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19 octubre 2012 5 19 /10 /octubre /2012 17:58

 

Perú: Aidesep confirma recibir fondos privados “para financiar plan de vida plena” 

Servindi, 18 de octubre, 2012.- La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) consideró justo el recibir aportes de “las multimillonarias ganancias de las empresas extractivas” para financiar directamente el Plan Nacional de Vida Plena “hasta que los diversos cánones sean reestructurados para que llegue a las comunidades y se cumpla el Art. 15 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

De esta manera, la directiva encabezada por Alberto Pizango respondió indirectamente a las críticas generadas luego dehacerse público un convenio de cooperación mediante el cual la Aidesep recibió doscientos mil soles de la empresa Petrobras, de Brasil, para “prevenir conflictos” en las comunidades ubicadas en el área de impacto de uno de sus proyectos.

Mediante un comunicado difundido hoy la organización nacional afirma: “no podemos seguir dependiendo de la cooperación y donaciones, como si fuéramos huérfanos y es justo y necesario que de los s/. 108 mil millones de soles del presupuesto del 2013, una parte se invierta en nuestras propuestas comunitarias antes que seguir devolviendo por incapacidad de gasto más de s/. 30 mil millones.”

Aidesep señala proceder en estricto cumplimiento con los acuerdos del XXII Congreso Nacional Ordinario de los pueblos amazónicos, realizado en diciembre de 2011.

En el evento las comunidades habrían decidido que el Plan de Vida Plena Amazónico se presente al Ejecutivo, al Legislativo, a la Defensoría y a empresas privadas para que sean financiados “con los fondos que los gobiernos regionales no pueden gastar y con las ganancias de las compañías que afectan los ecosistemas amazónicos”.

Otro de los acuerdos del citado congreso fue la elección por un tercer periodo consecutivo de Alberto Pizango Chota como presidente nacional de la Aidesep, algo nunca ocurrido en la historia de esta organizacion nacional.

Acceda a los documentos referidos:

Aidesep dixit
“Fieles a nuestros principios y leales a nuestros pueblos, manifestamos que: No ha cambiado ni cambiará la defensa firme de Aidesep de los derechos colectivos y ciudadanos de los pueblos indígenas, frente a los impactos socio ambientales del llamado “mal” desarrollo. A esa línea de principios, añadimos ahora, una propuesta técnica y política de “Plan de Vida Plena” que tiene todo el derecho de ser financiada con fondos públicos y de las ganancias de empresas amazónicas.
No podemos seguir dependiendo de la cooperación y donaciones, como si fuéramos huérfanos, y es justo y necesario que de los S/. 108 mil millones del Presupuesto Público 2013, una parte se invierta en las propuestas comunitarias antes que seguir devolviendo por incapacidad de gasto más de S/. 30 mil millones. Es justo, también, que de las multimillonarias ganancias de las empresas extractivistas, éstas aporten directamente a nuestro Plan Nacional de Vida Plena, hasta que los diversos “canones” sean reestructurados para que lleguen a las comunidades y se cumpla el Art. 15 del Convenio 169.
Llamamos a las comunidades y organizaciones indígenas a no dejarse sorprender ni confundir. A mantener en alto la lucha de siempre por nuestros Derechos, Identidad y Libre Determinación. Cualquier acuerdo o convenio, será en función del Plan de Vida Plena ya hecho público, y no puede ni debe ser entendido o tergiversado como retroceso alguno. Al contrario, llamamos a elevar el nivel de nuestras demandas, a no quedarnos en la realidad particular, y formular Planes Regionales de Vida Plena Amazónica de largo plazo, que deben ser financiados con fondos que no pueden gastar los gobiernos regionales y las ganancias de las empresas que afectan los ecosistemas amazónicos.
Información relacionada publicada en Servindi:


Alberto Pizango (Aidesep) y Pedro Grijalba (Petrobras)

Servindi, 15 de octubre, 2012.- ¿Es éticamente correcto que una organización indígena nacional reciba dinero directamente de una empresa extractivista dedicada a la minería, gas o petróleo? Esta es la interrogante que surge luego de conocerse el contrato mediante el cual la empresa Petrobras, de Brasil, acuerda con Alberto Pizango, presidente de la Aidesep, financiar actividades en las comunidades ubicadas en el área de impacto de proyectos extractivos a fin de prevenir conflictos

El contrato suscrito el 11 de julio de 2012 entre Alberto Pizango Chota, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y Pedro Miguel Grijalba Vásquez, Director Presidente de Petrobras Energía Perú S.A., compromete a la empresa a aportar Doscientos mil soles – aproximadamente 77,500 dólares) para financiar actividades detalladas en un plan de trabajo.

El convenio busca “establecer las bases para articular esfuerzos comunes entre AIDESEP y PETROBRAS para el desarrollo de acciones conjuntas que lleven al cumplimiento de los objetivos organizativos al interior de las comunidades permitiendo mantener relaciones armoniosas entre las Comunidades Nativas y la Empresa Privada”.

La finalidad es lograr “relaciones armoniosas” con el fin de evitar conflictos entre ambos actores “que pudieran afectar el normal desarrollo de las actividades de cualquiera de las partes”.

En tal sentido se considera fundamental “comunicar a las comunidades los avances de los proyectos de hidrocarburos de PETROBRAS -brindando información oportuna y transparente sobre los mismos- recogiendo y canalizando las inquietudes de las comunidades sobre dicho particular”.

El convenio detalla que “las actividades estarán circunscritas a las comunidades nativas ubicadas en el área de influencia de las operaciones de exploración de PETROBRAS en la Amazonía nacional”.

Una de las cláusulas señala que cualquier otro documento futuro entre AIDESEP y PETROBRAS “deberá encuadrarse en la letra y el espíritu de lo que expresa el presente Convenio” y deberá “ser agregado como Adenda del mismo”.

Sorpresa y preocupación

El contrato viene siendo difundido por diversas redes de correos electrónicos generando sorpresa y preocupación, pues no ha sido una práctica común de la AIDESEP este tipo de convenios de cooperación.

Se sabía que organizaciones indígenas de otros niveles como las comunidades de base, las federaciones y organizaciones regionales suscribían acuerdos de este tipo con las empresas debido a la precariedad de sus recursos y a la necesidad de atender tareas de campo en procesos de negociación concretos.

Sin embargo, según la opinión de diversos especialistas en temas indígenas, no ha sido práctica común que una organización indígena nacional reciba fondos directamente de empresas por tener otras fuentes de cooperación solidaria y preservar su autonomía frente a intereses empresariales privados.

Petrobras

La empresa Petrobras llegó al Perú en 1996 y realiza exploraciones en las cuencas del Marañón, el Huallaga y Madre de Dios. Uno de sus principales hallazgos es el realizado en el Lote 58, localizado en el Departamento de Cusco, adyacente a los lotes 88 y 56 de Camisea.

El lote, ubicado en el distrito de Echarate, provincia de La Convención, Región Cusco, tiene proximidad a varias áreas protegidas, como el Parque Nacional Manu y el Santuario Megantoni, lo que demanda un especial cuidado para prevenir cualquier tipo de accidente.

Petrobras es una empresa integrada de energía que actúa en  toda la cadena productiva de petróleo y gas, y en la producción de biocombustibles y otras energías alternativas. Tiene presencia en  28 países, en los 5 continentes y está considerada como la quinta mayor empresa de energía del mundo.

PETROBRAS declara asumir como principio “el respeto de las comunidades nativas del Área de Influencia Directa e Indirecta de sus operaciones, vinculándose con los intereses de la población e institucionaes del Área de Influencia, siempre en el marco de la normatividad aplicable”.

AIDESEP

AIDESEP es la organización nacional matriz de los pueblos amazónicos del Perú cuya finalidad es defender la vida, el territorio, los recursos naturales, la cultura y los demás derechos humanos, económicos y políticos. Fue constituida en 1980, y promovió la Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica (COICA) en 1984,

En 1986 -junto al Consejo Aguaruna-Huambisa y la COICA- recibió el Premio Nobel Alternativa a la Paz, en Suecia, por su lucha a favor de los pueblos indígenas de la amazonía peruana.

Acceda al texto del contrato con un clic en el siguiente enlace:

Otras noticias:

http://lamula.pe/barra/servindi.org/1439

 

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26 septiembre 2012 3 26 /09 /septiembre /2012 22:55

 

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A fines de agosto el gobierno peruano anunció que por primera vez se llevará a cabo en el país un proceso de consulta previa a los pueblos indígenas que viven en la región amazónica de Loreto sobre la explotación de un lote petrolero en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre.

Noticias Aliadas, 24 de setiembre, 2012.- escribe Cecilia Remón

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El proceso, que se enmarca dentro de la Ley de Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, estará a cargo del Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura y se iniciará a principios del próximo año, luego que se lleve a cabo la licitación del lote petrolero y una vez que se haya identificado el ganador.

“Recién en ese momento se llevaría a cabo la etapa de información y diálogo con los pueblos indígenas”, declaró a la prensa el viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra Quispe.

Es decir, no se ha consultado a los pueblos indígenas sobre el otorgamiento de las concesiones, lo cual contraviene lo establecido por el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) —vigente en el Perú desde 1995 cuando fue ratificado por el Congreso Constituyente Democrático— de que se debe “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

Según Lanegra Quispe, “no todas las medidas que dicta el Estado deben consultarse”, precisando que la consulta se aplicará exclusivamente a pueblos indígenas y siempre que la medida los afecte directamente.

Si bien la norma aprobada no establece el derecho al veto, sí indica que la finalidad de la consulta es “alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios respecto a las medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente, a través de un diálogo intercultural que garantice su inclusión en los procesos de toma de decisión del Estado y la adopción de medidas respetuosas de sus derechos colectivos”.

Esperanza trunca

La Ley de Consulta Previa fue aprobada por unanimidad en agosto del 2011 por el Congreso y recién ocho meses después la norma entró en vigencia al ser oficializado su reglamento. Sin embargo, ese reglamento no ha sido aceptado por los pueblos indígenas que consideran que no recogió sus aportes en su elaboración.

“El proceso de reglamentación lo que hizo fue desmantelar la esperanza sobre una institucionalidad indígena clara y legítima. Esto responde a intereses de las empresas mineras y de hidrocarburos. Esto es la continuidad de una política que viene desde el gobierno de Alberto Fujimori [1990-2000], es una propuesta desarrollista, extractivista, neoliberal”, dijo Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), que representa a más de 1,500 comunidades indígenas amazónicas, durante la presentación del Informe Alternativo 2012 sobre el cumplimiento del Convenio 169, el 13 de setiembre.

“Durante el mismo proceso de la consulta del reglamento, durante las audiencias, se aprobaban proyectos extractivos. La ley no recoge el espíritu del Convenio 169. Hemos dicho que primero se modifiquen siete artículos y sobre ello nos sentemos en forma conjunta y consensuada sobre la reglamentación y de esta manera evitar los conflictos que se ven venir”.

“Siempre nos han dicho que los indígenas no saben, no piensan, no proponen. Frente a este acto de mala fe del Estado peruano estamos diciendo ya no más a la ley marco de consulta sino al cumplimiento del Convenio 169 y la libre determinación de los pueblos”, manifestó Pizango.

El 11 de setiembre, PeruPetro, la agencia estatal encargada de otorgar las concesiones hidrocarburíferas, anunció la licitación de 36 nuevos lotes para la exploración y explotación de hidrocarburos en su mayoría en la región amazónica, agregando que, en cumplimiento con el reglamento de la Ley de Derecho a la Consulta, la empresa “realizará la consulta luego de que se haya otorgado la ‘buena pro’ de dichos lotes y antes de la suscripción de los contratos”.

Para Pizango, esto es un ejemplo de las contradicciones existentes, ya que “por un lado, se aprueba la Ley de Consulta y se habilita un discurso pro consulta, pero, por otro lado, se incentivan las industrias extractivas”.

Actualmente un 75% de la Amazonia está concesionado y la mayoría de concesiones hidrocarburíferas se superponen a reservas naturales y territorios indígenas, asegura el Instituto del Bien Común, organización no gubernamental que trabaja con comunidades rurales.

Eli Pangoa, dirigente shawi, denunció el caso de la petrolera coreana Ecoamerica que había solicitado la propiedad de más de 72,000 Ha en la selva norte.

“En el 2009 nos hemos enterado que Ecoamerica estaba solicitando la propiedad de 72,654 Ha. En el 2010, el Gobierno Regional de San Martín indicaba en un informe que ese pedido estaba superpuesto en 31,000 Ha en un territorio donde viven tres comunidades nativas. El Tribunal Constitucional emitió una sentencia donde declara improcedente la demanda, pero nosotros no estamos contentos porque el Estado no está cumpliendo con su deber. Lo que queremos es la seguridad jurídica [sobre nuestro territorio], la tierra segura. El Estado tiene la responsabilidad, la obligación, de proteger nuestros derechos, nuestro territorio, pero no la está cumpliendo. Para el Estado somos ciudadanos de segunda categoría, no existimos como pueblo”, dijo Pangoa.

País cuadriculado

El ex ministro del Ambiente, Ricardo Giesecke, manifestó durante el conversatorio “Nueva minería en el Perú”, organizado por Comunicaciones Aliadas y Red Muqui el 28 de agosto, que “la Ley de Consulta Previa es justamente necesaria porque no existe un ordenamiento territorial como tal en el país. En realidad, la gente en sus regiones no conoce ni sabe cuáles son las potencialidades, los peligros, las amenazas, las vulnerabilidades ni nada de lo que pasa en su territorio y por lo tanto cuando empiezan a aparecer las concesiones mineras forman parte del origen de los conflictos, porque en el país se siguen dando concesiones mineras sin preguntarle nada a nadie”.

El Instituto Geológico Minero Metalúrgico (INGEMMET), dependiente del Ministerio de Energía y Minas, es la entidad encargada de otorgar las concesiones mineras. Para Giesecke, el INGEMMET ha “cuadriculado” el país, es decir, lo ha dividido en cuadrículas y no toma en cuenta si dentro de ellas hay centros poblados, zonas protegidas o territorios indígenas.

“Un día puede venir alguien y decirle ‘tengo una concesión y su terreno está dentro de mi concesión’ y sólo con eso basta para que tengamos un conflicto en ciernes”.

En el mismo conversatorio, Carlos Monge, coordinador regional para América Latina de Revenue Watch Institute, entidad que monitorea las industrias extractivas, sostuvo que “todas las concesiones mineras no sólo han sido dadas desde el gobierno central por el INGEMMET —como derecho del peticionario, sin ninguna condición ni requerimiento previo cuando ya se había aprobado el Convenio 169 y por tanto en abierta violación de la ley— sino que además el 70% y 80% de ellas se han concedido con fines especulativos y en realidad no sostienen ningún proyecto serio de exploración ni de producción ni de nada”.

Tanto Giesecke como Monge coincidieron que es necesario redefinir profundamente el sistema de concesiones.

“Deben darse después de culminar los procesos de zonificación y ordenamiento territorial, para que se otorguen y negocien concesiones donde corresponde. Además, discutir qué hacer con lo que ya ocurrió, con el marco normativo y político anterior, pero que sabemos que está mal y que hay que corregir”, dijo Monge.

Giesecke insistió en que “el poder económico es el que tiene el poder político real. Todas nuestras leyes están hechas para que el poder económico sea el que termine decidiendo. Hay que revisar las leyes y revisar la estructura del poder económico”.

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Fuente: Noticias Aliadas

              

Perú: derecho de pueblos indígenas a decidir sus prioridades de desarrollo…

Perú: Odebrecht dijo adiós al hipotético Gasoducto del Sur

Los dos grandes males de los tiempos modernos: pobreza y desempleo / visión desde Perú de Hugo SALINAS

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26 septiembre 2012 3 26 /09 /septiembre /2012 22:00

 

Servindi, 25 de setiembre, 2012.- Una buena noticia. El Tribunal Constitucional (TC) resolvió declarar fundada la demanda de hábeas corpus interpuesta por la comunidad nativa Tres Islas, que instaló una caseta de control a fin de impedir el ingreso de taladores ilegales a su territorio en ejercicio de su derecho consuetudinario. 

Según especialistas el fallo constitucional es el primer pronunciamiento de un órgano jurisdiccional nacional sobre el tema de la autodeterminación indígena, especificando que se trata de un derecho fundamental que no debe ser confundido con pretensiones separatistas o secesionistas.

El fallo anula la sentencia de hábeas corpus emitida por la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Madre de Dios que amparó a los taladores ilegales que hacían uso y abuso de un supuesto derecho al libre tránsito sobre el territorio comunal.

Zulma Villa, abogada de los comuneros y vicepresidenta del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), indicó en anterior ocasión que además del aspecto procedimental, los magistrados debían pronunciarse sobre el fondo del asunto, es decir, si una comunidad puede o no ejercer justicia dentro de su territorio como lo hizo la comunidad de Tres Islas.

Al pronunciarse a favor de la comunidad el TC sienta un precedente trascendental, por el cual las autoridades indígenas pueden ejercer control sobre quienes destruyen su medio ambiente o afectan bienes jurídicos colectivos dentro de su territorio.

CIDH llama a los Estados a respetar jurisdicción indígena

Villa Vílchez recordó que en marzo de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a los Estados latinoamericanos a que respeten la jurisdicción indígena que está amparada en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, entre otros instrumentos internacionales.

Como lo informó Servindi, en aquella ocasión la CIDH sostuvo que el ejercicio de la jurisdicción indígena constituye una manifestación del derecho a la autonomía de los pueblos indígenas.

La CIDH destacó la falta de respeto de la aplicación de los sistemas jurídicos indígenas, a pesar de que se trata de un “derecho reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos”.

Hambre, contaminación, tala ilegal, minería informal y prostitución

Los madereros ilegales, los mineros informales y las empresas de transportes ingresan al territorio comunal como si fuera un terreno baldío. Todos los derechos de las comunidades son vulnerados por la acción de los intrusos que dejan a su paso contaminación de ríos y aguas, deforestación, y la pérdida progresiva de sus alimentos.

Tres Islas se había convertido en una comunidad en grave peligro. La vida, la salud, la seguridad alimentaria, el medioambiente sano, la integridad territorial, biológica y cultural de estos habitantes han sido vulnerados sin que nadie acuda a su llamado.

Por varios años, la comunidad solicitó el apoyo del Estado para que le ayude a controlar dichos problemas, pero ni la Fiscalía del Medio Ambiente ni la Gobernación, ni ninguna otra entidad han contribuido a su solución.

Historia de una agresión

Vilma Payaba Cachique, presidenta de la comunidad, señaló que en agosto de 2010 los comuneros decidieron en asamblea colocar una caseta de control de ingreso de terceros en un tramo del camino vecinal debido a la grave afectación de sus derechos por la presencia de mineros informales, taladores ilegales y prostitutas en su territorio.

De inmediato, las empresas de transportes “Los Pioneros” y “Los Mineros” denunciaron penalmente e interpusieron una acción de habeas corpus contra la expresidenta Juana Payaba por vulnerar el derecho al libre tránsito.

Desconociendo el Convenio 169 y el amparo constitucional de la función jurisdiccional de las comunidades nativas y campesinas, el Primer Juzgado Penal de Madre de Dios declaró fundado el hábeas corpus de las empresas.

De nada sirvió que la comunidad reclamase, porque la Sala Superior Mixta de la Corte Superior de Justicia denegó la apelación de la comunidad, por lo que se dispuso el retiro de la caseta de control.

Cerca de un centenar de policías acompañaron al personal de las empresas en la destrucción de la caseta. Lo curioso es que la ejecución de sentencia no fue notificada a la comunidad.

En la lógica del “perro del hortelano”, los magistrados de la Sala Superior Mixta también le recordaron a la comunidad que debe honrar al Perú y proteger los intereses nacionales.

Respecto de la denuncia penal en su contra, la comunidad presentó una excepción de improcedencia de acción ante el Primer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Puerto Maldonado, alegando que si bien la construcción de la caseta de control es un hecho cierto, ello no configura delito pues es un ejercicio de sus potestades. Esta acción fue denegada en primera y segunda instancia.

La Comunidad presentó, además, una tutela de derechos por falta de presión del delito, acción que tampoco fue amparada ni en primera ni en segunda instancia. Por si fuera poco, la justicia de Madre de Dios seguiría dando la espalda a los derechos de los pueblos indígenas.

Juana Payaba interpuso, entonces, una demanda de habeas corpus a su favor y de la comunidad que fue declarado improcedente, a pesar de que se sabía que los transportistas no contaban con autorización de ruta y que habían inducido a error a la justicia al señalar lo contrario.

En enero de 2011 la presidenta de la comunidad presentó una apelación que también fue declarada improcedente. En vista de ello, solicitó un recurso de agravio constitucional ante la Sala Penal de Apelaciones de Madre de Dios.

El 4 de marzo de 2011, el presidente de dicha sala concedió el recurso de agravio constitucional y actualmente el expediente de habeas corpus se encuentra en el Tribunal Constitucional.

¿Delito o ejercicio constitucional?

El artículo 149 de la Constitución Política reconoce que las autoridades de comunidades campesinas, nativas y rondas campesinas pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su territorio, de conformidad con su derecho consuetudinario.

Es decir, pueden, como cualquier autoridad jurisdiccional de la República, usar la coerción legítima para restringir derechos (como el libre tránsito u otros), en tanto sigan su debido proceso (decisión de asamblea) y se trate de la protección de derechos superiores (integridad).

El Convenio 169 de la OIT dispone en su artículo 8 que al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.

 

 

Centro de retiro espiritual Shimbre Chamaico en la Comunidad nativa Tres Islas, a 9 kilómetros de la ciudad de Puerto Maldonado, región Madre de Dios.

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Enlaces de interés:

 

 

 

 

 




 


Foto: Iván Herrera / Servindi

Servindi, 26 de septiembre, 2012.- Voceros del Comité del Agua de Iquitos denunciaron que la petrolera ConocoPhillips causó daños al ambiente en la cuenca del Río Nanay y exigieron la paralización de sus actividades de exploración. Afirman que el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) cometió irregularidades para favorecer a la petrolera. Seguir leyendo…

http://servindi.org/date/2012/09

 

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Foto: malcolmallison

Por Gil Inoach Shawit*

26 de setiembre, 2012.- Son cuatro los puntos problemáticos que motivaron la unidad de los pueblos indígenas, quienes a partir de los años 70 venimos organizándonos con mayor visibilidad, estos son: los conflictos territoriales por invasión de colonos, doble explotación del patrón y del habilitador, escasa cobertura de atención en educación bilingüe y débil presencia del Estado en temas de  salud pública en las comunidades. Seguir leyendo…

http://servindi.org/date/2012/09

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Servindi, 26 de setiembre, 2012.- El jueves 27 de setiembre se realizará el Foro Nacional “La indocumentación en el Perú: Propuestas para el ejercicio de derechos en la sierra y selva peruanas” de 8:30 a.m. a 1:30 p.m. en la sede del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), situado en el Jr. Bolivia 109, piso 33, Edificio Torre del Centro Cívico. Seguir leyendo…

 

http://servindi.org/date/2012/09

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Foto: Enrique Jacobo Diaz

Servindi, 26 de septiembre, 2012.- El Primer Encuentro Macro Regional de Inclusión Social de los Pueblos Indígenas de la Selva Central se llevará a cabo los días 26 y 27 de setiembre en el distrito de Rio Negro, provincia de Satipo, en la región Junín. Seguir leyendo…

http://servindi.org/date/2012/09

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http://servindi.org/date/2012/09

 

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24 septiembre 2012 1 24 /09 /septiembre /2012 20:14
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La última encuesta nacional elaborada por CPI en exclusiva para Correo revela que un 41.1% de la población cree que el presidente Ollanta Humala "sí está involucrado en las acusaciones que le hacen a su hermano Alexis".

Según el sondeo, realizado entre el 14 y el 19 de setiembre, un 40.6% cree que "no está involucrado" en dichos actos, y un 18.3% prefiere no opinar.

Como se sabe, el primer escándalo que enfrentó el régimen fue el viaje a Rusia de Alexis Humala para promover negocios a nombre del Mandatario.

El estudio también revela que la aprobación presidencial se ubica en 44.7% (en agosto fue 48.3%) y la desaprobación de Humala llega a 47.8%.

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En cuanto a zonas territoriales, el cuesta abajo más notorio de Ollanta Humala y su gobierno se da en Lima, que solía ser el bastión de Humala: la caída en la aprobación es de 7 puntos: de 47 a 40%. En el norte, el fiasco presidencial es grave: baja nueve puntos: de 40 a 31%. En el Centro y el Sur la caída es moderada, pero en el Oriente es de 45 a 40%.

Un premio consuelo para el jefe de Estado podría ser esta frase de Emerson: “No me digan que un hombre cayó. Díganme qué hizo después de su caída.”

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Perú: El derecho de los pueblos indígenas a decidir sus propias prioridades de desarrollo…como herramienta para el proceso de consulta previa

Por Juan Carlos Ruiz Molleda*

23 de setiembre, 2012.- Un tema clave en el proceso de consulta previa es que los pueblos indígenas tengan claro cuál es su proyecto de desarrollo y su plan de vida comunal (1) al momento de dialogar con el Estado (2). De lo contrario, la capacidad de negociación de éstos estará supeditada a la agenda gubernamental y de las empresas extractivas, convirtiéndose en dichos casos el proceso de consulta en una consulta de un “proyecto ajeno a ellos” —valga la redundancia—. En donde los pueblos terminan por aceptar algunos regalos o montos de dinero, ínfimos en relación con las ganancias obtenidas por las empresas y el Estado. En cambio, cuando las comunidades explicitan su proyecto de desarrollo y su plan de vida comunal (3), su capacidad de negociación será mayor, siendo el desafío en estos casos la compatibilización y el diálogo intercultural entre el Estado y los pueblos indígenas.

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El punto de partida: la pobreza en la que viven los pueblos indígenas, en especial aquellos que viven en zonas donde se desarrollan proyectos extractivos

Según la OIT “la reducción de la pobreza es un motivo de preocupación esencial para los pueblos indígenas, ya que existe una desproporción en la representación que ellos tienen entre los pobres”(4). Añade que

“los pueblos indígenas con frecuencia terminan siendo las víctimas del desarrollo en lugar de ser sus beneficiarios. Mientras que la construcción de infraestructura, la explotación del petróleo, la explotación forestal y la minería han contribuido al crecimiento económico de determinados sectores de la sociedad, las consecuencias para los pueblos indígenas a menudo han sido devastadoras. Sufrieron el despojo de sus tierras, la desaparición de sus bosques y la contaminación de sus ríos. Por lo tanto, han sido despojados de sus medios de vida, a menudo sin recibir ninguna compensación ni acceso a medios de vida alternativos” (5).

En esa misma línea, el Relator de las NNUU de los derechos de los pueblos indígenas sostiene que la implementación de proyectos extractivos es la causa de la violación de los derechos de los pueblos indígenas. Según este,

“los proyectos de extracción de recursos naturales y otros grandes proyectos de desarrollo llevados a cabo en territorios indígenas o en proximidad de ellos constituyen una de las fuentes más importantes de abuso de los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo. En su forma prevaleciente, el modelo de extracción de recursos naturales en los territorios de los pueblos indígenas parece socavar la libre determinación de los pueblos indígenas en las esferas política, social y económica” (6).

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¿Cuál es el contenido y el fundamento normativo del derecho de los pueblos indígenas a su propio desarrollo?

 Según el artículo 7 del Convenio 169 de la OIT, los pueblos indígenas “deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe el proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural”.

Adviértase el contenido constitucional de este derecho, primero el derecho a decidir su propio modelo de desarrollo, y luego el derecho a controlar su propio desarrollo económico, social y cultural (7). Estamos ante un derecho que va más de los pueblos indígenas. En efecto, la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho al desarrollo (8), afirma en su preámbulo que “el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable y que la igualdad de oportunidades para el desarrollo es una prerrogativa tanto de las naciones como de los individuos que componen las naciones (…)”.

Asimismo, reconoce el derecho y el deber de los Estado de formular políticas públicas de desarrollo nacional adecuadas y crear condiciones nacionales e internacionales con el fin de mejorar constantemente el bienestar de la población entera y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la equitativa distribución de los beneficios resultantes de éste (párrafos 2.3 y 3.1).

Este derecho de los pueblos indígenas también está reconocido en el artículo 23 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), la cual precisa que “Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo”. Asimismo este derecho también alcanza cobertura en el artículo 3 de la DNUDPI, cuando reconoce que

“Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”.

Esta norma es reflejo del artículo 1.1 del Pacto Internacional de derecho civiles y políticos, y del artículo 1.1 del Pacto Internacional de los derechos sociales, económicos y culturales. Adviértase, como la estrecha relación entre el derecho al desarrollo y el derecho a la libre determinación. En realidad, el primero es una concreción y una materialización del segundo.

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La protección de las actividades tradicionales de los pueblos indígenas como contenido esencial del derecho al desarrollo de los pueblos indígenas

La protección de estas actividades es importante pues garantizan la subsistencia de los pueblos indígenas, actividades que muchas veces son puestas en peligro por las actividades extractivas. Como señala el artículo 23.1 del Convenio 169,

“las actividades tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos interesados, como la caza, la pesca, la caza con trampas y la recolección, deberán reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económicos. Con la participación de esos pueblos, y siempre que haya lugar, los gobiernos deberán velar por que se fortalezcan y fomenten dichas actividades”.

No cualquier proyecto de desarrollo tiene cobertura constitucional. El artículo 44 de la Constitución exige que el desarrollo sea adecuado y equilibrado, en este caso con los pueblos indígenas, no afectando por ejemplo, sus actividades tradicionales para acceder a los recursos naturales que garantizan su supervivencia.

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El derecho al desarrollo de los pueblos indígenas debe tener como objetivo mejorar su calidad de vida de acuerdo con sus propias costumbres

 Según el artículo 7.2 del mismo Convenio,

“El mejoramiento de las condiciones de vida […] del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento”.

En esa misma línea, la Corte IDH establece que

“Una de las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado en su posición de garante, con el objetivo de proteger y garantizar el derecho a la vida, es la de generar las condiciones de vida mínimas compatibles con la dignidad de la persona humana y a no producir condiciones que la dificulten o impidan. En este sentido, el Estado tiene el deber de adoptar medidas positivas, concretas y orientadas a la satisfacción del derecho a una vida digna, en especial cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo, cuya atención se vuelve prioritaria” (9).

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Necesidad de una interpretación del derecho al desarrollo desde la identidad cultural de los pueblos indígenas

Conceptos como modelo de desarrollo, proyecto de vida o plan de vida comunal, son conceptos que si no se interpretan desde la cultura, los valores y las creencias, pueden desnaturalizar y disolver la identidad cultural. Debe precisarse, que son los pueblos indígenas los que deben definir de acuerdo con sus costumbres qué entienden por mejoramiento de su calidad de vida y de sus condiciones, de conformidad con el derecho a la identidad cultural (artículos 2º inciso 19 y 89º de la Constitución Política).

Es la cosmovisión, la peculiar forma de vivir, las que forman parte de la concepción. El mejoramiento de la calidad de vida que se exige, no es desde nuestra perspectiva cultural, sino desde la perspectiva de ellos, es decir, el concepto de calidad de vida debe ser definido interculturalmente, desde la experiencia de cada pueblo indígena.

Como bien señala la propia OIT, el punto de partida fundamental consiste en comprender “que los pueblos indígenas son pueblos distintos con sus propias historias, territorios, estrategias de medios de vida, valores y creencias, por lo que tienen sus propias ideas con respecto a la pobreza y al bienestar” (10).

Llama la atención la OIT en el sentido que

“Si no se incluyen las percepciones y aspiraciones propias de los pueblos indígenas en las estrategias y los programas de desarrollo, existe el riesgo de que estos fracasen o incluso agraven la situación, por ejemplo, al privar a los pueblos indígenas de acceder a recursos cruciales, al debilitar las estructuras tradicionales de gobierno o al contribuir a la pérdida de los idiomas indígenas” (11).

En realidad, el contenido del modelos de desarrollo tiene que ver con lo que se ha denominado el “buen vivir”, principios que ya se hayan constitucionalizados en otras cartas políticas (12).

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La obligación jurídica del Gobierno de armonizar el modelo de desarrollo del Estado con el de los pueblos indígenas

Como señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los Estados y las poblaciones que les componen, tienen derecho al desarrollo. Este derecho “implica que cada Estado tiene la libertad de explotar sus recursos naturales, incluyendo [el otorgamiento] de concesiones y la apertura a inversiones internacionales” (13). Pero el desarrollo debe ser necesariamente compatible con los derechos humanos, y específicamente con los derechos de los pueblos indígenas y tribales y de sus miembros (14). Siguiendo a la CIDH:

“No hay propiamente desarrollo sin respeto pleno por los derechos humanos. Ello impone limitaciones y deberes de obligatorio cumplimiento a las autoridades estatales. En particular, el desarrollo debe gestionarse en forma sostenible, lo cual exige que los Estados aseguren la protección del medio ambiente, y específicamente del medio ambiente de los territorios ancestrales indígenas y tribales” (15).

Añade la CIDH que

“Las normas del sistema interamericano de derechos humanos no impiden ni desalientan el desarrollo, pero exigen que el mismo tenga lugar en condiciones tales que se respeten y se garanticen los derechos humanos de los individuos afectados. Tal como se señala en la Declaración de Principios de la Cumbre de las Américas, sólo podrá sustentarse el progreso social y la prosperidad económica si nuestras poblaciones viven en un medio saludable y se gestionan con cuidado y responsabilidad nuestros ecosistemas y recursos naturales” (16).

El respeto del medio ambiente, de los derechos de los pueblos indígenas y la preservación de la supervivencia de estos, por parte de los proyectos extractivos, no es una simple aspiración moral, es una obligación jurídica de cumplimiento obligatorio, y condición para la implementación de estos proyectos.

Como precisa el artículo 4 del Reglamento de la ley de consulta (D.S. N°001-2012-MC),

“El contenido de la medida legislativa o administrativa que se acuerde o promulgue, sobre la cual se realiza la consulta, debe […] respetar las normas de orden público así como los derechos fundamentales y garantías establecidos en la Constitución Política del Perú y en la legislación vigente. El contenido de la medida debe cumplir con la legislación ambiental y preservar la supervivencia de los pueblos indígenas”.

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En conclusión

Queda en evidencia entonces que el derecho al desarrollo no es una simple aspiración de los pueblos indígenas, tiene rango constitucional y debe ser respetado por el Estado, siendo una concreción del derecho a la libre determinación de estos pueblos. Finalmente, se trata de pasar de una lógica de imposición del Estado de determinados proyectos extractivos sobre los pueblos indígenas, a una lógica de armonización y articulación de proyectos distintos.

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Notas:

(1) Distinguimos dos conceptos: el proyectos de desarrollo estaría referido fundamentalmente a las actividades económicas que proyectan realizar los pueblos indígenas, mientras que los planes de vida o el proyecto de vida colectivo, sería más amplio y holístico, comprendiendo además de los proyectos de desarrollo, una visión de largo plazo como pueblos, el cual incorporaría objetivos culturales, espirituales, sociales, políticos, etc.

(2) Ciertamente, los proyectos de desarrollo y los planes de vida de los pueblos indígenas, deberán ser elaborados en forma autónoma y de acuerdo a sus necesidades y aspiraciones, en ejercicio de su derecho a la autonomía, de su derecho a la libre determinación y de su derecho al autogobierno.

(3) Ver al respecto los siguientes: http://peru.panda.org/?175422/Plan-de-Vida-de-los-Pueblos-Indgenas-de-Yurua;http://awsassets.panda.org/downloads/plan_indigena_yurua.pdf;http://www.vaupes.gov.co/apc-aa-files/37396262636135383031636463303737/PIVI_ASATRAIYUVA.pdf;http://servindi.org/pdf/PLAN%20DE%20VIDA.pdf.

[4] Los derechos de los pueblos indígenas y tribales en la práctica. Una guía sobre el Convenio núm. 169 de la OIT, Programa para promover el Convenio núm. 169 de la OIT (PRO 169), Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, Lima, 2009, pág. 117.

(5) Ibídem.

(6) Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya Industrias extractivas que realizan operaciones dentro de territorios indígenas o en proximidad de ellos. 11 de julio de 2011. A/HRC/18/35.

(7) Esto último también está reconocido en el quinto considerando del Convenio 169 de la OIT cuando este precisa: “Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven”.

(8) Adoptada por la Asamblea General en su resolución 41/128, de 4 de diciembre de 1986.

(9) Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 17 de junio de 2005. Serie C Nº 125, párr. 166.

(10) Ibídem.

(11) Ibídem.

(12) En efecto, el capítulo 2 del Título II de la Constitución ecuatoriana reconoce los derechos del buen vivir. Por su parte el artículo 306 de la Constitución boliviana establece que el modelo económico de estar orientado al vivir bien de todas las bolivianas y bolivianos.

(13) CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Ecuador. Doc. OEA/Ser.L/V/II.96, Doc. 10 rev.1, 24 de abril de 1997. Citado por CIDH, Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales, pág. 86.

(14) Citado por CIDH, op. cit., pág. 86.

(15) Ibídem.

(16) CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Ecuador. Doc. OEA/Ser.L/V/II.96, Doc. 10 rev.1, 24 de abril de 1997. Citado por CIDH, op. cit., pág. 86.


*Juan Carlos Ruiz Molleda es abogado con especialidad en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, con experiencia de trabajo en Derecho Parlamentario, Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Pertenece al Instituto de Defensa Legal (IDL) desde el año 2005 a la fecha. Se tituló en Derecho con la Tesis: “Control Parlamentario de los Decretos de Urgencia en el Perú”.

—-
Fuente: Publicado en el portal informativo de Justicia Viva: http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=902

http://lamula.pe/2012/09/24/peru-el-derecho-de-los-pueblos-indigenas-a-decidir-sus-propias-prioridades-de-desarrollo%E2%80%A6/Servindi

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15 septiembre 2012 6 15 /09 /septiembre /2012 20:18

 

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) realizará este 1 y 2 de octubre en Huaraz (y del 3 al 5 del mimo mes en la ciduad de Lima) el tercer Seminario de Tradición Oral y Culturas Peruanas: Memorias de la Amazonía y el caucho. El objetivo del evento es la recuperación de la cultura popular, los métodos de trabajo y las tradiciones ... 
Tercer Seminario de Tradición Oral y Culturas Peruanas

Memorias de la Amazonía y el caucho – Encuentro de Narradores orales
Lima, Ancash, La Libertad. Del 1 al 5 de octubre 2012

CONVOCATORIA

En 1992 un núcleo de intelectuales del norte del Perú lanzó la propuesta de evaluar el tema de la tradición oral en el marco de las culturas contemporáneas, examinar la recuperación de la cultura popular, los métodos de trabajo y las tradiciones como expresión de representaciones. Paradójicamente, el evento que nació en un contexto de reflexión sobre el Perú que se desangraba desde los años 1980 por el fuego de ambos bandos, no propició un debate más profundo sobre el entorno de la producción de la tradición oral que vivíamos. Una década después, se volvieron a juntar y plantearon la necesidad de revisar y saber que había pasado en estos últimos años. En octubre de 2002 se realizó la segunda versión nacional que puso de relieve el testimonio oral, la oralidad quechua del Manuscrito de Huarochirí, los universos amazónicos y del Valle del Mantaro.

Diez años después, nuevamente reunidos, convocan y centran su atención en los puntos de inflexión y en entrever que travesías tomarán las tradiciones orales en el que las culturas y el mundo tradicional indígena asume relevancia; en el que las cicatrices abiertas por la guerra interna finisecular ha inscrito una memoria sobre la violencia y al mismo tiempo ideas del desarrollo del país. No menos importante, es el predominio acentuado de las tecnologías de la información y comunicación que han invadido las prácticas comunicativas en las urbes y hasta en las comunidades más insospechadas, asunto que plantea configuraciones diversas de recrear las tradiciones orales afectando nuevamente la cultura y la oralidad tradicional.

Corresponde preguntar sobre la tradición oral en los tiempos de una modernidad que aparece atractiva pero terriblemente violenta que insiste en expresarse de modo propio que cuestiona la racionalidad imperante. También es tiempo de pensar en lo sucedido en los últimos 30 años respecto a la tradición y memoria de los pueblos, no sólo andino sino en todo el tejido nacional que recupera lo costeño y amazónico; y al mismo tiempo, meditar si se avanza hacia una reflexión propia –una razón, diríamos– que permita explicarnos desde este lado del mundo lo que ocurre con nuestras culturas.

El Tercer Seminario Nacional de Tradición Oral y Culturas Peruanas tiene características internacionales y se convoca –siempre– presididos por el espíritu de una época, que asume las encrucijadas de la tradición oral y lo que se avizora será decisiva para su proyección desde su quehacer disciplinario y arraigo en sus fuentes de origen, de donde surge y le es inherente. Desde donde se reproduce al calor de las temperaturas de sus gentes y de cómo lidian con el escenario, el tiempo, las tecnologías e ideologías. Que incluye, desde luego, sus sinsabores y sueños más inadvertidos. El evento se convoca alrededor de estos temas y por el estatus de país antiguo con larga trayectoria cultural y por su tendencia a descubrirse, pugnará, esto que llaman con insistencia, a modo de nueva racionalidad, la interculturalidad; de modo que será una ocasión especial para evaluar su consistencia y sostenibilidad y aquello que está alrededor de ella glorificándola o recreándola, añadiendo nuevos epistemes en su espíritu para conservarla o desecharla, o acaso apuntalar nuevos sentidos a las formas en que viven y sienten las poblaciones alrededor de su mundo cultural y su destino civilizatorio.

El Tercer Seminario Nacional de Tradición Oral y Culturas Peruanas, ciertamente, está abierto a los temas e inquietudes de sus investigadores, estudiosos y a los propios narradores orales de los diversos confines de la América nuestra. Nada le es ajeno y quedan convocados todas y todos para que con ojos de zahorí y alma del más acá, intentemos una mirada sugerente a los procesos de la tradición oral y culturas peruanas de un país tan singular por su historia, tradición y su preeminencia oral.

Ejes temáticos:

1. La reflexión teórica sobre la tradición oral y la memoria
2. La violencia del caucho y la memoria indígena amazónica
3. Encuentro de Narradores Orales

Temario:

1. Tradiciones orales y literaturas orales.
2. Historias populares, memorias y testimonios.
3. Interculturalidad y tradición cultural.
4. Memorias indígenas sobre la violencia del caucho.
5. Culturas amazónicas y tradiciones orales.
6. Balances y perspectivas de las tradiciones orales en el Perú.
7. Intersecciones, influencias y relaciones de fronteras en tradiciones orales.
8. Epistemes del sur: propuestas teóricas.

Modalidad y sedes:

 El III Seminario tiene dos momentos: el Encuentro de Narradores Orales (Huaraz y Trujillo), que se realizará los días 1 y 2 de octubre 2012, propicia la participación de narradores orales de todo el país que son auspiciados por sus municipalidades, comunidades o grupos organizados para narrar los relatos más representativos de su lugar de procedencia. III Seminario de Tradición oral y culturas peruanas (Lima), del 3 al 5 de octubre, comprende básicamente la presentación y discusión de avances de investigación y la discusión de balances o las temáticas planteadas, por eso comprenderá conferencias magistrales y mesas redondas y al mismo tiempo, la presentación de narradores procedentes de las sedes comprometidas.

Participantes:

- Narradores orales
- Críticos y estudiosos de la cultura
- Educadores
- Escritores, literatos y académicos
- Antropólogos, etnógrafos y folkloristas
- Público interesado
Sobre las participaciones:

Narradores orales: Las municipalidades, comunidades y organizaciones culturales, podrán designar a su(s) representante(s) y se encargarán de enviar cuando menos cinco (5) relatos indicando la procedencia de los mismos, en audio digitalizado y la respectiva transcripción. El resultado de estas participaciones será la publicación que compila los relatos presentados.

Ponentes y expositores: Para la participación como ponente en el Seminario Internacional deberán hacer llegar las sumillas de ponencia. Esta debe contener 300 palabras como máximo. Incluye palabras claves y bibliografía básica. Se enviará copia al correo electrónico: tradicionoralculturasperuanas@gmail.com

Puede solicitar organizar mesas temáticas de máximo 4 ponencias (fecha límite: 30 junio 2012)

Plazo de entrega:

Relatos narradores: Hasta el 30 de junio 2012. Aceptación de participación hasta el 30 de julio 2012.

Sumillas: Envío sumillas, hasta el 30 de junio 2012. Aceptación de ponencias hasta el 30 de julio 2012. Ponencias, hasta el 30 de agosto 2012.

Organizan:

Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Facultad de Ciencias Sociales, Educación y Comunicación de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo; Universidad Nacional de Trujillo, Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar; Memorias aec; Revista Guaca; Revista Con textos.

Comisión Organizadora:

Hildebrando Pérez Grande (UNMSM), (Presidente) Jacobo Alva (Memorias aec), Mauro Mamani Macedo (UNMSM), Guillermo Gil Iparraguirre, Gonzalo Cornejo (CELACP), Milagros Carazas (UNMSM), Dante Gonzales (Pakarina); Patricia Apaza (Imágenes y discurso) Alberto Moya Obeso (UNT), Manuel Cornejo (CAAAAP), Gonzalo Cornejo (CELACP).

Comisión Académica:

Gonzalo Espino (UNMSM), Manuel Cornejo (CAAAP), Milagros Carazas (UNMSM), Jacobo Alva (Guaca), Dimas Arrieta (UNFV). Macedonio Villafán (UNASAM), Saniel Lozano

Comité Ejecutivo:

Gonzalo Espino Relucé, Alberto Moya Obezo (Por confirmar), Jacobo Alva Mendo, Macedonio Villafán Broncano, Comisión Narradores orales Huaraz, Segundo Castro García, Carlos Toledo Quiñones, Vidal Cámara Guerrero

Comisión Narradores orales Huaraz

Segundo Castro García
Carlos Toledo Quiñones
Vidal Cámara Guerrero

Comisión Narradores Orales La Libertad

Alberto Moya Obeso

Auspicios: Pakarina Ediciones

 

 

 

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30 agosto 2012 4 30 /08 /agosto /2012 20:00

80 miembros de la comunidad Yanomami, murieron presuntamente atacados por mineros ilegales brasileños en una zona selvática del estado de Amazonas, en Venezuela.

 

 

Denunciaron masacre de 80 indígenas en el sur de Venezuela

Efe | Caracas, Venezuela | Publicado el 29 de agosto de 2012

 

Por lo menos 80 indígenas yanomami murieron a manos de presuntos mineros ilegales brasileños en una zona selvática del estado Amazonas, situado en el sur de Venezuela y fronterizo con Brasil, denunciaron este viernes dirigentes indígenas y políticos.

 

Solo tres integrantes de la comunidad Irotatheri, en el municipio Alto Orinoco, sobrevivieron a la matanza, perpetrada el pasado 5 de julio, por los ocupantes de un helicóptero con "identificación brasileña", dijo el diputado opositor Andrés Avelino Álvarez, de la Comisión de Pueblos Indígenas.

 

"Son 80 (los muertos) en total entre hombres, mujeres y niños. O sea, en pocas palabras, toda la población; sobrevivieron tres nada más", añadió Álvarez.

 

Sostuvo que hace 20 años se registró una matanza de 16 yanomami, aunque no descartó que haya habido más episodios parecidos que no se hayan descubierto.

 

El secretario de Asuntos Indígenas de la Gobernación de Amazonas, Hilario Linares, declaró que tres sobrevivientes de la tragedia relataron que un helicóptero sobrevolaba un "chabono" (choza indígena grande), donde se encontraban los pobladores, y "escucharon" los disparos.

 

Señaló que los sobrevivientes "fueron a cazar" y "venían de retorno" cuando fueron testigos del ataque.

 

"Cuando llegaron vieron ya la masacre", añadió Linares, quien indicó que también hay testigos que iban de visita a la comunidad.

 

Linares detalló que el lugar donde se registró el hecho es "muy complicado para llegar" y explicó que para acceder se debe cumplir un trayecto a pie, en lancha e incluso por vía aérea desde Puerto Ayacucho, la capital del estado (953 kilómetros al sur de Caracas).

 

Aseguró que en la zona existen "recursos minerales" como el oro y que los indígenas se "resistieron defendiendo su recurso" de los mineros ilegales brasileños, conocidos en el país como "garimpeiros".

 

El Ministerio Público informó en un comunicado de que designó una comisión especial para que verifique el presunto ataque contra los indígenas.

 

Según el boletín, la Fiscalía Superior de Amazonas recibió el pasado lunes una denuncia presentada por representantes de la organización Horonami, según la cual "los yanomamis se encontraban en un campamento indígena que fue atacado desde un helicóptero".

 

La Fiscalía indicó que el sitio "donde presuntamente ocurrió el hecho se encuentra a cinco horas en helicóptero de Puerto Ayacucho y a 15 días a pie".

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http://ceirberea.blogdiario.com/img/mapa-yanomami.gif
Territorio Yanomami
entre Venezuela y Brasil.

Los "yanomamos" (también llamados "yanomamö"), son una etnia indígena americana caracterizada por su solidaridad y respeto hacia la naturaleza, la misma está dividida en tres grandes grupos: sanumáyanomam y yanam.

Hablan lenguas diferentes pero se entienden entre ellos. Se denominan también la nación yanomami. Habitan en el estado Amazonas (Venezuela)  http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_yanomami 

A mediados de los años 1970 los garimpeiros (buscadores de oro independientes) comenzaron a entrar en el territorio yanomami. Donde estos garimpeiros se establecieron, mataron a miembros del pueblo yanomami a causa de conflictos de tierras. Además, las técnicas mineras de los garimpeiros causaron degradación medioambiental. En 1990 más de 40.000 garimpeiros entraron en tierras de los yanomami. En 1992 el presidente de Brasil Collor de Mello aceptó la inauguración de un Parque Yanomami tras una campaña internacional de presión de Survival International, antropólogos brasileños y otros, un proyecto que empezó a principios de los años 1970. Los gobiernos de Brasil y Venezuela no tienen programas adecuados para evitar la entrada de extraños en las tierras de los yanomani, por lo que buscadores de fortuna siguen entrando en estas tierras.

Controversias éticas han surgido sobre unas muestras de sangre yanomami tomadas por científicos como Napoleon Chagnon y su asociado James Neel para estudiarlas.3 Aunque las tradiciones religiosas de los yanomami prohiben guardar ninguna parte del cuerpo después de la muerte de la persona, no se avisó a los donantes que estas muestras de sangre iban a ser guardadas infinitamente para experimentos. Varias delegaciones prominentes de los yanomami, han mandado cartas a los científicos que están investigándolas, pidiendo que se les devuelvan las muestras de sangre. En cuanto los científicos hayan averiguado a quién enviarlas y cómo evitar riesgos sanitarios, se enviarán las muestras al Amazonas.

Miembros de la Asociación Antropológica Americana debatieron este asunto. Votaron 846 a 338 para rescindir un informe de 2002 sobre acusaciones de mala conducta por parte de eruditos estudiando a los yanomami. Esta discusión ha causado protestas después de que Patrick Tierney publicase “Oscuridad en El Dorado” en 2000. El libro acusó a los antropólogos de haber causado daño – y en algunos casos la muerte – de miembros del pueblo yanomami a quienes estudiaron en los años 60.

LEER MÁS

http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_yanomami

 

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19 julio 2012 4 19 /07 /julio /2012 23:39

 

 

 

 

Não à Portaria 303 da Advocacia Geral da União (AGU)

 

http://telmadmonteiro.blogspot.com/

Para assinar a petição clique AQUI
 
 
 Funai confirma que las tierras indígenas se ven afectados por el Complejo Tapajós
 
 El gobierno federal está acelerando los procedimientos de concesión de licencias para las cinco centrales hidroeléctricas previstas en la cuenca del Tapajós.
 
El 1 de marzo de 2012, Eletrobrás abre un aviso de convocatoria pública para ampliar las alianzas para la aplicación de la Evaluación Ambiental Integrada (AAI) y los estudios de Factibilidad Técnica, Económica y Ambiental (EVTE) para los complejo hidroeléctrico en el río Tapajós - represas  Luiz do Tapajós, Jatoba, Cachoeira do Caí, Jamanxim y Cachoeira dos Patos, en el Tapajós y Jamanxim.
 
En el edicto de Eletrobrás hay dos archivos adjuntos: un contrato de acuerdo de cooperación técnica firmado en 2009 entre Eletrobrás Eletronorte, la construcción Camargo Correa y Electricité de France (EDF) para la ejecución de AAI y EVTE, otro del modelo de la adenda para la inclusión de nuevos socios en acuerdo de cooperación técnica.
 
El costo total estimado para la preparación de estudios, que consiste en el aditivo, es de R $ 107,907,000.00 (ciento siete millones, novecientos siete mil reales).
Lo que llama más la atención, más allá del valor del contrato está ya en febrero de 2012, sin AAI y sin EVTE comenzó en el IBAMA, el proceso de concesión de licencias para el complejo hidroeléctrico del Tapajós, los procedimientos para la preparación de la Declaración de Referencia del EIA / RIMA.Dos proyectos del Complejo Tapajós, São Luiz do Tapajós UHE y Jatoba UHE, ya cuentan con los Términos de Referencia para la preparación de la EIS / EIR. A pesar de la Evaluación Ambiental Integrada (AAI) y los estudios de Factibilidad Técnica y Económica (EVTE) aún no se ha completado, los procesos de licenciamiento ambiental de las plantas ya están siendo tratados con rapidez en el IBAMA.
 
En febrero de este año IBAMA emitió los Términos de Referencia (TdR) para la preparación del EIA / RIMA UHE Luiz Sao do Tapajós y en mayo del TR HPP Jatoba.La manifestación de la FunaiLa controversia Interministerial N ° 419 del 28 de octubre de 2011, regula las actividades de la Fundación Nacional del Indio (Funai) en los procesos de licenciamiento ambiental.
 Tanto el diseño de São Luiz do Tapajós HPP en la HPP como Jatoba, Funai se ha aparecido a IBAMA, para la preparación de los términos de referencia para el EIA / RIMA, citando la ordenanza.En dos cartas de 17 de febrero (N º 136/2012) en el São Luiz do Tapajós UHE y 26 de marzo (N º 197/2012) en la UHE Jatoba, dirigida al Director de Licenciamiento Ambiental de IBAMA, Gisela Damm Forattini la Funai se refiere al Decreto N º 419 en el que "establece una presunción de injerencia en las tierras indígenas de las centrales hidroeléctricas ubicadas en la Amazonía, de hasta 40 km de distancia de las tierras indígenas, o se encuentran en el área de la contribución directa del depósito, más de 20 km aguas abajo ".En lo que respecta al diseño de São Luiz do Tapajós, Funai recomienda crear el Estudio de la componente indígena de las tierras indígenas Andirá-Marau, km 43, Pimentel y Luiz Sao do Tapajós y TI Beach manglares y de la India Beach, con 32 hectáreas en Itaituba, que están dentro de los límites establecidos por la Ordenanza 419/2011.
En la segunda carta en la UHE Jatoba, la Funai indicó que los pueblos indígenas Munduruku tierras y yo nos fuimos de ceniza caída en la Ordenanza 419/2011 y por lo tanto debe ser objeto de estudio de la componente indígena (CTI). La carta también señala que hay una diferencia de 8 km de las coordenadas de ubicación del depósito realizado por el empresario y el equipo hizo por la FUNAI, con respecto a ella Munduruku.En ambas oficinas Funai, dijo que la Coordinación General de Indios Aislados y Contactos recientes (cgiirc) reconoce la existencia de la "Referencia N º 9," los aislados de la India (ver mapa), situado en el interfluvio de la cuenca donde se pretende implementar las dos plantas que forman parte del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC). También informa a la CCGIRC establecido como una prioridad en el 2012, el estudio de la "Referencia N º 9" y que no puede ser la necesidad de "adoptar medidas apropiadas para asegurar el uso de los pueblos en aislamiento total de sus territorios, debido a su alta grado de vulnerabilidad. " Mapa de Referencias Funai de indígenas aisladosAhora, antes de la confirmación de la Funai, le pedimos, finalmente se demuestra que los desarrollos hidroeléctricos Tapajpos afectará directamente a las tierras indígenas? El proceso de concesión de licencias seguirá sin audiencia a los pueblos indígenas? Como vamos a discutir la cuestión de la vulnerabilidad de los aislados de indígenas de la N º "Referencia 9?.
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Telma Monteiro

4/7/2012 - O governo federal está acelerando os procedimentos para licenciamento das cinco usinas hidrelétricas previstas na bacia do rio Tapajós. Em 1º de março de 2012, a Eletrobras abriu um edital de chamada pública para ampliar parcerias para a realização da Avaliação Ambiental Integrada (AAI) e dos estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTE) do complexo hidrelétrico do rio Tapajós – hidrelétricas São Luiz do Tapajós, Jatobá, Cachoeira do Caí, Jamanxim e Cachoeira dos Patos, nos rios Tapajós e Jamanxim.

No edital da Eletrobras há dois anexos: um do contrato do acordo de cooperação técnica firmado em 2009 entre a Eletrobras, Eletronorte, Construções Camargo Corrêa e Electricité de France (EDF) para a execução da AAI e do EVTE; outro do modelo do Termo Aditivo para inclusão dos novos parceiros no acordo de cooperação técnica. A estimativa de custo global para a elaboração dos estudos, que consta do aditivo, é de R$107.907.000,00 (cento e sete milhões, novecentos e sete mil reais).

O que mais chama a atenção, além do valor do contrato, é que já em fevereiro de 2012, sem AAI e sem EVTE, começou, no Ibama, o processo de licenciamento do complexo hidrelétrico do Tapajós, com os procedimentos para elaboração do Termo de Referência do EIA/RIMA.

Dois projetos do complexo do Tapajós, UHE São Luiz do Tapajós e UHE Jatobá, já têm Termo de Referência para a elaboração do EIA/RIMA. Embora a Avaliação Ambiental Integrada (AAI) e os estudos de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE) ainda não estejam concluídos, os processos de licenciamento ambiental das usinas já tramitam céleres no Ibama.

Em fevereiro deste ano o Ibama emitiu o Termo de Referência (TR) para elaboração do EIA/RIMA da UHE São Luiz do Tapajós e em maio o TR da UHE Jatobá.

A manifestação da Funai

A polêmica Portaria Interministerial nº 419, de 28 de outubro de 2011, regulamentou a atuação da Fundação Nacional do Índio (Funai) nos processos de licenciamento ambiental. Tanto no projeto da UHE São Luiz do Tapajós como no da UHE Jatobá, a Funai se manifestou ao Ibama, para elaboração do Termo de Referência do EIA/RIMA, citando a portaria.

Em dois ofícios, de 17 de fevereiro (nº136/2012) sobre a UHE São Luiz do Tapajós e de 26 de março (nº 197/2012) sobre a UHE Jatobá, dirigidos à Diretora de Licenciamento Ambiental do Ibama, Gisela Damm Forattini, a Funai se reporta à portaria nº 419 no que "estabelece presunção de interferência em Terras Indígenas para aproveitamentos hidrelétricos localizados, na Amazônia Legal, até 40 km de distância de terras indígenas, ou situados na área de contribuição direta do reservatório, acrescido de 20 km a jusante".

Com relação ao projeto de São Luiz do Tapajós, a Funai recomenda que seja feito o Estudo do Componente Indígena para as Terras Indígenas Andirá-Marau, km 43, Pimental e São Luiz do Tapajós e as TIs Praia do Mangue e Praia do Índio, com 32 ha, em Itaituba, que se enquadram nos limites estabelecidos na Portaria 419/2011.

No segundo ofício, sobre a UHE Jatobá, a Funai esclareceu que as Terras Indígenas Munduruku e Saí-Cinza se enquadram nos termos da Portaria 419/2011 e, portanto, deverão ser objeto de Estudo do Componente Indígena (ECI). O ofício ainda ressalta que há uma divergência de 8 km entre as coordenadas de localização do reservatório apresentadas pelo empreendedor e as apresentadas pela equipe da Funai, com relação à TI Munduruku.

Em ambos os ofícios a Funai ressaltou que a Coordenação Geral de Índios Isolados e de Recente Contato (CGIIRC) reconhece a existência da "Referência nº 9", de indígenas isolados (ver mapa), localizada no interflúvio com a bacia hidrográfica onde se pretende implantar as duas usinas que integram o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Informa, ainda, que a CCGIRC estabeleceu como prioridade, em 2012, o estudo da "Referência nº 9" e que pode haver necessidade da "adoção de medidas cabíveis para garantir aos povos isolados a plena utilização de seus territórios, em função do seu alto grau de vulnerabilidade."
Agora, diante da confirmação da Funai, perguntamos: está, finalmente, comprovado que os empreendimentos hidrelétricos do Tapajpos afetarão diretamente as Terras Indígenas? Os processos de licenciamento continuarão sem as oitivas aos povos indígenas? Como será tratada a questão de vulnerabilidade dos indígenas isolados da "Referência nº 9?
     
         
 
  Mapa da Funai: Referências dos Índios Isolados     
 
     
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17 julio 2012 2 17 /07 /julio /2012 18:28

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Periplo de migrantes en Oaxaca

Alrededor de 600 indocumentados arribaron encaramados en un ferrocarril a Ciudad Ixtepec, Oaxaca, donde fueron recibidos en el albergue Hermanos del Camino, que encabeza el sacerdote Alejandro Solalinde. Los migrantes se registraron en una lista para saber quiénes son, de dónde vienen y adónde van. En su tránsito recibieron alimentos en Salina Cruz y en algunos lugares de Tabasco. En Tultitlán, estado de México, vecinos de cinco colonias exigieron a la diócesis de Cuautitlán, así como a los gobiernos local y federal, desmantelar un refugio provisional para migrantes, el cual sustituyó al que fue cerrado en la colonia Lechería. Se dijeron temerosos de que se generen actos de violencia

 

(*) Foto Hiram Moreno

 

 

 

5/12/2011 - El sacerdote Alejandro Solalinde, coordinador del albergue para migrantes Hermanos del Camino, aseguró que el Instituto Nacional de Migración es una extensión de la Border Patrol (Patrulla Fronteriza) pero en versión mexicana.

 

Durante la presentación del informe Violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes en la región del Soconusco, Solalinde aseguró que, “lo mejor que podemos hacer al INM es darle el tiro de gracia y que desaparezca”, luego de indicar que no sólo en Tamaulipas y Durango existen violaciones a los derechos de los migrantes, donde se realizan operativos entre el INM y la Policía Federal, sino que están presentes en toda la ruta del indocumentados a lo largo y ancho del país.

 

“No me extraña la simbiosis entre el INM, zetas y delincuencia organizada, desde hace mucho tiempo existen operativos bastante sospechosos donde se repite el mismo esquema, operativo-secuestro”, afirmó.

 

Añeja denuncia

 

El padre Heyman Vázquez dijo que el Instituto Nacional de Migración debe ser reformado, contratar a profesionistas capacitados en derechos humanos y mejorar sus salarios.

 

El encargado del albergue Hogar de la Misericordia, en Arriaga, Chiapas, dijo que denunció desde hace tres años ante la Procuraduría General de la República que agentes de Migración a bordo de sus camionetas transportaban a migrantes secuestrados a casas donde opera el crimen organizado.

 

www.hermanosenelcamino.org/
El albergue hermanos en el camino se encuentra en la región mas pobre de Mexico. El Estado de Oaxaca presenta, junto con Chiapas y Guerrero, los índices ..

 

 


 

 

 

 

magu@jornada.com.mx

 

 

http://www.jornada.unam.mx/2012/07/17/cartones/1

 

 

 

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16 junio 2012 6 16 /06 /junio /2012 20:35

water soberany en indigenous land and hydroelectric projects

 

 

Voces plurales en el Foro “La situación del Agua en los territorios indígenas de Costa Rica”, celebrado en Talamanca, Costa Rica, los días 6 y 7 de junio.

Soberanía hídrica y el hambre del capitalismo en los territorios indígenas

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Agua y pueblos indígenas conforman una ecuación indivisible. Pero los monocultivos, las explotaciones mineras, madereras o petroleras, o el turismo amenazan, con su necesidad de crecimiento sin límite, los derechos y los territorios de los pueblos originarios de Abya Yala. En Costa Rica se ha tratado el tema a fondo la semana pasada y estas son algunas de sus conclusiones.

“En toda Latinoamérica nos hemos percatado de cómo los procesos de desarrollo pueden entrar en conflicto con los derechos de los pueblos indígenas, que ven amenazados sus territorios por los fines del sistema capitalista: explotación y expansión del sistema económico”. Así lo planteó Javier Bogantes, presidente del Tribunal Latinoamericano del Agua, en la inauguración del Foro “La situación del Agua en los territorios indígenas de Costa Rica”, realizado en Talamanca, Costa Rica, los días 6 y 7 de junio.

Allí se denunciaron los daños ambientales que ocasionan proyectos de minería a cielo abierto, presas hidroeléctricas, complejos de turismo masivo, empresas madereras, de agroquímicos o de monocultivo en todo el continente.

Este encuentro estuvo centrado en los escenarios que viven los pueblos térraba, bribri, cabécar, gnäbe, huetar, boruca y maleku del país centroamericano, y en él, además de abordar la gestión comunitaria del agua y las carencias de los pueblos, los líderes comunitarios hicieron hincapié en las violaciones ambientales sufridas en sus territorios amenazados por proyectos extractivos y por la inseguridad jurídica que sufren cuando el Estado se vuelve servil a los intereses financieros de las transnacionales.

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HIDROELÉCTRICAS, TURISMO Y BRECHA HÍDRICA

Pablo Sibar, líder comunitario del Grupo de los 12, se pronunció al respecto de las presiones del gobierno costarricense, la falta de garantías y la violación de derechos que vive el pueblo térraba para aceptar el proyecto hidroeléctrico ‘El Diquis’ en su territorio.

“En 2007, el Gobierno declaró El Diquis como proyecto de interés nacional y El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) comenzó a trabajar, se pusieron recursos de amparo que fueron rechazados con el pretexto de que todavía el proyecto estaba en estudio”, narró Sibar. Y apuntó, además, que las gestiones llegaron hasta la Organización de Naciones Unidas (ONU) y que “a pesar de que el Gobierno dijo hace unos meses, después de la visita del relator de la ONU, que había desocupado el territorio, en realidad nunca ha salido de él. En este proceso que hemos estado, se ha generado mucha violencia. El ICE -Instituto Costarricense de Electricidad- ha sobornado a quienes aceptaron la presa…”.

En este marco, la Coordinadora Norte Tierra y Libertad también denunció los daños causados por proyectos hidroeléctricos, monocultivo de piña y proyectos turísticos y petroleros en el norte de Costa Rica. En este sentido, reflexionó su representante Lino Rodríguez Sandoval, que “ante la mercantilización voraz y la cosificación en nombre del progreso y el desarrollo de la que ni el ser humano se escapa, tenemos el deber de denunciar enérgicamente el crimen que se perpetúa con el aval del Gobierno…”.

Por su parte, Gilbert González Maroto, del Centro para el Desarrollo Indígena (Cedin), puso el acento en la deforestación en el Pacífico Sur costarricense y en el desarrollo del servicio hotelero cerca de los territorios boruca, a costa de la sostenibilidad hídrica de sus territorios.

Isabel Rivera, representante de la Asociación de Mujeres Mano de Tigre, profundizó en la expansión de la frontera agrícola-ganadera y en la conservación de las fuentes de agua que los indígenas han realizado en sus bosques. Geyner Blanco, representante maleku, reflexionó sobre la falta de control de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales de sus territorios que viene acompañada de una gran brecha en índices de tenencia de sistemas sanitarios, equipamiento de vivienda, acceso a la electricidad, procedencia del agua o sistema de eliminación de residuos sólidos entre áreas de población indígena y no indígena.

Las Asociaciones de Desarrollo Bribri y Cabécar y el antropólogo Alejandro Swaby también enunciaron el valor simbólico del agua en sus territorios y relataron experiencias de gestión comunitaria. Denunciaron la lentitud burocrática del Estado en la construcción de acueductos en Sixaola y Cahuita, así como en la ejecución de programas financieros, como el “Programa de desarrollo sostenible de la cuenca binacional del río Sixaola”, muy ambiciosos pero que no han sido elaborados con la comunidad y que, a menudo, caducan sin que los pueblos hayan visto su materialización.

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LA LUCHA DE LOS PUEBLOS GNÂBE Y BUGLÉ EN PANAMÁ

Una de las experiencias que además se relató fue la lucha de los pueblos Gnäbe y Buglé en Panamá que, precisamente al otro lado del Sixaola, protagonizaron recientes protestas cuando el Estado eliminó, a través de la modificación de Ley 30, la obligación de que las empresas presentaran estudios de impacto ambiental, y cuando el gobierno comenzó a promover concesiones mineras. “En ambos momentos, ante el silencio y la desorganización de la sociedad civil, los únicos que salimos a las calles a protestar por los atropellos ambientales del Estado fuimos los Gnäbe”, señaló Pedro Abrego, vocero ngäbe-buglé, quien hizo hincapié en la represión física y judicial, en los logros y en la campaña de deslegitimación del movimiento.

“En la primera represión sufrimos 6 muertos, quedaron 80 ciegos y 241 heridos con perdigón y logramos que se restablecieran los estudios de impacto ambiental de los proyectos de las transnacionales. En la segunda tuvimos tres muertos y cientos de heridos, dos de los cuales se encuentran actualmente en el hospital entre la vida y la muerte y se ha logrado derogar el instituto que se había creado para las concesiones mineras”, explicó Abrego antes de anunciar que el pueblo gnäbe no ha renunciado a sus derechos sobre las tierras y a una demanda internacional.

Abrego señala, además, que “con los peritajes que salgan de la ONU vamos a demandar. Es importante que los derechos colectivos de los pueblos estén reconocidos en las constituciones y que cesen las violaciones largo tiempo sufridas por un estado de excepción que impide el libre tránsito de la población gnöbe, imposibilitando, incluso, que vayamos al funeral de nuestros familiares”.

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LA EXPANSIÓN DEL MONOCULTIVO Y EL VENENO QUÍMICO

Otra de las amenazas que se trataron en el encuentro es la creada por el uso de fertilizantes químicos, pesticidas y fungicidas en las plantaciones de monocultivo de piña, banano o plátano. A este respecto, el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) presentó cifras significativas sobre la región de Talamanca, en la que se usan mensualmente 268.000 bolsas de plástico tratadas con clorpirifos para eliminar la Siqatoca negra del cultivo del plátano. “Así, con la lógica de garantizar la estética y el tamaño de la fruta en los mercados transnacionales, se desechan mensualmente casi 6 toneladas de plástico tóxicas, de las cuales solo son acopiados 1.7 toneladas”, indicó Berna van Wendel de Joode, del IRET, que también habló de los efectos de los Clorpirifos, Difenoconazoly Terbufos encontrados en aguas talamanqueñas en la salud de los niños de la región, que no cuentan con sistemas de abastecimiento de agua potable y a menudo juegan cerca de o trabajan con los cultivos tóxicos.

En este contexto, se presentó y debatió la película Silent Snow, que muestra el efecto del uso del DDT en Uganda, de químicos en la india, así como otras posibilidades de agricultura orgánica y una gestión más integral en pos de la soberanía alimentaria y la sostenibilidad ambiental.

Al encuentro asistieron también entidades como la Organización de Naciones Unidas para la Educación para la Educación la Ciencia y la Cultura (Unesco) representantes órganos institucionales y de gobierno costarricense como la Municipalidad de Talamanca, el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET); el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), La Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), el Instituto Meteorológico Nacional, Acueductos y Alcantarillados (AyA) o el Instituto Nacional de la Mujer.

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Por Inés Giménez Delgado

Publicado por Otramérica

Republicado por http://www.elciudadano.cl/2012/06/15/53927/soberania-hidrica-y-el-hambre-del-capitalismo-en-los-territorios-indigenas/

 

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water soberany en indigenous land

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  1. treatyrepublic.net/.../northern-australia-indigeno... - Traducir esta página
    Joe Morrison from the North Australian Indigenous Land and Sea Management Alliance says like the land, Aboriginal people have maintained water resources ...
  2. treatyrepublic.net/.../water-plans-need-engageme... - Traducir esta página
    Phil Duncan spoke at the National Indigenous Land and Sea Management Conference in Broken Hill. Mr Duncan says water is not just a part of everyday living, ...

  3. treatyrepublic.net/.../murray-darling-basin-indige... - Traducir esta página
    The laws of Indigenous nations regulate the transmission of property rights, access toland and waters, responsibilities relating to land and waters, use of ...
  1. www.indigenousfoodsystems.org/ - Traducir esta página
    Consisting of a multitude of natural communities, Indigenous food systems include all of the land, air, water, soil and culturally important plant, animal and fungi ...



  2. [PDF] 
    www.environment.nsw.gov.au/.../25DWYKANA... - Traducir esta página
    Formato de archivo: PDF/Adobe Acrobat - Vista rápida
    Local Government in NSW legislatively manages Public/Private Crown Land/Waterwhich has attached Aboriginal Interests that this reform needs to relevantly ...
  3. www.digitalhistory.uh.edu/.../voices_display.cfm... - Traducir esta página
    Author, The United Nations Seminar on Indigenous Land Rights and Claims ... During the 1980s, in amending the Clean Water Act, Congress gave Indian tribes ...
  1. www.defendersoftheland.org/toronto - Traducir esta página
    Defenders of the Land is a network of Indigenous Communities united in defense of ourlands.... (Chair) Sylvia Plain, Aamjiwnaang First Nation, Water Walker ...
  2. 6nsolidarity.wordpress.com/ - Traducir esta página
    Joining in River Run 2012 is a great opportunity to show your support and to join us in the fight to protect Indigenous rights and the water, air, land, and creatures ...

    "Indigenous Sovereignty Week-Edmonton - Occupied Amiskwaciwâskahikan" at the University of Alberta

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25 mayo 2012 5 25 /05 /mayo /2012 18:29

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Climate risks to fisheries may hike African hunger

      "Cuando nos fijamos en Etiopía y Kenya, por ejemplo, nuestro estudio muestra que una reducción de 10.000 toneladas en la producción de peces haría que estos dos países alcanzen un nivel de hambre que se clasifica como 'muy alarmante'", dijo Essam Mohammed Yassin, investigadora del IIED y el co-autor de un nuevo estudio del Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED), que se publicará en los próximos meses.

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Cambio climático afecta pesquerías en África y puede gatillar hambrunas

 

Mar, 24 de abril 2012

Fuente: Alertnet / / Win Thin Lei

 

 

Un comerciante se prepara el pescado en un mercado en el distrito de Hamarweyne, Mogadiscio, capital de Somalia, 27 de marzo 2012.

En Win Thin Lei

 

HANOI (Invertia) - El cambio climático amenaza con reducir las capturas de la pesca y agravar el hambre entre algunas de las personas más pobres del África subsahariana, quienes dependen del pescado como una fuente importante de proteínas y de ingresos, según una nueva investigación del Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED).

 

"Cuando nos fijamos en Etiopía y Kenya, por ejemplo, nuestro estudio muestra que una reducción de 10.000 toneladas en la producción de peces haría que estos dos países alcanzen un nivel de hambre que se clasifica como 'muy alarmante'", dijo Essam Mohammed Yassin, investigadora del IIED y el co-autor del estudio, que se publicará en los próximos meses.

 

Sin embargo, los responsables políticos han pasado por alto el sector en sus planes de adaptación al cambio climático, sobre todo porque se sabe poco sobre el papel de la pesca en la lucha contra pobreza e inseguridad alimentaria, agregó Mohammed.

 

"El mensaje principal (del documento) es que hemos fallado en reconocer la importancia de la pesca para las economías nacionales", dijo a Invertia en la 6 ª Conferencia Internacional sobre la adaptación comunitaria al cambio climático la semana pasada.

 

 "Más de la mitad del pescado producido en el África subsahariana es obtenido a pequeña escala, mediante la pesca artesanal y no se contabiliza en las estadísticas nacionales. Así pues, su contribución a la economía y la seguridad alimentaria sigue siendo invisible ", dijo.

 

CAMBIO  EN EL MAR

 

El sector pesquero emplea a 10 millones de personas en el África subsahariana. El pescado es la principal o única fuente de proteína animal para uno de cada cinco personas en la región, y como uno de los productos más comercializados, es también una fuente importante de dinero en efectivo.

 

"El cambio climático plantea una amenaza significativa" a lo que es un recurso ya AL LÍMITE debido a la sobrepesca, dijo Mohammed.

 

El aumento de las temperaturas y del nivel del mar, junto con el aumento de la salinidad y la acidificación de los océanos, podría reducir las poblaciones de peces, destruir las zonas de desove o cría y afectar los patrones de migración de peces.

 

La disminución de las capturas se traduciría en menos peces para comer y exportar, reduciendo los ingresos, advirtió Mohammed.

 

El cambio climático es probable que desplace a algunas especies de peces a través de fronteras nacionales, por lo que es económicamente inviable y políticamente difícil para los pescadores seguir a esos cardúmenes, agregó.

 

Inversión necesaria

 

El documento, escrito en colaboración con Zenebe Bashaw Uraguchi de HELVETAS Intercooperation, indica que la pesca debe ser llevada a la vanguardia de las estrategias de adaptación al cambio climático. Se recomienda que se debe invertir más para aumentar la producción pesquera sostenible en la región.

 

"Hay una necesidad de grandes inversiones para apoyar la pesca artesanal sostenible y mejorar la estructura de gobierno", dijo Mohammed.

 

Sin embargo, con el fin de tomar esas decisiones de inversión, los responsables políticos tendrán ahora más información que demuestra la importancia del sector pesquero para sus economías. "Es muy importante descubrir la invisibilidad", agregó Mohammed.

 

El África subsahariana es el hogar de más de 380 millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, que luchan por adaptarse a los shocks externos. En 2020, se estima que la mitad de los pobres del mundo vivirá en la región, de acuerdo con el IIED.

 

El documento compara el Índice Global del Hambre elaborado por el International Food Policy Research Institute (IFPRI), con la producción de pescado en los países subsaharianos de África, y considera que a más pesquerías, menos personas mueren de hambre.

 

A pesar de ello, sólo 3 de los 48 países de la región han mencionado la pesca en sus documentos nacionales de estrategia de reducción de la pobreza, encuentra la investigación.

 

Dada la creciente amenaza del cambio climático para el sector pesquero, los autores advierten contra la excesiva dependencia de una única fuente de proteínas e ingresos.

 

El estudio muestra que una reducción en la disponibilidad de pescado podría conducir a tasas más altas de hambre, "hay la necesidad de que la gente diversifique sus hábitos alimentarios y las fuentes y medios de subsistencia", dijo Mohammed.

 

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 http://www.cordioea.org/resp-fisheries/?SSScrollPosition=0

 

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Climate risks to fisheries may hike African hunger

 

Tue, 24 Apr 2012 08:55 GMT

Source: Alertnet // Thin Lei Win

 

 

A trader prepares fish at a market in the Hamarweyne district of Somalia's capital, Mogadishu, Mar. 27, 2012. REUTERS/Feisal Omar

 

By Thin Lei Win

 

HANOI (AlertNet) - Climate change threatens to reduce catches from fisheries and worsen hunger among some of sub-Saharan Africa’s poorest people, who rely on fish as a major source of protein and earnings, according to new research from the International Institute for Environment and Development (IIED).

 

“When you look at Ethiopia and Kenya, for example, our study shows that a 10,000 tonne reduction in fish production would make these two countries reach a hunger level that is categorised as ‘extremely alarming’,” said Essam Yassin Mohammed, IIED researcher and co-author of the paper, which will be published in the coming months.

 

But policy makers have overlooked the sector in their plans to adapt to climate change, mainly because little is known about the role of fisheries in fighting poverty and food insecurity, Mohammed added.

 

“The main message (of the paper) is that we have failed to recognise the importance of fisheries to our national economies,” he told AlertNet at the 6th International Conference on Community-Based Adaptation to Climate Change last week.

 

 “Well above half of fish produced in sub-Saharan Africa is from small-scale artisanal fisheries and is not accounted for in national statistics. Thus its contribution to the economy and food security remains invisible,” he said.

 

SEA CHANGE

 

The fishing sector employs 10 million people in sub-Saharan Africa. Fish is the main or only source of animal protein for one out of five people in the region, and as one of the most traded commodities, it is also an important source of cash.

 

Climate change poses “significant threats” to what is an already strained resource due to overfishing, Mohammed said.

 

Rising temperatures and sea levels, together with increasing salinity and ocean acidification, could reduce fish stocks, destroy habitats and affect fish migration patterns.

 

Smaller catches would result in fewer fish to eat and export, cutting incomes, Mohammed warned.

 

Climate change is likely to displace some fish species across national borders, making it economically unviable and politically difficult for fishermen to follow them, he added.

 

INVESTMENT NEEDED

 

The paper, co-authored with Zenebe Bashaw Uraguchi from HELVETAS Intercooperation, says fisheries should be pushed to the forefront of strategies to adapt to climate change. It recommends that investments should be made to boost sustainable fish production in the region.

 

“There's a need for massive investment to support sustainable artisanal fisheries and to improve the governance structure,” Mohammed said.

 

But in order to make those investment decisions, policy makers will need more information that demonstrates the importance of the fishing sector to their economies. “It's very important to uncover the invisibility,” Mohammed added.

 

Sub-Saharan Africa is home to more than 380 million people living below the poverty line, who struggle to adapt to external shocks. By 2020, it is estimated that half the world’s poor will be living in the region, according to the IIED.

 

The paper compares the Global Hunger Index drawn up by the International Food Policy Research Institute (IFPRI) with fish production in sub-Saharan African countries, and finds that the more fisheries there are, the less people go hungry.

 

Despite this, only three out of 48 countries in the region have mentioned fisheries in their national poverty reduction strategy papers, the research finds .

 

Given the growing threat of climate change to the fishing sector, the authors warn against over-reliance on a single source of protein and income.

 

With the study showing that a reduction in fish availability could lead to higher hunger rates, “there is a need for people to diversify their dietary habits and sources, and livelihoods,” Mohammed said.

 


 

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Quantifying the environmental impacts of artisanal fishing gear on Kenya’s coral reef ecosystems
  • S.C. MangiCorresponding author contact informationE-mail the corresponding author
  • C.M. Roberts
  • Environment Department, University of York, Heslington, York YO10 5DD, United Kingdom
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  • : Ecología y sostenibilidad socioambiental, énfasis en conservación de ríos y ecosistemas, denuncia de impacto de megaproyectos. Todo esto es indesligable de la política y por ello esta también se observa. Ecology, social and environmental sustainability, emphasis on conservation of rivers and ecosystems, denounces impact of megaprojects. All this is inseparable from politics, for it, the politics is also evaluated.
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  • Biólogo desde hace más de treinta años, desde la época en que aún los biólogos no eran empleados de los abogados ambientalistas. Actualmente preocupado …alarmado en realidad, por el LESIVO TRATADO DE(DES)INTEGRACIÓN ENERGÉTICA CON BRASIL
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