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7 octubre 2014 2 07 /10 /octubre /2014 16:08

In an obscure World Bank court, a multinational mining firm is suing El Salvador for attempting to protect its citizens from deadly mining pollution. 

minas-78(1)

Los abogados defensores han sostenido, en la ronda de escritos previos a este juicio oral, que continúa este martes durante todo el día, que el permiso de exploración no es un paso directo y seguro –como quiere hacer ver la empresa demandante- para tener el derecho de explotación de la mina El Dorado, en Cabañas.

Lo anterior es, en parte, porque según ellos, la empresa no logró demostrar ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales que la actividad minera no produciría daño al medio ambiente, tampoco cumplía los requisitos mínimos que manda la Ley de Minería y de Hidrocarburos de El Salvador.

Esa legislación, que data de 1996 y que algunos artículos fueron modificados en 2001, para agilizar los procesos de concesión de permisos de extracción e oro y plata, contiene un punto medular que la empresa minera no ha cumplido.

Parada dice que la legislación manda que para que una empresa minera tenga derecho a una concesión debe demostrar que es propietaria de la superficie del terreno sobre el que yace la mina, pero que Pacific Rim nunca ha tenido derecho sobre las 14 mil 400 hectáreas de las que argumenta tener derecho.

Edificio del Banco Mundial, en Washington, en donde se encuentra el CIADI, donde se ventila la demanda.

http://www.fespad.org.sv/wp-content/uploads/2014/05/foto-1-web1.jpg 

 

Inician juicio de Pacific Rim contra El Salvador por $301 millones
 

El juicio fue abierto en Washington, en el tribunal del CIADI con sede en el Banco Mundial.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=9097467

El conflicto entre la compañía minera Pacific Rim y el Estado salvadoreño llegó a la crucial etapa de fondo, al instalarse el 15 de septiembre el juicio final.

El tribunal del Centro Internacional de Arreglos Relativos a Inversiones (CIADI), ente del Banco Mundial, escuchará y ponderará las pruebas que presenten los equipos legales de la defensa y la demandante, durante los siete días que durará el juicio.

Los abogados del bufete Crowell & Morring, que representan a la empresa minera, hoy propiedad del consorcio australiano Oceana Gold, y los abogados del bufete Foley Hoag, que defienden a El Salvador en este litigio, tratarán de sostener sus posturas y pruebas ante los tres árbitros: el británico V.V. Vender, elegido presidente; Brigitte Stern, de Francia, y Guido Santiago Tawil, de Argentina.

La audiencia se instaló a las 9:30 de la mañana, luego del ingreso de los equipos legales y los jueces y, como estaba previsto, tocó a Pacific Rim dar apertura al caso en el que reclama que El Salvador le violentó su derecho a invertir en el país, al no darle una respuesta a la solicitud de concesión de la mina El Dorado, en San Isidro, Cabañas.

La transnacional compañía minera argumenta que si a principios de la década pasada se le permitió explorar para ver si había yacimientos de oro y plata en esa zona del país, adquiría un derecho natural para explotar la mina.

La empresa aduce, además, que para realizar esas exploraciones destinó una millonaria inversión en la zona de Cabañas, y cuando había descubierto una vena de más de 1.3 millones de onzas de oro de alto quilate y más de 9.4 millones de onzas de plata de primera calidad, el Estado salvadoreño empezó a poner impedimentos para concederle el derecho a la extracción que veía como factible y consecuente al derecho inicial.

Durante las primeras dos horas y media de la audiencia de ayer, Pacific Rim tuvo la oportunidad de presentar el caso ante los jueces y dejar en claro la naturaleza de su reclamo, por el que pide una indemnización de $301 millones, según el cálculo de las pérdidas que dice ha tenido por la paralización de sus inversiones en El Salvador.

Otra opción del arreglo que propone el Gobierno salvadoreño es que le facilite los permisos para extraer los metales preciosos encontrados.

Pacific Rim, otrora empresa canadiense, se fue a quiebra a finales de 2013 y tanto la marca como sus activos fueron comprados por la transnacional Oceana Gold, de Australia, que ahora es quien dirige los reclamos contra el país ante el CIADI y la que trabaja en El Salvador para conseguir adeptos a la minería. Mientras tanto, activistas y detractores promueven acciones en contra de esa actividad, tal como se vio ayer en Washington. (Ver notas aparte).

Los abogados del bufete Crowell & Morring han instado a los tres jueces, dos de ellos, elegidos por cada una de las partes, y el tercero seleccionado por el organismo multilateral, para que haga una interpretación del Capítulo 15 de Ley de Inversiones de El Salvador, sobre la que sustentan la demanda.

Timothy McCrum, George Ruttinger, Ian Laird, Kassi Tallent y Ashley Riveira adujeron ante los árbitros que hubo razones políticas, desde el gobierno de Antonio Saca, para evitarle consumar sus inversiones en el país y que habiendo agotado los mecanismos locales para obtener la concesión y no tener respuesta de las instancias respectivas del Gobierno, acudió al tribunal CIADI en 2009 para que dirimiera el conflicto.

El caso fue registrado en el tribunal por el indicativo "Pac Rim Cayman LLC v. Republic of El Salvador, ICSID Case No. ARB/09/12", que tras un letargo, debido a la debacle de la empresa canadiense, se robusteció en el último año, previo al juicio final cuando retoma el caso la dueña actual, la Oceana Gold.

Defensa contraataca

La defensa de El Salvador, a cargo del bufete Foley Hoag, abrió su exposición luego del receso de almuerzo en el CIADI en la sede principal del Banco Mundial, en el centro de Washington, y ha hecho hincapié en que la empresa minera no tenía derecho a la explotación de la mina, por no reunir los requisitos que manda la legislatura salvadoreña.

Antes de entrar a la audiencia, el abogado Luis Parada, quien coordina el equipo defensor de El Salvador, reconoció que en el primero de los siete días que durará el juicio, ambas partes harán la presentación del caso y que la defensa ya tenía trazadas sus argumentaciones para contrarrestar la postura de la empresa minera.

Los abogados defensores han sostenido, en la ronda de escritos previos a este juicio oral, que continúa este martes durante todo el día, que el permiso de exploración no es un paso directo y seguro –como quiere hacer ver la empresa demandante- para tener el derecho de explotación de la mina El Dorado, en Cabañas.

Lo anterior es, en parte, porque según ellos, la empresa no logró demostrar ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales que la actividad minera no produciría daño al medio ambiente, tampoco cumplía los requisitos mínimos que manda la Ley de Minería y de Hidrocarburos de El Salvador.

Esa legislación, que data de 1996 y que algunos artículos fueron modificados en 2001, para agilizar los procesos de concesión de permisos de extracción e oro y plata, contiene un punto medular que la empresa minera no ha cumplido.

Parada dice que la legislación manda que para que una empresa minera tenga derecho a una concesión debe demostrar que es propietaria de la superficie del terreno sobre el que yace la mina, pero que Pacific Rim nunca ha tenido derecho sobre las 14 mil 400 hectáreas de las que argumenta tener derecho.

Sin ese requisito, la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Economía se veía imposibilitada para darle el visto bueno a la empresa minera para empezar a operar en la extracción del oro y la plata descubierta en el país.

La boca de la mina está asentada en el municipio de San Isidro, en Cabañas, pero en su interior se expande hacia otras jurisdicciones del departamento, donde correría la vena de los metales preciosos.

Parada ha explicado a El Diario de Hoy que en la zona existe más de un millar de pequeños y medianos propietarios que por su propia cuenta han decidido no vender sus terrenos a la empresa, con lo que el terreno del que Pacific Rim muestra derechos de propiedad, es una pequeña fracción de tierra cercana a la boca de El Dorado.

Muchos de los propietarios de la zona han decido no vender sus tierras, alertados por los efectos contaminantes que se generarían, en especial, a los mantos acuíferos con el procesamiento del oro y plata extraída en los yacimientos de naturaleza caliente e hidrotermal, que dice Pacific Rim que tiene ubicada desde el año 2008 en seis depósitos.

Hoy, los nuevos dueños de Pacific Rim presentarán ante el tribunal los testigos a su favor, para convencer a los jueces, que ha cumplido con los requerimientos para tender derecho a extraer el preciado botín de El Dorado. Pero la defensa pretende contrarrestar esos argumentos con la lista de testigos que citará al tribunal este miércoles.

Pacific Rim descubrió que, además, de los metales preciosos de alta calidad, la mina también contiene unas 550 mil onzas de oro de bajo quilate y unas 1.2 millones de onzas de plata de segunda calidad, por la que amerita la batalla ante el centro internacional.

La otrora empresa canadiense tardó varios años en llegar al monto definitivo de los reclamos ante el CIADI, por los daños que asegura haber recibido al no permitírsele explotar la mina, más las proyecciones de expansión que tenía previstas en otros puntos del país para futuras inversiones.

Los jueces podrían dar un veredicto final sobre el caso a principios del próximo año. En 2012, el tribunal desestimó que la querella se ventilara bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, CAFTA, al demostrar la defensa que la compañía minera había trasladado –después de iniciada la disputa en el país- una oficina a EE. UU. para ampararse a un beneficio del acuerdo comercial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mineral policy institute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPI's Mining Monitor Newsletter

http://www.mpi.org.au/

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Mineral Policy Institute focuses on mining impacts here in Australia, the Pacific and elsewhere around the world.

  •  Mining Legacies -  is a photoblog that has been set up to tell the other side of the mining story. Our focus will not be on high wages, mining booms and takeovers, but on the people and places that bear the impact of mining. We started with a number of mines in the Northern Territory and Queensland – but are now expanding the site to cover Australia. If you have a mine site you want to list then please contact us.
  • Papua New Guinea – The Mineral Policy Institute has been working on PNG mining issues for 15 years. Over that time the issues have changed very little, except in the increasing size and impacts of the mining projects. The Government of PNG continues to profit from mining while the local communities bear the negative impacts. While some companies had made improvements, there is much to be done if we are to alleviate the human cost of mining and reduce the environmental damage caused. Most recently MPI have been focusing on submarine tailings disposal and on the Morobe Province, where communities living along the Watut River are facing the impacts of mining from the Hidden Valley Gold Mine and the development of Wafi-Golpu.
  • Scandinavia – We are currently assisting local communities in Scandinavia, especially in relation to the Australian listed, Hannan’s Reward

The Mineral Policy Institute works on these thematic issues;

  • Mining Waste such as riverine tailings disposal [Ok Tedi] and submarine tailings disposal [Lihir Island].
  • Erosion and pollution problems associated with mountain top mining in New Caledonia,
  • Pollution of waterways from mine waste, this occurs almost everywhere with a current example  being the Ranger mine in the Northern Territory [Australia]; there are also many sites of concern where pollution is suspected such as McArthur River [Australia]; and sites where standards are low or governance is lacking such as the uranium mine in Kayelekera [Malawi].
  • Deep Sea Mining is an emerging issue with companies keen to mine ocean deposits far from scrutiny and without adequate understanding of the issues, risks and consequences of mining our oceans. Papua New Guinea, a developing country that struggles to cope with terrestrial mining, looks to be where the deep sea mining experiment will start.
  • Submarine Tailings Disposal, again being adopted by mining companies in Papua New Guinea with operations about to start at Ramu and Yandera near Madang.

 

 

PUBLICATIONS

 

 

2014:

Mining in Morobe, Papua New Guinea – Impacts, Assurance and Self-determination, G M Mudd and C P Roche ,2014

The Morobe Province of central Papua New Guinea (PNG) has been mined for gold for nearly a century, although it is only in the past decade that large-scale modern mining commenced. This paper presents the results of an ongoing project in the Morobe Province conducted by the Mineral Policy Institute examining the historical, current and future impacts of mining, including community views, social and environmental impacts and the monitoring and regulation of mining.

Mining Legacies – Understanding Life-of-Mine Across Time and Space, M Pepper, C P Roche and G M Mudd, 2014

The Australian mining industries approach to life-of-mine planning has improved considerably in recent decades. It now needs to be matched by, and embedded in, mining governance systems that utilise a comprehensive whole-of-mine-life approach within a jurisdictional, industry and regional regime rather than just focusing on specific impacts in isolation. This paper commences with an exploration of mining legacies as an umbrella term for previously mined, abandoned, orphan, derelict or neglected sites. This is followed by a discussion of the current status of mining legacies as an Australia-wide issue, contrasting the Australian response with overseas examples.

Roche C, Mudd G (2014) An Overview of Mining and the Environment in Western Australia. In M. Brueckner et al. (eds.), Resource Curse or Cure? On the Sustainability of Development in Western Australia, CSR, Sustainability, Ethics & Governance. See a preview here.

This chapter identifies and explores the common environmental effects of mining in Western Australia (WA). Utilising unique state-specific data, we examine site-specific factors with reference to metals, mine life cycle, cumulative impacts and temporal disturbance. Emerging trends are discussed with specific reference to WA including in relation to production, ore grades, waste, scale, socio-environmental issues and mine legacy impacts. Finally we explore the constraints on effective environmental management imposed by the WA approach to mining development and discuss challenges for the effective environmental management of mining.

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2013:
Roche C, Feenan J (2013) Drivers for the Development of Deep Sea Minerals in the Pacific. In SPC (2013). Deep Sea Minerals: Deep Sea Minerals and the Green Economy. Baker, E., and Beaudoin, Y. (Eds.) Vol. 2, pp. 25-40 Secretariat of the Pacific Community, Fiji.

Abstract: The focus of this chapter is the primary drivers of deep sea mining in the Pacific, with a shorter discussion on secondary drivers and the restrictive forces operating in the region (Table 1). Inves- tigating these drivers provides an objective framework for improved understanding of the forces behind the industry, leading to better decision making. This investigation, like the industry, is in its infancy. Further work is required to better inform Pacific Island states of the factors influencing the future of the industry.

Roche C, Bice S (2013) Anticipating Social and Community Impacts of Deep Sea Mining. In SPC (2013). Deep Sea Minerals: Deep Sea Minerals and the Green Economy. Baker, E., and Beaudoin, Y. (Eds.) Vol. 2, pp. 59-80 Secretariat of the Pacific Community, Fiji.

Abstract: Other chapters in this volume demonstrate that the mineral extraction potential of deep sea min- ing could be enormous, that economic opportunities are driving Pacific Island states’ exploration of deep sea mining, and that deep sea mining – if approached from a holistic environmental perspective – might offer Pacific Island states economic means of achieving development goals. But what of the social and community impacts of deep sea mining? How might communities be affected or societies changed when the most socially disruptive aspects of mining shift offshore? How can such impacts be predicted, measured, and monitored? And will communities be able to register complaints successfully, exercise decision-making authority, or grant a social licence to operate to an industry operating not in their backyards, but in their equally prized and culturally important seas?

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2012:
Preliminary Review of the Environmental Impacts of the Hidden Valley Gold Mine, Papua New Guinea 06022011_Hidden Valley_03.2
Dr Gavin M. Mudd (Monash University)
Prepared for the Mineral Policy Institute (MPI) March 2012

Background and Brief History:
The Hidden Valley gold-silver (Au-Ag) mine is located in the Wau-Bulolo gold field of Papua New Guinea (PNG), about 90 km south-southwest of Lae and some 300 km north-northwest of the capital Port Moresby, shown in Figure 1. The region is part of the Morobe Province. The project is located in the headwaters of the Bulolo and Watut Rivers, with the Watut River being a major tributary of the Markham River which reaches the ocean near Lae.

 

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2006:
Backgrounder on the Rapu Rapu Mining Operation

 

ramu, 2009

 

Mineral Policy Institute Backgrounder
Rapu Rapu Mining Operation: July 2006

Executive Summary:
The Rapu Rapu Mining Project, majority owned and operated by Australian mining company,
Lafayette has been mired in controversy since its conception, and opposed by a variety of local and
national actors in the Philippines. This paper seeks to outline the major points of concern in relation to this project.

 

 

2005:
Ramu Nickel; A Triple Bottom Line Failure?
Prepared by Techa Beaumont
Mineral Policy Institute, Australia
September 2005

Introduction: The proposed Ramu Nickel mine is a lateritic nickel deposit discovered at Kurumbukari, a site south of the Ramu River in the early 1960′s. In 1997, Highlands Gold, previously involved in the development of the riverine dumping Pogera mine – secured management of the project, and in the same year, Highlands Pacific was established as a new company to manage the Ramu Nickel Project. The project’s proposed footprint extends from the Kurumbukari mine site in the Ramu River Catchment across 100 kilometres of indigenous customary lands to the Rai Coast. A pipeline will carry ore concentrate to be processed at the coast, with the subsequent mine waste to be dumped offshore into Basimuk Bay. The project poses serious economic, environmental and social risks that are discussed in this paper.

 

 

gold-mining-el-salvador-world-bank-icsid-pacific-rim

fespad.org.sv/situacion-actual-e-implicaciones-del-caso-pacific-rim-oceana-gold-para-el-estado-salvadoreno/

 

Salvador for the Right to Poison Its Water

 http://fpif.org/meet-company-suing-el-salvador-right-poison-water/

 

 

Juicio de minera canadiense contra El Salvador: en Toronto se manifiestan contra aurífera "Pacific Rim"  

 

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  • : cinabrio blog
  • : Ecología y sostenibilidad socioambiental, énfasis en conservación de ríos y ecosistemas, denuncia de impacto de megaproyectos. Todo esto es indesligable de la política y por ello esta también se observa. Ecology, social and environmental sustainability, emphasis on conservation of rivers and ecosystems, denounces impact of megaprojects. All this is inseparable from politics, for it, the politics is also evaluated.
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  • Malcolm Allison H malcolm.mallison@gmail.com
  • Biólogo desde hace más de treinta años, desde la época en que aún los biólogos no eran empleados de los abogados ambientalistas. Actualmente preocupado …alarmado en realidad, por el LESIVO TRATADO DE(DES)INTEGRACIÓN ENERGÉTICA CON BRASIL
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