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2 julio 2011 6 02 /07 /julio /2011 01:21

Puede verse como inusual que un Fiscal insista en analizar si un Contrato de Inversión entre una empresa y el Estado es objetable: "Mi insistencia obedece a que los contratos de inversión entrañan la cesión o entrega de soberanía" respondió el Dr. Enrique Viana,  magistrado fiscal civil del Uruguay.

¿quien es el que se beneficia?

La empresa forestal y celulósica Montes del Plata, que está construyendo una planta de celulosa en la localidad de Conchillas,

¿A que soberanía se refiere el Fiscal Viana?

 "a la soberanía legislativa y soberanía jurisdiccional, y/o la concesión de privilegios y prebendas contrarias al concepto de República y al principio de igualdad ante la ley" enfatiza el magistrado fiscal.

El argumento esgrimido por el Fiscal Vana en su escrito, es que "el estado uruguayo pasa a ser una mera apariencia, una fachada detrás de la cual en realidad mandan los intereses privados de las corporaciones anacionales"

 

El contrato de inversión que Uruguay realizó con la empresa Montes del Plata está bajo el rótulo de “Confidencial”. Saber qué dice y qué no dice ese contrato, así como mantener el derecho de acceso a la información y a la soberanía del país, es el objetivo del fiscal Enrique Viana, quien realizó una serie de intimaciones para que el mismo salga a la luz pública.
Cuando el capital obtiene privilegios y concesiones que van más allá de los derechos y deberes de los ciudadanos consagrados en la Constitución de la República, las negociaciones se tornan exclusivas y corruptas. Así es el contrato de inversión que el gobierno uruguayo realizó con la empresa Montes del Plata, que comenzará a construir la planta de producción de celulosa en Punta Pereira, Conchillas.

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El Fiscal Enrique Viana y Adeom Canelones dicen que los Contratos de Inversión 'pueden ceder soberanía legislativa y jurisdiccional'

 
URUGUAY (4002) En un escrito judicial recientemente presentado por el Fiscal en lo Civil de 3er. Turno, Dr. Enrique Viana se pide a la Jueza Dra. Cristina Crespo de Civil 16, que obligue al Estado a exhibir el Contrato de Inversión que suscribiera con la firma Montes del Plata.

Adeom Canelones coincide con la sospecha del Fiscal Viana en que los Contratos de Inversion pueden "ser inconvenientes". El Secretario Martino dijo a Enfoque Canelones (Radio Canelones - Patricia Mango), que repercutirá en “mas costos para las obras de las Intendencias”

Puede verse como inusual que un Fiscal insista en analizar si un Contrato de Inversión entre una empresa y el Estado es objetable. Consultado el Fiscal Viana -vecino canario ademas de autoridad nacional como magistrado fiscal civil- en ralacion a su insistencia, dijo "mi insistencia obedece a que los contratos de inversión entrañan la cesión o entrega de soberanía".

¿A que soberanía se refiere el Fiscal Viana?, "a la soberanía legislativa y soberanía jurisdiccional, y/o la concesión de privilegios y prebendas contrarias al concepto de República y al principio de igualdad ante la ley" enfatiza el magistrado fiscal.

Siete artículos constitucionales infraccionados.

De este modo, Viana pone en perspectiva lo que el ve como posible "colision manifiesta" esto los privilegios y prebendas concedidos a una empresa privada y los artículos. 1, 2, 3, 4, 8, 72 y 82 de la Constitución de la República. Simplemente son ilícitos -según Viana- por contrarios a la Constitución.

Los contratos de inversión forman parte de un fenómeno de internacionalización, por el cual se predispone que los conflictos entre el Estado y una empresa privada trasnacional o multinacional, -Viana prefiere llamarlas corporaciones "anacionales"-, se dirimen ante tribunales arbitrales privados y de acuerdo con una legislación privada, más conocida como la lex mercatorum, o sea, escapan al juzgamiento de las normas uruguayas.

"Es lo que viene ocurriendo en el sonado caso Philip Morris" ejemplifica Viana, señalando que es tanto el efecto real de los Contratos de Inversión que pueden ser "el principio del fin del Uruguay como Estado Nación pues lo deconstruyen"

El argumento esgrimido por el Fiscal Vana en su escrito, es que "el estado uruguayo pasa a ser una mera apariencia, una fachada detrás de la cual en realidad mandan los intereses privados de las corporaciones anacionales"

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Otra manifestación de este fenómeno seria las llamadas asociaciones público-privadas (PPP) o contratos público-privados (CPP).

"Basta que un inversionista extranjero suscriba uno de estos CPP, para que se verifique la referida internacionalización del contrato" argumenta Viana "e ipso facto las soberanías legislativa y jurisdiccional del estado uruguayo, queda abolida en favor del inversionista"

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¿Cuales son cláusulas se establecen en dichos contratos que permiten inferir tal extremo?

La experiencia internacional de esta mega empresas prevén cláusulas o compromisos contractuales para que la selección del Derecho aplicable. Es un Derecho no estatal y anacional (lex mercatorum), para que un eventual arbitraje sea privado aplicable a la solución de controversias. Es una tácita desregulación del derecho interno del Uruguay, de estabilización o congelamiento del derecho, implican expropiación directa o indirecta, exoneraciones, beneficios y renuncias fiscales, sometimientos a los Tratados entre Estados" afirma Viana.

El Estado no muestra el contrato de inversión.

"No lo muestra -dice Viana- peor aun niega todo conocimiento, aduciendo confidencialidad pactada en el mismo contrato"

Hay una circunstancia que me sorprende -señala Viana- respecto de estos contratos de inversión. Ni a nivel académico universitario, ni doctrinario, ni siquiera periodístico, se habla de los contratos de inversión. Como si el silencio, se impusiera justo cuando está en juego la razón de ser del uruguayo como Estado Nación" concluye el Fiscal Enrique Viana.

Martes, 10 de Mayo de 2011

 

Era secreto

Uruguay: se pedirá anulación de contrato entre gobierno y transnacional celulósica por “violación del orden público”

Descargar: MP3 (1.7 MB)

El fiscal civil uruguayo Enrique Viana pedirá la anulación del contrato de inversión firmado entre el gobierno nacional y la empresa forestal y celulósica Montes del Plata, que está construyendo una planta de celulosa en la localidad de Conchillas, departamento de Colonia.

Viana considera que hay una “violación del orden público”. “Los contratos de inversión ceden soberanía”, afirmó a Radio Uruguay. “Estamos borrando artículos que nos definen como país, como república; creo que eso es cesión de soberanía”, agregó.

Montes del Plata es un consorcio de las forestales Arauco de Chile y Stora Enso de Suecia – Finlandia. En enero firmó el contrato de inversión con el gobierno uruguayo para la instalación de su fábrica de celulosa en Conchillas, ya en proceso de construcción. La inversión total estipulada es de 1900 millones de dólares, la mayor a manos de privados en la historia uruguaya. La nueva planta estaría operativa para el primer trimestre de 2013.

La madera que servirá de materia prima para la nueva industria llegará desde las plantaciones forestales de la propia Montes del Plata en nueve departamentos del país. El consorcio entre Stora Enso y Arauco es el mayor propietario de tierras de Uruguay, con más de 250 000 hectáreas.

El 12 de mayo el semanario uruguayo Búsqueda reveló un extracto del contrato de inversión firmado entre el gobierno nacional que preside José Mujica y Montes del Plata. El acuerdo, que tiene una cláusula de confidencialidad que Viana pidió varias veces que fuese levantada, brinda varias facilidades y beneficios a la empresa.

El documento difundido por Búsqueda establece, por ejemplo, la posibilidad de que se amplíe en el futuro la zona franca en la que operará Montes del Plata, que le brindará exoneraciones tributarias. En esta línea, el Ejecutivo uruguayo se comprometió a autorizar a la empresa a tener un porcentaje de empleados extranjeros mayor al estipulado por la Ley de Zonas Francas, que es del 25 por ciento de la plantilla como máximo.

El acuerdo también estipula que “si hubiera cambios significativos en el régimen tributario o en materia de permisos y autorizaciones que afectaran negativamente las condiciones económicas del proyecto de Montes del Plata, el gobierno y esa empresa revisarán los beneficios especiales que se otorguen en el marco de la ley de inversiones para compensar los eventuales perjuicios”.

Asimismo, el gobierno uruguayo asume en el documento la labor de reclasificar los suelos del país, y hacer los “mejores esfuerzos” para tener 100 000 hectáreas de aptitud forestal nuevas, y que se ubiquen cerca de la futura planta.

Para el fiscal Viana, los contratos de inversión comprometen al Poder Ejecutivo, por ejemplo cuando se asegura que el Instituto Nacional de Colonización declinará la opción de compra de áreas prometidas a Montes del Plata (punto también incluido en el acuerdo). Viana agrega que esos tratados también comprometen al Poder Legislativo, al establecer que eventuales nuevas normas no afectarían a la inversión (congelamiento del Derecho), y al Poder Judicial, al subordinar normas nacionales a las internacionales.

El fiscal manifestó a Radio Uruguay que los contratos de inversión también condicionan la voluntad del Estado en cuestiones ambientales. Si el Estado es parte de negociaciones que incluyen aspectos ambientales como insumo, disminuye su autoridad como parte fiscalizadora de normas en ese aspecto, consideró.

Foto: http://www.uruguayaldia.com

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