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9 febrero 2011 3 09 /02 /febrero /2011 20:35

Todo el Perú recuerda que Alan García se refirió al caso de Fernando Barrios, diciendo: “Es una viveza criolla”

Alan García, se refería al reciente faenón cometido por su amigo el ex ministro del Interior, Fernando Barrios, encumbrado dirigente aprista, hoy defenestrado de su cargo y del partido, dizque en aras de que no salpique a quienes desde hace tiempo están salpicados hasta la conciencia debido a los continuos escándalos de corrupción, los tristemente celebres petroaudios, faenones y otros latrocinios, ante los cuales la opinión pública internacional nos ve como un país dirigido por bribones, por bandas de pillos que al apuro y, antes que culmine su mandato, trabajan hasta horas extras en aras de repletarse los bolsillos.

El administrador interino del Perú, señor García, sabe perfectamente que no se trata de una alegre “viveza criolla”, un error o una simple falta, sino de un delito, un ilícito penal cometido por alguien de su entorno, de su extrema confianza, alguien a quien el designó ministro de Estado.

Otra viveza es la de los NADA URGENTES  ”Decretos de Urgencia”, cuyo propósito es saltarse a la garrocha la Constitución del Perú.

Ya se ha demandado al Congreso de la República, derogarlos… y de no ocurrir la derogatoria, el Congreso estaría abdicando o renunciando a sus  funciones, y le correspondería al Tribunal Constitucional, mediante una demanda de inconstitucionalidad, pronunciarse en última instancia.

 Evidentemente acá no caben las absurdas, vivarachas y pícaras salidas de Antonio Brack, el MINISTRO “YO NO SÉ” … YO NO SE PORQUE NO SOY EMPRESARIO … YO NO SE PORQUE NO SOY CONSTITUCIONALISTA … YO NO SE PORQUE YO NO SOY LADRÓN …

 

 

Perú: Discrepancias por decretos de urgencia son expuestas en importante diario español

Por SPDA

Actualidad Ambiental, 9 de febrero, 2011.- El diario español El Mundo expuso las discrepancias y cuestionamientos generados por los decretos de urgencia 001 y 002, impulsados por el actual Gobierno para acelerar los trámites de proyectos ligados a gaseoductos, carreteras, centrales hidroeléctricas, entre otros, exonerando de las certificaciones ambientales como requisito para lograr las concesiones. 

En el informe difundido el último fin de semana, el diario señala que en nuestro país:

Para poder obtener la concesión de proyectos de inversión en Perú ya no es requisito previo el contar con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). El gobierno peruano ha sentado este peligroso precedente a través de dos Decretos de Urgencia (001-2011 y 002-2011), que aceleran la licitación de 33 proyectos de inversión flexibilizando la normativa ambiental.

(…) Según el artículo 5.3 de estas disposiciones extraordinarias, las certificaciones ambientales “ya no serán requisito para la obtención de las autorizaciones administrativas de carácter sectorial, necesarias para el ejercicio de actividades económicas que son materia de estos proyectos”.

El diario también se refirió a los impactos que se generarían en nuestra Amazonía, ya sea por la contaminación o por los conflictos sociales que ocasionarían estas normas, sobre todo porque señalan claramente 33 obras pero no mencionan las referidas a las centrales hidroeléctricas, por lo que algunos especialistas han advertido que la Central Hidroeléctrica Inambari puede estar incluida.

Perú construirá en su Amazonía centrales hidroeléctricas que durante 30 años comprometerán para su exportación a Brasil una capacidad de más de 6000 MW. Es decir, grandes centrales, cuya ubicación y número es hoy todavía un misterio, inundarían miles de hectáreas de una biodiversidad única, convirtiendo en desplazados a los pueblos indígenas que las habitan.

Para Mariano Castro, de la SPDA, los decretos de urgencia podrían servir de trampolín para la concesión de las hidroeléctricas sin medir previamente su impacto ambiental. Sobre todo teniendo en cuenta que no es la primera iniciativa del Ejecutivo al respecto. El año pasado, a través del proyecto de ley 4335-2010, el Consejo de Ministros intentó acelerar la ejecución de actividades eléctricas flexibilizando normas ambientales. Sin embargo, este proyecto no ha prosperado en el Pleno.

Sobre la inconstitucionalidad de las normas, denunciada por el Instituto de Defensa Legal y la Defensoría del Pueblo, El Mundo citó el artículo 118 de la Constitución, donde se señala que “los decretos de urgencia sólo pueden ser expedidos bajo condiciones de excepcionalidad y urgente necesidad para legislar en materia económica y financiera, no ambiental”.

Para la Defensora, estos decretos convierten a los EIA en una “mera formalidad administrativa” y, en consecuencia, las concesiones serían otorgadas sin tener en cuenta las consideraciones ambientales y sociales de los proyectos.

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Fuente: SPD Actualidad Ambiental: http://www.actualidadambiental.pe/?p=9165

Otras noticias:

Gobierno o Congreso deben derogar decretos de urgencia inconstitucionales ¬NotiHome

www.idl.org.pe — Frente a los Decretos de Urgencia Nº 001-2011 y 002-2011 que reducen requisitos y procedimientos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), así como otras obligaciones aplicables  a más de 33 proyectos, consideramos necesario señalar lo siguiente: 

1.    Valoramos la importancia de la inversión privada pero las medidas promotoras de esta inversión no deben afectar el orden constitucional, los derechos fundamentales ni la sostenibilidad ambiental tal como, lamentablemente, ha ocurrido con los Decretos de Urgencia, DU,  N° 001-2011 y N° 002-2011.

 2.    Estas normas del Poder Ejecutivo son inconstitucionales porque los DU: a) no están habilitados para regular en materia ambiental, b) no han acreditado la situación excepcional ni extraordinaria,  c) no han justificado la necesidad de actuar en forma urgente, pues el procedimiento de ejecución ordinario de ejecución de los proyectos señalados en los referidos DU no genera algún daño o perjuicio a la economía del país, d) no han acreditado la existencia de un interés nacional para cada uno de los proyectos señalados, e) no aseguran la vigencia del derecho constitucional  a la consulta previa de los pueblos indígenas contenido en el Convenio 169 de la OIT y desarrollado por la sentencia del Tribunal Constitucional 00022-2009-PI/TC.

 

Demandan al Congreso derogar decretos de urgencia por ser inconstitucionales

El Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), demandaron hoy al Congreso de la República, derogar los Decretos de Urgencia (DU) números 001 – 2011 y 002- 2011 por ser inconstitucionales, pues no cumplen con una serie de requisitos establecidos en la Constitución y en sentencias del Tribunal Constitucional (TC).

De no ocurrir la derogatoria, el Congreso estaría abdicando o renunciando de sus  funciones, y le correspondería al TC, mediante una demanda de inconstitucionalidad, pronunciarse en última instancia.

http://lamula.pe/2011/01/31/demandan-al-congreso-derogar-decretos-de-urgencia-por-ser-inconstitucionales/1435  enviado por Instituto de Defensa Legal – IDL publicado el 31/01/2011

Juan Carlos Ruiz, abogado del IDL y Mariano Castro, abogado de la SPDA y ex presidente del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), explicaron el peligro que significa la expedición inconstitucional de estos decretos que no respetan los requisitos del ordenamiento jurídico, eliminando al mismo tiempo el derecho a la consulta previa de los Pueblos Indígenas.

El doctor Castro recordó que los DU señalan “que las certificaciones ambientales no serán requisitos para la obtención de las autorizaciones administrativas, otorgadas por dichas entidades, para el ejercicio de las actividades económicas materia del proyecto adjudicado”. Indicó que “este es el punto en base al cual aparece la necesidad del DU, se está desregulando los requisitos y los procedimientos destinados a la regulación del impacto ambiental”.

Por su parte, el abogado Juan Carlos Ruiz, señaló que no se está en contra de la inversión privada y del desarrollo en obras de infraestructura, “aquí se está ante un problema de forma, pues la Constitución ha establecido requisitos muy claros para que el ejecutivo expida un DU”.

Sobre los requisitos establecidos en la Constitución, señaló que los DU deben adoptarse ante una situación excepcional y extraordinaria, “si uno mira los decretos, no termina de entender cuál es la situación excepcional. Otro requisito es el de la urgencia, para que se expida un DU se tiene que estar ante una situación de parálisis institucional. Lo dice la Constitución, lo dice el Tribunal Constitucional en tres sentencias, y es obligatorio”, resumió el abogado.

El representante del IDL alertó que con la aprobación de los decretos, se anula el derecho a la consulta, “el derecho a la consulta, dice que cada vez que el Estado va a adoptar una decisión administrativa (una concesión minera) o una legislativa (una ley), susceptible de afectar a los pueblos indígenas, los pueblos tienen derecho a que se les consulte. Y para que un pueblo indígena pueda pronunciarse, tiene que revisar el Estudio del Impacto Ambiental (EIA) y evaluar cual va a ser el impacto de esa decisión en el pueblo indígena”.
Mariano Castro, a su vez, indicó que la regulación ambiental actualmente es muy débil; y por lo tanto, cualquier modificación orientada a disminuir los requisitos, la debilita aún más y le resta credibilidad.

Según el Ministerio del Ambiente (MINAM) la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA), es un proceso participativo que tiene varias etapas y, una de ellas, tiene que ver con el estudio. Sobre este punto, el representante de la SPDA, señaló que “una vez que el estudio es terminado, es entregado a la autoridad y hay tiempos que se toman para la revisión. No hay motivo para acortar aun mas estos tiempos, que ya de por si son cortos. Estos tiempos solo buscan la sostenibilidad ambiental del proyecto y que no ocasionen daños ambientales innecesarios”.

En otro momento, el doctor Castro indicó que “para que el país cuente con una infraestructura y una energía suficiente para todos, los inversionistas no necesitan que se les den normas para reducir su desempeño ambiental. Y la regulación ambiental, tampoco necesita que sea percibida como una barrera para la inversión. Se debe asegurar los principios de prevención ambiental”.

Finalmente, el IDL y la SPDA recordaron a la opinión pública que según el artículo 91 del Reglamento del Congreso, se debe formar en la Comisión de Constitución una Sub Comisión encargada de evaluar la responsabilidad de los DU, y tiene un plazo de 15 días para pronunciarse y pasar al pleno su opinión.

En el caso de que esto no ocurra, el congreso puede derogar los DU, fuera del plazo de 15 días. Otro escenario es que el TC, frente a un pronunciamiento de inconstitucionalidad, se pronuncie en última instancia.

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Toledo pidió a Presidente García derogar Decretos de Urgencia

 
 
 
 
Toledo pidió a Presidente García derogar Decretos de Urgencia 001 y 002
 
El candidato a la presidencia por Perú Posible, Alejandro Toledo, aseguró que los Decretos de Urgencia 001-2011 y 002-2011, los cuales facilitan la aplicación de 33 proyectos de inversión, son inconstitucionales.  Por ello, Toledo pidió públicamente al Presidente García derogar estas normas.  Caso contrario, dijo, podría sobrevenir un nuevo  ‘Baguazo’ “Estoy muy preocupado por los decretos de urgencia del 001-2011 y 002-2011. No es aconsejable para un presidente que está a 5 meses de dejar la presidencia, dictar dos decretos de urgencia para promover la realización de 33 proyectos. ¿Porqué la precipitación?. Esos decretos de urgencia, que sacaron con la excusa del TLC con EE.UU, ya produjeron un ‘Baguazo’. Todo esto podría traer más ‘faonones’”, afirmó el líder de PP desde Catacaos. Toledo afirmó que en un gobierno suyo derogaría dichos decretos.
“El gobierno esta dejando un nudo amarrado. No es muy prudente. Dos se presta muchas sospechas. ¿Porqué la precipitación?”, preguntó Toledo.  Agregó que este tema  debe discutirse en el Congreso.

 

El candidato contestó también preguntas referidas a los aportes que hacen a su partido las empresas constructoras brasileñas. “La ley pone un tope: 216 mil soles por persona. No hay nadie quien viole eso. Estamos dentro de la ley del JNE. Estamos limpios”, señaló.
Rectificación de Caretas

Alejandro Toledo también comentó la información dada por el ministro del Interior, Miguel Hidalgo, quien negó que haya ordenado una investigación sobre una posible vinculación entre su partido y el narcotráfico.  El líder de PP señaló que espera una rectificación de la revista.

“Con muchisimo respeto a la prensa . Ustedes conocen mis valores democráticos y uno de ellos es la libertad de expresión. Con la misma firmeza que tengo, con esa convicción, les pido que clarifiquen esto”.

 

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  • Biólogo desde hace más de treinta años, desde la época en que aún los biólogos no eran empleados de los abogados ambientalistas. Actualmente preocupado …alarmado en realidad, por el LESIVO TRATADO DE(DES)INTEGRACIÓN ENERGÉTICA CON BRASIL
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