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27 octubre 2015 2 27 /10 /octubre /2015 19:03

TVA spills over 1 billion gallons of toxic coal waste into the Tennessee River - TVA says the spill is 5.3 million cubic yards - the worst man made environmental disaster since Chernobyl /// 23/12/2008 mountainjustice

El penùltimo dìa de diciembre de 2008, una semana después de que el derrame de 3.800 millones de litros de agua y cenizas de carbón sepultó una comunidad del centro del estado de Tennessee (EEUU), el presidente de la mayor empresa de servicios públicos de ese país –responsable del desastre– solo pudo prometer trabajos “ejemplares” de limpieza. Es el peor desastre ambiental debido a la mano del hombre desde el desastre nuclear de Chernóbil

Al romperse el muro, más de cuatro mil millones de litros de lodo se desparramaron hasta cubrir un millón trescientos mil metros cuadrados. Eso convierte a esta catástrofe en algo peor que el derrame del Exxon Valdez en Alaska (1989). Las muestras de agua en el río Emory han revelado la presencia de arsénico, bario, cadmio, cromo, plomo y mercurio. Las pruebas para arsénico arrojaron niveles 300 veces más elevados que los permitidos en agua potable. Por la topografía porosa en la zona, el desastre amenaza los acuíferos subterráneos.

EL DESASTRE DEL VERTIDO DE LODOS VENENOSOS DE LA TERMOELÈCTRICA KINGSTON

 

ONG ambientales han expresado temores de que el líquido vertido contenga trazos de arsénico y mercurio. Sandy Dickman, cuya tierra fue cubierta por lodo gris, dijo que teme beber el agua de la zona y le preocupaba lo que ocurrirá una vez el lodo se seque y se incorpore a la atmósfera, pese a la promesa de la TVA de examinar la calidad del aire y los pozos de agua locales. “Será como una tormenta de nieve en el Artico”, dijo Dickman, que se mudó a la zona en 1975 y quien asegura que siempre sospechó que esa inundación ocurriría. La cantidad de líquido que se derramó el 22 de diciembre de 2008, cuando se rompió un dique, bastaría para llenar más de 1.600 piscinas olímpicas.

 

Además de los riesgos inmediatos para su salud, a otros residentes les preocupaba la caída en los valores de la propiedad y la suerte del ganado, el principal renglón productivo en la zona, que podría ingerir agua o hierba contaminada. Algunos de los residentes portaban carteles contra la industria carbonífera. Uno de los carteles decía, “El carbón limpio es un mito”

 

 

 

El derrame de más de 4,000 millones de galones de desechos tóxicos de carbón de la central de energía eléctrica a carbón TVA en el río Tennessee, es el peor desastre ambiental hecho por el hombre desde Chernóbil /// 23/12/2008 mountainjustice
La TVA dijo que el derrame era de apenas 5.3 millones de yardas cúbicas


La TVA, la Autoridad del Valle del Tennessee, es una agencia del New Deal creada para generar energía eléctrica en el río Tennessee en una región que abarca siete estados de los Estados Unidos. Tambièn debe controlar las riadas del río Tennessee

 

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http://www.nytimes.com/imagepages/2008/12/25/us/20081225_SLUDGE_GRAPHIC.html

More than a billion gallons of coal fly ash, a byproduct of burning coal, spilled Monday when the dike burst on a retention pond at the Kingston Fossil Plant. The spill covered 300 acres with sludge in Harriman, about 35 miles west of Knoxville. It dumped a mix of ash and water in the Emory River, causing residents of nearby Kingston to worry about their drinking water.

 

 

 

5 years after coal-ash spill, little has changed - USA Today

www.usatoday.com/story/news/nation/2013/12/22/coal-ash.../4143995/

 

Kingston Fossil Plant coal fly ash slurry spill - Wikipedia, the ...

https://en.wikipedia.org/.../Kingston_Fossil_Plant_co...

The TVA Kingston Fossil Plant coal fly ash slurry spill occurred just before 1 a.m. ...On December 23, 2008, a TVA spokesman, Gil Francis Jr., stated that, at the .... was invited to Tennessee to survey the disaster site, and announced plans to ..

 

The Kingston Disaster « Coal Ash Ponds of the Southeast

www.southeastcoalash.org/?page_id=720

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El río Emory ha sido dañado por la contaminación desde hace muchos años y ahora que estaba recuperándose, debido al vertido de los lodos venenosos de la planta termoelèctrica Kingston, recibió un golpe mortal, una avalancha de lodo de ceniza de carbón con arsénico, bario, cadmio, cromo, plomo y mercurio.

Pero éste no es el único ejemplo de mal manejo del medio ambiente: a los impactos negativos sobre el conjunto de ríos del sistema de la cuenca del Tennessee, hay que añadir el hecho de que durante años la TVA violó de manera flagrante la legislación sobre emisiones en la atmósfera. Y no es sólo la TVA la que debe ser cuestionada.

En Estados Unidos, las plantas de carbón que están en operación mañana, tarde y noche desde hace años, han ido acumulando residuos y, la verdad, no se sabe muy bien qué hacer con ellos ...

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EL DESASTRE DEL VERTIDO DE LODOS VENENOSOS DE LA TERMOELÈCTRICA KINGSTON

 

El 22 de diciembre de 2008 se rompió el muro de contención de desechos de la planta termoeléctrica Kingston, en el valle del río Emory (estado de Tennessee). El muro era viejo y la presión de la montaña de residuos que se fueron acumulando desde que se inauguró la planta (en 1950) resultó insoportable. En el depósito había miles de millones de toneladas de ceniza de carbón humedecida, un lodo mezclado con la escoria de metales pesados y materiales tóxicos.

Al romperse el muro, más de 4,000 millones de litros de lodo se desparramaron hasta cubrir un millón trescientos mil metros cuadrados. Eso convierte a esta catástrofe en algo peor que el derrame del Exxon Valdez en Alaska (1989). Las muestras de agua en el río Emory han revelado la presencia de arsénico, bario, cadmio, cromo, plomo y mercurio. Las pruebas para arsénico arrojaron niveles 300 veces más elevados que los permitidos en agua potable. Por la topografía porosa en la zona, el desastre amenaza los acuíferos subterráneos.

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LOS MEDIOS DE PRENSA CASI NO CUBRIERON EL DESASTRE

La catástrofe recibió poca atención en los medios. Las noticias sobre la crisis y la pérdida de empleos acapararon la atención en esos últimos días del año. Después de todo, en diciembre la economía estadounidense perdió 524,000 empleos. En 2008 se perdieron 2.6 millones de empleos y la tasa de desempleo subió a 7.2 por ciento (el nivel más alto en 16 años y se espera que en julio de 2009 suba a 8.5 por ciento).

Las malas noticias se multiplicaron a finales del año. A pesar de que la Reserva Federal colocó la tasa de interés en cero por ciento y del paquete de rescate TARP, los problemas de falta de crédito no se resuelven. Con razón Bernanke insiste en ir diseñando más rescates como los de Bear Stearns y AIG. Mientras tanto, la nueva administración Obama prepara un nuevo programa de estímulos. Se habla de unos 900 mil millones de dólares asignados en diferentes rubros, pero no se sabe muy bien cuál será el impacto real.

El desastre de Kingston tiene mucho que ver estos planes de estímulo fiscal. De hecho, el gravísimo problema de desempleo será atacado de frente por programas parecidos a los que crearon la corporación pública que opera la planta de Kingston. Es de esperar que los recursos se canalicen hacia cosas como energías renovables y recuperación de suelos y acuíferos. Pero no es evidente qué parte de la fuerza de trabajo puede orientarse hacia ese tipo de proyectos.

La planta termoeléctrica sobre el río Emory es operada por la Autoridad del Valle del Tennessee (la famosa TVA, por sus siglas en inglés). Ésta es una corporación federal creada en 1933 para promover el desarrollo económico en la cuenca del río Tennessee (muy dañada por la gran depresión). La tabla de escorrentía de este río va desde Kentucky hasta Georgia, y desde el Misisipi hasta las montañas de Virginia. En esa región la TVA fue algo parecido a una agencia regional de planeación económica y social.

La TVA construyó canales de navegación, presas y plantas hidroeléctricas, plantas de combustibles fósiles y hasta llegó a lanzar un ambicioso programa de construcción de plantas nucleares. La electricidad generada por la TVA fue clave para el desarrollo de industrias de aluminio y fertilizantes. Es más, la TVA proporcionó la electricidad que requirió la planta de enriquecimiento de uranio en Oak Ridge, pieza central del proyecto Manhattan. La contribución económica de la TVA puede parecer impresionante. Pero ¿cuál es su récord ambiental? La verdad es que no muy bueno.

El río Emory ha sido dañado por la contaminación de la planta Kingston desde hace muchos años y ahora que estaba recuperándose, recibió un golpe mortal con la avalancha de lodo de ceniza de carbón. Pero éste no es el único ejemplo de mal manejo del medio ambiente: a los impactos negativos sobre el conjunto de ríos del sistema Tennessee, hay que añadir el hecho de que durante años la TVA violó de manera flagrante la legislación sobre emisiones en la atmósfera. Y no es sólo la TVA la que debe ser cuestionada. En Estados Unidos, las plantas de carbón que están en operación mañana, tarde y noche desde hace años, han ido acumulando residuos y, la verdad, no se sabe muy bien qué hacer con ellos.

Ahora se habla mucho de revivir el New Deal de Roosevelt para sacar a la economía de Estados Unidos de la crisis. Y uno de los puntos de comparación es el plan de estímulos que planea la administración Obama. Pero hay algo que no debe repetirse: la recuperación de la economía no puede lograrse a costa del medio ambiente. Por ejemplo, generar empleos para perturbar más el entorno natural no es una solución. Una parte importante de las obras de infraestructura del New Deal no fue buena para el medio ambiente. Hoy es necesario redefinir lo que se entiende por desarrollo y por progreso económico. La nueva administración será juzgada por su capacidad para enfrentar el doble desafío de la crisis económica y la deuda ambiental. La solución de la primera sin la segunda es sinónimo de desastre.

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FUENTE: http://www.jornada.unam.mx/2009/01/14/index.php?section=economia&article=021a1eco

 

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Published by Malcolm Allison H malcolm.mallison@gmail.com - en ECOCIDIO HIDROELECTRICAS
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23 octubre 2015 5 23 /10 /octubre /2015 20:03

 ipsnews.net/2015/10/pakistan-looking-to-hydropower-to-assure-more-reliable-electricity/

 

En Mardan, uno de los 26 distritos de la provincia de paquistaní de Jiber Pajtunjua, se construyen represas pequeñas para abastecer de electricidad a la población. Crédito: Ashfaq Yusufzai / IPS

En Mardan, uno de los 26 distritos de la provincia de paquistaní de Jiber Pajtunjua, se construyen represas pequeñas para abastecer de electricidad a la población. Crédito: Ashfaq Yusufzai / IPS

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PESHAWAR, Pakistán, 22 oct 2015 (IPS) - “Tenemos la suerte de que una represa local nos suministrará energía barata y sin interrupciones. Actualmente, pasamos sin electricidad entre 14 y 16 horas diarias”, señaló Muhammad Shafique, un maestro de escuela en la localidad de Alto Dir, en la provincia paquistaní de Jiber Pajtunjua (JP).

Imran Khan, un famoso jugador de cricket y líder del partido Pakistan Tehreek Insaf, que  gobierna la noroccidental provincia lindera con Afganistán, colocó recientemente la primera piedra de un proyecto hidroeléctrico en el Bajo Dir, uno de los 26 distritos provinciales.

"Nos concentramos en la construcción de pequeñas centrales de energía en toda la provincia para desarrollar las industrias, así como darle un alivio de los incesantes cortes de energía a la gente en su vida cotidiana": Mushtaq Ahmed Ghani.

 

“La gente está encantada con la construcción de la represa, ya que va a terminar con los cortes de energía y los consumidores tendrán un suministro estable… Los niños, que actualmente pierden días de escuela debido a la falta de electricidad, tendrán energía suficiente para sus necesidades”, comentó Shafique.

“La electricidad ayudará a los pacientes y los hospitales y… a 65 por ciento de la población vinculada a la agricultura”, añadió.

La falta de electricidad paralizó la vida de muchos, no solo en la provincia, sino en otras partes del país, donde la gente padece cortes de luz de hasta 20 horas diarias en las zonas rurales y durante 16 horas en las ciudades.

JP tiene prevista la construcción de 365 pequeñas represas. “La primera represa en el Bajo Dir se construirá en cuatro años y producirá 40 megavatios de electricidad”, declaró el ministro jefe de la provincia, Pervez Khattak, en entrevista exclusiva con IPS.

La obra tendrá un costo de 117 millones de dólares, pero resolverá el problema de la electricidad no solo en el Bajo Dir, sino que también abastecerá de energía a los distritos aledaños, afirmó.

Los consumidores pagarán la quinta parte de lo que pagan actualmente al gobierno federal por la electricidad, aseguró.

El gobierno también está construyendo cuatro represas más, informó Khattak.

El gobierno federal estaba a cargo de los proyectos de energía hasta 2010, cuando se aprobó una enmienda constitucional que autoriza a cuatro provincias a realizar sus propias obras.

JP, que tiene una enorme riqueza en recursos hídricos, es la primera provincia en poner en marcha un proyecto de estas características. Cuarenta por ciento de la electricidad de Pakistán se produce a partir de fueloil importado, lo que encarece la energía.

“Nos concentramos en la construcción de pequeñas centrales de energía en toda la provincia para desarrollar las industrias, así como darle un alivio de los incesantes cortes de energía a la gente en su vida cotidiana”, declaró a IPS el ministro de Información de JP, Mushtaq Ahmed Ghani.

La empresa nacional de energía eléctrica, NTDC, informa que el país produjo 7.500 megavatios de electricidad, frente a la demanda de 12.000 megavatios. La generación hidroeléctrica menguó debido a la reducción de la salida de agua de las principales reservas debido al cierre de canales.

La empresa pública informó que la producción de 800 megavatios de energía eléctrica fue  detenida por la suspensión del suministro de gas a las centrales de energía Uch-I y Uch-II, tras la explosión de un oleoducto en la provincia de Baluchistán, afectada por la violencia insurgente.

El senador Muhsin Aziz, presidente de la Dirección de Inversiones de JP, dijo que los cortes de energía dejaron las actividades industriales de la provincia en un punto muerto.

“Alrededor de 300 unidades industriales cerraron por falta de electricidad, lo que llevó al desempleo a 20.000 obreros”, indicó.

Quienes pueden pagarlos recurren a generadores de electricidad diésel y gas en las zonas urbanas, mientras que las personas en situación de pobreza en el medio rural tienen que soportar los cortes de energía, a pesar del calor reinante, agregó.

Le pedimos al gobierno federal que asegure el suministro a la provincia, que ha sufrido enormes pérdidas en la lucha contra la insurgencia, pero todas las solicitudes fueron ignoradas, sostuvo Aziz.

Por su parte, los agricultores están convirtiendo sus pozos entubados a la energía solar.

 

“El sistema es más caro y por lo tanto, los pequeños agricultores no podía permitírselo”, dijo Musafir Khan, un granjero del distrito de Mardan.

En declaraciones por vía telefónica, Khan dijo que la escasez de electricidad llevó a la pobreza a los terratenientes porque el costo del sistema solar es inaccesible para la mayoría de los agricultores.

“Apostamos al proyecto hidroeléctrico Machi, que puso en marcha el gobierno provincial, para nuestras necesidades de electricidad”, expresó. Uno de los proyectos se construirá en Mardan en un plazo de dos años, con una capacidad de 2,6 megavatios de electricidad, destinada a la población local.

Las protestas contra los cortes de energía son comunes en JP y en el resto del país.

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La electricidad ayudará a los pacientes y los hospitales y… al 65% de la población vinculada a la agricultura en la norteña provincia paquistaní de Jiber Pajtunjua . Los cortes de energía dejaron las actividades industriales de la provincia en un punto muerto.
Alrededor de 300 unidades industriales cerraron por falta de electricidad, lo que llevó al desempleo a 20.000 obreros.

Quienes pueden pagarlos recurren a generadores de electricidad diésel y gas en las zonas urbanas, mientras que las personas en situación de pobreza en el medio rural tienen que soportar los cortes de energía, a pesar del calor reinante.

La norteña provincia paquistaní de Jiber Pajtunjua ha sufrido enormes pérdidas en la lucha contra la insurgencia.

It has been decided to construct 356 community based micro hydel stations through NGOs with the total cost of Rs4.7 billion from Hydel Development Funds. PHOTO: FILE

It has been decided to construct 356 community based micro hydel stations through NGOs with the total cost of Rs4.7 billion from Hydel Development Funds.

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El 8 de agosto, manifestantes salieron a la calle y atacaron a palos una estación de la red eléctrica, dañaron máquinas y quemaron archivos. “En los últimos tres meses nos quedamos sin electricidad durante 16 horas al día, que es el colmo de la injusticia. No tenemos agua para el uso diario y la gente se está enfermando”, exclamó Jamal Shah, uno de los manifestantes.

Un expresidente de la empresa estatal del agua, WAPDA, dijo a IPS que el gobierno debe construir más represas para atender a la creciente demanda.

“El gobierno ha estado arrastrando los pies sobre la construcción de la represa de Kala Bagh durante los últimos 20 años. Una vez que se construya, le proporcionaría a WAPDA electricidad excedente que se puede exportar”, destacó.

El proyecto de la represa de Kala Bagh se ha politizado ya que tres de las cuatro provincias de este país rechazaron su construcción debido al temor de los agricultores de que la obra haría incultivables sus tierras.

“No hay nada de malo con la represa. Tenemos que resolverlo políticamente. Si no se construye… no podremos acabar con los problemas de electricidad”, concluyó el exfuncionario.

 

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Go-ahead: K-P approves construction of 356 micro hydel ...

tribune.com.pk/.../go-ahead-k-p-approves-constructi...

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21 agosto 2015 5 21 /08 /agosto /2015 16:30
CENTRAL HIDROELÈCTRICA RÌO CUERVO: presiones tectónicas y volcánicas vs presiones del gobierno de Chile

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La judicialización de proyectos de inversión que tanto alude el sector privado chileno, no parece estar afectando el desarrollo de iniciativas energéticas en el país. Así lo revela un catastro realizado por la Unidad de Gestión de Proyectos del Ministerio de Energía, al cual tuvo acceso La Tercera.

http://www.latercera.com/noticia/negocios/2015/07/655-637299-9-solo-dos-proyectos-electricos-estan-paralizados-por-procesos-judiciales.shtml

4 julio 2015 - Con datos a julio de este año, el levantamiento de información de la cartera dirigida por Máximo Pacheco muestra que sólo un proyecto de generación eléctrica y otro de transmisión, entre un total de 69 iniciativas que están en construcción e iniciaron sus trámites de aprobación medioambiental, se encuentran paralizados producto de procesos judiciales o administrativos.

Se trata de la Central de Pasada Mediterráneo (210 MW / Los Lagos), de la empresa Mediterráneo S.A., y la línea de transmisión Centinela-Panimávida (1 x 220 KV), de Hidroeléctrica Centinela.

Tanto la central Mediterráneo como la línea de transmisión Centinela-Panimávida esperan una resolución del Comité de Ministros, ante reclamaciones contra sus respectivas Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).

“Por muchos años tuvimos una discusión pública sobre proyectos que se transformaron en emblemáticos. Eso instaló una idea de que en Chile estaba paralizada la inversión porque estaba judicializada”, dice Pacheco, haciendo referencia a los megaproyectos Castilla (2.100 MW / Copiapó) e HidroAysén (2.750 MW / Aysén), que fueron paralizados por orden de la Corte Suprema y el Comité de Ministros, respectivamente.

“La verdad es que hoy, como lo ha señalado el presidente de la Corte Suprema, los tribunales están dándole celeridad a la resolución de proyectos. Por lo tanto, se ha reducido significativamente el número de proyectos judicializados”, agrega la autoridad.

De hecho, el catastro del gobierno de iniciativas paralizadas también incorporaba la Central Hidroeléctrica Cuervo (640 MW/ Aysén), de Energía Austral, proyecto que tenía pendiente la resolución de un recurso de reclamación en su contra, por parte del Tribunal Ambiental de Santiago. Sin embargo, la empresa titular del proyecto comunicó ayer que la instancia judicial resolvió aprobar la iniciativa, aunque sus opositores aún pueden apelar.

“El proyecto Central Hidroeléctrica Cuervo cumple con el marco regulatorio que rige al país”, dijo la empresa en un comunicado. “Nuevamente, una instancia judicial ratifica la aprobación ambiental de Cuervo, tal como lo hiciera la Corte Suprema en agosto de 2014”, agregó.

De todas formas, la central Cuervo aún debe esperar una resolución del Comité de Ministros, instancia que debe resolver reclamaciones pendientes en su contra. Por ello, la empresa Energía Austral comunicó que “continuará llevando adelante un diálogo abierto y participativo con la comunidad para explicar los alcances y características del proyecto y abordar los temas de interés de todos los actores involucrados”.

Tribunal Ambiental rechaza reclamación sobre Proyecto Cuervo

DECLARACION DE PRENSA DE LA EMPRESA ENERGÌA AUSTRAL

3 de julio de 2015

Tribunal Ambiental rechaza reclamación sobre Proyecto Cuervo

Se ha conocido esta jornada la resolución del Tribunal Ambiental confirmando que el proyecto Central Hidroeléctrica Cuervo cumple con el marco regulatorio que rige en el país. Nuevamente, una instancia judicial ratifica la aprobación ambiental de Cuervo, tal como lo hiciera la Corte Suprema en agosto de 2014.

Como siempre lo hemos señalado, creemos que Cuervo aportará al país energía limpia, renovable y confiable para fortalecer el crecimiento del país, aprovechando en forma sustentable los recursos hídricos de la Región de Aysén y generando beneficios de largo plazo.

Energía Austral continuará llevando adelante un diálogo abierto y participativo con la comunidad para explicar los alcances y características del proyecto y abordar los temas de interés de todos los actores involucrados. Asimismo, la empresa sigue desarrollando los análisis técnicos y ambientales necesarios para definir un proyecto de transmisión óptimo –con una opción mayoritariamente submarina.

RIESGOS DE LA HIDROELÈCTRICA RÌO CUERVO
RIESGOS DE LA HIDROELÈCTRICA RÌO CUERVO

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El geólogo de la Universidad de Chile, Gabriel Vargas, confirmó a principios de mayo de 2012 que la zona donde se construiría la central Río Cuervo es de alto riesgo sísmico y volcánico, sin embargo, también indicó que esto dependerá de las condiciones en que se construya el proyecto.

Uno de los mayores reparos que han presentado los opositores a Río Cuervo son los eventuales riesgos sísmicos y volcánicos que podría traer la construcción de la central en medio de la falla de Liquiñe-Ofqui, donde se produce la triple unión de las placas tectónicas Sudamericana, Antártica y de Nazca, y además se ubican diversos volcanes activos como el Hudson, cuya última erupción en 1991 es considerada una de las más violentas en la historia vulcanológica chilena.

Además, la falla es responsable del terremoto y maremoto de Aysén de 2007, donde murieron diez personas, y la erupción del volcán Chaitén en 2008, que produjo consecuencias devastadoras en la zona.

En este sentido, el geólogo de la Universidad de Chile, Gabriel Vargas, quien participó junto a la Facultad de Ingeniería de nuestra casa de estudios en la evaluación ambiental de la línea de base de este proyecto, indicó que su investigación arrojó que “la zona es muy activa en términos tanto de fallas tectónicas como de volcanismos”.

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Acusan presiones del Gobierno para aprobar hidroeléctrica ...

www.elmagallanews.cl › Sociedad › Nacional

 

 Acusan presiones del Gobierno para aprobar hidroeléctrica en Los Lagos
 
La Comisión de Evaluación Ambiental de Los Lagos aprobó rápidamente el proyecto de la empresa Mediterráneo, ligada a cercanos al Presidente Sebastián Piñera. Ambientalistas y vecinos de la comuna de Cochamó denunciaron el impacto ambiental y acusaron irregularidades en el proceso.
Imagen de Radio U. de Chile

01 de Marzo, 2014  
 
Malestar existe entre vecinos y organizaciones ambientalistas luego que la Comisión de Evaluación Ambiental de Los Lagos aprobara por unanimidad la construcción y operación de la central de pasada Mediterráneo, de la empresa del mismo nombre.

La central hidroeléctrica, que tendrá una capacidad de generación de 210 MW y demandará una inversión de 400 millones de dólares, se ubicará en la provincia de Llanquihue, en un sector donde confluyen los ríos Torrentoso y Manso.

El proyecto contempla un tendido eléctrico de 63 kilómetros y entre los principales lugares  que se verían afectados se encuentran el estuario de Reloncaví, el lago Tagua Tagua y el río Puelo, todas zonas turísticas de la comuna de Cochamó.

El alcalde Carlos Soto, quien inicialmente rechazó el proyecto, aseguró que la empresa cumpliría con la normativa ambiental y habría dado respuesta a las indicaciones realizadas a la iniciativa: “Esas indicaciones fueron observadas y se fueron subsanando de acuerdo a las consultas ciudadanas que se hicieron. Nosotros consideramos que técnicamente el proyecto está de acuerdo a la normativa vigente que corresponde, por ello en la última reunión se aprobó la central, sin observaciones”, señaló Soto.

Las organizaciones opositoras denunciaron presiones del Gobierno y enfatizaron que la comisión aprobó el proyecto en la mañana del jueves, en una sesión que duró menos de dos horas y solo fue citada en la noche del miércoles.

Además, recordaron  que entre los propietarios de la empresa se encuentra José Cox, socio y amigo del Presidente Sebastián Piñera, quien visitó la región esta misma semana.

Victor Vaccaro, representante de la organización Puelo Sin Represas, se refirió a las irregularidades que hubo durante el proceso de gestión del proyecto hidroeléctrico: “La empresa compró terrenos acá diciendo que iba a hacer un proyecto turístico y la gente vendió sus terrenos, pero después se dieron cuenta que los habían vendido al proyecto de la central. Eso ocurrió varias veces y tiene que ver con el engaño que ha habido en el proceso. También ha habido casos de personas estafadas, a quienes les hicieron firmar un acuerdo con un abogado, y aparece el terreno a nombre de los impulsores del proyecto. Eso le ha molestado a la gente enormemente, porque habiendo recursos y utilidades importantes, el proceder es engañando, mintiendo y estafando a las personas que menos recursos tienen”, explicó el dirigente.

Por su parte, el vocero de la Corporación Puelo Patagonia, Rodrigo Condeza, subrayó que la empresa no ha realizado ninguna consulta a las comunidades indígenas afectadas, requisito establecido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Nosotros no estamos en contra de generar energía, ni estamos en contra de las centrales de pasada. Estamos en contra de la forma en que se ha aprobado la central de pasada y el tremendo impacto que tiene en el paisaje del Río Puelo. La línea de alta tensión que implica este proyecto, y que consta de más de 63 kilómetros de cableado, pasa por el corazón del pueblo. Ese es justamente el trazado más perjudicial para la comunidad, para la gente que vive del turismo y para el paisaje que el activo más importante para este pueblo”, dijo Condeza.

La Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA) y comunidades indígenas presentaron acciones legales que buscan invalidar el informe que recomendaba autorizar la central.

Frente a la sorpresiva aprobación del proyecto, Fiscalía espera ahora que el tribunal se pronuncie  con una orden de no innovar y suspenda las obras hasta que se resuelvan las irregularidades.

http://www.elmagallanews.cl/noticia/sociedad/acusan-presiones-del-gobierno-para-aprobar-hidroelectrica-en-los-lagos

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Intendenta de Aysén se refirió a la paralización de proyecto Río Cuervo


"Nosotros hemos actuado ajustados a derecho y en los tiempos legales correspondientes", afirmó Pilar Cuevas luego de que este viernes la Corte Suprema acogiera un recurso de protección contra la central hidroeléctrica Río Cuervo.

11 de Mayo, 2012

El fallo de la corte suprema determinó que hubo un actuar ilegal del sistema de estudio de impacto ambiental al aprobar el informe y desconociendo uno del Sernageomin que recomendaba no aprobar el estudio de suelo.


La intendenta de Aysén explicó que el Sernageomin señala que debe realizarse un estudio previo a la construcción de la presa, lo cual fue realizado, y que "si la Corte considera que ese estudio debe ser un elemento a tomar en cuenta previo a la votación, lo que corresponde ahora entonces es que el titular realice el estudio, se incorpore, y se continúe con el proceso de evaluacón como lo ha determinado la corte".

Pilar Cuevas, señaló también que no hay desconocimiento ni omisión de algún estudio que el Sernageomin les haya encomendado "los tiempos son los que la corte considera distintos en el sentido de decirnos que ese estudio debe realizarse pevio a la calificación, pero de acuerdo con la ley de base del medioambiente, de acuerdo con cómo está establecido el sistema de evaluación ambiental, nosotros hemos actuado ajustados a derecho y en los tiempos legales correspondientes", sentenció.

http://www.elmagallanews.cl/noticia/sociedad/intendenta-de-aysen-se-refirio-la-paralizacion-de-proyecto-rio-cuervo

 

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Central Río Cuervo: “En esta zona los peligros geológicos son evidentes”

El geólogo de la Universidad de Chile, Gabriel Vargas, confirmó que la zona donde se construiría la central Río Cuervo es de alto riesgo sísmico y volcánico, sin embargo, también indicó que esto dependerá de las condiciones en que se construya el proyecto.
 
09 de Mayo, 2012 
 
Uno de los mayores reparos que han presentado los opositores a Río Cuervo son los eventuales riesgos sísmicos y volcánicos que podría traer la construcción de la central en medio de la falla de Liquiñe-Ofqui, donde se produce la triple unión de las placas tectónicas Sudamericana, Antártica y de Nazca, y además se ubican diversos volcanes activos como el Hudson, cuya última erupción en 1991 es considerada una de las más violentas en la historia vulcanológica chilena.

Además, la falla es responsable del terremoto y maremoto de Aysén de 2007, donde murieron diez personas, y la erupción del volcán Chaitén en 2008, que produjo consecuencias devastadoras en la zona.

En este sentido, el geólogo de la Universidad de Chile, Gabriel Vargas, quien participó junto a la Facultad de Ingeniería de nuestra casa de estudios en la evaluación ambiental de la línea de base de este proyecto, indicó que su investigación arrojó  que “la zona es muy activa en términos tanto de fallas tectónicas como de volcanismos”.

“En esta zona los peligros geológicos son evidentes”, aseguró Valdés, aclarando que “el riesgo no solo depende de la condición natural, sino que también del diseño de ingeniería, las medidas de mitigación y los sistemas de alerta temprana. Tengo entendido que ellos consideraron la posibilidad cierta de la activación de fallas como las posibles erupciones volcánicas”.

A pesar de ello, Patricio Segura, vocero del Movimiento Social de Aysén, indicó que  por todos lo expuesto  “en los próximos días vamos a interponer un recurso de protección en contra de la aprobación de este proyecto, pues no están dadas las condiciones para garantizar la seguridad de la población de Aysén”.

En relación al incumplimiento del Gobierno a una de las demandas de los aiseninos, que incluía una consulta ciudadana sobre este tema, Segura sostuvo que “vemos que no tienen interés en responder a esa demanda, que es una de las más importantes del movimiento y por la cual se movilizó  gran parte de la región. Esto patea la mesa y sobre la base de eso vamos a iniciar todo el proceso de movilización general en Aysén en rechazo a esta central”, dijo.

En la misma línea, el senador PPD Guido Girardi, señaló que habría una “violación de la ley” en la evaluación ambiental de este proyecto, pues no solo no se consulta a la ciudadanía, sino “se va aprobando de a pedacitos, pero los impactos ambientales son globales. Hay un uso antojadizo de la ley para blanquear proyectos que no tienen ninguna sustentabilidad”.

En tanto, el gerente general de Energía Austral, empresa que lidera el proyecto Río Cuervo, Alberto Quiñoñes, frente a las acusaciones sobre el riesgo de la construcción de la central respondió que “la zona de Aysén es tan sísmica como cualquier parte de Chile”.

El ejecutivo, además, recordó que a la construcción de Río Cuervo  hay que añadir los proyectos de generación Blanco y Cóndor, así como la línea de transmisión, que contempla un total de 800 kilómetros de línea continua hasta Valdivia, cuya evaluación ambiental –expresó- podría producirse en el segundo semestre de 2013.

radio.uchile.cl

http://www.elmagallanews.cl/noticia/sociedad/central-rio-cuervo-en-esta-zona-los-peligros-geologicos-son-evidentes

 

Energía Austral SpA es una compañía de desarrollo hidroeléctrico que está impulsando la central hidroeléctrica Cuervo en la Región de Aysén, en Chile, más un sistema de transmisión dedicado para inyectar la energía generada en el Sistema Interconectado Central de Chile (SIC).

La central hidroeléctrica Cuervo tendrá una capacidad de generación de unos 640 MW y tiene el potencial de desplazar cerca de 1,5 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año del Sistema Interconectado Central de Chile (SIC). Energía Austral es un joint venture propiedad del grupo suizo Glencore y la empresa australiana de energía integrada Origin Energy .

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http://www.observatorio.cl/node/11468

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Ambientalistas anuncian recursos legales contra aprobación de la Central Río Cuervo

Por unanimidad, los 11 miembros del Servicio de Evaluación Ambiental de la región de Aysén aprobaron en Coyhaique la Central Hidroeléctrica Río Cuervo, de Energía Austral. Organizaciones ambientales manifestaron su absoluto rechazo a la decisión y anunciaron la presentación de nuevos recursos.


08 de Mayo, 2012

En medio de manifestaciones y un estricto control de Carabineros y con el voto favorable de los seremis de Minería, Agricultura, Obras Públicas, Transportes, Economía, Medio Ambiente y Salud, más la intendenta regional, Pilar Cuevas, la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén aprobó la calificación ambiental del proyecto Central Hidroeléctrica Río Cuervo, que se ubicaría a sólo 46 kilómetros de Puerto Aysén.


Luego de la votación la autoridad regional advirtió, sin embargo, que se le pidió a la empresa diversas medidas, como una rebaja en los costos de electricidad del 21 por ciento.


Cabe recordar que aprobación de la iniciativa, que contempla la construcción de una central con una capacidad instalada y estimada de 640 megawatts, y una inversión estimada en 645 millones de dólares, se da luego que una orden de no innovar mantuviera suspendido el proceso desde enero pasado, lo que se levantó el pasado 17 de abril.


Se trata un proyecto que ha generado rechazo tanto por parte del Movimiento Social por la Región de Aysén, quienes durante el conflicto en la zona, solicitaron un consulta ciudadana regional para los proyectos hidroeléctricos, como por parte de Patagonia Sin Represas y otras organizaciones que aseguran que existen informes desfavorables, como uno de Sernageomin, que dan cuenta que la represa estará ubicada cerca de la falla geológica Liquiñe-Ofqui, que se encuentra activa y habría provocado el terremoto de 2007 en Aysén.


En este sentido Peter Hartmann, coordinador de la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida, calificó el resultado de la votación como un hecho “ignominioso”.


“Es una vergüenza nacional. Se aprueba un estudio de Evaluación de Impacto Ambiental que no tenía por dónde ser aprobado, que es un peligro público para la ciudadanía y para la ciudad de Aysén por las razone geológicas, que ellos están dejando como condicionantes en vez de evaluarlas en el mismo acto. No hay por dónde equivocarse en la defensa de nuestra región ni en encontrar que este fue un acto deplorable”


El ecologista advirtió que las negociaciones con el gobierno en la región han sido pasadas a llevar ya que hubo un acuerdo para demorar esta votación que no se cumplió.


Hartmann criticó además que se le haya impedido el ingreso al público general y a la prensa no acreditada por el gobierno regional a la votación y anunció que probablemente se presentarán nuevos recursos legales.


De hecho, el abogado Rodrigo de los Reyes, quien representa a diversas organizaciones ambientales y a la municipalidad de Puerto Aysén, señaló que la votación es lamentable y recordó que hay acciones legales y administrativas en curso, a los que podrían sumarse otras.


“Actualmente tenemos un recurso de protección en la Corte Suprema, la que todavía no lo ha visto ni se ha pronunciado. Junto a algunos vecinos presentamos una acción en la Contraloría regional para que se pronuncie sobre la ilegalidad del acto administrativo que se celebró hoy. Creemos que las resoluciones que suspendieron el proceso de calificación ambiental están viciadas en el fondo y en la forma”.


La aprobación generó una serie de marchas por la ciudad, las que se repetirán este miércoles, cuando se cumpla un año de la aprobación de proyecto HidroAysén y este sábado donde se convoca a una marcha regional a las 15:30 hrs.


Cabe señalar que Cuervo la primera de tres centrales de generación en la zona que Energía Austral someterá a evaluación ambiental, junto a Blanco y Cóndor, y la línea de transmisión que permitirá transportar esta energía hacia el Sistema Interconectado Central (SIC).

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http://www.elmagallanews.cl/noticia/sociedad/ambientalistas-anuncian-recursos-legales-contra-aprobacion-de-la-central-rio-cuervo

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20 agosto 2015 4 20 /08 /agosto /2015 18:55
Las principales centrales hidroeléctricas del país están en Antioquia: Guadalupe, Rio Grande y Troneras, Cundinamarca: El Colegio, El Charquito, El Salto y Laguneta, Valle: Anchicayá y Calima, Caldas: la Insula y la Esmeralda.
Las principales centrales hidroeléctricas del país están en Antioquia: Guadalupe, Rio Grande y Troneras, Cundinamarca: El Colegio, El Charquito, El Salto y Laguneta, Valle: Anchicayá y Calima, Caldas: la Insula y la Esmeralda.
El desarrollo del complejo hidroeléctrico de la Miel I, en Caldas, supuso el trasvase de los ríos Manso y Guarinó, lo que afectó a 22 fuentes de agua y alteró los terrenos de las comunidades aledañas. Si bien la empresa suspendió operaciones y comenzó a reparar a la población, este modelo sigue siendo cuestionado por ambientalistas e investigadores.

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Daños ambientales, los pecados de las hidroeléctricas

Jul. 07 de 2012 By: Carlos Javier Cuervo O., Unimedios

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Las hidroeléctricas son una de las infraestructuras más costosas para generar energía. Es frecuente que, mientras se construyen, se necesiten obras extras no planeadas o soluciones repentinas para problemas no previstos en el diseño original. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de dominar a la naturaleza a la brava.

Estas construcciones pueden ocasionar grandes desequilibrios en el territorio. Por eso, se requiere de una gran planificación que permita reducir las afectaciones sociales y ambientales. Defensores de los ecosistemas insisten en que se debe acudir a un tipo de generación energética de menor impacto.

"Estamos ante una incertidumbre técnica muy grande, porque todo está fallando. En el modelo de hidroeléctricas, al igual que en el de la minería, por más medidas que se tomen, por más producción limpia que se haga, siempre se alterará el equilibrio de la zona", asegura la profesora Teresita Lazo, investigadora del Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad de Caldas y miembro del Comité de Defensa del río Guarinó.

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http://www.unperiodico.unal.edu.co/en/dper/article/danos-ambientales-los-pecados-de-las-hidroelectricas.html


Energía y daños

Un ejemplo es la central hidroeléctrica La Miel I, ubicada en la vertiente oriental de la cordillera central, en el municipio de Norcasia (Caldas). Su construcción comenzó en 1998 y consistió en embalsar las aguas provenientes del río La Miel, con el objetivo de producir 1.460 gigavatios (GW) anuales (cada GW equivale a mil millones de vatios).

En ella, las aguas se conducen a presión por túneles y pozos (conductores de carga) hasta las tres unidades de generación de energía. A través de un túnel de fuga, vuelven nuevamente al río La Miel, abajo de la presa. También hay trasvases que pasan agua de un río a otro mediante un túnel, para garantizar el flujo constante y mover las turbinas.

El ingeniero civil y magíster en Recursos Hidráulicos Fernando Mejía, profesor de la Universidad Nacional de Colombia en Manizales, afirma: "El cauce se desvía a través de una presa de derivación, que permite subir el nivel del agua para encontrar la boca del túnel. El problema es que las aguas de infiltración (provenientes de la lluvia o el mismo río) se cuelan hasta los túneles y no alcanzan a abastecer suficientemente los cauces naturales cercanos. Por eso, las paredes de los conductos artificiales deben estar impermeabilizadas, a pesar del costo del procedimiento".

Y, aunque la hidroeléctrica tiene una potencia instalada de 375 megavatios, fue necesario construir más trasvases para garantizar la producción energética que hiciera viable el proyecto. Dichas obras ocasionaron la reducción del caudal del río Manso, aguas abajo, entre otras afectaciones.

Uno de los trasvases fue precisamente el de este río, que consistió en la construcción de un túnel de 4,1 km para pasar parte del agua del afluente al embalse de Amaní, en la hidroeléctrica. Durante la obra se presentó un problema de gran impacto ambiental que no fue previsto por Isagén, empresa comercializadora de energía encargada de su ejecución.

"Al estudiar el trasvase, inmediatamente se identificaron problemas ambientales y sociales que iban a afectar la cuenca baja (La Dorada y otros municipios aledaños), porque los habitantes de esos terrenos no quieren tomar el agua contaminada del río Magdalena", asegura Tatiana Roa, fundadora de la ONG Censat Agua Viva.

El trasvase del río Guarinó tampoco estuvo ajeno a estos problemas, aunque, según la profesora Lazo, la población afectada es menor y se trata de comunidades o campesinos apartados que carecen de facilidades para agruparse y exigir la reposición de sus tierras o la solución de los daños causados.

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Denuncias y respuestas

Según las demandas interpuestas por la población y por la Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas), desaparecieron alrededor de 22 microcuencas ligadas al río Guarinó; lo que supone un gran desequilibrio para los cultivos, la biota y todo el entorno natural.

Durante el desarrollo del trasvase del río Manso, Isagén identificó caudales de infiltración por encima de los 300 litros por segundo (l/s), cifra superior a la estimada durante la planeación de la obra (20 l/s). Por ende, adoptó medidas inmediatas, entre las que se incluyó la impermeabilización del túnel, pero fue insuficiente para controlar los daños.

Según el último comunicado de prensa de Isagén (de mayo de 2012), durante los estudios se reconocieron afectaciones en 22 fuentes de agua (caños y quebradas), pero ya se han recuperado 18 de ellas, gracias a las medidas y al seguimiento minucioso que se ha efectuado en la zona. La empresa afirma que en la actualidad se trabaja en la recuperación de los cuatro causes restantes y se adquirieron 14 predios que presentaron afectaciones, como parte de la reparación a la población.

Igualmente, como parte de las mejoras y la compensación por los perjuicios causados a los propietarios, Isagén compró los terrenos con base en avalúos certificados en la región, con el objetivo de ejecutar la restauración ecológica de los ecosistemas acuáticos y terrestres. La compra de las 462 hectáreas se hizo por un valor promedio de $3.500.000 por hectárea, pero, en los casos más graves, la cifra ascendió a los $5.500.000.

Finalmente, la empresa energética rescata lo útil de la restauración: "El mejoramiento de la conectividad se logrará con el incremento paulatino de la estructura y composición de la vegetación natural y la recuperación de las condiciones de hábitat para la fauna asociada".

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Lucha contra la corriente

"Hay una gran injusticia con esos pueblos porque la Constitución Política establece que el agua es para los colombianos, luego para la agricultura y en sexto renglón para las hidroeléctricas. Lo anterior significa que no debería pasarse por encima de nadie para beneficiar al sector hidroeléctrico", asegura la profesora Lazo.

Aunque los pobladores de la zona nunca apoyaron la construcción de la represa, el Gobierno nacional concedió los permisos y la obra culminó a finales de 2011. Con ello, la población y las autoridades regionales denuncian la falta de políticas ambientales del uso del agua y cuestionan la viabilidad del modelo hidroeléctrico en el país.

Durante la construcción, resalta la experta caldense, se demostró la carencia de estudios sobre problemas de suelos y de caudal hídrico sostenible para el consumo humano, al no prevenir la infiltración de los caudales por encima del límite permitido por la licencia ambiental.

"Esto no solo es un asunto de cálculo y de estudios. El verdadero problema es el modelo de generación hidroeléctrica. La ley, el procedimiento administrativo y la técnica se equivocan", concluye Lazo.

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http://www.unperiodico.unal.edu.co/en/dper/article/danos-ambientales-los-pecados-de-las-hidroelectricas.html

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20 agosto 2015 4 20 /08 /agosto /2015 18:51
Los cuatro volcanes activos y la reconocida falla geológica de Liquiñe-Ofqui son algunos de los elementos que la familia Matte y las multinacionales que aportan capital para construir represas en la patagonia han omitido en la discusión ambiental para construir centrales hidroeléctrias que apoyarán la falta de energía en la industria minera del norte de Chile.
Los cuatro volcanes activos y la reconocida falla geológica de Liquiñe-Ofqui son algunos de los elementos que la familia Matte y las multinacionales que aportan capital para construir represas en la patagonia han omitido en la discusión ambiental para construir centrales hidroeléctrias que apoyarán la falta de energía en la industria minera del norte de Chile.

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El proyecto Río Cuervo pretende poner dos represas de 60 metros sobre ese río, embalsando 13.166 hectáreas de superficie (lagos Yulton y Meullín, lagunas Caiquenes y 5.976 Ha. de humedales y bosque), con un volumen de agua embalsada de 4.613 x 106 metros cúbicos, en un área sísmica ubicada sobre las fallas geológicas activas Liquiñe-Ofqui y sus ramificaciones, Río Los Palos y otras. También se ubica debajo o al lado de los volcanes activos Maca, Cai, Yulton, Meullín y 32 conos de cráteres menores. Si bien, como afirma la empresa en las adendas de su estudio de evaluación de impacto ambiental, EIA, el área ya es de alto riesgo geológico de por si, ese proyecto de concretarse, solo implica aumentar considerablemente los riesgos. Eso, al potenciar la inducción sísmica e introducir elementos artificiales en esa zona geológicamente peligrosa.

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http://www.radiodelmar.cl/rdm_2012/index.php/medio-ambiente/energia/1531-las-peligrosas-represas-que-amenazan-la-patagonia.html

http://www.elmagallanews.cl/noticia/sociedad/ambientalistas-anuncian-recursos-legales-contra-aprobacion-de-la-central-rio-cuervo

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En Latinoamèrica somos chambones con el agua, la gestionamos mal: en Chile, el “robo de agua” por parte de los grandes agroexportadores es muy dañina. A ello se suma la amenaza hidroeléctrica que persiste para la Patagonia chilena porque tras la victoriosa lucha de casi una década contra HidroAysén, un proyecto que pretendía construir cinco grandes centrales hidroeléctricas, la región batalla para frenar el avance silencioso de otra represa sobre el río Cuervo.

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En Latinoamèrica somos chambones con el agua, no la sabemos o no la queremos gestionar bien: en Chile, la mayor causa de la vulnerabilidad de los pequeños agricultores es el “robo de agua” por parte de los grandes agroexportadores. Los señorones agroexportadores se birlan el agua !!! ... lo que se agrava porque los derechos de agua fueron privatizados en 1981, durante la dictadura pinochetera.

Camión cisterna de Emapa San Martín, abasteciendo agua potable
Camión cisterna de Emapa San Martín, abasteciendo agua potable

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EN AMÈRICA LATINA O FALTA O SOBRA EL AGUA

MONTEVIDEO, 13 jul 2015 (IPS) - América Latina posee 30% de los recursos hídricos mundiales, pero no se salva de los problemas derivados de su desigual distribución y de las alteraciones climáticas, que ya amenazan el suministro de agua para la agricultura, que se prevé que se agudice en las próximas décadas. Todo agravado por una deficiente gestión del líquido vital.

Según la Red Interamericana de Recursos Hídricos, tres de sus cuencas importantes poseen menos de 10% del agua disponible, debido a su sobreexplotación: la del Valle de México, donde se yergue su capital, la del Pacífico Sur, que abarca Perú, Ecuador, Chile y Argentina, y la del río de la Plata, que incluye a Argentina y Uruguay.

En Chile, la mayor causa de la vulnerabilidad de los pequeños agricultores es el “robo de agua” por parte de los grandes agroexportadores. Lo que se agrava porque los derechos de agua fueron privatizados en 1981, durante la dictadura militar.

Además, la amenaza hidroeléctrica persiste para la Patagonia chilena porque tras la victoriosa lucha de casi una década contra HidroAysén, un proyecto que pretendía construir cinco grandes centrales hidroeléctricas, la región batalla para frenar el avance silencioso de otra represa sobre el río Cuervo.

En Cuba, la población está muy preocupada por la sequía, un fenómeno silencioso que este año podría alcanzar una intensidad sin precedentes y a la que comienzan a temer tanto como a los huracanes.

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Comunidades rurales y organizaciones sociales de El Salvador coinciden en que la falta de leyes en materia de acceso al agua es uno de los principales obstáculos para resolver las disputas por el recurso que se vivieron en el país en 2014.

 

Nicaragua, el segundo país más pobre de América Latina y uno de los 10 más vulnerables del mundo al cambio climático, el año pasado se enfrentó a un fenómeno meteorológico que puso en riesgo su seguridad alimentaria.

En Venezuela, los habitantes soportaron en 2014 el racionamiento del servicio de agua potable, y en algunas zonas también su pésima calidad, pese a que su territorio está bañado por 520 ríos de gran longitud y a que desde 2008 se ufana de haber alcanzado uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionado con el acceso al agua potable, con una cobertura de 96 por ciento de sus 30 millones de habitantes.

 

Ese país está entre los 20 del mundo con mayor disponibilidad del recurso en su naturaleza, 41.886 metros cúbicos por habitante al año, semejante a sus vecinos Colombia y Brasil, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

En Brasil, que sufre una grave crisis hídrica desde el año pasado, el agua y la electricidad están tan vinculadas que los dos años de lluvias escasas dejaron a decenas de millones de personas al borde del racionamiento hídrico y energético.

 

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14 julio 2015 2 14 /07 /julio /2015 21:11

 

Amazônia: 23 hidrelétricas e seus efeitos sobre Terras Indígenas, por Ricardo Verdum

 

23 hidroeléctricas en la Amazonìa y sus efectos sobre las tierras indígenas

 

La historia social y ambiental de la Amazonia brasileña en los últimos cuarenta años está profundamente marcada por la instalación y los efectos de los grandes proyectos de infraestructura, especialmente de transporte y generación de energía. El conocimiento acumulado sobre las obras del sector eléctrico muestra cómo este tipo de proyectos impacta en la naturaleza y las poblaciones humanas ubicadas en su área de influencia

23 junio 2015 - Ricardo Verdun

http://racismoambiental.net.br/2015/06/23/amazonia-23-hidreletricas-e-seus-efeitos-sobre-terras-indigenas/


Otro dato recurrente en esta historia es el gran poder de influencia que las empresas de construcción y los intereses alrededor de la exploración y extracción de minerales, petróleo, gas, industria forestal, exportaciones agroindustriales y de agroexportaciòn, tienen en la planificación estatal de desarrollo y en los espacios formalmente designados para la toma de decisiones o en las esferas políticas oficiales. La supuesta incapacidad del Estado para establecer normas de procedimiento para consultar a las comunidades indígenas, a las comunidades mestizas y a las comunidades tradicionales, parece ser la expresión exacta y el resultado de intereses y de reglas y jerarquías parcialmente visibles, que configuran esta relaciòn. [1]


No es raro que ocurra lo que Harvey (2008) llamò la acumulación por desposesión, que en la escena de la Amazonìa se manifiesta en la forma de incorporación por el capital de nuevas áreas territoriales y la privación de acceso a las comunidades tradicionales a las parcelas de tierra y agua utilizadas anteriormente. A ello sigue la privatización y la reducción de la naturaleza y condición de los recursos naturales, es decir las mercancía a insertarse en el mercado mundial para promover la producción y el crecimiento económico.


Estas obras generan flujo migratorio; promueven el desplazamiento y/o impacto directo en los medios de subsistencia de las poblaciones tradicionales (como indígenas, mestizos y ribereños) y de las poblaciones rurales; creando un entorno favorable para la intensificación de las disputas por la propiedad y el control de las tierras y territorios; aceleran el proceso de deforestación para implementar monocultivos (soja, caña de azúcar, eucalipto, etc.) o la mera especulación; desvían y alterar el curso de los ríos y pueden generar crisis de acceso y suministro de agua para otros fines de subsistencia consumo humano y (el caso de la mega-hidroelèctrica Belo Monte es un ejemplo); tienen impacto sistémico en la cadena alimentaria, sobre todo en la del pescado; causan la emisión de gases, como el metano, producido en la vegetación en descomposición no retirada de la zona del embalse hidroelèctrico; introduce nuevos patógenos y vectores de enfermedades, o dinamiza el proceso de propagación de la malaria, lo que lleva a un aumento en la incidencia de esta y otras enfermedades infecciosas; y estas obras están asociadas con el crecimiento exponencial de los casos de ETS (enfermedades de transmisión sexual).


La falta de planificación y el descuido de las condiciones establecidas en el momento de la concesión de licencias generan la precariedad de los servicios de salud pública y el alto costo de vida, especialmente en relación con los alimentos y la vivienda. Las acciones de mitigaciòn y compensaciòn implementadas por las empresas hidroeléctricas o el sector público, por lo general demoran mucho y están dirigidas a remediar los efectos de los impactos negativos. A menudo hay un crecimiento en el número de casos de violencia y de los índices de muerte para tal causa y por accidentes.




La construcción y operación de líneas de transmisión de energía, son otro factor de preocupación por sus múltiples impactos en términos ambientales, de población y sociales. Incluso en las llamadas plantas de energía de "plataforma", es necesario conectar la producción de energía, a la fuente generadora de sistema local, regional y / o nacional directamente. Y esto sucede en el terreno, por vìas abiertas en el bosque (carreteras) o la apertura y mantenimiento de corredores deforestados, que a veces son de docenas o incluso centenas de kilómetros de largo. Pasan por áreas protegidas, tierras indígenas, propiedades privadas, etc.


Un ejemplo de esta historia de desposesión territorial es el caso de los indìgenas Apinajé, que habita en la región de Tocantins conocida como “Bico do Papagaio”. Más de cincuenta años han visto su territorialidad y sus medios de vida restringidos por diversos proyectos (ferroviarias Carajás y Norte-Sur; carretera BR 153, Transamazônica y TO 126 e 134; linea de tensiòn de la UHE Tucuruí; impactos de las hidrelétricas Estreito y Lajeado), a las que se puede agregar la Hidrovia Tocantins/Araguaia y la amenaza, aùn latente de la construcciòn de la represa de Serra Quebrada Rio Tocantins
Esta supriminda cerca de 14% de la Terra Indígena Apinajé. Ademàs, enfrentan una deforestaciòn acelerada en el entorno de Tierra Indìgena, promovido por las empresas Sinobrás, Eco Brasil Florestas S/A, Cargil Agrícola S/A, Suzano Papel y Celulose S/A en amarre con el Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), para plantar soja, caña, eucaliptos e implementar carboneras en el extremo Norte del Estado de Tocantins.

Estas y otras situaciones y sus consecuencias y efectos se han observado y documentado en diversas situaciones en la Amazonia brasileña y otras partes del país y del mundo. [2]


Las represas en el Amazonas afectan a las tierras indígenas

 

A pesar de todas las pruebas y acusaciones, el Plan Decenal de Expansión de Energía 2023 (PDE, 2023), que se proyecta para el período 2014-2023 con un aumento de más de 28,000 megavatios (MW) de capacidad de generación eléctrica desde la instalación y puesta en marcha de grandes proyectos hidroeléctricos, se considera que ninguna de las 30 centrales hidroeléctricas diseñadas en el país para el período tienen injerencia directa en Tierras Indígenas (TI); También, que once de las 30 se encuentran hasta a 40 km de tierras indígenas en el Amazonas y 15 km en las otras regiones. Esta evaluación se basa en la Ordenanza Interministerial no. 419/2011, que regula las actividades de los órganos y entidades del gobierno federal en la licencia ambiental federal. En relación con 232 nuevas líneas de transmisión (LTS) contempladas por el Plan, que en conjunto conforman una superficie de 41.000 kilometros, el Plan prevé que serán afectadas ocho tierras indígenas. [3]

A partir de los datos e información almacenados en la base de datos creada por el Instituto de Estudios Socioeconómicos (INESC) como parte de la iniciativa "Inversión y Derechos de la Amazonia", constatamos que un conjunto de 23 plantas hidroeléctricas en al menos 16 proyectos tienen impactos sociales y ambientales en las tierras indígenas, es decir, la población que vive allí y/o las condiciones ambientales y los medios de que hacen uso y de que dependen para su mantenimiento y desarrollo.

La diferencia en los resultados se debe a la forma en que se construye conceptual  y materialmente la idea de impacto o interferencia. Bajo la ley actual, la "interferencia en  tierras indígenas" se produce cuando una parte de la Tierra Indígena se ve directamente afectada por el eje HPP o reservorio hidroelèctrico. Los criterios territoriales / ambientales no considera los aspectos sociales de la interferencia (o influencia) del proyecto sobre la población humana y desde nuestro punto de vista, es necesario que haya una revisión urgente de este indicador.


Al menos en lo que respecta a las comunidades indígenas, hay varios estudios que indican que los impactos indirectos negativos de este tipo de proyectos pueden ser iguales o más problemáticos y dañinos que los impactos directos. La simple noticia de que se planean obras cercanas, que hay gente encuestando en la región, midiendo, etc. Es suficiente para que la inquietud y el temor cunda en una comunidad. La situación en la cuenca del Tapajós es un buen ejemplo.

Estudios y análisis llevados a cabo en las últimas décadas muestran que la interferencia de este tipo de desarrollo va más allá de los 10 km del entorno. Puede llegar a las comunidades, incluso antes de que hayan tenido contacto directo, cara a cara, con los frentes de trabajo de construcción de represas, líneas de transmisión y carreteras. Según lo explicado por Darrell Posey (1987), situaciones de contacto se pueden separar en tres categorías en función de la naturaleza epidemiológica de la interacción:

1) Contacto Indirecto : incluye la transmisión de enfermedades sin ningún intermediario humano, a través de vectores y reservorios de insectos y animales;

2) Contacto Intermedio : depende de contacto momentáneo y / o fortuito con grupos o individuos tales como comerciantes, soldados, investigadores, empleados, exploradores, caucheros y otros pueblos indígenas que ya han tenido contacto con otras personas y sus enfermedades;

3) Contacto directo: que como su nombre lo indica, proviene de un contacto permanente con los misioneros, personal de agencias públicas instaladas en la Tierra Indígena, turistas o incluso casamiento con personas de otros grupos que ya están en situación de relación permanente con los centros urbanos o con características urbanas


La colección de artículos organizada por Martin Alberto Ibáñez-Novion y Ari Miguel Teixeira Ott (1987) y los estudios bibliográficos de Julio C. Melatti (1987) y Dominique Buchillet (2007), sumados a lo que se verificò en el Mapa del Hambre entre los Pueblos Indígenas en Brasil (Verdun 1995 Mapa da Fome entre os Povos Indígenas no Brasil) y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de los Pueblos Indígenas (Coimbra Jr. 2014), desvelar realidades muchas veces más complejas y proporcionar buenas pistas para investigar y explicar la relación entre territorio, gobernanza, desplazamientos sociales y  ambientales y la situación de la salud física y emocional de las personas y comunidades indígenas del Brasil.

 

 

Amazônia: 23 hidrelétricas e seus efeitos sobre Terras Indígenas, por Ricardo Verdum

 

No Inesc

A história social e ambiental da Amazônia brasileira ao longo dos últimos quarenta anos está profundamente marcada pela instalação e pelos efeitos de grandes obras de infraestrutura, especialmente de transporte e de geração de energia. O conhecimento acumulado sobre as obras do setor elétrico mostra o quanto esse tipo de empreendimento impacta a natureza e as populações humanas situadas na sua área de influência.

Outro dado recorrente nesta história é o grande poder de influência que as empresas construtoras e os interesses em torno da exploração e extração mineral, de petróleo, gás e florestal, e as empresas agroindustriais e de agroexportação, têm no planejamento desenvolvimentista estatal, nos espaços formalmente designados de tomada de decisões ou nas esferas políticas oficiais. A suposta incapacidade do estado de estabelecer regras de procedimento para consultar as comunidades indígenas, quilombolas e tradicionais nos parece ser a expressão exata e o resultado dos interesses e das regras e hierarquias parcialmente visíveis que configuram esta relação.[1]

Não é raro que ocorra o que Harvey (2008) denominou de acumulação por desapossamento, que na cena amazônica se manifesta na forma de incorporação pelo capital de novas zonas territoriais e da privação do acesso às comunidades tradicionais a parcelas das terras e águas até então utilizadas; a isso segue a privatização e a redução da natureza a condição de recurso natural, ou seja, de mercadoria a ser inserida no mercado global para promover a produção e o crescimento econômico.

Estas obras geram afluxo migratório; promovem deslocamentos e/ou impacto direto nos meios de subsistência de populações tradicionais (como indígenas, quilombolas e ribeirinhos) e de populações rurais; criam um ambiente favorável ao acirramento das disputas pela posse e o controle da terra e territórios; aceleram o processo de desmatamento para implantação de monocultivos (soja, cana, eucaliptos etc.) ou mera especulação; desviam e alteram o curso de rios, podendo gerar crises de acesso e abastecimento de água ao consumo humano e a outros fins de subsistência (o caso Belo Monte é um exemplo disso); têm impacto sistêmico na cadeia alimentar, especialmente na do pescado; provocam a emissão de gases na atmosfera, como o metano, produzido na decomposição da vegetação não retirada da área do reservatório d’água; introduzem novos patógenos e vetores, ou interferem no processo de disseminação da malária, levando ao aumento na incidência dessa e outras doenças infecciosas; e estão associadas com o crescimento exponencial dos casos de DSTs (doenças sexualmente transmissíveis).

A falta de planejamento e o descaso com as condicionantes estabelecidas por ocasião dos licenciamentos geram a precarização dos serviços de saúde pública e a elevação do custo de vida, relacionada especialmente com os itens alimentação e moradia. As ações mitigadoras e compensatórias implementadas pelas empresas de energia hidrelétrica ou pelo setor público, em geral são tardiamente implementadas e visam remediar os efeitos dos impactos negativos. Não raro ocorre um crescimento no número de casos de violência e nos índices de óbito por esse tipo de causa e por acidentes.

A construção e operação das linhas de transmissão de energia (também chamadas de “linhões”) são outro fator de preocupação, por seus múltiplos impactos em termos ambiental, populacional e social. Mesmo nas chamadas “usinas plataforma”, há a necessidade de escoar a produção de energia, conectando a fonte geradora às redes locais, regionais e/ ou ao sistema nacional, de maneira direta. E isso ocorre no terreno, por meio do aproveitamento de vias já abertas na mata (rodovias) ou da abertura e manutenção de corredores desflorestados às vezes por dezenas ou até centenas de quilômetros de extensão. Passando no interior de unidades de conservação, terras indígenas, propriedades privadas etc.

Um exemplo desta história de desapossamento territorial é o caso dos Apinayé, que habitam a região tocantinense conhecida como “Bico do Papagaio”. Ao longo de cinquenta anos viram sua territorialidade e meios de vida sendo restringidos por diversos empreendimentos (Ferrovias Carajás e Norte-Sul; rodovias BR 153, Transamazônica e TO 126 e 134; linha de tensão da UHE Tucuruí; impactos das hidrelétricas de Estreito e Lajeado), aos quais poderá se somar a Hidrovia Tocantins/Araguaia e a ameaça ainda presente de implantação da barragem de Serra Quebrada Rio Tocantins, esta última suprimindo cerca de 14% da Terra Indígena Apinajé. Ademais, enfrentam na atualidade um desmatamento acelerado no entorno da TI, promovido pelas empresas Sinobrás, Eco Brasil Florestas S/A, Cargil Agrícola S/A, Suzano Papel e Celulose S/A com a conivência do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), para o plantio de soja, cana, eucaliptos e implantação de carvoarias no extremo Norte do Estado do Tocantins.

Essas e outras situações e suas consequências e efeitos foram observadas e documentadas em diversas situações na Amazônia brasileira e noutras partes do país e do mundo. [2]

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Hidrelétricas na Amazônia: afetando Terras Indígenas

A despeito de todas as evidências e denúncias, o Plano Decenal de Expansão de Energia 2023 (PDE, 2023), que projeta para o período de 2014-2023 uma expansão de mais de 28 mil megawatts (MW) de capacidade de geração de energia a partir da instalação e da entrada em operação de grandes empreendimentos hidroelétricos, considera que nenhuma das 30 UHEs projetadas no país para o período tem interferência direta em Terras Indígenas (TI); também, que onze de 30 UHE estão situadas até 40 km de Terra Indígena na Amazônia Legal e 15 km nas demais regiões. Essa avaliação tem por base a Portaria Interministerial nº. 419/2011, que regulamenta a atuação dos órgãos e entidades da administração pública federal no licenciamento ambiental federal. Já em relação às 232 novas linhas de transmissão (LTs) contempladas pelo Plano, que no conjunto perfazem uma extensão de aproximadamente 41.000 km, o Plano prevê que oito Terras Indígenas serão afetadas. [3]

A partir dos dados e informações armazenadas no banco de dados criado pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) no âmbito da iniciativa “Investimentos e Direitos na Amazônia”, constatamos que de um conjunto formado por vinte e três hidrelétricas, em ao menos dezesseis empreendimentos há impactos socioambientais em Terras Indígenas, ou seja, na população que aí vive e/ ou nas condições ambientais e nos meios de que fazem uso e dos quais dependem para sua manutenção e desenvolvimento.

A diferença no resultado se deve a forma como é construída conceitual e materialmente a ideia de impacto ou de interferência. Segundo a legislação vigente, “interferência em TI” ocorre quando uma parcela da Terra Indígena é afetada diretamente pelo eixo ou reservatório da UHE. O critério territorial/ambiental não considera os aspectos humanos e sociais da interferência (ou influência) do empreendimento sobre a população. Do nosso ponto de vista, é necessário haver uma revisão urgente desse indicador.

Ao menos no que se refere às comunidades indígenas, há vários estudos indicando que os impactos indiretos negativos desse tipo de empreendimento podem ser tão ou mais problemáticos e danosos quanto os diretos. A simples notícia de que estão sendo planejadas obras nas proximidades, que pessoas estão andando pela região realizando levantamentos de dados, medições etc. é suficiente para trazer a inquietação e gerar temores ao interior de uma comunidade. A situação na bacia do rio Tapajós é um bom exemplo disso.

Estudos e análises realizadas nas últimas décadas mostram que a interferência desse tipo de empreendimento vai bem mais além da faixa de 10 km no seu entorno. Pode alcançar comunidades antes mesmo de elas terem tido um contato direto, face a face, com as frentes de trabalho de construção da barragem, linhas de transmissão e rodovias. Como explicado por Darrell Posey (1987), as situações de contato podem ser separadas em três categorias com base na natureza epidemiológica da interação:

1) Contato Indireto: inclui a transmissão de doenças sem nenhum intermediário humano, através de insetos e de reservatórios e vetores animais;

2) Contato Intermediário: depende de contato temporário e/ou fortuito com grupos ou indivíduos tais como mercadores, soldados, pesquisadores, funcionários, garimpeiros, seringueiro e outros indígenas que já tenham tido contato com outras pessoas e suas doenças;

3) Contato Direto: que como o próprio nome diz, provém de convívio permanente com missionários, funcionários de órgãos públicos instalados na Terra Indígena, turistas ou mesmo de parceiros de casamento com pessoas de outros grupos já em situação de relacionamento permanente com núcleos urbanos ou com feições urbanas.

A coletânea de artigos organizada Martin Alberto Ibáñez-Novion e Ari Miguel Teixeira Ott (1987) e os estudos bibliográficos de Julio C. Melatti (1987) e Dominique Buchillet (2007), somados ao que foi verificado no Mapa da Fome entre os Povos Indígenas no Brasil (Verdum 1995) e no Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas (Coimbra Jr. 2014), desvelam realidades inúmeras vezes mais complexas e fornecem boas pistas para investigar e explicar a relação entre território, governança, mudanças socioambientais e a situação da saúde física e emocional de indivíduos e comunidades indígena no país.

Considerações finais

Este quadro de pressões e de vulnerabilidades é mais grave quando não são reconhecidos os direitos territoriais coletivos das comunidades indígenas, ou quando a despeito de ter havido o registro fundiário, ou seja, de ter sido criada a Terra Indígena no papel, não são garantidas pelo estado as condições humanas e materiais à governança da sua proteção. Para desestimular as invasões e a depredação ambiental é preciso o estado se fazer presente nessas áreas de maneira adequada e efetiva. A precarização dos serviços prestados pela Fundação Nacional do Índio (Funai), com cortes sistemáticos efetuados no seu orçamento anual e perda de poder político de decisão nos assuntos sob a sua responsabilidade, em particular em processos de licenciamento ambiental, quando tem de avaliar e se posicionar sobre o impacto socioambiental em determinada Terra Indígena, tem efeitos diretos sobre os direitos territoriais dos coletivos indígenas. Lamentavelmente é isso o que vemos ocorrer de maneira generalizada e sistemática na Amazônia e no restante do país.

*Ricardo Verdum é Doutor em Antropologia Social pela UnB, em estágio pós-doutoral no PPGAS/UFSC. Contato: rverdum@gmail.com

Notas

[1] Em janeiro de 2012 o governo federal instituiu um GTI – Grupo de Trabalho Interministerial (Portaria Interministerial nº 35, de 31 de janeiro de 2012) com o objetivo de estabelecer os procedimentos de consulta prévia aos povos indígenas e comunidades quilombolas e tradicionais. O GTI foi coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República – SG/PR e pelo Ministério das Relações Exteriores – MRE e contou com a participação de ao menos 26 ministérios e órgãos vinculados. Passados dois anos, em fevereiro de 2014 o GTI encerrou seus trabalhos sem ter alcançado o objetivo.

[2] Vejam por exemplo Davis (1978); Diegues (1999); Dodde (2012); Fearnside & Graça (2009); Koifman (2001); Leonel (1992); Oliveira & Cohn (2014); Posey (1987); Reis & Bloemer (2001); Rocha (2013); Ramos & Taylor (1979); Santos & Nacke (2003); Verdum (1996, 2007, 2012); Verdum, Selau et al (1988); Verswijver & Araújo (2010).

[3] Em 25/03/2015 foi publicada a Portaria Interministerial nº 60, em substituição a 419/2011. No caso de aproveitamentos hidrelétricos (UHEs e PCHs), na Amazônia Legal, o eixo(s) do(s) barramento(s) e respectivo corpo central do(s) reservatório(s) não podem estar a menos que 40 km do limite da TI; e no caso de linhas de transmissão (LT), essa não pode estar numa distância menor do que 8 km do limite da Terra Indígena. Em 30/03/2015 foi publicada pela Funai a Instrução Normativa nº 02 de 27 de março de 2015, que veio para equalizar a atuação da Fundação com o que foi estabelecido na nova Portaria Interministerial.

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http://racismoambiental.net.br/2015/06/23/amazonia-23-hidreletricas-e-seus-efeitos-sobre-terras-indigenas/

 

 

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13 julio 2015 1 13 /07 /julio /2015 21:43

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Escuela de la aldea indígena de Paquiçamba, del pueblo juruna, en la orilla del río Xingú en su Vuelta Grande, en la Amazonia brasileña, que aunque no quedará inundada por el embalse de la central hidroeléctrica de Belo Monte, si verá disminuir considerablemente su flujo de agua. Crédito: Mario Osava/IPS

Escuela de la aldea indígena de Paquiçamba, del pueblo juruna, en la orilla del río Xingú en su Vuelta Grande, en la Amazonia brasileña, que aunque no quedará inundada por el embalse de la central hidroeléctrica de Belo Monte, si verá disminuir considerablemente su flujo de agua. Crédito: Mario Osava/IPS

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“No hay condiciones para la Licencia de Operación”, la autorización final para que Belo Monte pueda llenar sus embalses y comience a generar electricidad a principios de 2016, concluyó el no gubernamental Instituto Socioambiental (ISA) en un informe divulgado el 29 de junio.

Están pendientes o incompletas muchas de las 40 exigencias iniciales, definidas antes de la subasta de la concesión en 2010, y también de las 31 “condicionantes” del componente indígena, arguye el ISA, muy activo en la cuenca del Xingú.

La protección de los territorios indígenas es una de esas fallas, reflejada en el aumento de la extracción ilegal de maderas e invasión de cazadores, ejemplifica.

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ALTAMIRA, Brasil, 13 jul 2015 (IPS) - Etnocidio es la nueva acusación contra la central hidroeléctrica Belo Monte. La fiscal Thais Santi, del Ministerio Público Federal (MPF), anunció para “dentro de algunas semanas” una acción judicial contra Norte Energía, la empresa concesionaria de la central, con el argumento de que sus iniciativas para silenciar la resistencia indígena configurarían el crimen de ETNOCIDIO.

Esto realza dimensiones más profundas de los conflictos y polémicas desatadas por los megaproyectos en construcción o planificados para la Amazonia brasileña.

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Indígenas brasileños, ¿doblegados por Belo Monte?

 

ALTAMIRA, Brasil, 13 jul 2015 (IPS) - El etnocidio, la nueva acusación contra la central hidroeléctrica Belo Monte, realza dimensiones más profundas de los conflictos y polémicas desatadas por los megaproyectos en construcción o planificados para la Amazonia brasileña.

La fiscal Thais Santi, del Ministerio Público Federal (MPF), anunció para “dentro de algunas semanas” una acción judicial contra Norte Energía, la empresa concesionaria de la central, con el argumento de que sus iniciativas para silenciar la resistencia indígena configurarían ese crimen.

“Será una innovación jurídica en Brasil”, alabó Wilson Matos da Silva, un abogado directamente interesado en ese “proceso pionero”, como indígena del pueblo guaraní que ha reflexionado sobre el tema en publicaciones de Dourados, la ciudad del oeste brasileño donde vive.

“No hay una legislación brasileña para etnocidio, un neologismo utilizado por analogía al genocidio, este sí tipificado en una ley de 1956”, aclaró. “El objeto del crimen no es la vida, sino la cultura, pero el objetivo es el mismo, destruir un pueblo”, acotó el defensor de causas indígenas.

“El etnocidio solo ocurre con omisión del Estado, por tanto involucrado en un potencial juicio”, matizó.

El tema se debate hace tiempo, especialmente entre antropólogos, en foros y cortes internacionales. La novedad en Brasil es llevarlo al ámbito judicial, “una iniciativa loable” que podría generar una jurisprudencia importante, concluyó en entrevista telefónica con Tierramérica.

Belo Monte fue hasta ahora blanco de muchas denuncias que buscaban trabar su construcción. La empresa es acusada de incumplir medidas exigidas por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente, para compensar o mitigar impactos de la obra, que represará el río Xingú para generar 11.233 megavatios, lo que la convertirá en la tercera central del mundo.

Los 22 procesos abiertos por el MPF no lograron paralizar la obra, pero sí la ejecución de algunas exigencias ambientales, como la compra de tierras para la Comunidad Indígena Juruna del Kilómetro 17, en la carretera Transamazónica, expuesto al trajín de la obra al vivir en un área muy cercana y demasiado pequeña.

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Indígenas brasileños, ¿doblegados por Belo Monte?

La pescadora Socorro Arara, indígena que adoptó como apellido el nombre de su pueblo, lucha por mantener el modo de vida de las siete familias de su grupo. La isla donde vive en el río Xingú será inundada por el embalse de Belo Monte y ella reclama otra isla o un área ribereña donde reasentare el grupo. Crédito: Mario Osava/IPS

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“No hay condiciones para la Licencia de Operación”, la autorización final para que Belo Monte pueda llenar sus embalses y comience a generar electricidad a principios de 2016, concluyó el no gubernamental Instituto Socioambiental (ISA) en un informe divulgado el 29 de junio.

Están pendientes o incompletas muchas de las 40 exigencias iniciales, definidas antes de la subasta de la concesión en 2010, y también de las 31 “condicionantes” del componente indígena, arguye el ISA, muy activo en la cuenca del Xingú.

La protección de los territorios indígenas es una de esas fallas, reflejada en el aumento de la extracción ilegal de maderas e invasión de cazadores, ejemplifica.

Norte Energía alega haber invertido el equivalente a 68 millones de dólares en beneficio de los cerca de 3.000 habitantes de las 34 aldeas existentes en las 11 tierras indígenas bajo influencia de Belo Monte.

La construcción de 711 viviendas y la donación de 366 embarcaciones, 578 motores náuticos, 42 vehículos terrestres, 98 generadores eléctricos y 2,1 millones de litros de combustibles y lubricantes, hasta abril de 2015, son parte del programa.

Además se distribuyeron 8.000 cartillas y se capacitó profesores en el ámbito del programa de Educación Escolar Indígena, en acuerdo con los órganos estatales del sector.

“Pero los indígenas están insatisfechos, porque poco se ejecutó del plan, de las 34 Unidades Básicas de Salud prometidas, aún no funciona ninguna”, se quejó Francisco Brasil de Moraes, coordinador encargado en el Medio Xingú de la Fundación Nacional del Indígena (Funai), el órgano estatal de apoyo a la población originaria.

Tampoco avanza el proyecto de actividades productivas, una prioridad por tratarse de  la seguridad alimentaria y fuente de ingresos, añadió. Falta asistencia técnica para mejorar la agricultura y pocas de las 34 “casas de harina” comunitarias, para moler y tostar la mandioca (yuca), están en operación.

Otra medida indispensable, el Plan de Protección de las Tierras Indígenas, que prevé la instalación de bases operacionales y puestos de vigilancia, no es asumida por Norte Energía y “Funai no tiene recursos para esa gestión territorial”, lamentó Moraes a Tierramérica.

Pero las acciones que justifican la acusación de etnocidio ocurrieron o empezaron antes de esos proyectos en marcha, aunque con atrasos, que componen el llamado Plan Básico Ambiental-Componente Indígena.

Indígenas brasileños, ¿doblegados por Belo Monte?

Parte de lo que será la sala de las turbinas de la central hidroeléctrica de Belo Monte, en el norteño estado brasileño de Pará, una megaobra que ya tiene 80 por ciento de sus estructuras construidas y que estará finalizada en 2019. Crédito: Mario Osava/IPS

Durante 24 meses, hasta septiembre de 2012, Norte Energia ejecutó un llamado Plan de Emergencia, con donaciones de bienes requeridos por las 34 aldeas, con un costo mensual equivalentes a 9.600 dólares para cada una.

Eso exacerbó el consumo de alimentos industriales, como refrescos, que afectaron la salud, aumentando la desnutrición infantil, y la seguridad alimentaria de los indígenas al inducir el abandono de la agricultura, la pesca y la caza, según el ISA.

“Norte Energía estableció con los indígenas una relación de cooptación de los únicos opositores de fuerte expresión, haciendo que sus líderes vinieran frecuentemente a la ciudad (de Altamira) para pedir más cosas en la sede de la empresa”, señaló a Tierramérica el coordinador adjunto de ISA en el Xingú, Marcelo Salazar.

División de las aldeas y deslegitimación de sus líderes fueron otros efectos de las acciones de la empresa, según el MPF.

 

“El llamado Plan de Emergencia fue propuesto por la Funai”, el órgano indigenista del gobierno, que también fijó la suma de 30.000 reales para las “inversiones mensuales”, destacó Norte Energía a Tierramérica, en una respuesta escrita de su departamento de prensa.

Se destinaba a la “Promoción del etnodesarrollo” que comprendió asimismo la donación de insumos y equipos agrícolas, construcción de pistas para aterrizaje de aviones y mejoras en 470 kilómetros de carreteras de acceso a las aldeas, puntualizó.

Fortalecer la Funai, con la contratación de 23 funcionarios pagados por Norte Energía y la adquisición de computadoras y vehículos, fue otro objetivo del Plan de Emergencia,  informó la empresa.

Según los críticos,  el énfasis en factores materiales, como embarcaciones, vehículos y obras físicas, siguen una lógica empresarial paralela, inconciliable con la visión de sus críticos, como argumenta Sonia Magalhães, socióloga y profesora de la Universidad Federal de Pará que también identifica un etnocidio en Belo Monte.

“Allí se observa una agresión a la cultura, una práctica colonizadora que tiene por objetivo la dominación y la destrucción de la cultura, que es un todo complejo y dinámico”, dijo a Tierramérica sobre el plan.

“Para los indígenas juruna y arara, el río Xingú tiene un sentido cosmológico que nosotros no somos capaces de entender, se trata de una referencia del tiempo, del espacio y del sagrado que está siendo agredido” por la construcción de la hidroeléctrica, matizó.

Indiferente a ese debate, Giliard Juruna, líder indígena de una aldea de 16 familias, visita Altamira, el centro urbano en torno a Belo Monte, con nuevos pedidos.

“Conquistamos ‘voladoras’ (lanchas con motor rápido), una camioneta y 15 viviendas para todos, pero las cosas acaban y es poco en comparación con lo que es posible”, sostuvo a Tierramérica.

“Pedimos voladoras también para la pesca, aunque el agua esté sucia, no tenemos saneamiento, tenemos escuela pero faltan profesores bilingües”, dijo añadiendo que busca “un proyecto de sustentabilidad” que involucra piscicultura, cacao, mandioca, con casa de harina y camión.

“Tenemos a quien vender nuestros productos, pero no el medio de transporte, pues el barco ya no sirve”, justificó. La desviación parcial de las aguas del Xingú para generar electricidad en Belo Monte, reducirá el flujo en la Vuelta Grande, donde está su aldea.

Publicado por la red de diarios latinoamericanos de Tierramérica.

Editado por Estrella Gutiérrez

 

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8 julio 2015 3 08 /07 /julio /2015 16:45
Killings of land and environmental activists in 2014 reached an average of more than two a week, a new Global Witness report reveals – an increase of 20% from 2013. How Many More?
Killings of land and environmental activists in 2014 reached an average of more than two a week, a new Global Witness report reveals – an increase of 20% from 2013. How Many More?

A mediados de agosto de 2013 la prensa hondureña informaba: Impulsado por la empresa de capital hondureño Desarrollos Energéticos S.A. de C.V. (DESA) y ejecutado, entre otros, por la compañía de capital chino SINOHYDRO, el proyecto Agua Zarca está situado dentro del territorio indígena Lenca y sobre las aguas del sagrado río Gualcarque. Contra su ejecución se han movilizado las comunidades indígenas de la zona, votando en contra en los cabildos abiertos municipales y en la Asamblea Indígena, sin embargo sus voces han sido desoídas, sus exigencias desatendidas y su protesta ha sido criminalizada y reprimida por militares y policías, en medio de una violenta campaña mediática de desprestigio.
El pasado 15 de julio (de 2013), los militares abrieron fuego contra una movilización pacífica que se dirigía hacia el plantel de la empresas, asesinando al dirigente indígena lenca Tomás García e hiriendo de gravedad a su hijo Allan.
Asimismo, los dirigentes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Bertha Cáceres, Aureliano Molina y Tomás Gómez, han denunciado una violenta persecución judicial para debilitar el apoyo a la histórica lucha de las comunidades de Río Blanco ...
Con el tiempo ... serìan cuatro los muertos indìgenas de la etnia Lenca por oponerse al proyecto hidroelèctruco Agua Zarca, entre ellos la dirigente Bertha Cáceres ... quien ya habìa advertido: "Ellos me siguen. Ellos amenazan con matarme, con secuestrarme, amenazan a mi familia. Eso es a lo que nos enfrentamos ",

http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos-pueblos-indigenas/honduras-comunidades-ind%C3%ADgenas-lenca-en

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Se ha documentado 116 muertes de activistas ambientales y de la tierra en todo el mundo el año pasado. Esto es casi el doble del número de periodistas asesinados en el mismo período. Los límites severos al acopio de información significa que las cifras reales son, sin duda, mayores. Casi tres cuartas partes de las muertes ocurrieron en América Central y América del Sur.

Es una tendencia preocupante, el que algunos gobiernos han utilizado la legislación antiterrorista para estigmatizar a los activistas, presentándolos como enemigos del Estado.

A nivel mundial, un sorprendente 40% de las víctimas eran indígenas, con conflictos por centrales hidroeléctricas, explotaciones mineras y complejos agroindustrias como los principales focos impulsores de las muertes.

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El informe de Global Witness muestra que los asesinatos de activistas ambientales aumentaron, con las comunidades indígenas con màs activistas victimados. El informe de Global Witness estuvo bajo estricto embargo hasta el 20 de abril de 2015.
El Nuevo evidencia que Honduras es el país más peligroso para ser defensor del medio ambiente
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En 2014, los homicidios de activistas ambientales y de la tierra alcanzaron un promedio de más de dos por semana, revela un nuevo informe de Global Witness. Esto implica un aumento del 20% respecto al año previo.


Se ha documentado 116 muertes de activistas ambientales y de la tierra en todo el mundo el año pasado. Esto es casi el doble del número de periodistas asesinados en el mismo período. Los límites severos al acopio de información significa que las cifras reales son, sin duda, mayores.
Casi tres cuartas partes de las muertes ocurrieron en América Central y América del Sur, con Asia Sudoriental como la segunda regiòn más afectada.
Honduras fue el país más peligroso para ser un activista del medio ambiente y/o de la tierra. A nivel mundial, un sorprendente 40% de las víctimas eran indígenas, con conflictos por centrales hidroeléctricas, explotaciones mineras y complejos agroindustrias como los principales focos impulsores de las muertes.

¿Cuántos Más?

Al analizar las tendencias de la violencia y la intimidación en los países donde los ataques sistemáticos a los defensores de la tierra y el medio ambiente, se constata movimientos que
criminalizan la protesta, restringen las libertades, y relajan las leyes sobre protección del medio ambiente. Es una tendencia preocupante, el que algunos gobiernos han utilizado la legislación antiterrorista para estigmatizar a los activistas, presentándolos como enemigos del Estado.
Global Witness ha pedido a los gobiernos y a la comunidad internacional; vigilar, investigar y sancionar estos crímenes, y abordar los abusos en Honduras en la próxima revisión de su historial de derechos humanos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

"En Honduras y en todo el mundo los defensores del medio ambiente están siendo asesinados a tiros a plena luz del día, están siendo secuestrados, amenazados o juzgados como terroristas argumentando que se interponen en el camino del
'desarrollo' ", dijo Billy Kyte, activista de Global Witness. "Los verdaderos autores de estos crímenes - que representan un poderoso nexo de intereses corporativos y estatales - escapan impunes.
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Se necesitan medidas urgentes para proteger a los ciudadanos y llevar a los responsables de las muertes ante la justicia ".
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hondurasbertacacereslibertad.jpg

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Honduras sufrió 111 muertes entre 2002 y 2014.
El caso de la activista indígena Berta Cáceres - ganadora del Premio Ambiental Goldman 2015, es emblemático de los
ataques sistemáticos a los activistas ambientales y de la tierra en Honduras.
"Ellos me siguen. Ellos amenazan con matarme, con secuestrarme, amenazan a mi familia. Eso es a lo que nos enfrentamos ", denunciò Berta Cáceres. Desde 2013, tres de sus compañeros habìan sido asesinados por oponerse a la represa hidroelèctrica Agua Zarca en el río Gualcarque, que amenaza con cortar una fuente de agua vital para cientos de indígenas de la etnia Lenca.

 





Las principales conclusiones del informe de Global Witness "How Many More?" (¿Cuántos más?) incluyen:
 Al menos 116 defensores del medio ambiente y de la tierra fueron asesinados en 2014 - la mayoría en Brasil
(29), seguido por Colombia (25), Filipinas (15) y Honduras (12).
 47 de las víctimas eran miembros de grupos indígenas, que representan el 40% del total de asesinados.
 En 2014 se produjo un aumento en asesinatos relacionados con proyectos de energía hidroeléctrica. Las disputas sobre la tierra, formaron el telón de fondo de la mayoría de los asesinatos.
 Hay muy poca información disponible al público para confirmar los presuntos autores, pero en los casos que están bien documentadas encontramos que 10 estaban relacionados con grupos paramilitares, 8 a policía, a 5 guardias de seguridad privada y 3 a los militares.

Esta crisis oculta, soterrada, está escapando la atención del público, tanto porque no se está supervisando adecuadamente, como porque muchos defensores viven en comunidades remotas, pobres, con acceso limitado a las comunicaciones y los medios de comunicación. Escasos datos sobre asesinatos en gran parte de África y zonas como China, Asia Central y Oriente Medio pueden estar relacionados con el monitoreo pobres de la sociedad civil, y el silenciamiento de los medios de comunicación y otros medios de información. A medida que el mundo dirige su atención a las conversaciones sobre el clima más significativos de este año - el 2015 se realiza la conferencia climática de la ONU en París, dirigida a alcanzar un acuerdo global sobre las emisiones de carbono - ¿Cuántos más seràn asesinados? El informe de Global Witness "How Many More?" pone de relieve una grave paradoja en las negociaciones sobre el clima. La gente en la primera línea de la batalla para proteger nuestro medio ambiente está siendo asesinada. "Los defensores del medio ambiente están luchando para proteger nuestro clima en contra, cada vez, de mayor oposiciòn y odio", dijo Billy Kyte. "Ahora más que nunca necesitamos comenzar a hacer que los gobiernos y las empresas tengan en cuenta el creciente número de muertos en nuestras fronteras ambientales.


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El secretismo en torno a como se explotan los recursos naturales debe terminar, debe terminar tambièn la violencia . Es hora de que la comunidad internacional se ponga de pie y actue".

Dos homicidios de activistas ambientales y de la tierra por semana en 2014 // Informe de Global Witness

Under strict embargo until 20th April Global Witness report shows increased killings of environmental activists, with indigenous communities hardest hit

New report shines spotlight on Honduras - the most dangerous country to be an environmental defender
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Killings of land and environmental activists in 2014 reached an average of more than two a week, a new Global Witness report reveals – an increase of 20% from 2013. How Many More? documents 116 known deaths worldwide last year – almost double the number of journalists killed in the same period.(1) Severe limits on information means the actual figures
are undoubtedly higher.
Nearly three-quarters of killings occurred in Central and South America, with South East Asia second worst-hit. Honduras was the most dangerous country per capita to be an environmental and land activist. Worldwide, a shocking 40 % of victims were indigenous, with hydropower, mining and agri-business the key drivers of deaths.
How Many More? analyses trends in violence and intimidation in countries where the systematic targeting of land and environmental defenders is being accompanied by moves to criminalize protest, restrict freedoms, and dilute laws on environmental protection. In a disturbing trend, some governments have used counter-terrorism legislation to target activists, portraying them as enemies of the state.
Global Witness is calling on governments and the international community to monitor, investigate and punish these crimes, and for Honduras to address abuses in the upcoming review of its human rights record at the UN Human Rights Council.

“In Honduras and across the world environmental defenders are being shot dead in broad daylight, kidnapped, threatened, or tried as terrorists for standing in the way of so-called
‘development’,” said Billy Kyte, campaigner at Global Witness. “The true authors of these crimes – a powerful nexus of corporate and state interests – are escaping unpunished.

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Urgent action is needed to protect citizens and bring perpetrators to justice.”
Honduras suffered 111 killings between 2002 and 2014. The case of indigenous activist Berta Cáceres – winner of the 2015 Goldman Environmental Prize (2) - is emblematic of the
systematic targeting of defenders in Honduras.
“They follow me. They threaten to kill me, to kidnap me, they threaten my family. That is what we face,” said Cáceres. Since 2013, three of her colleagues have been killed for
resisting the Agua Zarca hydro-dam on the Gualcarque River, which threatens to cut off a vital water source for hundreds of indigenous Lenca people.

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The key findings of How Many More? include:
 At least 116 environmental and land defenders were killed in 2014 – most in Brazil
(29), followed by Colombia (25), the Philippines (15) and Honduras (12).
 47 of the victims were members of indigenous groups, accounting for 40 % of the
total.
 2014 saw a spike in murders relating to hydropower projects. Disputes over land
formed the backdrop to most killings.

 There is very little publicly available information to confirm suspected perpetrators, but in cases that are well documented we found 10 were related to paramilitary groups, 8 to the police, 5 to private security guards and 3 to the military.

This hidden crisis is escaping public attention, both because it is not being adequately monitored and because many defenders live in remote, poor communities with limited access to communications and the media. Scant data on killings in much of Africa and areas like China, Central Asia and the Middle East may be linked to poor civil society monitoring, and the suppression of media and other information outlets. As the world turns its attention to the most significant climate talks in years - the 2015 UN climate conference in Paris, aimed at reaching a global deal on carbon emissions - How Many More? highlights a grave paradox in the climate negotiations. The people on the frontline of the battle to protect our environment are being murdered. “Environmental defenders are fighting to protect our climate against ever-increasing odds,” said Billy Kyte. “Now more than ever we need to start holding governments and companies to account for the rising death toll on our environmental frontiers.

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The secrecy around how natural resource deals are made fuels violence and must end. It’s time for the international community to stand up and take notice.”

ENDS

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For interviews, briefings in English and Spanish and other information please contact: Billy Kyte (San Francisco) +44 (0)7703 671308 bkyte@globalwitness.org Alice Harrison (London) +44 (0)7841 338792, aharrison@globalwitness.org Chris Moye (London) +44 (0) 7525 592737, cmoye@globalwitness.org

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Notes to editors: (1) For data on killings of environmental and land defenders from previous years see Global Witness (2014), Deadly Environment. (2) On 20th April Berta Cáceres will be awarded the Goldman Environmental Prize – the world’s largest prize for grassroots environmentalists who protect the natural environment, often at great personal risk. Berta’s blockades have withstood violent attacks from militarized security contractors and the Honduran armed forces. Fabricated criminal charges have been filed against her, and two of her children have left Honduras out of concerns for their safety

file:///C:/Documents%20and%20Settings/MAC/Mis%20documentos/Downloads/How_many_more_press_release.pdf
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6 julio 2015 1 06 /07 /julio /2015 22:51
CENTRAL HIDROELÈCTRICA RÌO CUERVO: presiones tectónicas y volcánicas vs presiones del gobierno de Chile

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La judicialización de proyectos de inversión que tanto alude el sector privado chileno, no parece estar afectando el desarrollo de iniciativas energéticas en el país. Así lo revela un catastro realizado por la Unidad de Gestión de Proyectos del Ministerio de Energía, al cual tuvo acceso La Tercera.

 

http://www.latercera.com/noticia/negocios/2015/07/655-637299-9-solo-dos-proyectos-electricos-estan-paralizados-por-procesos-judiciales.shtml

 

 

Sólo dos proyectos eléctricos están paralizados por procesos judiciales en Chile

Catastro del Ministerio de Energía revela que de 69 iniciativas, sólo dos se encuentran a la espera de resoluciones que las reactiven.

4/07/2015 - La judicialización de proyectos de inversión que tanto alude el sector privado, no parece estar afectando el desarrollo de iniciativas energéticas en el país. Así lo revela un catastro realizado por la Unidad de Gestión de Proyectos del Ministerio de Energía, al cual tuvo acceso La Tercera.

Con datos a julio de este año, el levantamiento de información de la cartera dirigida por Máximo Pacheco muestra que sólo un proyecto de generación eléctrica y otro de transmisión, entre un total de 69 iniciativas que están en construcción e iniciaron sus trámites de aprobación medioambiental, se encuentran paralizados producto de procesos judiciales o administrativos.

Se trata de la Central de Pasada Mediterráneo (210 MW / Los Lagos), de la empresa Mediterráneo S.A., y la línea de transmisión Centinela-Panimávida (1 x 220 KV), de Hidroeléctrica Centinela.

Tanto la central Mediterráneo como la línea de transmisión Centinela-Panimávida esperan una resolución del Comité de Ministros, ante reclamaciones contra sus respectivas Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).

“Por muchos años tuvimos una discusión pública sobre proyectos que se transformaron en emblemáticos. Eso instaló una idea de que en Chile estaba paralizada la inversión porque estaba judicializada”, dice Pacheco, haciendo referencia a los megaproyectos Castilla (2.100 MW / Copiapó) e HidroAysén (2.750 MW / Aysén), que fueron paralizados por orden de la Corte Suprema y el Comité de Ministros, respectivamente.

“La verdad es que hoy, como lo ha señalado el presidente de la Corte Suprema, los tribunales están dándole celeridad a la resolución de proyectos. Por lo tanto, se ha reducido significativamente el número de proyectos judicializados”, agrega la autoridad.


De hecho, el catastro del gobierno de iniciativas paralizadas también incorporaba la Central Hidroeléctrica Cuervo (640 MW/ Aysén), de Energía Austral, proyecto que tenía pendiente la resolución de un recurso de reclamación en su contra, por parte del Tribunal Ambiental de Santiago. Sin embargo, la empresa titular del proyecto comunicó ayer que la instancia judicial resolvió aprobar la iniciativa, aunque sus opositores aún pueden apelar.

“El proyecto Central Hidroeléctrica Cuervo cumple con el marco regulatorio que rige al país”, dijo la empresa en un comunicado. “Nuevamente, una instancia judicial ratifica la aprobación ambiental de Cuervo, tal como lo hiciera la Corte Suprema en agosto de 2014”, agregó.

De todas formas, la central Cuervo aún debe esperar una resolución del Comité de Ministros, instancia que debe resolver reclamaciones pendientes en su contra. Por ello, la empresa Energía Austral comunicó que “continuará llevando adelante un diálogo abierto y participativo con la comunidad para explicar los alcances y características del proyecto y abordar los temas de interés de todos los actores involucrados”.

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PROYECTOS NUEVOS

La baja paralización de proyectos energéticos producto de recursos judiciales o administrativos, contrasta con cifras que entregó a fines de 2014 la Sofofa, que implicaban inversiones detenidas, en todos los sectores de la economía (incluido el eléctrico), porUS$ 73.000 millones producto de judilización de proyectos.

El panorama, dice Pacheco, ha cambiado. De hecho, el catastro de la Unidad de Gestión de Proyectos del Ministerio de Energía, dirigida por el ex intendente de la Región Metropolitana de Santiago, Danilo Núñez, revela un significativo aumento de iniciativas en construcción y aquellas que han iniciado su tramitación ambiental.

De acuerdo al análisis del gobierno, existen 41 iniciativas energéticas actualmente en construcción en el país, y otras 25 que han presentado antecedentes al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) para su aprobación.

“Es claro, por los números que vemos, que en Chile ha habido un aumento muy significativo de centrales eléctricas en construcción”, dice Pacheco. “Hoy tenemos prácticamente 2.000 MW más de proyectos que están en plena etapa de desarrollo”, agrega.

Junto a ello, la autoridad también destaca las iniciativas que han iniciado tramitación ambiental, paso previo para que comiencen a construirse.

“Los inversionistas continúan presentando nuevos proyectos para aprobación ambiental. El año pasado, a esta misma fecha, teníamos 14 proyectos y hoy día estamos con 25 proyectos. Es decir, hemos pasado a tener 80% más de iniciativas que en 2014”, explica Pacheco. Lo anterior “es una demostración de que no sólo se están construyendo nuevas iniciativas, sino también se están adicionando proyectos a las etapas de aprobación ambiental”, acota.

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Los cuatro volcanes activos y la reconocida falla geológica de Liquiñe-Ofqui son algunos de los elementos que la familia Matte y las multinacionales que aportan capital para construir represas en la patagonia han omitido en la discusión ambiental para construir centrales hidroeléctrias que apoyarán la falta de energía en la industria minera del norte de Chile.
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El proyecto Río Cuervo pretende poner dos represas de 60 metros sobre ese río, embalsando 13.166 hectáreas de superficie (lagos Yulton y Meullín, lagunas Caiquenes y 5.976 Ha. de humedales y bosque), con un volumen de agua embalsada de 4.613 x 106 metros cúbicos, en un área sísmica ubicada sobre las fallas geológicas activas Liquiñe-Ofqui y sus ramificaciones, Río Los Palos y otras. También se ubica debajo o al lado de los volcanes activos Maca, Cai, Yulton, Meullín y 32 conos de cráteres menores. Si bien, como afirma la empresa en las adendas de su estudio de evaluación de impacto ambiental, EIA, el área ya es de alto riesgo geológico de por si, ese proyecto de concretarse, solo implica aumentar considerablemente los riesgos. Eso, al potenciar la inducción sísmica e introducir elementos artificiales en esa zona geológicamente peligrosa.

 

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24 junio 2015 3 24 /06 /junio /2015 17:16
PESE A IMPACTOS BRASIL Y BOLIVIA NEGOCIAN NUEVA REPRESA BINACIONAL DE U$S 5.000

Pese a los impactos que los embalses representan, Brasil y Bolivia negocian nueva represa binacional por USD 5,000 millones.

La construcción de la nueva hidroelèctrica, que todavía está en proceso de negociación, prevè una financiación de R$ 15000 millones hasta 2022, año en que la planta hidroeléctrica binacional, que se emplazarà en el lado boliviano del río Madeira, entrarìa en operación.
La expectativa es que las obras, posiblemente financiada por el BNDES, comenzarà en 2018 y una vez terminada, producirìa hasta 3.000 MW de potencia.

Para el ingeniero Allan Cascaes, profesor de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, al analizar los costos y los beneficios de este proyecto, la inversión puede ser muy buena para el Brasil. De acuerdo con él, como la represa de Jirau, también en el río Madeira, no tiene una gran capacidad de acumulación de agua, se impide la regulación de caudal del río, y la construcción de una nueva planta hidroelèctrica en el lado boliviano, con una presa más alta, puede resolver un gran problema de suministro.

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Bolivia conocía efectos de represas

En publicaciòn del 20/02/2014 en el diario Los Tiempos se evidencia que hace más de seis años que el Gobierno de Bolivia ya conocía que las represas brasileñas construidas sobre la cuenca del río Madeira provocarían mayores inundaciones en el país.
Ese febrero de 2014 el presidente Evo Morales pidió el investigar ese impacto por los desastres en Beni traducidos en 84 mil reses muertas y pérdidas por 50 millones de dólares, más de 39 mil hectáreas de cultivos afectados, mientras la cifra de damnificados crecìa día a día debido a las inundaciones.

En 2006, una carta del canciller David Choquehuanca a su homólogo brasileño expuso los temores de Bolivia por esas represas.

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BRASIL Y BOLIVIA NEGOCIAN REPRESA BINACIONAL DE U$S 5.000
Brasil y Bolivia podrían poner en marcha en mayo convenios para construir una represa bilateral del lado boliviano del río Madera, una instalación que tendría una potencia de 3.000 megavatios y un costo estimado de 15.000 millones de reales (U$S 5.000 millones) para comenzar a operar en el 2022.

http://es.brasil247.com/es/247/sociedad/5369/Brasil-y-Bolivia-negocian-represa-binacional-de-U$S-5000-M.htm


El ministro de Minas y Energía de Brasil, Eduardo Braga, visitará Bolivia el mes próximo (mayo de 2015), cuando se espera que firme memorandos de entendimiento con las autoridades del país vecino que sirvan para dar inicio a estudios de viabilidad técnica y ambiental. La nueva hidroeléctrica se inscribiría en un pacto energético entre Brasil y Bolivia que abarcaría además la construcción de usinas términas. La intención del lado boliviano es que todas las nuevas usinas generen unos 7.500 megavatios de capacidad instalada, equivalentes a media Itaipú.


24 DE ABRIL DE 2015


La nueva hidroeléctrica se inscribiría en un pacto energético entre Brasil y Bolivia que abarcaría además la construcción de usinas términas y líneas de transmisión para que Bolivia aumente sus exportaciones de energía al mercado brasileño.


La intención del lado boliviano es que todas las nuevas usinas generen unos 7.500 megavatios de capacidad instalada, equivalentes a media Itaipú, y con el objetivo de exportar a Brasil.


El ministro de Minas y Energía de Brasil, Eduardo Braga, visitará Bolivia el mes próximo (mayo de 2015), cuando se espera que firme memorandos de entendimiento con las autoridades del país vecino que sirvan para dar inicio a estudios de viabilidad técnica y ambiental, indicaron fuentes citadas por el diario Valor.


El ministro Braga, citado por Valor, confirmó la información y dijo que una nueva represa tendría "un sentido estratégico", optimizaría las represas de Jirau y Santo Antonio localizadas en Brasil regulando el ritmo hídrico del Madera de forma más eficiente y contribuiría a las economías de ambos países

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  • Especialista considera hidrelétrica na Bolívia opção ... 28 abr. 2015 - Segundo ele, como a usina de Jirau, também no Rio Madeira, não ... da vazão do rio, a construção de uma nova central no lado boliviano, com ... Sob esse aspecto, ela é bastante benéfica para o Brasil", disse o engenheiro.

    br.sputniknews.com/brasil/20150428/886089.html

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http://msiainforma.org/hidreletrica-com-bolivia-e-interessante-para-o-brasil/

http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20140220/bolivia-conocia-efectos-de-presas_245682_535689.html

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Experto considera hidroeléctrica en Bolivia interesante opción para Brasil

04.28.2015 © 2015 AFP / Norberto Duarte

En declaraciones a "Sputnik", el ingeniero Allan Cascaes, profesor de la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ), dijo que el proyecto brasileño para construir una planta hidroeléctrica en asociación con Bolivia puede ser muy beneficioso para Brasil, con esta nueva planta hidroelèctrica funcionando como un complemento de la Central Hidroelèctrica Jirau

La construcción de la nueva planta, que todavía está en proceso de negociación, prevè una financiación de R$ 15000 millones hasta 2022, año en que la planta hidroeléctrica binacional, que se emplazarà en el lado boliviano del río Madeira, entrarìa en operación.
La expectativa es que las obras, posiblemente financiada por el BNDES, comenzara en 2018 y una vez terminada, producirìa hasta 3.000 MW de potencia.

Para Cascaes, al analizar los costos y los beneficios de este proyecto, la inversión puede ser muy buena para el país. De acuerdo con él, como la represa de Jirau, también en el río Madeira, no tiene una gran capacidad de acumulación de agua, se impide la regulación de caudal del río, y la construcción de una nueva planta hidroelèctrica en el lado boliviano, con una presa más alta, puede resolver un gran problema de suministro.

"Cuando se tenga una gran cantidad de lluvia, esta nueva represa en Bolivia va a almacenar el agua y la liberarà en la estación seca. En este sentido, es muy beneficiosa para Brasil", dijo el ingeniero. "Y, haciendo una comparación con otras plantas hidroeléctricas, el costo està dentro de lo razonable si tenemos en cuenta los costos de la presa, el capital y además las líneas de transmisión."

También de acuerdo con el experto, otra alternativa para la región sería la creación de una central nuclear. Sin embargo, además de tener un costo más alto, esta otra opción tiene una vida más corta, ya que tiene que ser desmantelada después de 40 años. Y por esa razón, a pesar de las críticas de muchos ecologistas, la energía hidroeléctrica es aún la más interesante.

"La primera alternativa, la más atractiva, es siempre una represa. Incluso soy contrario a la idea de que no se puede construir centrales eléctricas con grandes reservorios porque va a cambiar el entorno. Porque, en realidad, no estoy cambiando totalmente el medio ambiente, estoy creando un nuevo medio ambiente", retrucó Cascaes. "Estoy sustituyendo la zona por un lago, que ahora tendrá un nuevo papel en la biodiversidad", añadió.

Con el fin de dar continuidad a las discusiones sobre el acuerdo, el ministro de Minas y Energía de Brasil, Eduardo Braga, deben hacer una visita a Bolivia el mes de mayo de 2015 para firmar un memorando formal de estudios técnicos y ambientales para el proyecto, que, según alguna prensa, también debe incluir la instalación de termoelèctricas en la frontera y de lìneas de transmisión que permitirán la exportación de energía a Brasil. En este caso, la sumatoria de la producción potencial de todas las plantas, alcanzaría 7.500 MW, lo que equivale a la mitad de la planta binacional de Itaipú, en el río Paraná. Bolivia consume solamente 1.280 MW.

Según el profesor de la UERJ, la disponibilidad de una mayor cantidad de energía para Brasil, en los próximos años, tendrá una importancia vital para el desarrollo del país. Él cree que a pesar de los problemas actuales, la economía nacional debe volver a crecer a partir del próximo año, lo que también aumenta el consumo de energía.

"Estas trabajo a largo plazo se debe iniciar con suficiente antelación, ya que las centrales hidroeléctricas o nucleares son mejor alternativa que la construcción de termoeléctricas. Estas, además de mucho más caras, son terriblemente perjudiciales para el medio ambiente ", explicó Cascaes.

Especialista considera hidrelétrica na Bolívia opção interessante para o Brasil


28.04.2015 © AFP 2015/ Norberto Duarte


Em entrevista exclusiva à Sputnik nesta terça-feira, o engenheiro Allan Cascaes, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), disse que o projeto brasileiro de construir uma hidrelétrica em parceria com a Bolívia pode ser muito benéfico ao Brasil, com essa nova usina funcionando como uma complementação da central de Jirau.


A construção da nova usina, que ainda está em fase de negociação, prevê um financiamento de R$ 15 bilhões até 2022, ano em que a hidrelétrica binacional, que ficará do lado boliviano do Rio Madeira, deverá entrar em operação.
A expectativa é a de que as obras, financiadas possivelmente pelo BNDES, tenham início em 2018 e de que, quando finalizadas, a usina tenha capacidade para produzir até 3.000 MW de energia.


Para Cascaes, analisando, por alto, os custos e os benefícios desse projeto, o investimento pode ser considerado muito bom para o país. Segundo ele, como a usina de Jirau, também no Rio Madeira, não possui uma barragem de acumulação grande, impedindo assim a regularização da vazão do rio, a construção de uma nova central no lado boliviano, com uma barragem maior, poderá resolver um grande problema de abastecimento.


"Quando tiver muita chuva, essa barragem na Bolívia vai segurar a água e liberar apenas na época da estiagem. Sob esse aspecto, ela é bastante benéfica para o Brasil", disse o engenheiro. "E, fazendo uma comparação com outras usinas, o custo está dentro do razoável se nós considerarmos os custos de barragem, capital e mais as linhas de transmissão".


Ainda de acordo com o especialista, outra alternativa para a região seria a criação de uma usina nuclear. Entretanto, além de ter um custo maior, essa outra opção possui uma vida útil menor, tendo que ser desmontada após 40 anos. E, por esse motivo, apesar das críticas de muitos ambientalistas, a hidrelétrica continua sendo mais interessante.


"A primeira alternativa, mais atraente, sempre é uma hidrelétrica. Eu até aproveito para me posicionar contrário a essa ideia de que não se pode construir usinas com reservatórios porque vai alterar o meio ambiente. Porque, na verdade, eu não estou alterando totalmente o meio ambiente, eu estou criando um novo meio ambiente", explicou Cascaes. "Eu estou substituindo aquela área por um lago, que vai ter agora um novo papel na biodiversidade", completou.


A fim de dar continuidade às discussões sobre o acordo, o ministro de Minas e Energia do Brasil, Eduardo Braga, deverá fazer uma visita à Bolívia no próximo mês para assinar um memorando de formalização dos estudos técnicos e ambientais do projeto, que, de acordo com alguns órgãos de imprensa, deverá incluir também a instalação de termelétricas na fronteira e linhas de transmissão que permitirão a exportação de energia para o território brasileiro. Nesse caso, somando-se o potencial de produção de todas as usinas, a capacidade total do complexo chegaria a 7.500 MW, o equivalente à metade da usina binacional de Itaipu, no Rio Paraná, sendo que a Bolívia consome apenas 1.280 MW.


Segundo o professor da UERJ, a disponibilização de uma quantidade maior de energia para o Brasil nos próximos anos terá uma importância vital para o desenvolvimento do país. Ele acredita que, apesar dos problemas atuais, a economia nacional deverá voltar a crescer a partir do ano que vem, aumentando também o consumo energético.


"Essas obras de longo prazo têm que ser iniciadas com bastante antecedência. Porque, quando não fazem essas obras de hidrelétricas, ou de usinas nucleares, a alternativa é a pior possível: a construção de termelétricas. Estas, além de encarecer muito a conta da energia elétrica para o consumidor, são terrivelmente prejudiciais ao meio ambiente", explicou Cascaes.

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Leia mais: http://br.sputniknews.com/brasil/20150428/886089.html#ixzz3dzjF3Ukf

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Bolivia conocía efectos de presas


Los Tiempos - 20/02/2014


Hace más de seis años que el Gobierno ya conocía que las represas brasileñas construidas sobre la cuenca del río Madera provocarían mayores inundaciones en el país. El presidente Evo Morales pidió el martes investigar ese impacto por los desastres en Beni.


En 2006, una carta del canciller David Choquehuanca a su homólogo brasileño expuso los temores de Bolivia por esas presas.


El presidente Evo Morales dijo el martes que instruyó la indagación del efecto de las represas construidas por Brasil; sin embargo, su Gobierno ya había alertado sobre el impacto hace mas de siete años.

En la nota enviada por Choquehuanca, citada en el diario La Razón, se argumentaba que entre los impactos probables “se considera la inundación en el territorio boliviano, como efecto de los embalses que afectan, por un lado, la existencia del bosque amazónico de la Cuenca del Madera (Madeira), de alta riqueza en castaña, y por otro lado, las posibilidades de construcción de proyectos hidroeléctricos para satisfacer las demandas regionales y locales de energía”.


También aludía a “la inundación de Cachuela Esperanza, lo que inviabiliza el proyecto (...)” y se citó la afectación a los peces, sostén económico de la región.


Apelando a convenios fronterizos de protección del medio ambiente, la nota sugería remitir el tema “a una Comisión Binacional para análisis de proyectos relativos al río Madera”.


En noviembre de ese año 2006 se inició el proceso binacional de consultas con varias reuniones y encuentros presidenciales, ministeriales y técnicos. La II Reunión Técnica se realizó el 30 y 31 de octubre de 2008, en La Paz, para intercambiar información sobre los proyectos hidroeléctricos de Jirau y Santo Antonio. Bolivia expresó entonces su molestia por la ausencia de suficientes delegados técnicos de Brasil, a pesar del compromiso asumido.


Paralelamente, organizaciones campesinas de Bolivia y Brasil crearon el Movimiento en Defensa de la Cuenca del Río Madera y de la Región Amazónica y en Brasil presentaron recursos legales, detalló en 2007 a Los Tiempos, la coordinadora nacional del Fobomade, Patricia Molina.


Estudios y pronunciamientos de organizaciones de protección del medio ambiente también alertaban de los riesgos, entre ellos el de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), que en 2009 instó al Gobierno “al cumplimiento de los acuerdos internacionales, independientemente de la agenda positiva con el Gobierno brasileño”. La investigación de Mónica Vargas Collazos (Un caso de anticooperación española: El complejo de río Madera), señalaba que entre los “impactos que puede tener la construcción de megarepresas en la Amazonia brasileña y boliviana” estarían las inundaciones por la crecida de los ríos taponados por las megarepresas.
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En 2011, en un seminario sobre proyectos energéticos de Brasil, el vicecanciller Juan Carlos Alurralde, dijo a Reuters que el Gobierno no estaba satisfecho con los informes de Brasil en defensa de las hidroeléctricas y esperaba más aclaraciones y garantías.


El primer secretario de la embajada de Brasil en Bolivia, Ruy Ciarlini, dijo entonces a Reuters que tenían “datos científicos que nos muestran que no existe ningún riesgo”.
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Hasta ayer, en Beni se reportaron 84 mil reses muertas y pérdidas por 50 millones de dólares, más de 39 mil hectáreas de cultivos afectados, mientras la cifra de damnificados crece día a día debido a las inundaciones.


CACHUELA ESPERANZA


Un estudio realizado en 2011 por el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca) señalaba las consecuencias económicas y socioambientales que podría tener la construcción de la hidroeléctrica Cachuela Esperanza (proyecto gubernamental) y las represas brasileñas Jirau y San Antonio en combinación con los fenómenos de El Niño y La Niña.


Más de 18 millones de hectáreas, 559 comunidades de cinco departamentos del país y unas 330 mil personas serían afectadas por la inundación que provocaría la represa Cachuela Esperanza, combinada con los fenómenos climáticos, señalaba Cipca.

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  • : Ecología y sostenibilidad socioambiental, énfasis en conservación de ríos y ecosistemas, denuncia de impacto de megaproyectos. Todo esto es indesligable de la política y por ello esta también se observa. Ecology, social and environmental sustainability, emphasis on conservation of rivers and ecosystems, denounces impact of megaprojects. All this is inseparable from politics, for it, the politics is also evaluated.
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  • Biólogo desde hace más de treinta años, desde la época en que aún los biólogos no eran empleados de los abogados ambientalistas. Actualmente preocupado …alarmado en realidad, por el LESIVO TRATADO DE(DES)INTEGRACIÓN ENERGÉTICA CON BRASIL
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