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6 septiembre 2011 2 06 /09 /septiembre /2011 23:53

 

DERECHO A LA CONSULTA PREVIA PARA TODAS LAS COMUNIDADES

Lo más importante de la CONSULTA PREVIA es que institucionaliza el diálogo con los pueblos indígenas, con la finalidad de llegar a un acuerdo sobre la aplicación de normas (legislativas o administrativas) que las afectarían directamente, en el marco del respeto a sus derechos colectivos.

Sin embargo, un tema igual de importante y que tiene relación directa con lo anterior es saber a quiénes considera el Estado como interlocutores válidos para el diálogo. La norma, en su artículo 7, nos da una pauta al respecto: serían las comunidades campesinas o andinas y las comunidades nativas o pueblos amazónicos, que cumplan con los criterios objetivos y subjetivos para su identificación.

 

 

La ambigüedad del artículo citado llama a preguntarnos: ¿se incorpora en esta redacción a todas las comunidades campesinas o solo a las ubicadas en los Andes? Si no fuera a todas, ¿qué pasa con las comunidades campesinas no andinas, es decir, las ubicadas en la costa y en la selva?

 

 

Ollanta Humala promulga Ley de Consulta Previa

 

 

Subido por el 06/09/2011

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LOS INTERLOCUTORES VALIDOS PARA LA CONSULTA PREVIA
Un tema clave es saber a quiénes considera el Estado como interlocutores válidos para el diálogo y la discusión de la CONSULTA PREVIA .



LEE EL ARTÍCULO COMPLETO EN LA REVISTA AGRARIA

http://is.gd/ya5rq6


Más información en:

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La consulta no es un antídoto para los conflictos, para tratar tan espinoso tema se requiere una política real de prevención de conflictos y, sobre todo, una gestión eficiente de conflictos.

 

 

 

 

 

La consulta no es un antídoto para los conflictos

      30-08-2011 | Javier Torres

 

Una vez aprobada la Ley de Consulta Previa a los pueblos indígenas, muchos se han animado a decir que los conflictos sociales en el Perú se reducirán sustantivamente. Por el momento esto es más la expresión de un deseo que otra cosa, ya que, sin duda, la consulta es uno de varios mecanismos que el gobierno tendrá que ir implementando, pero además porque en el Perú no todos somos parte de tal o cual pueblo indígena, aunque gracias a la consulta previa, por primera vez existirá un incentivo para autorreconocerse como tal.

 

Sin duda alguna veremos emerger en los próximos meses y años a indígenas que hasta ahora no se asumían como tales, y también veremos a pobladores de diversas regiones exigir que se les consulte previamente, en nombre de alguna de las tantas identidades étnicas que un país tan rico en historia y cultura nos brinda. Y dura será la tarea del Viceministerio de Interculturalidad en definir a quién se debe consultar en cada caso, aunque seguramente el reglamento buscará limitar en parte este aspecto.

 

Pero esto no resuelve la demanda de información, participación y consulta de amplios sectores de la ciudadanía que no tienen voz en la toma de decisiones del Estado, y que además andan bastante desencantados de los mecanismos de este tipo que la descentralización del 2002 estableció, tales como los presupuestos participativos y los consejos de coordinación local, en los que en la mayoría de los casos no se decide nada relevante.

 

En buena medida esta situación, junto con la incapacidad de los tres niveles de gobierno para resolver las demandas de la ciudadanía y la pobreza de una clase política encerrada en debates estériles, llevó a que emergieran conflictos de todo tipo, que una saludable medida como la Ley de Consulta Previa no va a poder resolver. Para ello se requiere una política real de prevención de conflictos y, sobre todo, una gestión eficiente de los mismos.

 

Quizás por ello los promotores de la consulta previa deberían buscar que esta se aplique, no solo para las concesiones y proyectos de inversión, sino también en otros campos de la acción del Estado, como la educación, la salud y la justicia, donde la exclusión, el racismo y la discriminación se encuentran firmemente instalados. Lograr éxito en estos campos será la mejor manera de legitimar la consulta previa ante los pueblos indígenas, para no volver a caer en el desencanto.

 

http://diario16.pe/columnista/6/javier-torres/1099/la-consulta-no-es-un-antaidoto-para-los-conflictos

 

 

 

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 Foto: THINKSTOCK

INUNDACIÓN DE JOHNSTOWN, Pensilvania. El 31 de mayo de 1889 y tras días de lluvias muy fuertes, colapsó la represa de South Fork, 14 millas río arriba de Johnstown. Fue el primer gran desastre cuyo rescate estuvo a cargo de la Cruz Roja de Estados Unidos. El apoyo para las víctimas llegó de todo el país y de 18 naciones extranjeras. Aún hoy sigue siendo una de las mayores tragedias norteamericanas, con 2.200 víctimas. La inundación de Johnstown también se convirtió en una causa social, ya que LA REPRESA HABÍA SIDO CONSTRUÍDA PARA CREAR UN LAGO PARA LOS MILLONARIOS QUE IBAN ALLÍ DE VACACIONES.

 

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Columnistas | 07-06-2011 | Javier Torres

LOS DESAFÍOS DEL PRESIDENTE HUMALA

 

 

 

La ciudadanía le dio la victoria a Ollanta Humala luego de una campaña intensa en donde la polarización y la contracampaña del miedo desplegada por la mayoría de los medios de comunicación no bastó para evitar el triunfo del candidato nacionalista.  Sin duda Humala fue el menos malo de los dos candidatos y además planteó los temas centrales de la agenda electoral frente a la pobreza de los argumentos de su rival.

 

Humala tuvo el apoyo de líderes políticos y sociales, y de muchos intelectuales, que le ayudaron a reducir los temores en relación a sus propuestas, destacando nítidamente el respaldo de Mario y Álvaro Vargas Llosa, el primero marcando el rechazo frontal al retorno del fujimorismo y el segundo convertido en el más entusiasta vocero de la campaña nacionalista. Ambos fueron claves en la batalla por el electorado limeño, donde a pesar de ganar Keiko Fujimori no logró barrer a Humala como lo hizo Alan García el 2006.

 

Fuera de Lima, la apuesta mayoritaria del electorado ha sido en primer lugar por un cambio en la relación entre el Estado y la ciudadanía, en el que éste tenga mayor presencia y capacidad de escuchar las demandas de la población y que sea más eficiente en la prestación de servicios. Asimismo se quiere un Estado que tenga  la capacidad de regular los conflictos, en los que ha aparecido siempre del lado del sector privado.

 

Fuera de Lima, Keiko Fujimori no fue en ningún momento una amenaza real para el triunfo de Humala, porque su discurso se limitó al ofrecimiento de programas sociales  asistencialistas como los que se desarrollaron en el gobierno de su padre, y además a una defensa del modelo económico sin plantear mayores alternativas a amplios sectores de la población de la sierra y la amazonía,  que en veinte años de aplicación de políticas neoliberales  no han encontrado otro lugar que no sea el de pobres.

 

Así, los desafíos que se le presentan al presidente electo son enormes ya que las expectativas de cambio se pueden convertir rápidamente en malestar, protestas y nuevos conflictos si no cumple con sus promesas, pero también porque tendrá que enfrentar la presión de los gobiernos regionales por mayores recursos y autonomía y, por último, la presión de los empresarios y poderes fácticos para que no haya cambio alguno en las reglas de juego de la economía peruana. 
 


Humala, le guste aceptarlo o no, es el primer presidente de izquierda del Perú, y para poder gobernar tendrá que construir rápidamente alianzas no solo con aquellos que lo apoyaron en esta segunda vuelta, sino también con algunos actores políticos que no ven con buenos ojos su elección.  Si no lo hace, el país se puede volver ingobernable, sobre todo sabiendo que hay una derecha intolerante y poco democrática que no aceptará cambio alguno.  Por el bien del país esperemos que Humala tenga el liderazgo y la firmeza suficiente para cumplir con su promesa central: Redistribuir los beneficios del crecimiento económico para así reducir la desigualdad.

 

http://diario16.pe/columnista/6/javier-torres/821/los-desafa-os-del-presidente-humala

 

 

Columnistas | 02-08-2011 | Javier Torres

Consulta Previa y Ordenamiento Territorial

 

Uno de los grandes retos del nuevo gobierno será encontrar el equilibrio entre la gran inversión minera y las preocupaciones de la población por los cambios que esta genera en sus vidas. Una de las vías es la aplicación de la consulta previa a los pueblos indígenas, establecida por el convenio 169 de la OIT, que consiste en un proceso de negociación entre la comunidad y el Estado -y no con la empresa como equivocadamente pensaba el anterior gobierno- en el que el segundo debe dar las garantías suficientes a la primera de que la opinión y el respeto de sus derechos serán tomados en cuenta en la decisión final que corresponde al Estado para aprobar la medida legislativa o administrativa que corresponda.

 

La consulta previa es, pues, un largo y complejo proceso que tendrán que aprender a caminar el Estado y los pueblos indígenas, y por tanto no es, como algunos sostienen -confundiendo así a las comunidades y a la opinión pública- un referéndum o una consulta popular en la que en una sola jornada se “resuelve” y decide el futuro de un proyecto o de una comunidad. Ni tampoco es, como señalan algunos voceros oficiosos del gremio minero, una audiencia o taller organizado por la empresa interesada, en el que se presenta con apuro un Estudio de Impacto Ambiental, con la anuencia de los funcionarios del Ministerio encargado de promover dicha inversión. La consulta no es ni un plebiscito apresurado ni un diálogo entre privados.

 

Por ello es que, aun cuando el presidente Humala no mencionó este tema directamente en su discurso, sí es importante que el ministro del Ambiente, Ricardo Giesecke, haya señalado en RPP que “la consulta previa tiene que hacerse, la gente tiene que saber que le van a consultar, que si no le han consultado tiene que estar plenamente segura de que no va a pasar nada”, y que por tanto se insistirá en la aprobación de la Ley de la Consulta que fuera observada por el anterior gobierno.

 

Sin embargo, no basta con aprobar la Ley de Consulta, sino que es fundamental que a la par que se promulga dicha norma, se avance con celeridad, pero realizando un debate amplio con participación de todos los interesados en la elaboración de una política nacional de Ordenamiento Territorial, tal como sí fue anunciado por el presidente el 28 de julio.

 

Avanzar en el proceso de ordenamiento del territorio significa superar la idea –tan presente los últimos 20 años- de que toda forma de planificación estatal es mala. Asimismo, urge establecer de una buena vez un marco normativo que permita que tanto los inversionistas como las comunidades impactadas por los grandes proyectos extractivos en el Perú tengan la plena seguridad de que sus derechos serán respetados en el marco de una Política de Estado que garantice una explotación racional y sostenible de nuestros recursos.

 

http://diario16.pe/columnista/6/javier-torres/1014/consulta-previa-y-ordenamiento-territorial

 

 

 

 

 
Antropólogo Javier Torres

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Eduardo Roy Gates, ex abogado

 

 

CONSEJERO PRESIDENCIAL INCONVENIENTE

 

El Presidente Humala ha designado como consejero presidencial en asuntos jurídicos al abogado Luis Roy Gates, quien es conocido por haber sido abogado del Presidente en el caso de genocidio de Madre Mía, así como por haber patrocinado a Rómulo León Alegría, en el sonado caso de los pinchazos telefónicos de la empresa BTR, y a Manuel Sánchez Paredes y sus dos hijos, todos implicados en casos de narcotráfico. Indudablemente un abogado tiene el derecho a defender a quien lo contrate, y esto no lo hace cómplice de aquello de lo que se le acusa a sus patrocinados, quienes no son culpables hasta recibir una sentencia, pero incluso en ese caso, eso no descalifica profesionalmente a un abogado.

Sin embargo, la pregunta que legítimamente se hace la opinión pública es: ¿cuáles son los méritos y la experiencia del  abogado Roy Gates para el ejercicio del delicado cargo de CONSEJERO PRESIDENCIAL que le ha sido encargado por el Presidente? Lamentablemente el Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial emitido el 2006 nada dice sobre los consejeros, salvo señalar de manera general cuáles son sus funciones como “emitir opiniones sobre materia de su competencia” o “asesorar en los asuntos requeridos por el Presidente”. Y como la norma no dice más, pues cualquiera puede ocupar dicho cargo.

Entendemos que habiendo sido abogado de Ollanta Humala, Roy Gates cuenta con su plena confianza, pero el Presidente debe entender que ahora es el Jefe de Estado y que por tanto sus consejeros no son asesores para asuntos personales o privados. Por ello lo mejor sería que dicho nombramiento quede sin efecto, que el Ministro de Justicia se encargue de dicha función, y que se revise la laxa normatividad que rige el rol de los Consejeros Presidenciales.

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  • Biólogo desde hace más de treinta años, desde la época en que aún los biólogos no eran empleados de los abogados ambientalistas. Actualmente preocupado …alarmado en realidad, por el LESIVO TRATADO DE(DES)INTEGRACIÓN ENERGÉTICA CON BRASIL
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