficiencia en la asignación de recursos a quién se le asignaran los derechos de pesca originalmente, pero tal premisa requiere necesariamente que no haya asimetrías de información entre las partes que transarían dichas cuotas en un momento posterior a su asignación. El rol de estas asimetrías no ha sido considerado en toda su dimensión por el TDLC.

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Las asimetrías de información son relevantes por cuanto los diferentes productores del sector pesquero, unos con muchas cuotas de pesca, otros con menos cuotas y otros sin cuotas, tienen diferentes expectativas respecto de la evolución futura de la demanda por harina y aceite de pescado, de la disponibilidad del recurso marino, de sus costos particulares de extracción y procesamiento del producto, de cómo se comportará la competencia en la industria, entre otros.  Estas asimetrías no son necesariamente ‘a favor” de una u otra parte, se derivan simplemente de diferentes evaluaciones respecto a variables relevantes que pueden tener los diversos actores de la industria.

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Esta información privada produce que no exista mecanismo alguno de negociación/transacción futura que garantice una asignación eficiente de los recursos ex-post, todo debe asegurarse ex-ante y ello solo es posible con una subasta competitiva por esas cuotas de pesca. Es más, en caso de una asignación por derecho histórico, se genera un sesgo a favor de quién posee la cuota de pesca al momento en que esta quiera ser transada en un potencial mercado secundario, pues cuando hay asimetrías de información entre dos industriales negociando por una cuota de pesca, existe una probabilidad positiva de que finalmente no haya transacción aún cuando quien más la valora sea quien desea comprarla; esto es, una clara falla en la eficiencia en la asignación de los recursos.

Este resultado según el cual en presencia de información asimétrica es imposible obtener resultados eficientes en la negociación entre las partes es conocido el Teorema de Myerson-Satterwhite (1983); una de las contribuciones fundamentales por la cual se otorgó a Roger Myerson el Premio Nobel de Economía en el año 2007. Este resultado, naturalmente, limita de manera fundamental la relevancia del denominado ‘Teorema de Coase” -que sirve de sustento a la recomendación del TDLC- según el cual sin costos de transacción la asignación resultante del libre intercambio sería siempre eficiente.

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El segundo problema dice relación con los poderes de mercado que existen al interior de la industria de pesca. Una breve revisión de información histórica de precios muestra que los industriales chilenos tienen poder de mercado en algunos de sus productos, situación que queda de manifiesto con el alza de precios post 27/F y la integración vertical que ha mostrado recientemente la industria con la entrada de industriales pesqueros a la salmonicultura, uno de los mercados que más demanda harina de pescado. De acuerdo con el análisis del TDLC, no consta que en el sector haya habido prácticas colusivas u otras similares, pero tampoco es posible descartarlo de plano dado el importante nivel de concentración en la industria y las instancias frecuentes de reunión de los principales actores. La realización de subastas periódicas diseñadas competitivamente claramente limitaría las posibilidades de comportamientos anticompetitivos, además de proveer información de precios al mercado que podría facilitar las transacciones en el mercado secundario de cuotas.

Por último, si bien el diseño de una subasta tiene costos, estos quedan acotados a su mero costo administrativo. Mientras que por otro lado, la asignación de cuotas de pesca por derecho histórico y torciendo lo que la propia ley de pesca estableció con carácter de transitorio, tiene costos que no son simples de calcular y que pueden resultar muy elevados.

Las medidas propuestas por el TDLC, tendientes a obtener asignaciones eficientes descansa en dos supuestos, ambos bastante dudosos: 1) de que es posible eliminar completamente los costos de transacción mediante cambios a la normativa -supuesto que Ronald Coase, Premio Nobel de Economía en el año 1992, ciertamente no suscribiría- y 2) la inexistencia de asimetrías de información entre actores muy diversos en sus capacidades productivas y habilidad para influir en las políticas sectoriales”.

 

Fuente: http://www.pescaaldia.cl/noticias/index.php?doc=42404

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Opinión: Administración pesquera: gatos cuidando la pecera

 

 

 

En la columna anterior  “Ley de pesca: el verdadero temor de los trabajadores” me comprometí a explicar las causas del mal estado de conservación de los recursos pesqueros de Chile.

El origen del problema radica en la institucionalidad regulatoria de la actividad, que ha permitido la injerencia de los intereses particulares y políticos, en la administración pesquera en detrimento de la conservación de los recursos.

Teóricamente, en Chile los recursos pesqueros son administrados mediante un sistema de cuotas globales por pesquería, las cuales, en general, son divididas en tres segmentos: sector industrial, sector artesanal, e investigación.

La idea de un sistema de cuotas, es que estas autorizan extraer del mar sólo lo que “se puede” para preservar una cantidad suficiente de peces y así proteger su  capacidad de reproducción, lo que permitiría seguir teniendo pesca para generaciones futuras. Esto se llama explotación sustentable.

Lamentablemente, durante toda la década pasada, las cuotas de las más importantes pesquerías del país fueron establecidas, por la autoridad regulatoria, a niveles muy superiores a lo sustentable, lo que llevo a la sobreexplotación de los recursos. Esta no es una afirmación caprichosa,  sino lo afirmado por el  ministro de Economía,  Juan Andrés Fontaine, el año 2010, sobre la base de la evidencia existente.

¿Por qué se han establecido cuotas globales que no son sustentables? La determinación de la cuota tiene varios pasos. Primero, el Instituto de Fomento Pesquero, IFOP (CORFO) es contratado por la Subsecretaria de Pesca (SUBPESCA),  para determinar cuál es la captura total permisible (CTP), es decir, cuántos peces se pueden extraer del mar sin afectar su sustentabilidad.

Luego que el IFOP entrega el informe a la Subpesca, esta elabora el “Informe Técnico”, el cual recoge lo informado por el IFOP y lo cocina con aderezos de contingencia política, necesidades de los usuarios, demandas sociales, etc.

Parte de este proceso es la participación, en los Comités Técnicos, de los  institutos de investigación del sector industrial para que opinen sobre el estado de los recursos y cuál debería ser la cuota. Como resultado de lo anterior, la cuota en el informe técnico de la Subpesca ha sido, la mayoría de las veces, distinta a la propuesta por los científicos. A estas alturas el lector ya se imagina que la cuota siempre es más, mucho más, y nunca es menos.

Este es el informe técnico que va al Consejo Nacional de Pesca, CNP, para la determinación final de la cuota global de pesca. El CNP, estando bajo el control de  los beneficiados, generalmente aprueba una cuota mayor a la recomendada. ¡Si, el lector  leyó bien! los mismos que las pescan controlan el organismo que determina finalmente el monto de las cuotas.

Como resultado de lo anterior, tenemos casos como el jurel y la merluza común -o pescada- que han sido sobreexplotados porque las cuotas entregadas han estado hasta más de un 100% sobre lo recomendado para su sustentabilidad.

Conocidas son las excusas que hablan de las flotas extranjeras pescándolo todo y la voracidad de las jibias, pero la verdad es otra.

Si uno analiza los datos de la Organización Regional  de Manejo Pesquero del Pacifico Sur, ORPS, (http://www.southpacificrfmo.org) queda claro que terceros países han pescado en promedio solo un 26% de lo que se ha pescado en total de jurel, el resto han sido todas capturas chilenas.

El caso de la merluza común no es muy distinto, para mantener una pesquería sustentable debieron entregar cuotas del orden del 50% de las que han estado entregando, claro que en este caso la excusa es que se las comieron las jibias, por eso no hay pescada.

Hasta lo que se sabe en este momento, la propuesta del gobierno en esta materia es implementar un Instituto de Investigación Pesquera del Estado, independiente de presiones políticas y con presupuesto asegurado.

Además, está proponiendo terminar con el poder resolutivo del CNP y dejarlo sólo consultivo, lo que parece muy lógico, sobre todo al evidenciar que quienes reciben las cuotas son los mismos que las fijan. Adicionalmente, el gobierno no debiera permitir que los institutos de investigación de la industria participen en la determinación de la cuota, porque obviamente ellos responden a la mano que les da de comer y no al bien común.

Es inmedible todo lo que ha perdido el país permitiendo que los recursos pesqueros sean administrados por los mismos que los explotan.

Parece inaudito que el CNP, totalmente ajeno al daño que le han hecho al país, la semana recién pasada enviaran una carta al Presidente Piñera solicitándole que les mantenga sus facultades porque lo han hecho muy bien y han dado estabilidad al sector.

Es de esperar que los cambios a la próxima Ley de Pesca permitan realmente tener una institucionalidad que apunte a la sustentabilidad de los recursos pesqueros, porque eso se traduce en una actividad económica estable y empleos permanentes en el tiempo.

Albert Arias

Fuente: http://blogs.cooperativa.cl/opinion/albert-arias/20110712090059/administracion-pesqueragatos-cuidando-la-pecera/

 

Anapesca: “Chile debe tener un Instituto Nacional Pesquero autónomo, financiado por el erario nacional, transparente y responsable”

 

 

Contrapech manifestó su preocupación por posible licitación de las cuotas de pesca

 

Capitanes y patrones de pesca: “No importa qué parte de la torta es de quién o cuánto le pertenece a cada cual, sino la sustentabilidad de los recursos”

 

 

Greenpeace valora reducción de cuota de captura del jurel para el 2011

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La organización planteó además la necesidad de modificar la ley para que crisis como la actual se eviten con una mirada de largo plazo.

 

La oficina de Greenpeace en Chile celebró que se respetara la reducción de la cuota de pesca del jurel, la cual alcanzó el 76%, reduciéndola desde 1.300.000 a 315.000 toneladas, como fue propuesta por la Subsecretaría de Pesca para su aprobación por el Consejo Nacional de Pesca, y que se haya respetado el consejo científico, adopción que había sido solicitada en varias ocasiones durante este año por la organización.

“La coherencia expresada por el Gobierno y la industria pesquera sobre el crítico estado del jurel es un paso adelante en la conservación de los recursos pesqueros”, señaló Samuel Leiva, coordinador de Campañas de Greenpeace Chile.

Para Greenpeace, las reducciones históricas que se han aprobado por el Consejo Nacional de Pesca son una consecuencia expresa de la crisis actual de las pesquerías nacionales que dan cuenta de que el 40% de las pesquerías nacionales se encuentran actualmente sobre-explotadas y apunta directamente al propio Consejo como el responsable, debido que el consejo había estado aprobando cuotas por sobre lo recomendado por los científicos durante los últimos 8 años, lo que ha llevado a las pesquerías a su estado actual.

En la organización ambiental esperan que este comportamiento no sea un tema pasajero. Para ello, propone un cambio en la ley para que la toma de decisiones tenga un enfoque ecosistémico y no comercial solamente.

En ese sentido Leiva dijo que “la causa de la reducción de la cuota del jurel es debido a un mal manejo pesquero por el Consejo Nacional de Pesca, la Subsecretaría de Pesca y por la falta de regulaciones basadas en la conservación en aguas internacionales”.

El Subsecretario de Pesca, Pablo Galilea propuso la reducción especialmente con el objetivo de incentivar a los pesqueros industriales chilenos y la flota extranjera que pesca fuera de las 200 millas de zona económica exclusiva, como la perteneciente a la Unión Europea, la República Popular China, y la Federación Rusa a que ellas también reduzcan sus capturas.

“Desde que pedimos una significativa reducción de la cuota a todos los actores en el Pacífico sur, en noviembre de 2009, hemos estado esperando que se tomen este tipo de medidas, ahora el desafío es que se haga también por los actores internacionales”, agregó el coordinador de Greenpeace.

El llamado a la reducción de las cuotas no ha sido originado en el Gobierno nada más, sino que es la petición que hizo el grupo de expertos científicos de la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur hace un mes, en la reunión que sostuvieron en Viña del Mar, donde propusieron que se reduzca la cuota de manera drástica. En enero próximo, en Cali, Colombia, los estados que tienen flotas pescando en aguas internacionales deberán ponerse de acuerdo en reducir las cuotas de pesca al igual como lo ha hecho Chile. De otra manera, el esfuerzo nacional podría ser estéril.

De las pesquerías que se encuentran sobre-explotadas, la reducción más significativas aprobada por el Consejo Nacional de Pesca fue sin duda el jurel, pero dentro de las otras pesquerías en similar estado se encuentran la merluza común, que quedó con 48.000 toneladas reduciendo un 13%; y la merluza del sur, con 24.000 toneladas y una reducción de en un 8%.

“La reducción de las cuotas es el primer paso para que se recuperen las pesquerías, debido a que también es necesario avanzar en otras medidas de conservación, abandonando el uso de técnicas de pesca destructivas como el arrastre y como la creación de una red de parques marinos que cubran al menos el 10% de la zona económica exclusiva”, dijo finalmente el experto de Greenpeace.

 

 

Santiago, 10 de diciembre de 2010

El Ciudadano

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  • : Ecología y sostenibilidad socioambiental, énfasis en conservación de ríos y ecosistemas, denuncia de impacto de megaproyectos. Todo esto es indesligable de la política y por ello esta también se observa. Ecology, social and environmental sustainability, emphasis on conservation of rivers and ecosystems, denounces impact of megaprojects. All this is inseparable from politics, for it, the politics is also evaluated.
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  • Biólogo desde hace más de treinta años, desde la época en que aún los biólogos no eran empleados de los abogados ambientalistas. Actualmente preocupado …alarmado en realidad, por el LESIVO TRATADO DE(DES)INTEGRACIÓN ENERGÉTICA CON BRASIL
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