Una ola de pedradas caen contra el proyecto de ley de blanqueo de divisas fugadas del circuito legal de nuestro país, presentado por el Ejecutivo, provenientes de las críticas e indignación originadas en el argumento de que esa ley convertiría al país en algo así como el paraíso del narcotráfico, de la impunidad y del lavado de dinero. Según estos profetas de la economía sana, limpia y liberal, todo esto se debería a nuestra consuetudinaria y criolla sed de divisas, causada por nuestra tendencia nativa (y única en el mundo) a fugar dinero al extranjero. Esta costumbre argenta y subdesarrollada hoy provocaría que el gobierno "transe" con cualquier delincuente que ande suelto por el mundo para que traiga sus dólares al país, lo que nos colocaría en el centro de la verguenza mundial.
Pero ¿es tan así como argumentan muchos opinadores profesionales o políticos predicadores de la moral pública? Este humilde servidor público, habitual urgador entre la basura mediática, se sumergió en ella nuevamente para averiguar si este "pecado nacional" es eso mismo, un pecado, y si es sólo nacional o no tanto...
Por eso, Basurero Nacional se atreve a esgrimir esta famosa sentencia bíblica: El que esté libre de pecado que arroje la primera piedra...
Ahora sí, sin pecar de ultra religiosos (y menos aún si hablamos de dinero), averigüemos si este proyecto está más cerca del juicio final o de la parábola del hijo pródigo:
El blanqueo, desde EE UU hasta Suiza.
Según el Banco Central, la formación de activos externos llegó en 2012 a los 158.338 millones de dólares, a los que se le suman otros 40.000 millones que estarían dentro del territorio argentino. Durante la exteriorización de capitales votada en 2008 y ejecutada al año siguiente, el Estado recaudó 4000 millones de dólares entre 35.800 contribuyentes. Según informó la AFIP, de este total, 32.000 fueron personas físicas y 3800 personas jurídicas, es decir, empresas.
El primer proyecto de exteriorización de capitales se aprobó en 2008. El FpV consiguió 40 votos afirmativos contra 28 de la oposición. Actualmente, el oficialismo conserva el mismo núcleo duro de votos. En la votación sobre la reforma del Consejo de la Magistratura, el FpV obtuvo 38 votos positivos, y en la regulación de las cautelares, 39. Esta norma sólo necesita la mitad más uno de los presentes para ser aprobada.
Durante el debate parlamentario de 2008, la oposición optó por utilizar argumentos “moralistas” y grandilocuentes. “Esta moratoria y este blanqueo va dirigido hacia pocas personas. Nosotros estamos convencidos de que las medidas son trajes a medida para protagonistas vinculados al poder (...). La verdad es que nosotros tenemos algo que custodiar, que es a la sociedad. Otra vez estamos todos en la bolsa”, sentenció Ernesto Sanz.Sin embargo, el radical obvió mencionar que el propio Raúl Alfonsín envió al Congreso un proyecto de blanqueo de capitales.“Admitiendo a priori que la medida que se propicia lesiona el principio de justicia, al acordar un tratamiento de excepción a quienes no han cumplido con sus obligaciones fiscales, se ha considerado sin embargo que su adopción encuentra plena justificación tanto en el análisis de la realidad presente como en el proceso económico del decenio precedente.” Esto puede leerse en el mensaje de elevación 1543 del 29 de agosto de 1986, que luego se convirtió en la Ley 23.495 (régimen en el país y en el extranjero para realizar un blanqueo de normalización de patrimonio).
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Como dice el ex diputado nacional Eduardo Di Cola:
Durante el gobierno de la Alianza mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N*1387 del año 2001, se estableció un blanqueo de todos los incrementos patrimoniales no declarados a la AFIP, disponiendo que para el caso que esos fondos se destinaran a capitalizar las sociedades por acciones, por ejemplo las anónimas, quedarían exentos de todos los impuestos nacionales. Esto tuvo como principales destinatarios a los bancos permitiéndoles que se hicieran de fondos que hasta ese momento estaban fuera del circuito formal de la economía.
Para que se entienda. El que tenía dinero no declarado, personas físicas, bancos y empresas, mediante el mecanismo de capitalización de las sociedades tuvieron la posibilidad de blanquearlo sin que nadie los indagara en cuanto a su origen. A su vez, lo eximieron de todos los impuestos. En otro apartado el mismo decreto dispuso que: “resultará aplicable en todos sus términos el art. 73 de la ley 25401 de presupuesto del año 2001”. Dicha norma, cuyo contenido nada tenía que ver con el presupuesto, liberó a la AFIP, para el caso que el Poder Ejecutivo Nacional disponga de regímenes de blanqueos impositivos, de la obligación de hacer la denuncia penal por los delitos establecidos en la Ley Penal Tributaria, a la vez que la obligó a desistir de su pretensión punitiva si la denuncia ya hubiera sido realizada. Resumiendo, la gestión De la Rua mediante la Ley de Presupuesto del año 2001 libera a la AFIP de la obligación de formular denuncia y la instruyen a desistir de las denuncias que ya hubieran sido hechas. Con posterioridad lanzan el blanqueo mediante el dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia.
Ricardo Gil Lavedra, hoy Presidente del Bloque de Diputados Nacionales del Radicalismo fue Ministro de Justicia. El actual Senador Nacional Gerardo Morales fue Secretario de Estado, solo para citar un par de ejemplos de ex funcionarios de aquel gobierno.Mucho menos se comprende si se advierte además que al Decreto de Necesidad y Urgencia lo suscribieron como Ministros acompañando al ex Pte De la Rua, Patricia Bullrich y Hernán Lombardi -actualmente funcionario de Macri- entre otros.
En tanto en el Congreso votaron positivamente: Graciela Ocaña, Margarita Stolbizer, Mario Negri, Rubén Giustiniani, Eduardo Santín solo para citar algunos de los que aún siguen siendo Legisladores.
Mientras el actual tiene un claro objetivo dirigido a los temas energéticos e inmobiliarios, el promovido en el año 2001 por los hoy opositores, favorecía a los bancos permitiéndoles capitalizarse con las divisas que ellos mismos fugaban y con la de sus clientes a quienes ayudaban a fugar. No establecía límites, pudiendo ingresar hasta los investigados por lavado, y por último, quizás el más determinante, ellos mismos podían participar, en tanto ahora expresamente se lo impiden a ellos, su esposa, hijos y parientes hasta segundo grado de consanguinidad y afinidad.
Sigamos analizando más experiencias sobre el tema:
La experiencia de otros países en blanqueo voluntario de capitales.
La medida que propuso el Gobierno ya fue implementada con éxito en los últimos años en Italia, Alemania, España, Suiza, Estados Unidos y Portugal.
En línea con distintos países del mundo, el equipo económico del Gobierno Nacional, anunció este lunes el plan de "exteriorización voluntaria" de capitales. Medidas similares de blanqueo de divisas, fueron tomadas los últimos años por países como EE.UU., Inglaterra, Italia, Portugal, México, España y Suiza.Con el objetivo de "recuperar la riqueza nacional", fugada del país en las épocas de alta especulación financiera -años posteriores al golpe de Estado del 76 y la convertibilidad de los '90- el Gobierno Nacional lanzó el "Plan de exteriorización voluntaria de capitales".
Dicho plan, lejos de ser una medida novedosa, ha sido una práctica común empleada en los últimos años en países como Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Portugal, México, España, Austria o Suiza, para lograr el retorno de los capitales genuinos de cada una de estas naciones, para luego volcarlos en sus circuitos legales, productivos y de desarrollo.En 2009 dos fueron los países que tomaron medidas similares de retorno de capitales. Italia con el "plan Escudo Fiscal" que buscó nacionalizar alguna parte de los 440.000 millones de dólares en activos no registrados ubicados principalmente en Suiza, y los Estados Unidos, con el plan OVDI, de repatriación voluntaria, que se relanzaría nuevamente en el año 2011. En este caso, el programa penalizaba al capital blanqueado con tasas de entre un 5% y un 25 por ciento.
En 2012 Portugal puso en vigor la tercera edición de su "Régimen Excepcional de Regularización Tributaria" que estableciendo una tasa del 7,5% a los activos blanqueados y eximiendo de obligaciones tributarias y de penalidades a quienes participaron del mismo.
El caso español se da el año pasado apenas asumido el gobierno de Mariano Rajoy.El líder del Partido Popular puso en marcha un plan de amnistía fiscal que apuntó a cobrar el 10% de los tributos correspondientes al dinero no declarado.
Este año México puso en marcha un programa de blanqueo impositivo, por el que los evasores podían descontar entre el 80% y el ciento por ciento de los tributos que debieron haber pagado a cambio de la declaración del dinero. La particularidad del caso mexicano es que el esquema era válido para la evasión en impuestos de carácter federal.
Finalmente en Suiza se está dando un avance en los acuerdos bilaterales Rubik con Gran Bretaña y Austria, por los cuales se prevé legalizar las cuentas suizas no declaradas que son propiedad de clientes del exterior. A estos acuerdos podría sumarse en el próximo tiempo Alemania.
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Veamos lo que se dice en la prensa extranjera al respecto de este tipo de medidas:
Un escudo fiscal tal vez exportable.
Una visión realista y pragmática de la situación contribuye, a veces, a no desperdiciar ocasiones de oro o, incluso, a no agravar contingencias preocupantes.Publicado el 30-11-2009
Algo parecido debería pensar el ministro de Economía italiano, Giulio Tremonti, cuando propuso a Silvio Berlusconi y a su gabinete presidencial la aprobación de un nuevo decreto para la regularización o repatriación de capitales extranjeros no declarados por ciudadanos residentes en Italia.
Simplificando la necesaria explicación, se pude afirmar que en virtud del llamado "escudo fiscal", las personas físicas residentes en Italia que ostenten determinados activos en el extranjero sin haberlos declarado en tiempo y forma a las autoridades fiscales italianas, podrán optar por repatriar (traslado físico a Italia) o por regularizar (declaración al Fisco sin necesidad de desplazamiento) las inversiones hechas abonando un "flat", un tantum del cinco por ciento sobre el valor de los activos repatriados o regularizados.
En este marco, cabe destacar que la regularización sin obligatoria repatriación de activos sólo se permite para aquellas inversiones (también inmobiliarias) que hayan tenido lugar en algún país de la Unión Europea, o bien, en terceros países que permitan un efectivo intercambio de información entre autoridades tributarias; se incluyen expresamente, entre otros, obras de arte, yates y joyas entre los activos sanables.
En cambio, todos aquellos activos (exclusivamente metálico y activos financieros) que radiquen en países extracomunitarios que no consientan el citado intercambio de información fiscal, deberán ser objeto de concreta repatriación al amparo del "escudo", convirtiéndose los bancos italianos en depositarios de los títulos representativos de los activos.
A todo ello, los enemigos del escudo le achacan al Gobierno la falta de ética con la que ha tratado el asunto, que acabaría premiando la evasión fiscal; en segundo lugar, detectan fallos técnicos y de contenido legislativo en la instrumentación de la medida.
La crítica técnica principal atañe al laxo sistema de control sobre el origen de los activos "escudados": los bancos tendrán la obligación de comunicar operaciones sospechosas sólo en caso de posible blanqueo de dinero proveniente de actividades criminales, pero es evidente que dejar al criterio del banquero de turno la valoración de la operación entraña importantes riesgos de infiltración purificadora de capitales mafiosos.
Otro dato fundamental es el reflotamiento del mercado inmobiliario que, al parecer, ya está viendo la luz. Muchos de los capitales repatriados, se estima, acabarán invirtiéndose en el ladrillo, tanto que la prensa económica especializada recomienda comprar antes de que el llamado "efecto escudo" vuelva a contribuir al incremento de los precios de la vivienda.
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