1 marzo 2011 2 01 /03 /marzo /2011 15:19

En abril de 1998 James Wolfensohn, Presidente del Banco Mundial, visitó Chile y en conferencia de prensa reconoció la mala evaluación de la central hidroeléctrica Pangue, en el marco de la Segunda Cumbre de las Américas. Señaló que esa institución hizo un "mal trabajo" en la evaluación del impacto de la central hidroeléctrica Pangue.

 

Así lo consignó la crónica del Diario La Época, del lunes 20 de abril de 1998: "Wolfensohn dijo que durante esta visita al país pudo constatar que las minorías étnicas de la zona del Alto Bío Bío "fueron desalojadas de sus tierras".

 

 

Ya en ese entonces se observaba con inquietud la falta de una articulación de la política ambiental con la política indígena y serecomiendaba reafirmar la importancia de abrir los espacios institucionales y políticos para que el crecimiento no sea un daño al medio ambiente ni que éste opere como freno a la inversión y el desarrollo.

 

Se pidió que se respete integralmente la Ley Indígena y la Cultura Pehuenche, se solicitó que se pronuncie formalmente la Conadi en relación a la relocalización de las familias pehuenches, la inundación de terrenos indígenas comunitarios y se reclamó la solución equitativa en lo económico, que permita la integración social del Pueblo indígena en el desarrollo del Alto Bío Bío.

 

Se remarcó también la necesidad de que la evaluación de impacto ambiental integrase tanto el impacto de la central Ralco, como el impacto ya producido de Pangue y de otros proyectos hidroeléctricos que se pensaban ejecutar en el Alto Bío Bío.

 

El PPD, Partido Por la Democracia manifestó: "Debe aprovecharse esta oportunidad para iniciar una discusión política sobre la inequidad territorial de los beneficios de estos megaproyectos generadores, dado que los recursos que quedan o se reinvierten en las cuencas, comunas y territorios involucrados, son insignificantes en relación a su aporte energético para el país y económico para las generadoras".

         

Ralco: ¿ Represa o Pobreza ? - de Domingo Namuncura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Indice

 

 

 

 

 

 

 

http://www.derechos.org/nizkor/chile/libros/endesa/

 

 

Domingo Namuncura

Ralco:¿Represa o Pobreza?


Prólogo

Corresponde tomar muy en serio el trabajo de investigación que Domingo Namuncura ha hecho acerca de la situación actual de los Pueblos Indígenas. Esto tiene particular referencia al problema suscitado entre las comunidades Pehuenches en el Alto Bío Bío y la empresa que construye la represa Raleo. Sabemos la gravedad que asumieron los incidentes ocurridos y la importancia que el tema va tomando a medida que permanecen las divergencias. Para la búsqueda de soluciones nada mejor que un estudio profundizado de las circunstancias. Ellas provienen de una raíz histórica en que las contradicciones son muy grandes. Se inicia con una invasión de un país europeo sobre comunidades indígenas que no alcanzan a comprender ese hecho. La conducta de los conquistadores y las reacciones naturales de los indígenas ponen a prueba la capacidad de pensar la situación con arreglo a un comportamiento de respeto al ser humano, de un bando y de otro. Viene la larga y difícil guerra y por tanto, los actos increíbles de una parte y de otra.

A la postre, los europeos permanecen y forman aquí su hogar sobre la base de que los indígenas no son iguales. La diferencia psicológica y cultural fácilmente se transforma en odiosidad permanente en unos y desprecio en otros. En el curso de los hechos, se puede entender mal o bien el problema pero siempre será con tremendas dificultades e incomprensiones.

Por cierto, llega un instante en que las conveniencias del país y el espíritu de los grupos empresariales plantean obras destinadas a resolver las necesidades del país como es justamente la represa en Raleo, que suscita el difícil problema del momento. Hemos asistido pues a un período de conflictos en que la voz de las autoridades, las réplicas o iniciativas de los indígenas, la acción de las fuerzas policiales y las decisiones de los tribunales se ligan para crear un grave problema nacional.

Vivimos hoy un período en que la mentalidad individualista lleva consigo una plaga de conflictos socio económicos. Fracasó el totalitarismo de izquierda, por sus mismos abusos; las ideas liberales en economía parecen triunfar sin respuesta posible y en ese marco se halla la intención de promover grandes iniciativas para las cuales, sea consciente o inconscientemente, el interés o los derechos de los indígenas que tratan de conservar su cultura, sus costumbres y también sus tierras, no posee mucha validez. Esto se hace más evidente en medio de situaciones de violencia y de alteración del orden público. Por suerte, en Chile hoy subsiste la mentalidad democrática en grado suficiente para que los tribunales corrijan la acción de autoridades administrativas. Ello significa que los indígenas, víctimas de una represión policial, pueden ganar judicialmente. Eso es posible. Más, el problema subsiste y se agrava si los actos de injusticia llevan a los indígenas a ser inducidos a acciones de confrontación para hacer valer sus derechos más esenciales.

De ahí pues la importancia capital de estos estudios que dan cuenta del pasado histórico y lo ligan a los problemas de hoy. El libro de Domingo Namuncura es un documento esencial para comprender los temas a que aludimos. Aquí se presenta una amplia e incisiva historia de la forma cómo la sociedad ha asumido el problema básico al tratar de enlazar las necesidades materiales del país con el hecho de que afectan o pueden afectar la vida, costumbres, necesidades y formas de vinculación del Pueblo Indígena con la República de Chile, a la cual también pertenecen.

El proyecto Raleo viene a ser el punto culminante de la cuestión en estos momentos. El lector tendrá aquí todos los antecedentes de cómo se tomaron las resoluciones sobre la materia. La historia está relatada paso a paso. Sin duda, es posible que se produzcan discrepancias sobre el fondo y la forma de la cuestión. Sin embargo, sobre un aspecto no podría haber dudas. Nos referimos a la capacidad del autor, a su conocimiento profundo de los hechos históricos y los aspectos culturales, geográficos y políticos. Su dedicación al tema es notable y no debería ser desdeñada por las partes de la controversia. Porque se trata de un fino espíritu que permite entender los dos aspectos en juego: el interés del país para realizar en su territorio las grandes obras que el progreso implica y, al mismo tiempo, el reconocimiento de los indígenas como Pueblo. Ojalá el ensayo del autor pueda contribuir a ampliar nuestra comprensión de que los derechos del mundo indígena son también los derechos de todos los chilenos, a un desarrollo justo, humano y equilibrado.

Jaime Castillo Velasco


Presentación

El escritor español, Camilo José Cela dijo que "la más noble función de un escritor es dar testimonio, como un acta notarial y como fiel cronista del tiempo que le ha tocado vivir".

Con este libro he iniciado esa experiencia de dar cuenta del muy especial tiempo que me ha tocado vivir y de una directa relación con la realidad de nuestras comunidades indígenas del país. Escribir sobre lo acontecido con los pehuenches de Chile y el megaproyecto Ralco ha sido fruto de una urgencia espiritual; de una necesidad de comunicar y compartir con Ud. los principales antecedentes de un conflicto aún latente.

Agradezco muy sinceramente a la Editorial LOM su interés y acogida al proyecto inicial, sobre el cual conversamos en septiembre de 1998 y cuyos manuscritos originales fueron luego trabajados y pulidos hasta llegar a la versión que le estamos presentando.

Dedico este libro a los funcionarios y profesionales de conadi, todos ellos personas dedicadas al mundo indígena. Quiero contribuir con esta obra al reconocimiento de los muchos dirigentes indígenas del país con quienes compartí muchos y muy hermosos momentos de trabajo y aprendizaje. También agradezco a quienes brindaron su apoyo mientras fui Director Nacional de conadi y a todas las personas con quienes compartí muchas reflexiones sobre la problemática indígena en Chile.

De manera especial, dedico también este trabajo a la memoria de mi padre, Domingo Namuncura Huenchupán, descendiente de los Calfucurá, tehuelches pehuenches de fines del siglo XVIII y herederos del último Cacique Namuncura de la Patagonia, de quienes sus hijos y sus nietos hemos recibido el legado de una cultura ancestral que nunca desaparecerá de nuestra tierra. Este libro es también la muestra de mi afecto y cariño a mi familia, especialmente a María Inés, paciente compañera de tantas jornadas de compromiso y lucha social, y quisiera que este libro sea un regalo a mis hijos, Gustavo Enrique e Ignacio Salvador, quienes siguieron muy de cerca el trabajo casi diario de escribir estas páginas, comentando los hechos, mirando fotografías, viendo videos del Alto Bío Bío y analizando juntos las noticias que han rodeado los temas indígenas del último tiempo. Sin la comprensión y el apoyo de mi familia habría sido más difícil culminar este libro.

A todos, mi saludo afectuoso, mi agradecimiento y mi expresión profunda del deseo de que este libro -gentilmente editado por LOM- sea una contribución para despertar nuevas conciencias en la lucha democrática contra toda forma de discriminación e injusticia social.

Domingo Namuncura



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Primera edición, junio de 1999  Editorial LOM

 

Los efectos del Informe Downing
El Proyecto de la Central Hidroeléctrica de Ralco
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Ralco: antecedentes históricos
1996: incorporación de la Conadi en el Estudio de Impacto Ambiental de Ralco
Mayo de 1996: el Primer Informe de Observaciones de Conadi al Estudio de Impacto
Aclaraciones de la Conama sobre el proyecto
Programa de Defensa del Patrimonio Cultural Indígena
Enero de 1997: Informe de Evaluación Económica encomendado por Conadi
Marzo de 1997: el segundo informe de la Conadi
Cambios en la Conadi y el inmediato Addendum 2 de ENDESA
El tercer informe de Conadi y el clima político de 1997
El consolidado de la Conama: su propia síntesis final
El Informe de Conama respecto del Plan de Relocalización
Nuevo oficio de Conadi a Conama
RALCO es aprobado por CONAMA
Reacciones a la Resolución de CONAMA
Reacciona la empresa ENDESA
Respuesta a la apelación de ENDESA


 

Mayo de 1996: el Informe Downing sobre la central Pangue

 

 

Un antecedente previo a Ralco.

En abril de 1998 visitó el país el Presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, quien en conferencia de prensa reconoció la mala evaluación de la central Pangue, en el marco de la Segunda Cumbre de las Américas. Señaló que esa institución hizo un "mal trabajo" en la evaluación del impacto de la central hidroeléctrica Pangue. Así lo consignó la crónica del Diario La Época, del lunes 20 de abril de 1998:

"Wolfensohn dijo que durante esta visita al país pudo constatar que las minorías étnicas de la zona del Alto Bío Bío "fueron desalojadas de sus tierras". De hecho, Wolfensohn aseguró que si el proyecto Pangue se hubiera presentado en este momento, "habría hecho las cosas de otra manera".

El Presidente del Banco Mundial dijo también que ya que esa institución "había ayudado a crear el problema" tenía que"contribuir a buscar una solución". Luego, reconoció que este hecho le "molesta" y aseguró que hará todo lo posible para que "haya un acuerdo con esas familias. Tengo esto presente y me hago responsable. Un error así no volverá a ocurrir", afirmó".

La construcción de la represa Pangue precede a Ralco. La legislación ambiental estaba en proceso y la Ley Indígena, aprobada por el Congreso en octubre de 1993, recién entró en vigencia en 1994 con la creación de la Conadi. Básicamente, entonces, la situación de las familias pehuenches afectadas por la represa Pangue estaba caracterizada por la ausencia de una legislación ambientalmente protectiva.

Para mitigar los efectos de esta obra en el mundo pehuenche, se creó la Fundación Pehuén que tuvo por finalidad hacerse cargo de los impactos respectivos. La labor de esta Fundación fue evaluada en profundidad.

El 7 de mayo de 1996 fue dado a conocer el informe titulado: "A Participatory Interim Evaluation ofthe Pehuen Foundation" (Evaluación interna de la Fundación Pehuen), en el que se analizaron las actividades de Endesa en relación a Pangue, específicamente el efecto de mitigación de las consecuencias negativas del proyecto patrocinado por la Corporación Financiera Internacional (IFC). Su autor fue Theodore Downing.

Dicho informe fue mantenido en condiciones reservadas, dado que endesa habría expresado su preocupación ante el Banco Mundial, porque se abordaban en él variables económicas cuyos componentes serían confidenciales para la empresa. Downing realizó un acucioso trabajo y en su informe dio cuenta de las propias responsabilidades que tiene la IFC en los efectos del proyecto Pangue.

Como resultado de estos informes, la IFC desistió de otorgar nuevos préstamos. La empresa Pangue S.A., por su parte, resolvió entonces, en marzo de 1997, prepagar sus créditos directos con la IFC. Los informes también son influyentes en decisiones semejantes, adoptadas por agencias de Suecia y Noruega que habían participado en el financiamiento de la construcción de la Central Pangue.

Para los efectos de una mayor ilustración sobre la importancia de este punto resumiremos aspectos relevantes del Informe Downing, quien señaló que el Banco Mundial, la empresa Pangue S.A. y la IFC "crearon un mecanismo financiero e institucional mediante el establecimiento de una fundación sin fines de lucro, para mitigar los efectos de largo plazo que podría tener el desarrollo de la infraestructura privada en la población indígena. Pangue convino en sentar las bases de un desarrollo sostenible aportando a la Fundación hasta el año 2001 incluido, la mayor de las cantidades siguientes: a) un monto anual equivalente al 0.30% de los ingresos netos de la Compañía o b) el equivalente a 5.780 Unidades de Fomento chilenas. Después del año 2001, la Compañía aportará a la Fundación un monto anual equivalente al 0.30% de sus ingresos netos. El objeto de este arreglo era disponer de una pequeña base financiera para poder hacer frente a los efectos perjudiciales que podría tener el proyecto a largo plazo".

La Fundación Pehuén recibió desde comienzos de 1992 US$ 535 mil dólares, de los cuales el 95% lo aportó Pangue. Continúa el informe:

"De esa suma, US$ 357 mil dólares se destinaron a gastos directos del programa. Dos tercios de esos fondos se destinaron al programa de compras colectivas con descuento (CCD), en combinación con más de US$ 82 mil dólares en fondos de las familias Pehuenches. Como parte del programa se hicieron 5.111 compras, con un movimiento de más de 50.000 productos. El otro tercio de los fondos de la Fundación se destinó a donativos de beneficiencia para las comunidades (16,8%), estudios de diagnóstico (7,4%), construcción vial (3,7%), capacitación (4,5%) y actividades para ejercer influencia a fin de obtener subsidios del Gobierno y donaciones privadas (l%)".

La evaluación realizada por Downing tenía por finalidad "comparar el desempeño de la Fundación Pehuén con los objetivos establecidos en el convenio jurídico entre la IFC y Pangue y las directrices ambientales de la IFC". Su informe concluyó que después de cuatro años de operación, la Compañía no había incorporado cuatro de los cinco elementos claves del convenio: a) que la Fundación lograse ser el instrumento capaz de aportar beneficios de largo plazo y con capacidad de sustentabilidad y desarrollo sostenible de las familias Pehuenches afectadas por el proyecto Pangue (la represa anterior a Ralco); b) capacitación de las comunidades para compensar los efectos negativos del Proyecto al concluir su construcción; c) preservar la identidad cultural de los Pehuenches y d) extender el beneficio de suministro eléctrico a las comunidades.

En lugar de lo anterior, dice Downing, la Compañía orientó el trabajo de la Fundación a una acción más bien asistencial, organizando un sistema de bienestar social que consistió en la prestación de servicios materiales de corto plazo. Los propios pehuenches consideran a la entidad como un centro de actividades comerciales más que un espacio de cooperación para su desarrollo.

Tal es así que la mayoría de los fondos de la Fundación se emplearon en mejoramiento de los hogares (58,4%), sostenimiento de precios de insumos básicos (33,9%), materiales de apoyo a estudiantes (5,2%), y realización de eventos culturales (0,6%). Según este mismo análisis, los recursos para capacitación fueron menores. La inexistencia de un plan de desarrollo de la comunidad y la ausencia de variables de participación ciudadana indígena, hizo que las principales iniciativas de la Fundación se restringieran a compras llevadas a cabo por sus funcionarios y donaciones distribuidas sin un plan de ordenamiento.

Esto estuvo precedido por algunas consultorías relacionadas con estudios económicos de la población pehuenche. Sin embargo, las empresas a cargo de estas consultorías no contaban con experiencia en el área de desarrollo indígena y, por cierto, no consideraron la opinión de las comunidades. Downing concluyó entonces que "los resultados de los programas de la Fundación eran insignificantes, "al no haber centrado las actividades en el logro de los objetivos acordados de desarrollo socioeconómico sostenible, mitigación, desarrollo cultural y suministro de energía eléctrica.(...) En 1992, todas las familias de Callaqui, Pitril y Quepuca Ralco se encontraban por debajo del umbral de pobreza nacional. Tras cuatro años de actividades de la Fundación y con el 30% de las unidades familiares de Callaqui y Quepuca Ralco empleadas temporariamente en las obras del proyecto, sólo el 1% de ellas supero ese umbral. Un tercio de la población sigue en la pobreza".

Downing fue describiendo, entonces, paso a paso los factores irregulares del funcionamiento de la Fundación Pehuén y los efectos insuficientes de su labor y de sus propósitos. Indicó que la participación pehuenche era limitada. "Desde el inicio del proyecto, los pehuenches no han sido participantes informados de las acciones tomadas por Pangue y la IFC que afectarían en forma definitiva su futuro".

El fenómeno de administración de la Fundación y su desenvolvimiento cotidiano implicó la selección de personal sin la respectiva capacitación cultural y sin contar con experiencia en el ámbito del trabajo social indígena. En su mayoría se trató de personal no mapuche. Quienes realizaron los estudios previos para instalar esta Fundación no recurrieron a asistentes bilingües ni expertos en interculturalidad social e indígena, de tal modo que la Fundación se constituyó como una entidad con predominio de personas no indígenas y ajenas a la realidad de los pehuenches.

Un punto en extremo delicado tiene que ver con el método con el cual la Fundación abordó la relación con los pehuenches. Al respecto Downing señaló que: "En ciertos casos, los programas de la Fundación no se circunscribieron a las comunidades especificadas en su estatuto e incorporaron a comunidades cuyas tierras y opiniones se consideraron de interés directo para la Compañía o para su propietario, mientras que dejaron de lado a otras que no revestían tal interés. El modelo de cultura pehuenche empleado por la Fundación y su falta de experiencia con el desarrollo de las poblaciones indígenas la llevaron a ignorar el vínculo fundamental que existe entre la cultura pehuenche y el ecosistema. Por esa razón la Fundación no logró detectar un problema ambiental inminente relacionado con el Proyecto que amenaza a la cultura Pehuenche".

El análisis de Downing sobre los objetivos relacionados con la capacitación de los pehuenches para enfrentar de mejor manera los efectos de la represa Pangue en el Alto Bío Bío fue igualmente desalentador:

"En los últimos cuatro años el desarrollo de los recursos humanos ocupó un lugar prácticamente insignificante en las actividades de la Fundación, contando con menos del 4% de los gastos directos. La poca capacitación impartida redituó a la economía local una ganancia de más del 200% sobre la inversión. A pesar de los prometedores esfuerzos iniciales destinados a elaborar programas de capacitación que aumentarían el acceso de los pehuenches a las oportunidades de empleo, las actividades de capacitación se suspendieron en 1993. (...) Entre las amenazas inminentes para la economía y cultura pehuenches cabe citar la gran deforestación, un serio peligro de reasentamientos involuntarios, el desempleo y una mayor ingerencia de no indígenas en su cultura y sus tierras".

La evaluación sobre los efectos de la represa Pangue en el ámbito económico, en cierto modo, constituye un anticipo de lo que se espera para los efectos de Ralco. El informe habla de pérdida neta en la economía pehuenche de sus recursos naturales.

"El camino al proyecto abrió el acceso al bosque pehuenche. De 1988 a 1994 se ha extraído madera por valor de entre US$ 3 y US$ 18 millones de dólares de las tierras de las comunidades. Desde 1991 la tasa de deforestación ha sido de un nivel excesivamente elevado (entre 1,3% y 8,5% anual). Una parte mínima de los ingresos derivados de la explotación forestal llegó a manos de los pehuenches. Como consecuencia de las talas realizadas por personas ajenas en tierras indígenas, ahora los pehuenches deben hacerse responsables del pago de enormes multas que superan sus recursos económicos y que están socavando sus derechos civiles".

Es interesante destacar el análisis que Downing realizó a propósito del tema de los reasentamientos indígenas como resultado de estos megaproyectos. Se trata de situaciones que pueden implicar todavía mayor empobrecimiento de los pehuenches, dificultar su acceso a la tierra, a la seguridad alimenticia y sanitaria, problemas serios de vivienda, de ingresos y propiedad comunitaria. 'También pueden aumentar la marginalización socioeconómica y la desintegración socio cultural de las tres comunidades".

"Los otros tres posibles reasentamientos serían consecuencia, aguas arriba, de la presa de Ralco, propuesta por endesa, empresa propietaria de Pangue. Aunque no se trata de un proyecto de la IFC ni está técnicamente vinculado a Pangue, los pehuenches los consideran acontecimientos relacionados. Esta opinión se convalidó cuando la Fundación comenzó a realizar numerosas actividades también en Ralco Lepoy. Estos tres reasentamientos amenazan en forma sustancial la integridad de entre el 70% y el 85% de las unidades familiares de Quepuca Ralco, incluidos todos los asentamientos de Quepuca-Estadio, Palmucho y Los Avellanos. Los preparativos de la construcción de la represa Ralco ya han empezado a afectar a los pehuenches y a tener consecuencias en las operaciones de la Fundación".

En mayo de 1996 la endesa informó que la Fundación Pehuén sería el organismo a cargo de mitigar los reasentamientos de Ralco-Lepoy y Quepuca Ralco. La IFC (Corporación Financiera Internacional), entidad que había contratado el estudio de Downing, no había previsto incluir un análisis de la Fundación como institución con capacidad para mitigar tales nuevos reasentamientos. Y de hecho, el consultor Downing declaró el 5 de mayo de 1996 que él se había enterado de esta decisión horas antes de entregar su informe, el 6 de mayo de dicho año...

La Corporación Financiera Internacional y el grupo sociológico del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) tenían sus reservas respecto de los impactos de la represa Pangue y del funcionamiento de la Fundación Pehuén. La investigación efectuada por Downing confirmó sus aprensiones. Pero la IFC no había supervisado adecuadamente el proyecto, de tal manera que la investigación en realidad se realizó a instancias del Banco Internacional. La conclusión principal del consultor independiente fue decidora.

"No cabe duda que las actividades de la IFC, Endesa y la Compañía están acelerando el ritmo de transformación sociocultural de una zona, que en una época, era un rincón aislado de Chile. De ahora en más, el futuro económico y cultural de los Pehuenches dependerá de la voluntad política y de la capacidad técnica de las tres partes, y del sector público, para respetar a los pehuenches y colaborar con ellos a fin de corregir las distorsiones señaladas en esta evaluación y evitar el surgimiento de otras nuevas. Lo que queda por verse es si este grupo pequeño y empobrecido de pehuenches se beneficiará con los frutos del proyecto o subsidiará el desarrollo hidroeléctrico de Chile a expensas de su economía, recursos y cultura. Hasta ahora, a decir por la información recogida, están subsidiando el proyecto".


Los efectos del Informe Downing

En 1997, Theodore Downing, miembro de la Asociación Americana de Antropología, presentó al Comité de Derechos Humanos de la Asociación una queja en relación a la situación que afectaba a los pehuenches y, en particular, en relación a sus derechos como investigador, antropólogo y consultor. El reclamo del profesional era respecto de la IFC, endesa y pangue s.a. La IFC lo había contratado para examinar la actuación de endesa y de la Fundación Pehuén y reclamó por el hecho de que su informe fuese mantenido en reserva y sin poder cumplir el propósito acordado de compartir sus conclusiones con las comunidades pehuenches. En lo principal, de acuerdo al propio informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación Americana de Antropología, Downing apuntó básicamente a las responsabilidades que le cabían a endesa y a la propia IFC, en lo que la Comisión determinó como "violaciones a los derechos humanos de los pehuenches". Dice el informe de la Comisión:

"1.- La IFC y ENDESA violaron los DDHH de los pehuenches. Negociaron convenios secretos sobre el futuro de un grupo étnico sin el conocimiento ni la participación del grupo o de las autoridades gubernamentales responsables de asuntos indígenas (Conadi). Implementaron un programa de reasentamiento que no incorporó los derechos de los indígenas, y cometieron una grave falta al no compensar adecuadamente a todas las personas afectadas.

2.- ENDESA utilizó la Fundación Pehuén, organización creada como resultado de acuerdos negociados secretamente, para trasladar fondos asignados a las comunidades de la zona de Pangue a la comunidad adyacente a Ralco, la segunda represa proyectada. Esta acción demuestra que el proyecto de la IFC no era para una central autónoma, como se dio a conocer públicamente, sino que para establecer la infraestructura para conseguir una serie de represas.

Además, alegó Downing, pangue s.a. nombró a un no-indígena como Presidente de la Fundación Pehuén (quien también es co-propietario de una empresa involucrada en la preparación del plan de traslado para la represa Ralco). Todo esto apoya la aseveración que la represa Pangue y la represa Ralco son proyectos ínter-relacionados y no separados, y que sus impactos acumulativos debieron haber sido evaluados desde un comienzo.

3.- La IFC y ENDESA omitieron identificar en sus evaluaciones iniciales el impacto de la represa Pangue en los indígenas y los impactos acumulativos de financiar un proyecto que establece las bases para la construcción de otras represas. Esto representa

un deliberado intento de eludir las directrices del Banco Mundial que en sus proyectos protege los derechos de los indígenas.

4.- La distribución selectiva del informe de Downing realizado por la IFC y ENDESA, entregándoselo en forma confidencial solamente a los representantes no-indígenas del directorio de la Fundación Pehuén, mientras lo ocultaban a los miembros pehuenches del directorio, constituye una discriminación racial".

Según la Comisión de DDHH, el Informe Downing fue mantenido en reserva durante varios meses, mientras ENDESA negociaba paquetes de reasentamiento de familias pehuenches en forma individual, asegurando que la Fundación Pehuén implementaría el programa de reasentamientos.

Habiendo recurrido Downing de queja ante la Comisión, ésta realizó la investigación del caso. Para dicho efecto, se consultó a distintas fuentes independientes, lo que incluyó a funcionarios del Banco Mundial, de la Corporación Financiera Internacional (IFC) y del IBRD. Concluida la etapa de investigación, la Comisión de DDHH de la Asociación americana presentó su Informe. Es interesante destacar de ella secuencia de datos históricos que conforma la Parte II: El caso Pangue/Ralco.

De acuerdo al informe, a fines de 1989, el Gobierno chileno aprobó los planes de ENDESA para el desarrollo hidroeléctrico del río Bío Bío. ENDESA solicitó al Banco Mundial el financiamiento correspondiente para el primero de sus seis proyectos de represas en este río: Pangue. El Banco Mundial concurrió al financiamiento solicitado a través de su filial "Corporación Financiera Internacional" (IFC).

En 1990 la IFC inició los estudios del proyecto de la represa Pangue.

En diciembre de 1992, la Corporación aprobó la decisión de invertir en el proyecto.

En octubre de 1993 la IFC y ENDESA suscribieron un Acuerdo de Inversión, con un préstamo de US$ 170 millones de dólares para construir Pangue. En dicho Acuerdo la IFC asumió la propiedad del 2,5% de Pangue S.A. con una inversión de US$ 4,7 millones de dólares.

Adicionalmente, la IFC consiguió con el Consejo Sueco de la Cooperación Industrial y Técnica (BITS) la suma de US$ 28 millones de dólares y, complementariamente, de la Agencia Noruega de Cooperación al Desarrollo (NORAD), otros US$14 millones de dólares, más US$ 100 millones de dólares provenientes de diez bancos europeos. El préstamo del IFC/Banco Mundial fue devuelto por ENDESA en marzo de 1997 y la IFC refinanció el proyecto Pangue con recursos provenientes de un consorcio privado de bancos alemanes.

El denominado Grupo Banco Mundial está integrado por cuatro organismos casi autónomos: el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (IBRD); la Asociación Internacional de Desarrollo (IDA), que conforman el Banco Mundial propiamente tal y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones ( MIGA) y la Corporación Financiera Internacional (IFC).

Theodore Downing, al ser contratado por la IFC en mayo de 1995, en calidad de consultor externo, para realizar una evaluación de la Fundación Pehuén, elaboró un procedimiento de trabajo en terreno y cuidó de que se incorporara en el contrato una suerte de cláusula que permitiese informar los resultados de su investigación a los propios pehuenches, de un modo cultural mente razonable para ellos, lo que fue aceptado por la IFC.

En octubre de 1995, Downing viajó entonces a Chile para iniciar su investigación y se reunió con un número aproximado de 60 personas representativas de diferentes instancias vinculadas al proyecto. El trabajo de campo concluyó en diciembre de 1995. Luego, Downing estudió la información recogida y presentó su informe a la IFC en mayo de 1996.

El17 de noviembre de 1995, mientras el profesional actuaba en terreno, dice el informe de la Comisión de DDHH de la Asociación Americana de Antropología, que diversos ciudadanos, indígenas y no-indígenas, presentaron una apelación ante el Panel de Inspección del Banco Mundial, señalando que la IFC había violado las normas del Banco Mundial sobre evaluación ambiental y sus políticas ambientales y sociales en relación a proyectos de represas y embalses, sobre pueblos indígenas y reasentamientos involuntarios, administración de propiedad cultural, protección y manejo de tierras vírgenes y supervisión de proyectos. Señalaron además que fondos asignados a Pangue S.A. para la construcción de la represa Pangue habían sido transferidos al proyecto Ralco, contraviniendo el hecho de que la propia IFC habría indicado que sus recursos sólo se destinaban a Pangue.

El Panel no acogió el reclamo por no tener jurisdicción sobre la IFC. Pero el Presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn comprometió una investigación interna y en mayo de 1996 designó al ecólogo Jay Hair para evaluar el cumplimiento por parte de ENDESA del acuerdo IFC -ENDESA. Hair es Presidente Emérito de la Federación Nacional de la Vida Silvestre (National Wildlife Federation). Hair presentó su informe en abril de 1997. Según la Comisión de DDHH, la IFC entregó una "versión severamente censurada del Informe Hair. Un tercio del documento fue eliminado, incluyendo mucho material que describía el impacto social y las posibles violaciones a los DDHH". De acuerdo a esa investigación, en torno al proyecto Pangue, la IFC no cumplió con e180% de sus directivas ambientales y sociales. En cambio, en la respuesta de la IFC al informe Hair se informa que: "La IFC considera que el proyecto Pangue cumplió con cinco de las ocho políticas y procedimientos aplicables" (citado en Crawford, 1997)".

¿Por qué la Corporación Financiera Internacional, filial del Banco Mundial, no entregó el Informe Downing a los pehuenches y al público? La respuesta a esta pregunta está contenida en el Informe de la Comisión de DDHH de la Asociación Americana de Antropólogos:

"La pregunta tiene que entenderse en el contexto más amplio de desarrollo y controversias casi contemporáneas relacionadas con el proyecto del Bío Bío. Durante la primavera de 1996, más o menos en el mismo momento en que la IFC estaba decidiendo suprimir el Informe Downing, el Grupo de Acción por el Bío Bío, GABB, encargó un estudio de la evaluación de impacto ambiental de Ralco.

"El crítico informe resultante hizo que Conama rápidamente declarara que el Estudio de Impacto Ambiental de Ralco era insatisfactorio (...) A mayor abundamiento, en marzo de 1997, la Conadi emitió un informe resolutivo en el que señalaba que el proyecto Ralco era "absolutamente ilegal" de acuerdo a la Ley Indígena de 1993".

"A nosotros nos parece que la IFC ocultó el Informe de Downing por la volatilidad política de la información y de los hallazgos descritos. El Informe contenía evidencias de daño ambiental extensivo, no mitigado, resultante de la deforestación de las tierras comunitarias de los pehuenches, de múltiples amenazas confirmadas de relocalización involuntaria, de prácticas de la Fundación Pehuén que constituyen un dramático asalto a las costumbres y tradiciones culturales de los pehuenches, y de acciones para encubrir información vital que permitiría la discusión de alternativas que disminuyeran el presente daño, económico y ambiental. (González Parra, 1997:5)".

En septiembre de 1996 se llenó el embalse de la nueva Central Hidroeléctrica de Pangue. En febrero de 1997, la IFC cuestionó que la ENDESA no hubiese cumplido con ciertas condiciones ambientales establecidas en el Acuerdo Pangue-IFC. Así y todo, en marzo de 19971a represa Pangue fue inaugurada oficialmente con la presencia de las más altas autoridades gubernamentales.

Adicionalmente, y como resultado de estos informes, el Vice Presidente y Consejero General de la IFC, Carol Lee, terminó reconociendo parte sustancial de los contenidos de tales informes, aceptando que la IFC podría haber tenido un acercamiento mejor a los impactos sociales y ambientales del proyecto Pangue y haber analizado con mayor la situación de los indígenas afectados.

Admitió, en síntesis, las debilidades del accionar de la IFC y señaló que éstas debieran entenderse como parte de "la curva de aprendizaje" de la Corporación. En el foro de la Asociación dijo que las deficiencias, aunque desafortunadas, fueron "consistentes con los procedimientos ambientales establecidos en ese momento".

Luego de estos informes la IFC tuvo que aumentar personal, crear una unidad de revisión ambiental y preparar un borrador de políticas para el tratamiento de temas ambientales con incidencia en reasentamientos humanos. El 28 de mayo de 1997 el Directorio de la Fundación Pehuén integró varios de los cambios recomendados por el Informe Downing, entre ellos la incorporación de la variable lingüística, una mayor presencia de pehuenches en sus actividades y otros aspectos menores.

A juicio de la Comisión de DDHH de la Asociación americana de antropología, nada de esto -sin embargo- salva la responsabilidad última de la IFC en los delicados acontecimientos analizados por los Informes de Downing y Hair.

"Específicamente -dice el Informe de la Comisión de DDHH- el personal de la IFC falló al no identificar al Pueblo Indígena y al no aplicar las políticas del Banco Mundial respecto de éstos. Sin embargo, la represa (Pangue) ha sido construida, y el préstamo de la IFC ha sido devuelto. Salvo por el 2,5% de propiedad de Pangue, la IFC ya no tiene ningún rol en el proyecto chileno. ¿Quién es ahora responsable de enfrentar los problemas sociales, económicos, políticos y de supervivencia cultural que enfrentan los pehuenches, problemas causados por una planificación ineficiente y decisiones erradas tomadas al construir la represa Pangue y ahora Ralco? ..."

La Corporación Financiera Internacional (IFC) es una entidad que tiene como propósito cuidar que los grupos vulnerables de poblaciones indígenas sean beneficiarios y participantes con conocimiento de causa en el desarrollo y no sus víctimas. La empresa Pangue S.A., de propiedad de ENDESA, construyó una represa de 450 MW en el Río Bío Bío, con 113 metros de altura y una cota de 103 metros. Incluyó un embalse de 175 millones de metros cúbicos de agua cubriendo una superficie de 500 hectáreas. La IFC financió US$ 120 de los US$ 465 millones de dólares de costo total del proyecto.

La IFC había clasificado al Proyecto Pangue en la categoría II A " , reflejando de ese modo su preocupación por los efectos ambientales en el ecosistema del Bío Bío y particularmente en los pehuenches. En 1992 un informe del Ministerio de Planificación había indicado que los pehuenches habitantes de la orilla norte del embalse tendrían que verse obligados a reasentarse.

Para facilitar los avances de este proyecto en 1990 el Gobierno y ENDESA construyeron un camino hacia el Alto Bío Bío. En 1991, un consultor antropológico del comité de Evaluación Ambiental de Pangue consideró que el proyecto era una amenaza para la cultura pehuenche. Otros antropólogos del Banco Mundial alentaron entonces la iniciativa de formar una Fundación para ayudar a mitigar los efectos negativos en el largo plazo. El17 de diciembre de 19921a idea fue aprobada por el Directorio de la IFC y el 22 de octubre de 1993 fue firmado el Convenio de inversión. La Fundación Pehuén fue diseñada y se insertó en la sociedad pehuenche sin un adecuado proceso de información y participación ciudadana indígena.

De hecho, con arreglo al Convenio, el Directorio de la Fundación está integrado por siete miembros: tres fueron nombrados por el Directorio de Pangue S.A.; otro miembro fue elegido por cada comunidad (Callaqui, Pitril y Quepuca-Ralco) y un séptimo integrante fue nombrado por el Director de Pangue. El equilibrio de poderes fue materia de intensa discusión.

Los estatutos de la Fundación protegen a Pangue de un posible cambio en este equilibrio manteniendo bajo control la "representación" pehuenche. Por ejemplo, el Director Ejecutivo de la Fundación tiene derecho a un octavo voto en el Directorio, con lo cual Pangue S.A. siempre tendrá votación de mayoría en la Fundación. Se establece además que con voto de mayoría simple es posible destituir a cualquier integrante del Directorio con quien pudiesen presentarse "diferencias insalvables "...

También se estableció la condición de socios para aquellos indígenas que habiendo recibido su carné de tales, cada dos años, puedan elegir a sus representantes ante dicho Directorio. Al margen de esto, los "socios" no tienen ninguna otra ingerencia en los asuntos de la Fundación. Con ese carné ante Pangue diversos pehuenches podían optar a algún trabajo cuando se construyó la represa.

A comienzos de 1995, Pangue S.A. a través de la Fundación Pehuén inició un plan de servicios en la localidad de Ralco-Lepoy. Se dijo, en ese momento, por parte de ENDESA, que esto no estaba vinculado con perspectiva alguna de reasentar, posteriormente, a las familias pehuenches de Ralco-Lepoy que se verían afectadas por el proyecto Ralco.

En su accionar la Fundación Pehuén ha sido objeto de diversas críticas por parte de estudiosos nacionales e internacionales. Sin embargo, es el consultor Downing quien mejor resumió los riesgos que esta Fundación representa para el mundo indígena pehuenche:

"La Fundación se estableció sin haber realizado un análisis preliminar de la cultura Pehuenche. Los datos básicos de que se disponía procedían de encuestas gubernamentales de unidades familiares diseñadas para administrar la distribución de asistencia social (los subsidios). La experiencia y los conocimientos en cultura pehuenche se encuentran en el extranjero y entre intelectuales chilenos; pero a éstos, Pangue S.A. los consideraba demasiado críticos del Proyecto propuesto para realizar un estudio objetivo. El equipo de Evaluación ambiental subcontrató a un especialista chileno en folklore, sin experiencia en trabajo de campo entre los pehuenches y con escasa formación en sectores tales como efectos de la infraestructura sobre la población indígena, teorías de cambio étnico o ecología cultural, indispensables para su labor. El consultor llegó a la conclusión de que los pehuenches estaban atrapados en un proceso "inevitable" de mezcla de culturas, y que la mayoría de ellos ya se había convertido de indígenas en campesinos rurales pobres, como los que se encuentran por todo Chile.

"Esta conclusión dio a Pangue la falsa impresión de que los grupos étnicos están irremediablemente predestinados a la extinción. Los pehuenches no participaron activamente en esta evaluación crítica de su futuro ni en la investigación que condujo a esta conclusión". (pto. 70 del informe).

En relación a los indicadores económicos, el Informe Downing demuestra que las comunidades de Callaqui, Pitril y Quepuca-Ralco, en definitiva, a mayo de 1996, estaban más estratificadas internamente que antes de iniciarse el proyecto Pangue y los programas de la Fundación. "Los datos CAS II coinciden con lo que se oye en la comunidad de que algunas personas son ahora relativamente más pobres que antes de la llegada de la Fundación y el proyecto. Para 1995, e134% más pobre era tan pobre como antes"(pag. 45, punto 88 del Informe).

Asociado a este tipo de datos está el hecho de que la construcción de la represa Pangue implicaba posibilidades de trabajo para los pehuenches y con ello, una mejoría importante de sus ingresos y de su calidad de vida. Sin embargo, de los puestos ofrecidos sólo se ocuparon a 240 pehuenches. Fueron beneficiados mayoritariamente trabajadores no indígenas provenientes de Santa Bárbara o Ralco, especialmente calificados y semi calificados. Los empleos variaron en medias de 80 a 120 cupos por mes para los indígenas, en su mayoría provenientes de Callaqui y Quepuca-Ralco y que cumplían más bien labores de jornaleros. Cuando se terminó la construcción de Pangue estas personas quedaron sin trabajo. La Fundación Pehuén no había incluido el tema de las mitigaciones como resultado del término de las obras".

Durante la fase de construcción de la represa de Pangue hubo efectos beneficiosos para la zona indígena: mejoramiento de caminos, ingresos, compras con descuento (CCD), reducción de un nivel de deforestación doméstica, etc. Pero en el otoño de 1995 aparecieron los primeros efectos del carácter temporal de estos beneficios. En la primavera de 1996 ya habían comenzado los primeros despidos. En forma natural los beneficios insertos durante la construcción de la obra fueron concluyendo... Es en este contexto que aparece la temática de Ralco. Downing lo explicita nítidamente:

"Tres, y posiblemente cuatro reasentamientos involuntarios comienzan a surgir sobre el horizonte inmediato de la zona de la Fundación. Cualquiera de ellos socavaría sustancialmente la capacidad de la Fundación para mitigar y reducir la pobreza. Uno es consecuencia de la represa de Pangue. Otro proviene de la cercana represa de Ralco, que forzará el reasentamiento de los miembros de la Fundación que viven en Quepuca Ralco. El tercero, en el asentamiento adyacente de Ralco-Lepoy, puede tener un fuerte efecto derivado sobre la Fundación. La represa Ralco no está patrocinada por la IFC, pero Pangue, una nueva compañía con capital aportado por ENDESA y la IFC, ha invertido US$ 40 millones de dólares en la preparación del proyecto hidroeléctrico de Ralco".

A inicios de 1996, la Compañía esperaba ser la constructora de Ralco. Sin embargo, meses más tarde, el Directorio de ENDESA cambió de opinión y siendo ella poseedora del 97% de las acciones de Pangue S.A. decidió construir directamente la represa Ralco.


El Proyecto de la Central Hidroeléctrica de Ralco

El Río Bío Bío nace en las lagunas Icalma y Galletué en la Novena Región de la Araucanía. Su cuenca comprende el 45% de la Octava Región del Bío Bío, ocupando una superficie de 24.260 kilómetros cuadrados y 380 kilómetros de largo. Es uno de los ríos chilenos con mayor potencial energético en materia hidroeléctrica y posee una de las principales riquezas ecológicas existentes en el sur de Chile.

En el Alto Bío Bío habitan alrededor de 5.000 personas pehuenches en la localidad de Santa Bárbara y se estima en otros 5.000, aproximadamente, la población pehuenche en Lonquimay (Monte tupido). Todo el Alto Bío Bío representa un rico ecosistema que comprende una biodiversidad única. Estudios especializados indican que en sus aguas habitan a lo menos siete especies de peces endémicos, entre otras numerosas bellezas naturales y paisajísticas.

La represa Ralco se construirá a 120 kilómetros de la ciudad de Los Angeles ya 27 kilómetros aguas arriba de la actual represa Pangue, inaugurada en marzo de 1997. Estará ubicada en la angostura Ralco. Será construida de hormigón rodillado, con una extensión de 370 metros, de cerro a cerro y con una altura de 155 metros. La represa de Ralco sería 8 veces más grande que la actual represa de Pangue.

Quienes diseñaron este megaproyecto señalan que Ralco permitirá generar una energía anual promedio de 3.380 GWH, con una inversión de US$ 474 millones de dólares para la central propiamente tal y US$ 12 millones de dólares para la conexión al Sistema Interconectado Central (SIC).

De acuerdo a un informe técnico de calificación, las características del proyecto son: una central de embalse de 1.222 millones de metros cúbicos de agua y su respectivo enlace con el sistema interconectado central (SIC). Ocupará una superficie máxima de 3.467 hectáreas que abarcarán los valles de los ríos Bío Bío, Lomín, Villacura (Piedra del Hambre) y Lolco (Agua de pozo) , hasta una cota máxima de aguas crecidas que se estima podrían llegar a los 730 metros sobre el nivel del mar.

Las obras que están indicadas para la ejecución de este proyecto comprenden la construcción del embalse (presa, túnel de desvío y vertedero); las obras de toma, aducción y zona de caída; la caverna de máquinas, la sub estación encapsulada, el patio de mufas, piques de compuertas de difusores, obras de evacuación y servicios auxiliares; el enlace respectivo con el sistema interconectado y las correspondientes obras de infraestructura.

El embalse captará las aguas y las conducirá a través de un túnel de 7 kilómetros de largo hasta la caverna de máquinas, lugar en donde se instalarán tres unidades generadoras de electricidad.

La superficie de tierras indígenas afectadas sería de 638 hectáreas. Los predios afectados serían 98. Los propietarios afectados serían 112 y los propietarios a relocalizar, 76. La población a ser reasentada es estimada en casi 600 personas.

Para ENDESA, "los pehuenches de la antigua comunidad de Ralco han sufrido los efectos del contacto con el mundo occidental, observándose un fuerte grado aculturativo en términos de sus sistemas de subsistencia pero, a la vez, han conservado una serie de elementos que les permiten mantener una estructura simbólica coherente con su pasado cultural y que puede ser un factor que contribuya a la formulación de políticas de desarrollo sustentable para estas comunidades cordilleranas.

 

Las

comunidades pehuenches están sujetas a dos fuerzas, a veces antagónicas: una, que trata de mantener una cultura tradicional, operativa, sobre todo en el plano simbólico, y otra, que los empuja hacia la sociedad mayor, en busca de aquellos beneficios que poseen todos los chilenos, trabajo, educación, salud, etc. (Fuente: Resumen Ejecutivo presentado ante el Consejo de Conadi en octubre de 1997)

En su informe, en octubre de 1997, ENDESA señaló que se pondría en práctica un Programa de Asistencia de continuidad por 4 años. Este plazo fue corregido, posteriormente, por el Informe Técnico de Conama que elevó la continuidad de 4 a 10 años, según analizaremos más adelante.



El programa de asistencia contemplaría:

1.- Un Programa Productivo: con capacitación, asistencia técnica y apoyo al desarrollo de proyectos.

2.- Un Programa turístico: con estudio de desarrollo laguna El Barco y sector Río Quillaileo más financiamiento de la primera etapa.

3.- Un Programa Social: con atención de grupos vulnerables; promoción, participación y organización de la comunidad; actividades de enlace (escolar, paramédico, subsidios).

4.- Un Programa Cultural: para la resignificación y puesta en valor de lugares sagrados y la resemantización de los lugares de relocalización; incorporación cultural indígena a educación formal; traducción de textos en mapudungun; un museo y centro de información pehuenche; mantención de lazos comunitarios y monitor de enlace psicopedagógico.




El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Ralco: antecedentes históricos



En diciembre de 1994 ENDESA presentó una solicitud ante la Comisión Nacional del Medio Ambiente, Conama, para que este organismo público acogiese voluntariamente a trámite de evaluación el proyecto "Central Hidroeléctrica de Ralco". Esta solicitud fue respondida favorablemente por la Conama.

La aceptación de dicha solicitud se fundamentó en el Instructivo Presidencial N 888 del 30 de septiembre de 1993 que "sugiere un proceso de carácter voluntario para los Estudios de Impacto Ambiental, de aquellos proyectos, ya sean públicos o privados, que tengan un alcance significativo en esta materia".

Ello de septiembre de 1995, entre la empresa y la Conama se suscribió un texto titulado "Documento Consolidado de Acuerdos entre la Conama y ENDESA" en el cual se detallaron los "Términos de referencia para el Estudio de Impacto Ambiental (en adelante EIA) del Proyecto Ralco". De acuerdo a este documento se suscribió un "Acta General de Acuerdos para el proceso de evaluación".

Una vez firmada el Acta de Acuerdo, ENDESA desarrolló entonces su estudio de impacto ambiental y lo ingresó a la Conama el 29 de marzo de 1996. Durante un plazo de 60 días, a partir de la fecha de inicio del estudio, se desarrolló un proceso de consulta durante el cual diversas entidades ciudadanas expusieron su opinión sobre el proyecto. Por cierto, también fueron consultados diversos Servicios Públicos, incluida la Conadi.

Un Comité técnico revisó los informes presentados y redactó sus conclusiones en un documento titulado " Informe Técnico de Calificación del proyecto Central Hidroeléctrica Ralco de la Empresa ENDESA ", el que fue dado a conocer con fecha 23 de julio de 1996 por la Dirección Ejecutiva de la Conama.

Es importante consignar que dicho documento recomendó el rechazo del proyecto, aduciendo las siguientes razones, entre otras, porque:

  • no se describió adecuadamente el proyecto,
  • la Línea de Base era insuficiente para evaluar con posterioridad los impactos,
  • se incurrió en errores metodológicos en la evaluación de tales impactos,
  • se mencionó un futuro Plan de Relocalización, pero éste no fue presentado y por tanto no se pudo evaluar sus impactos.

No obstante las severas conclusiones del comité revisor, semanas después, mediante el oficio 071/961805 del 23 de agosto de 1996, la Conama informó a ENDESA que podía presentar un Addendum, ( adiciones a un escrito) indicándose de manera especial un plan de participación ciudadana. Presentado dicho documento habría un plazo de 60 días para que personas y entidades habilitadas pudiesen formular observaciones. En la nota de Conama se hizo presente que ENDESA debía cesar las obras preliminares que había comenzado en el Alto Bío Bío, y que no contaban con la autorización de la Conama, otorgando para ello un plazo de 10 días.

El 12 de septiembre de 1996, ENDESA respondió a Conama y presentó una contrapropuesta para evaluar el Plan de Relocalización y las otras aclaraciones solicitadas.

Propuso que el Addendum fuese revisado en un plazo de 50 días y que a partir del décimo día de entregado, se abriera un plaz

o de consulta a terceros dentro de 25 días, a realizarse según lo determine un Panel de Expertos a establecerse por acuerdo entre ambas partes (Conama y ENDESA).

En la nota, ENDESA propuso además un listado de " Obras Preliminares del Proyecto Ralco acordadas conforme a lo estipulado en el Artículo 17 del Acta de Acuerdo" lo que incluía: camino público existente en el Alto Bío Bío, desde la actual presa Pangue hasta la zona de la presa Ralco; línea de transmisión de energía de 66 KV desde la subestación Pangue hasta la subestación de la zona de la presa Ralco y campamentos en las zonas de trabajo de las obras.

La Conama, a través del oficio 026/961982 del 13 de septiembre de 1996, es decir al día siguiente de la nota de ENDESA, respondió dando por aceptadas las proposiciones de la empresa y autorizó las obras preliminares, exigiendo su ajuste a las condiciones básicas de reducción de impactos y reparaciones.

La Conama adoptó entonces como política pedirle a ENDESA antecedentes complementarios del proyecto, puesto que sus primeras observaciones indicaban muchas insuficiencias. Esto se convirtió en el primer Addendum, en donde se indicó la necesidad de precisar la propuesta de relocalización de familias pehuenches afectadas, entre otros aspectos.

Este Addendum fue entregado por ENDESA a la Conama el7 de febrero de 1997, consistente en 5 Tomos y varios miles de páginas, equivalentes a un nuevo EIA y más amplio que el primero. El12 de febrero de 1997 la Conama informó a ENDESA que no podía acoger a trámite de revisión el Addendum hasta que no se acompañase el informe del Panel de Profesionales.

ENDESA, en pocas horas, con extrema rapidez y acelerada eficacia remedió el problema al día siguiente, y acompañó el informe, con lo cual el 13 de febrero de 1997 se pudo reiniciar el proceso de evaluación....

Apreciará el lector, la sorprendente rapidez con que Conama y ENDESA resolvieron complejos pronunciamientos que, en condiciones normales, requerirían varios semanas, a lo menos, de acucioso estudio. ¿Qué ocurrió que Conama revirtió rápidamente el pronunciamiento inicial de rechazo del proyecto? ...

Aun así, el primer Addendum no satisfizo las expectativas de la Conama ni de los organismos ciudadanos que seguían muy de cerca las respuestas de la ENDESA. Había dos aspectos sobre los cuales existía especial preocupación: uno, sobre los recursos naturales. Esto implicaba considerar los impactos sobre la cuenca del río Bío Bío, la identificación de la flora y fauna afectada, especialmente la que cuenta con un valor de conservación; el flujo de aguas entre la represa y la zona de la casa de máquinas; los cambios climáticos; impactos sobre la fauna íctica; pérdida de ejemplares de especies vegetales; la alteración de la continuidad y la ordenación del paisaje; riesgos potenciales para la existencia de los peces nativos de los ríos. El Grupo de Acción del Bío Bío y otras entidades efectuaban su propio y riguroso monitoreo de estos temas y hacían públicas sus observaciones, ejerciendo así un importante control social tanto sobre la empresa como sobre Conama.

El segundo aspecto de preocupación se relacionó con los poderosos impactos que el proyecto significaría para las comunidades pehuenches. Serían afectadas 638 hectáreas de tierra indígena y 98 familias pehuenches, unas 600 personas indígenas. Para abordar los impactos sociales del proyecto se constituyó un Panel de profesionales independientes que colaboraron en el diseño del plan de relocalización. En los meses de enero y febrero de 1997 se realizó una especie de consulta en las comunidades. La Directora de Conama estimaba que debía considerarse la opinión no sólo de las comunidades afectadas sino del conjunto de comunidades del Alto Bío Bío, las que suman siete.

Al ser interrogada sobre este aspecto, en la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente del Parlamento, la Directora Blanlot señaló que pese a que este trámite no se contemplaba para el caso del Addendum, se había llegado a un acuerdo con la empresa y se había llevado a cabo una consulta con las personas que habían participado en la etapa previa, a los propios pehuenches y a todas las demás organizaciones que habían participado con anterioridad.

Por último, señaló que a su juicio, las comunidades pehuenches no tenían la capacidad de decidir libremente las condiciones de relocalización aceptables en el largo plazo y que era menester definir si los predios ofrecidos por la ENDESA cumplían o no con las condiciones consignadas por la Ley de Bases del Medio Ambiente (Informe de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, en relación a una visita efectuada al Alto Bío Bío en abril de 1997. El informe tiene fecha 10 de junio de 1997. Cámara de Diputados).

Sobre el mismo tema, el entonces Director Nacional de la Conadi, Mauricio Huenchulaf, exponiendo ante la comisión mencionada señaló que: "las comunidades no han podido expresarse de manera legítima acerca de la conveniencia o inconveniencia del proyecto, y que en este sentido ENDESA y la fundación Pehuén deberían abstenerse de participar en este proceso. Los representantes de la empresa expresaron a su vez, que se había trabajado por espacio de dos años con las comunidades para la determinación de los terrenos y que pensaban que la comunidad podría mantener su unidad basados en las encuestas realizadas" id. informe citado de la Comisión de Recursos Naturales de junio de 1997).

Es interesante destacar de este informe parlamentario, que la empresa informaba ya de una inversión de US$ 12 millones 161 mil 477 dólares en el plan de relocalización. Que ya había dispuesto las compras de los fundos El Barco (19.270 hectáreas); el Huachi (que en mapuche, curiosamente, significa "trampa", con 436 hectáreas), y Santa Laura (1.400 has). Ante la Comisión la ENDESA informó además que su plan de compensaciones comprendía viviendas, bodegas, galpones, cercos, electrificación, sistemas de riego y agua potable, asistencia para el traslado (incluyendo flete), asistencia para el desarme de viviendas y alimentación, fondo de asistencia productiva con 50% en especies productivas y 50% en efectivo, más un programa de desarrollo...

¿Qué es lo interesante de esta información? Que mientras la Conama recomendaba oficialmente ante el Parlamento la necesidad de extender la consulta ciudadana "a todos los pehuenches del Alto Bío Bio" y mientras la Conadi señalaba su aprensión respecto a la directa ingerencia de la ENDESA en este proceso consultivo, la empresa ya había resuelto todos los principales aspectos relacionados con la relocalización, en forma más que anticipada y basados según ellos informaron, en su propio diagnóstico surgido de dos años anteriores de trabajo en la zona... Las recomendaciones de Conama y Conadi estaban francamente de más.

El Gobierno local tenía una mirada crítica hacia este proyecto y así lo expresó nítidamente el Gobernador de la Provincia de Los Angeles ante la Comisión parlamentaria ya citada, don Juan Carlos Coronata (PDC):

"En lo que dice directa relación con la relocalización de 77 familias indígenas, de las cuales 45 (ENDESA) se propone ubicar en el Fundo El Barco y 32 en los Fundos El Huachi y Santa Laura, (el Sr. Gobernador) considera que más que una amenaza podría traer oportunidades, pero que sin embargo, el plan ha sobreestimado la calidad de los recursos productivos del área y la capacidad de respuesta de los pehuenches a la innovación y la transferencia tecnológica. A su juicio, se ha subestimado, además, en cuanto a la rigurosidad del clima y la dinámica real de explotación de la tierra por parte de los indígenas. Señala que al respecto ha recorrido el Fundo El Barco, el cual tiene una superficie de 72 kilómetros de caminos interiores. El plan no ha considerado el potencial forestal ni el potencial ganadero, puesto que el programa se ha desarrollado considerando sólo el desarrollo del ganado vacuno, siendo que el ganado de los indígenas está conformado principalmente por ganado ovino o caprino. Otro aspecto que, a su parecer, tampoco se ha contemplado, es el relativo a la propiedad comunitaria, ni el eventual desarrollo turístico.

Una de las interrogantes que aun no ha sido respondida es la que dice relación con el crecimiento demográfico y cómo se sustentará el proyecto cuando aumente la población. Como tampoco se ha dicho nada sobre el tema de los riesgos e imprevistos. Finalmente (el Sr. Gobernador) expresó que creía más conveniente que el plan de relocalización se llevara a cabo tierras abajo y no en el Fundo El Barco" (id. Informe de la Comisión de Recursos Naturales, junio de 1997).

La Comisión parlamentaria sesionó sobre este tema los días 18 de marzo; 1, 8 y 15 de abril; 13 de mayo y 4 y 10 de junio de 1997. El informe se refiere a las primeras sesiones.


1996: incorporación de la Conadi en el Estudio de Impacto Ambiental de Ralco

El 17 de abril de 1996 tuvo lugar en la Gobernación de Los Angeles una importante reunión con personeros de la Comisión Regional del Medio Ambiente, Corema, de la propia Gobernación y de Conadi. Se informó en dicha ocasión de la apertura del proceso de evaluación ambiental del Proyecto Ralco y de la participación de distintos servicios públicos en el análisis de dicho proyecto. Se convino que cada organismo recibiría de parte de la Corema la documentación correspondiente. Al día siguiente, el 18 de abril de 1996 los antecedentes fueron remitidos según lo acordado.

En términos sustanciales, el documento presentado por ENDESA, en lo relativo a los aspectos étnicos, parte señalando que "las medidas de mitigación que se proponen están orientadas a minimizar la aceleración del proceso aculturativo que está teniendo lugar en las comunidades pehuenches, de tal modo de evitar la interrupción de elementos culturales y sociales que actualmente existen".

En relación a la formulación de un Plan de Relocalización, ENDESA indicó que:

"Se diseñará e implementará un Plan de Relocalización que permita realizar el proceso de relocalización de las personas afectadas por el proyecto de forma armónica, coherente y participativa, lo cual minimizará los efectos socioculturales sobre los grupos afectados".

En su presentación ENDESA planteó también la necesidad de reducir el contacto de los pehuenches con trabajadores externos. Este antecedente es importante pues estos megaproyectos implican la presencia de cientos de trabajadores, ajenos a la cultura local. Al respecto ENDESA recomendó diversas acciones para velar por el cumplimiento de la normativa interna de Protección Ambiental mediante una adecuada fiscalización del contacto de los trabajadores externos con los miembros de las comunidades pehuenches.

ENDESA planteó también reducir el distanciamiento de los miembros de las comunidades. Al efecto, cabe citar la propuesta tal como fue formulada en el capítulo 5 del Plan de manejo ambiental:

"En el Plan de Relocalización se deberá minimizar el número de reasentados. La permanencia en la comunidad será aplicable para personas afectadas en forma mínima o parcial por la inundación, o bien para aquellas que no deseen irse del área. Estas personas podrían ver reubicadas sus viviendas en terrenos propios localizados sobre la cota de inundación, y/o mediante saldos de terreno de personas relocalizadas, evitando así su desplazamiento".

Con el propósito de evitar la interrupción de actividades tradicionales, "en los lugares de relocalización deberá asignarse un terreno equivalente para continuar ejerciendo comunitariamente sus actividades tradicionales".

Y en materia de reforzamiento de la cultura tradicional se planteó implementar "programas de desarrollo cultural, a través de la enseñanza de su historia, idioma y cultura, la recuperación de manualidades, etc. Dichos programas deberán ser realizados en las comunidades de Ralco-Lepoy y Quepuca-Ralco, y en los nuevos asentamientos, de manera que no se interrumpa el sentido de identidad étnica que los une". Agregándose que "se aconseja realizar un proyecto turístico de carácter étnico que permita incorporar a los turistas a participar del estilo de vida pehuenche. Esto debería ser incorporado lentamente a la comunidad pehuenche y coordinado por expertos sociales. Lo anterior, además de reforzar la cultura tradicional, permitiría minimizar cambios aculturativos drásticos asociados al desarrollo de actividades turísticas, especialmente en los aspectos valorativo y conductual. Estos programas deberán ser insertos en un programa de desarrollo socioeconómico y cultural de largo plazo".

En relación a los aspectos históricos y arqueológicos el Plan apuntó a un programa de manejo de tales recursos, lo que deberá ser elaborado por un especialista en conformidad a los requerimientos que para el efecto establezca el Consejo de Monumentos Nacionales.

ENDESA reconoció en su presentación que los recursos emplazados en el área de inundación y obras, requieren ser ''exhaustivamente estudiados y documentados", particularmente cementerios indígenas. Este tema hace referencia a una importante herencia arqueológica existente en el Alto Bío Bío tales como el Panteón del Río Quepuca y los cementerios ubicados en El Invernizo, La Bandera, Río Pinca y Estero Lepoy.

Otros aspectos contemplados en el Plan de Manejo ambiental comprende la restauración de los componentes ambientales efectuados por el Proyecto Ralco con el objeto de que tales componentes retomen a su estado original luego del daño causado.

"Los principales impactos en el período de construcción se manifestarán en la compactación de los suelos por faenas relacionadas con la construcción de las obras, ocupación de terreno por construcciones e instalaciones provisorias, de aperturas de yacimientos para la extracción de áridos y finalmente la disposición de botaderos. La compensación en general debe ser monetaria y correspondiente a los efectos económicos para el propietario derivados del roce y limitaciones de uso.

La figura legal que corresponde en estos casos es la de una servidumbre y para fijar los montos de las indemnizaciones asociadas a éstas corresponden iguales mecanismos a los descritos para el caso de la compensación por pérdida de suelos".

El capítulo más relevante del plan de relocalización se vinculó con el sub-capítulo Compensación global a las comunidades Pehuenches. ENDESA reconoció que el proyecto implicará impactos de tipo étnico, cultural y socioeconómico en el territorio pehuenche y por lo tanto sugirió un programa de desarrollo socioeconómico de largo plazo, medida

que sería válida para las comunidades de Quepuca-Ralco y Ralco Lepoy, incluyendo tanto a los relocalizados como a los no relocalizados. En el proyecto se recomendó que este plan fuese llevado a cabo por la Fundación Pehuén, cuya estructura debería ser modificada para adaptarse a estos nuevos fines.

Esto está planteado como recomendación en la presentación que ENDESA realiza en abril de 1996, pero como se analizó en el punto correspondiente al Informe Downing, esta materia ya estaba resuelta por la empresa en los primeros meses de dicho año. Las propuestas de la ENDESA fueron funcionales con su propósito de enmarcar a la Fundación Pehuén en el proyecto de erradicación de los pehuenches desde la zona de construcción de Ralco.

Para cumplir sus objetivos ENDESA propuso desarrollar programas de capacitación en técnicas de producción propias de las comunidades (agricultura, horticultura, ganadería, artesanía, etc). Propuso organizar la comercialización de productos locales y la capacitación específicamente orientada a las nuevas fuentes de ingreso que generará el proyecto Ralco.

"Por otra parte, las comunidades de Quepuca-Ralco y Ralco Lepoy, después de construida la central, dispondrán de más de 20 kms de orilla de lago. Este hecho abre una enorme expectativa de nuevas fuentes de ingreso para las comunidades. Para aprovechar la oportunidad que se crea sería conveniente desarrollar programas que identifiquen posibles proyectos para el aprovechamiento de este recurso y considerando el marco cultural de las comunidades".



.... SIGUE .... http://www.derechos.org/nizkor/chile/libros/endesa/cap2.html



......... http://www.derechos.org/nizkor/chile/libros/endesa/cap2.html



http://www.derechos.org/nizkor/chile/libros/endesa/cap2.html



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