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11 septiembre 2014 4 11 /09 /septiembre /2014 18:36

 

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Allen Buchanan - Professor of Philosophy at Duke University (USA)

“A strong argument in favour of Catalonia’s right to non-consented secession is that Spain has not shown good faith in answering their demands for more autonomy.” 26.05.13

http://www.cataloniavotes.eu/expo-speakers/

http://www.cataloniavotes.eu/expo-speakers/

http://www.cataloniavotes.eu/expo-speakers/

 

 

Ban Ki-moon - Secretary General United Nations

Asked about Catalonia: “The United Nations has a fond and principle position that human rights should be upheld and protected. All the pending issues between countries and among countries should be resolved through peaceful means and through dialogue, respecting the genuine aspirations of the people concerned.” 02.04.13

Louis Susman - US Ambassador to the UK - “If the Scottish people decide by their best judgment to stay in the UK, that would obviously enhance it. If they decide for their best reasons that they want to be outside the UK, we will find ways to work together. We have to. It doesn’t make any difference: if Catalonia left Spain, we’d have to figure out how to work with it.” 21.02.13

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Louis Susman - Embajador estadounidense en el Reino Unido - "Si los escoceses deciden permanecer en el Reino Unido, obviamente, eso los engrandecerá. Si deciden estar fuera del Reino Unido, vamos a encontrar maneras de trabajar juntos. Tenemos que encontrarlas. No hace ninguna diferencia: si Cataluña sale de España, tendríamos que encontrar la manera de trabajar con ellos" 21/02/13.

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el espíritu de las leyes

El derecho de Cataluña a la secesión

ramón punset* 03.08.2014

 
El derecho de Cataluña a la secesión

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El profesor norteamericano de Ciencia Política Allen Buchanan publicó en 1991 un estudio que pretendía exponer un conjunto de reflexiones morales sobre la secesión. Traducido al castellano el año pasado ("Secesión. Causas y consecuencias del divorcio político", Ed. Ariel, 2013), contiene un prólogo para españoles titulado provocadoramente: "¿Tiene Cataluña derecho a la secesión?".

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Hay que advertir que el vocablo "derecho" viene empleado en términos de ética política, sin referencia al ordenamiento jurídico, ya que lo que Buchanan pretende articular es una teoría de la licitud moral de la secesión. Según esa teoría, la respuesta a la cuestión planteada respecto de Cataluña debe ser negativa.

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En primer lugar, el derecho incondicional de cualquier "pueblo" a la secesión resultaría algo indudablemente peligroso, ya que conduciría a una fragmentación política ilimitada que no generaría más que inestabilidad y altos costes económicos.

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Como escribió un gran estudioso del nacionalismo, Ernest Gellner, existe un enorme número de naciones potenciales en la Tierra, mucho mayor que el de posibles Estados viables. Ahora bien, esto no obstante, si una mayoría de catalanes quiere la independencia, ¿no exige el respeto a la democracia que les sea concedida?

No, sostiene Buchanan, porque la democracia constitucional no implica únicamente el gobierno de la mayoría, sino también el respeto de los derechos individuales y de las demás disposiciones de la Constitución, las cuales han sido diseñadas para garantizar que la voluntad de la mayoría no haga quebrar la propia democracia. Además, la secesión mediante un simple plebiscito local se opone a la confianza en el proceso democrático y en los conciudadanos, o sea, a la estabilidad del Estado y de los lazos de pertenencia a la comunidad política. Dicho de otro modo y por mi cuenta: la determinación de quiénes son nuestros compatriotas y quiénes han de considerarse extranjeros no puede depender, en un Estado democrático como el nuestro, de un sector de la población territorialmente acotado, sino de todo el electorado nacional.

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En segundo lugar, ¿tiene fundamento, en orden a justificar moralmente la secesión, el ofensivo eslogan "España nos roba"? La acusación nacionalista de redistribución discriminatoria, observa Buchanan, pasa por alto que en todos los Estados comprometidos con el bienestar de la ciudadanía existe una considerable redistribución interregional. Si el régimen tributario es progresivo --paga más impuestos quien posee más riqueza--, algunas regiones, las más ricas, aportarán un flujo mayor de ingresos a la Hacienda común; y a menos que rechacemos la idea misma del Estado del bienestar, tendremos que aceptar que determinadas regiones aporten más de lo que reciben. Así, la verdadera cuestión radica en dilucidar cuándo la redistribución deviene discriminatoria y, por tanto, injusta. En este sentido, cabe añadir a lo dicho por Buchanan que una fórmula legal que establezca un tope a la solidaridad territorial es a su vez una exigencia de la solidaridad misma, de la que constitucionalmente también debe beneficiarse el territorio que realiza aportaciones netas al conjunto del país.

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Así ocurre, por ejemplo, con el llamado principio de ordinalidad consignado en el Estatuto catalán, en cuya virtud "el Estado garantizará que la aplicación de los mecanismos de nivelación no altere en ningún caso la posición de Cataluña en la ordenación de rentas per capita entre las Comunidades Autónomas antes de la nivelación". Para el Tribunal Constitucional, si la solidaridad requiere, de acuerdo con la Constitución, que el Estado haya de velar "por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español", ello supone que no se perjudique a las Comunidades Autónomas más prósperas más allá de lo razonablemente necesario para el fin de la promoción de las menos favorecidas. En el caso de Cataluña se trata de que su contribución a la nivelación no implique por sí misma una alteración de la citada posición. De abstenerse el Estado de traspasar una línea roja como ésta, ninguna discriminación cabría advertir, y menos aún un trato gravemente injusto que legitimase éticamente la secesión.

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Dejando a un lado la filosofía política, y entrando estrictamente en el ámbito jurídico, un libro reciente del catedrático y ex eurodiputado Manuel Medina Ortega ("El derecho de secesión en la Unión Europea", Ed. Marcial Pons, 2014) clarifica extraordinariamente los principales puntos problemáticos suscitados con ocasión del debate separatista catalán. Cataluña no es una colonia española (lo que ni el nacionalista más acérrimo se atrevería a sostener en serio), luego carece del derecho de autodeterminación reservado en el ordenamiento Internacional para los procesos de descolonización. En consecuencia, ha de tenerse presente una regla contenida en la famosa Resolución 1514/XV de la Asamblea General de la ONU, de 14 de diciembre de 1960: "cualquier intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas". Esto ha hecho que, desde su fundación en 1945, la ONU, fuera de los casos de las ex colonias y del muy singular de Bangladesh, no haya admitido como miembro a ningún nuevo Estado que cuente con la oposición del Estado matriz. Es más: si el proceso de secesión no se ajusta a las normas constitucionales del Estado matriz, la independencia resultaría inválida también para el ordenamiento de la Unión Europea, cuyas instituciones, profundamente vinculadas al principio del Estado de Derecho, jamás reconocerían la legitimidad jurídica de un acto de puro voluntarismo político.

 

Pero no es eso todo.

Prueba de que el nacionalismo catalán ha llegado patéticamente tarde a la cita con la Historia, es la absoluta incompatibilidad de semejante movimiento disgregador con el empeño de la construcción europea. El proceso de integración de Europa, en efecto, se puso en marcha, como recuerda Medina, para superar, tras dos guerras mundiales, los particularismos nacionales. Atenta contra la propia esencia de la UE el reconocimiento de nuevas formas de micro-nacionalismo que minan la estructura de los estados que la integran, los cuales siguen constituyendo el pilar básico del funcionamiento de las instituciones comunitarias. La división por secesión de tales Estados acabaría con el proyecto unificador europeo.

Consiguientemente, los separatistas deben descartar la mediación de la UE para propiciar la independencia de Cataluña, mediación por otro lado imposible dado el respeto a la identidad nacional española a que están obligadas las instituciones europeas según el Tratado de la Unión. Y desde luego, de consumarse una secesión unilateral, la República catalana quedaría fuera de la UE y extramuros de la ONU, en el mismo limbo jurídico-internacional que la antigua provincia serbia de Kosovo.

¿Sabe todo esto la población catalana? Claro que no, porque la propaganda de los demagogos hace tiempo que sustituyó a la verdad en Cataluña. Así las cosas, sospechamos que Rajoy no es Abraham Lincoln e ignoramos cuál será nuestro Fort Sumter. ¿Tal vez el Aeropuerto de El Prat?

 

http://www.farodevigo.es/opinion/2014/08/03/derecho-cataluna-secesion/1069402.html

http://www.farodevigo.es/opinion/2014/08/03/derecho-cataluna-secesion/1069402.html

http://www.farodevigo.es/opinion/2014/08/03/derecho-cataluna-secesion/1069402.html 

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 Allen Edward Buchanan is the James B. Duke Professor of philosophy at Duke University. He received his PhD from the University of North Carolina at Chapel Hill in 1975. He taught at the University of Arizona, the University of Wisconsin–Madison, and the University of Minnesota before joining Duke's faculty in 2002 as professor of public policy and philosophy. He has written several books covering such topics as Marx, applied ethics (especially bio-medical ethics), social justice, and international justice, including the foundations of international law.

  • Buchanan, Allen (2003) Justice, Legitimacy, and Self-Determination: Moral Foundations for International Law
  • Macedo, Stephen; Buchanan, Allen E. (2003) Secession and Self-Determination (336 pages)
  • Buchanan, Allen; Margaret Moore (2003) States, Nations, and Borders: The Ethics of Making Boundaries (376 pages)
  • Buchanan, Allen (1999) The Quebec Secession Issue: Democracy, Minority Rights, and the Rule of Law, Privy Council Office, Canada.
  • Buchanan, Allen (1995) Democratization, Secession and the Rule of International Law
  • Buchanan, Allen (1991) Secession: The Morality of Political Divorce From Fort Sumter to Lithuania and Quebec
  • Buchanan, Allen (1991) Secession: The Morality of Political Divorce from Fort Sumter to Lithuania (174 pages)
  • Buchanan, Allen; Brock, Dan W. (1990) Deciding for Others: The Ethics of Surrogate Decision Making (440 pages)
  • Buchanan, Allen; Brock, Dan W. (1989) Deciding For Others: The Ethics of Surrogate Decision Making
  • Buchanan, Allen (1985) Ethics, Efficiency, and the Market
  • Buchanan, Allen (1982) Marx and Justice: The Radical Critique of Liberalism

 

 

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U.S. Vice President Joe Biden and Hashim Thaçi with Declaration of Independence of Kosovo

 

Justifications for secession

 

Some theories of secession emphasize a general right of secession for any reason ("Choice Theory") while others emphasize that secession should be considered only to rectify grave injustices ("Just Cause Theory").[7] Some theories do both. A list of justifications may be presented supporting the right to secede, as described by Allen Buchanan, Robert McGee, Anthony Birch,[8] Walter Williams,[9] Jane Jacobs,[10] Frances Kendall and Leon Louw,[11] Leopold Kohr,[12] Kirkpatrick Sale,[13] and various authors in David Gordon's "Secession, State and Liberty"

http://en.wikipedia.org/wiki/Secession

 


 

Constitutional theorizing about secession


http://plato.stanford.edu/entries/secession/

Some philosophers have distinguished between the question whether and, if so, under what conditions a group has a moral claim-right to secede and the question of whether and, if so, under what conditions a constitution ought to or may include a right to secede. For example, while acknowledging that secession may sometimes be morally justified (where this presumably means the group in question has the claim-right to secede), Cass Sunstein has argued that constitutional recognition of a right to secede is incompatible with the principles of constitutionalism (or at least democratic constitutionalism)[3] (Sunstein, 1991). Sunstein argues that a basic principle of constitutionalism is that political institutions, including the constitution itself, must be designed so as to encourage citizens to engage in the hard work of democratic politics, where this means competing in the public forum on grounds of principle, with a minimum of strategic bargaining. Following Albert O. Hirschman, (Hirschman, 1970) he then contends that if the constitution acknowledges a right to secede then discontent minorities will be tempted to shirk the hard work of principled, democratic politics either by actually seceding when the majoritarian decisions go against their preferences or by using the threat of secession as a strategic bargaining tool as a de facto veto over majority rule. In either case, democracy will be undermined.

However, as argued Buchanan (1991, 132), Sunstein fails even to consider the possibility that a constitution could so hedge the right to secede as to reduce the threat of exit by minorities to acceptable proportions. The analogy here is with the right of constitutional amendment as found in the U.S. Constitution. This right is significantly hedged: two super-majorities, one in the Congress, the other among the States, are required for amendment. Similarly, an appropriately hedged right to secede is not incompatible with the principles of constitutionalism: Well-designed procedural hurdles (super-majorities, waiting periods, etc.) can make secession sufficiently difficult to avoid an unacceptable risk of premature exit or strategic bargaining by minorities, while still making secession possible under appropriate conditions. The current Ethiopian Constitution in fact includes such a hedged right to secede, requiring not only two super-majorities in favor of secession, but also a waiting period. So although appropriate constitutional design regarding secession must cope with the risks that secession will impair democratic processes, constitutional recognition of a right to secede does not appear to be incompatible with constitutionalism.

Wayne Norman goes further, arguing that there are significant advantages to constitutionalizing conflicts over secession.[4] The Supreme Court of Canada recently took the same position, arguing that the potentially disruptive process of secession by Quebec can be subjected to the rule of law by a process of negotiation and constitutional amendment.[5]

There is yet another argument for including a right to secede in a constitution. In some cases, when a new political entity is being created out of two or more independent or semi-autonomous entities, including a right to exit in the constitution of the new entity may be necessary as an inducement to join the new union. Under conditions of uncertainty as to how the new union will work, constitutional recognition of a “bail out” option may be necessary to get the new union going[6] (Buchanan 1991, ch. 4).

There is much philosophical work to be done on the question of when and if so how the right to secede might be constitutionalized. It will require both an account of the principles of constitutionalism and of the morality of secession and an empirically-based knowledge of the conditions under which various constitutional arrangements can be reasonably expected to realize the principles of constitutionalism in a manner that is consistent with the morality of secession.

 

 

http://plato.stanford.edu/entries/secession/

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  • Biólogo desde hace más de treinta años, desde la época en que aún los biólogos no eran empleados de los abogados ambientalistas. Actualmente preocupado …alarmado en realidad, por el LESIVO TRATADO DE(DES)INTEGRACIÓN ENERGÉTICA CON BRASIL
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