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14 enero 2011 5 14 /01 /enero /2011 20:05

 

Red sludge's victim

The Catastrope http://redsludge.ismywebsite.com/

First of all, it's an ecological catastrophe.
The sludge covers everything: the soil, meadows, streams, rivers, houses, gardens, streets, animals, rooms, desks, wardrobes, dresses, shoes, etc. Everything.
Anywhere you see, everything is red.
And you cannot clean it. It's highly alkaline, it can eat itself into every object it meets, solves the organic materials, burns the human's and animal's skin. Expers said: the soil must change to a fresh one. But how much time it takes? Who knows...
The fresh news said: Toxic Hungarian sludge spill reaches River Danube (Reuters) [07/10/2010]

It's a society catastrophe, too.
Hundreds of people's house flooded by the red sludge. It sweeps everything from the gardens - fence, smaller trees, vegetables, chickens, etc. It breaks the glasses and goes into the rooms, kitchens, fill up everything. If you want to know it's strength, you can imagine if I tell you, that the firemans found my car about half mile from my house! It's terrible.
Every object which met with the sludge are became totally useless. The electrical machines are in closure, so my kitchen tools, computer, TV, phone, MP3 player, etc. is now an electronic trash.
Hundreds of peoples lost their properties, some of the lost their animals, and the worst of all, their work, too.
Without work people cannot supply their family.

This is the real catastrophe. http://redsludge.ismywebsite.com/

 

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Hungary’s largest ecological disaster took place on October 4, 2010 at 1:30 p.m. when the western dam of cassette X of the sludge reservoir, belonging to a privately owned company, Magyar Alumínium ZRt (Hungarian Aluminum Co), had ruptured. Due to the ruptured dam, a mixture of 600-700 thousand m3 of red sludge and water inundated the lower sections of the settlements of Kolontar, Devecser and Somlovasarhely via the Torna creek.
The spilling red sludge flooded 800 hectares of surrounding areas. The most extreme devastation was caused in the villages of Devecser and Kolontar, which are located near the reservoir.

Redsludge" tragedy 

Official Website of the Hungarian Government  http://redsludge.bm.hu/

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Nadie sabe cómo enterrar la balsa de lodo rojo

 

“Bolivia en busca de su industrialización corre este enorme riesgo, de hecho la contaminación al río “Pilcomayo” es evidente, lo mismo que el “Parapetí” por lixiviados del Botadero “made in” Alcaldía o del “Choqueyapu” en La Paz o del “Piraí” en Santa Puaj! y solo se hará algo cuando ocurra una catástrofe”.  Xel

Nadie sabe cómo enterrar la balsa de lodo rojo

Ingenieros militares austriacos reconocen que no hay recursos para levantar un cofre que cubra la instalación

 

128725871388417_10_10_balsa de lodos de hungria1dn

 

 

 

La peor catástrofe medioambiental que ha sufrido Hungría ha dado paso a uno de los mayores retos de su historia: construir un enorme búnker para cubrir la balsa de lodo que causó la catástrofe. El Gobierno magiar lleva días buscando expertos que le ayuden a edificar el enorme ataúd sobre una balsa que tiene el tamaño de seis campos de fútbol aún llena de lodo que, al convertirse en polvo, es una gran amenaza para la salud de los miles de habitantes de esta región del suroeste de Hungría. Por ahora no ha tenido suerte.

“Nuestro peor enemigo ahora es el tiempo, que corre en nuestra contra”, explicó ayer a este diario Zoltan Illes, secretario de Estado de Medio Ambiente húngaro. Illes quiere que el búnker o fortaleza, como él la llama, esté lista en tres meses, pero ninguno de los 35 países que han ofrecido ayuda a Hungría hasta ahora se ha declarado capaz de hacer una obra tan descomunal.

“Nuestro peor enemigo es el tiempo”, dice un alto cargo húngaro

 

La última nación que ha reconocido su impotencia ha sido Austria. El viernes, seis expertos del 3º Regimiento de Ingenieros de las Fuerzas Armadas austriacas llegaron a Ajka, donde está la balsa reventada. Después de un día visitando la zona del desastre, propiedad de la empresa Magyar Aluminium (MAL), los militares quedaron abrumados. “Me han dicho que su ejército no es capaz de realizar una obra como la que se necesita aquí”, confesaba Illes. De hecho, ni siquiera pudieron decirle quién será capaz de taparla.

 La balsa número 10 es una piscina con muros de 25 metros de alto y que aún contiene 2,5 millones de metros cúbicos de lodo con metales pesados resultantes de la producción de aluminio. La construcción cedió el 4 de octubre causando una riada con los residuos más líquidos que mató a nueve personas e hirió a otras 150.

Los planes recomendados por el ejército austriaco incluyen levantar un “fuerte” de bloques de hormigón que tendrán que ser hundidos a cinco o seis metros de profundidad para mantenerse estables. Después taparían la parte superior con arena y productos químicos arrojados con helicópteros o con capas de plástico, tal y como sugirieron los militares, según Illes. De nuevo, le advirtieron de que ellos no tienen recursos suficientes para llevarlo a cabo.

El ejército austriaco aconseja hacer un fortín de bloques de hormigón

 

 

Muros de ceniza

El tiempo tampoco ayuda porque las lluvias del otoño y las nieves del invierno harán mucho más difícil el trabajo en la balsa número 10. “Los ingenieros austriacos no me quisieron decir cuánto tiempo se necesitaría”, lamentó Illes. El secretario de Estado espera que las citas que tiene con otros expertos la próxima semana den mejor fruto. “Si nadie puede ayudarnos, lo diseñaremos y construiremos nosotros mismos”, sentenció Illes.

El Gobierno da por hecho que los muros de la piscina tóxica, hechos de cenizas de carbón y madera de otras fábricas de Ajka, se van a venir abajo debido a sus enormes grietas. El ejército magiar ha construido tres diques para evitar que la segunda riada de lodo rojo vuelva a arrasar Kolontár y Devecser, pero, si no se tapa la balsa y sigue sin llover, el polvo abrasivo que producen los residuos puede desplazarse a kilómetros de distancia y causar problemas respiratorios, explicó ayer Janos Szépvölgyi, jefe del grupo de científicos húngaros que están analizando la composición de los residuos industriales.

Centenares de personas se niegan a volver a sus casas jamás

En Devecser, el Gobierno ha instalado puestos médicos donde los habitantes pueden realizar “terapia respiratoria”, es decir, inhalar unos minutos aire puro de una bombona, según Gyorgyi Tottos, portavoz del cuerpo oficial que gestiona la catástrofe. Además, dos aviones han comenzado a rociar los campos afectados con semillas de colza con la esperanza de que estas aíslen el barro y le impidan transformarse en polvo, explicó Tottos.

La policía ha dejado regresar a sus casas a los habitantes de Kolontár, que llevan evacuados desde el 9 de octubre. “Unos 200 residentes no quieren regresar, no quieren vivir allí nunca más”, reconoció Tottos. De los 800 habitantes del pueblo, 500 han vuelto ya a sus casas. En Devecser, con unos 5.000 habitantes, hay 700 personas que no han vuelto tras la riada. Al igual que en Kolontár, unos 400 ya han avisado de que no quieren regresar nunca más, según Tottos.

No les faltan razones para querer abandonar. La mayoría de los campos de cultivo siguen sepultados bajo una gruesa capa de lodo rojo que no deja hueco para la vida. Incluso después de que el Gobierno concluya la retirada de las 1.000 toneladas de barro que los cubre, los campos no volverán a ser los mismos. “No creo que nadie pueda cultivar aquí algo para consumo humano al menos en uno o dos años”, explicó Szépvölgyi. Podrán plantar vegetales para uso industrial, dice el experto, aunque reconoce que “la gran mayoría” de los agricultores de Devecser y Kolontár sólo plantaba productos para consumo humano.

 

 

Fuente: http://www.publico.es/ciencias/341901/nadie-sabe-como-enterrar-la-balsa-de-lodo-rojo

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Így néz ki a vörösiszap után Devecser és környéke – Nagyítás-fotógaléria

2010. október 04., hétfő, 23:59 • Utolsó frissítés: 2010. október 08., péntek, 10:15


 

 

Négyen meghaltak, több mint százan megsérültek és többen eltűntek, amikor hétfőn az Ajka melletti timföldgyár zagytározójának gátja leomlott, és egymillió köbméter vörösiszap és lúgos víz árasztotta el a környező Devecser, Kolontár és Somlóvásárhely településeket. A vörösiszap – a timföldgyártás mellékterméke – maró hatású anyag, nehézfémet tartalmaz, amely a légutakba, emésztőrendszerbe jutva mérgező. Ez a veszély elsősorban akkor fenyeget, ha a lerakódott vörösiszap megszárad és porlani kezd. Híreinket és Nagyítás-galériánkat folyamatosan frissítjük.

Kolontár rendőrség által lezárt területe – itt csapódott be először az iszaphullám. / The hardest hit part of Kolontár remains under police lockdown.

Kolontár rendőrség által lezárt területe – itt csapódott be először az iszaphullám. / The hardest hit part of Kolontár remains under police lockdown.

#1 © Stiller Ákos

Mindent vitt az iszap – kocsit, traktort, kerítést. / The flood swept away everything – cars, tractors, fences.

Mindent vitt az iszap – kocsit, traktort, kerítést. / The flood swept away everything – cars, tractors, fences.

#2 © Stiller Ákos

Kiszakadt a ház oldala Kolontáron. / The flood washed away the walls of this Kolontár house.

Kiszakadt a ház oldala Kolontáron. / The flood washed away the walls of this Kolontár house.

#3 © Stiller Ákos

Kossuth utca, Kolontár / Kossuth street, Kolontár

Kossuth utca, Kolontár / Kossuth street, Kolontár

#5 © Stiller Ákos

Oda a termés. / The flood destroyed the crops as well.

Oda a termés. / The flood destroyed the crops as well.

#6 © Stiller Ákos

Kocsik egymás hegyén-hátán / The flood piled up cars in the garage

Kocsik egymás hegyén-hátán / The flood piled up cars in the garage http://hvg.hu/nagyitas/20101004_devecser_nagyitas_fotogaleria

#7 © Stiller Ákos

Kolontár

Kolontár  http://hvg.hu/nagyitas/20101004_devecser_nagyitas_fotogaleria

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12 enero 2011 3 12 /01 /enero /2011 21:40

Gorillas at risk from new oil search in Virunga forest – campaigners.

 

Según WWF, los planes de las petroleras Soco y Dominion afectarán irremediablemente la frágil biodiversidad del Parque Nacional Virunga, ubicado en el Congo, hábitat de unos 200 gorilas de montaña -el 25 % de los que quedan en el planeta.

 

 

África: Gorilas de montaña pueden desaparecer por exploración petrolera

 

Servindi, 12 de enero, 2011.- El hábitat de unos doscientos gorilas de montaña -el 25 por ciento de los que quedan en el planeta-, corre peligro inminente de desaparecer, por un proyecto de exploración petrolera en la reserva natural más antigua del África.

Según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), los planes de las compañías Soco y Dominion afectarán irremediablemente la frágil biodiversidad del Parque Nacional Virunga, ubicado en la República del Congo, en la frontera con Ruanda y Uganda.

 

Parque Nacional Virunga

 

Esta zona ecológica alberga numerosas especies de mamíferos, aves y reptiles como elefantes, hipopótamos, chimpancés, entre otros; cuyo equilibrio natural puede ser seriamente perjudicado si se lleva a efecto el proyecto de exploración petrolera.

Pero sin duda una de las especies que corre más riesgo serían los doscientos gorilas de montaña que habitan esa zona y que representan la cuarta parte de todos los existentes en el orbe.

Frente a esta seria amenaza, la WWF, solicitó al gobierno del Congo que prohíba la exploración petrolera en esa zona ecológica y de esa manera se garantice el respeto por el medio ambiente.

Las compañías Soco y Dominion también han sido notificadas a fin de que respeten la ley y aborten sus planes que perjudicarían el hábitat de miles de animales.

Los habitantes de esa zona también se verían afectados seriamente ya que en la actualidad se benefician del turismo y la actividad pesquera realizados bajo criterios sostenibles.

WWF indicó que unos 30 mil pescadores efectúan sus labores en el lago Edgard, situado dentro de las fronteras del parque.

 

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Gorillas at risk from new oil search in Virunga forest – campaigners

http://www.rnanews.com/regional/4637-gorillas-at-risk-from-new-oil-search-in-virunga-forest–campaigners-

Friday, 07 January 2011 11:55 by RNA Reporter

Kigali: Conservationists are up in arms over planned oil exploration activities due to start in the Virunga forest area by two British oil companies – with warning that will ‘undermine decades of work’ done to preserve the area.

The UK-listed companies SOCO and Dominion plan to drill for oil in the Virunga National Park – a gorilla habitat on the DR Congo side of the massive forest area.

World Wide Fund (WWF) is demanding that the two companies abandon their oil exploration plans – arguing all successful and costly conservation efforts aimed at saving the park’s unique nature will be no more.

The plans “will be costly for the area’s precious and fragile biodiversity, including, chimpanzees, hippos, elephants and other rare species, as well as the local population who benefit from tourism and sustainable fishing inside the national park,” said WWF.

Africa’s oldest national park and the continent’s first World Heritage Site, Virunga is home to many species of mammals, birds and reptiles, and an impressive diversity of landscape and habitats.

It is also home to about 200, almost a quarter, of the earth’s last remaining mountain gorillas, a charismatic large ape species and one of human kind’s closest living relatives.

The campaign group says some 30,000 local fishermen who fish sustainably on the park’s Lake Edward, a Ramsar protected site, will also suffer if drilling plans in the park go ahead.

Company maps seen by international media indicate that SOCO intends to drill through much of the park in areas with some of the highest savannah biomass in the world.

“…it is devastating to see an oil company pursue profit with total disrespect for both the animals and the local Congolese,” said WWF.

The group wants the Congolese government to guarantee and to enforce the existing oil exploration ban in the park designated World Heritage Site and asks the UK-listed companies to respect the law and international convention and to abandon their harmful plans for exploration.

Meanwhile, WWF said Friday in a new study that the number of mountain gorillas, which are a critically endangered species, has increased by more than 26%.

The World Wildlife Fund says it counted 480 mountain gorillas in the Virunga Massif region that spans Rwanda, the Democratic Republic of the Congo and Uganda. That is an increase of 100 gorillas since 2003, the organization said.

This increase brings the world population to 786 mountain gorillas, the organization said. http://www.rnanews.com/regional/4637-gorillas-at-risk-from-new-oil-search-in-virunga-forest–campaigners-

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Happy Birthday Matembela

by Liliane @
 

12 Jan 2011 – Today is Matembela’s birthday. He has enjoyed nine years in the sunshine of his family’s love, and the clouds of adult life are not yet on his horizon. 

 

 

A Mountain Gorilla’s infancy and adolescence are usually idyllic. Typically these animals grow up at the centre of a loving, close-knit and stable group in which the senior members devote their lives to caring and providing for their young. The cherished young spend their time cavorting in what amounts to a forest playground, in a beautiful landscape and under a gentle climate. 

Matembela is especially lucky to have been born into this particular clan led as it is by the mellowest Silverback in the park: Humba. It’s safe to say that he lacks Kabirizi’s imperial ambition and – knowing that discretion is the better part of valour – he will often move his family when he senses that another group or a Solitary Silverback is nearby. Indeed he’ll go such a long way to avoid a fight that it’s sometimes difficult for the rangers to keep up with him. So, thanks to Humba’s contemplative and placid disposition, his group is rarely disturbed by the violent interactions that are common in other families. 

 

The word Matembela signifies the leafy part of a kind of sweet potato: a strange name you might think for a Mountain Gorilla. But stranger still is the path by which the word travelled from the plant to the animal. In the not too distant past a woman who lived near the park named her baby boy Matembela, after the food she had craved while pregnant.  Time passed and the boy grew up; he became a Ranger and lost his life in defence of the park. Now his name and memory live on in this young Mountain Gorilla

So the word Matembela has served as the name of an indigenous plant, a local man who became a Ranger, and now a gorilla that might well grow up to be a starring Silverback in Virunga’s future. This tragic but wonderful story tells us a lot about life in this national park, and the intensity of the relationship between Virunga’s wildlife and the people responsible for its protection. Happy Birthday Matembela! http://gorillacd.org/blog/ —————————-

Mountain Gorilla Census Results: Population Increases by 26.3%

December 15th, 2010 by Eddy

15 Dec 2010 Filed under (Mountain Gorillas, Rangers, Successes) by Eddy @ 1:27 pm

The results of the census that was conducted in the spring of 2010 show that the number of Mountain Gorillas living in the tri-national forested area of which Virunga forms a part, has increased by 26.3% over the last seven years – an average growth rate of 3.7% per annum. Of the 480 Mountain Gorillas living in greater Virunga, 14 are Solitary Silverbacks, and the remaining animals live in one or other of the population’s 36 family groups. If you add together the 306 gorillas that we know to have been living in Bwindi Impenetrable Forest in 2006, with those living in greater Virunga, and throw in the four orphans living in the Senkwekwe Centre, you get 790 – the global population of a critically endangered species. 

 

 

That number is unreasonably high. The Mountain Gorilla as a species lives on one of human society’s most active fault lines and the years since the last census have brought spectacular violence to Uganda as well as to the DRC. So, as it seems sensible to assume that there is an inverse ratio between human chaos and gorilla survival, it is astonishing that there are 100 more gorillas living in the forests of the Virunga Mountains than there were in 2003. And the population isn’t just growing; it’s growing faster – the average annual growth of the years between 1989 and 2003 was 1.15%. 

 

 

More surprising still is that 790 is somewhere between an accurate and a conservative estimate of the total number of Mountain Gorillas. Many of them are habituated which firstly makes them very countable and secondly gives us a great deal of insight into how Mountain Gorillas live. So we can confidently estimate the number of gorillas we haven’t yet seen by looking at the evidence that they leave behind – tracks and nests and so on. But none of this applies to the figure for Bwindi – if you were to project the growth of the Virunga population onto that of Bwindi, then the total number of gorillas would be considerably higher. 

 

 

 

People from three impoverished, shaky and often hostile states worked together to conduct this census just as they have worked together every day of the last seven years, sometimes in almost unimaginable conditions, to protect the Mountain Gorilla. They are responsible both for the census and for these extraordinary results. 

 

 

 

Congratulations and thanks are due to the people who have worked on the front line to make this happen and to the Ugandan Wildlife Authority, the Institute for the Conservation of Nature in Congo and the Rwanda Development Board for supporting and guiding them. There are also several non-governmental organizations that should be mentioned here: the International Program for Gorilla Conservation (a coalition formed of the African Wildlife Foundation, the World Wide Natural Fund, and International Fauna & Flora); the Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology; the Dian Fossey Gorilla Fund; and the Mountain Gorilla Veterinary Project. Thanks also to WWF-Sweden, the Fair Play Foundation, and the General Directorate for International Co-operation in the Netherlands for their financial support. Lastly, thanks to the community of people who care about the Mountain Gorilla and who support us as we build a future for this species. 

 

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12 enero 2011 3 12 /01 /enero /2011 19:02

El ex ministro Alfredo Ferrero,  principal negociador del TLC con los Estados Unidos,  haciendo mención a los capítulos ambiental y de los derechos laborales del TLC, señaló que “el TLC no amparará a Doe Run” y que en los TLC sólo “se protege la inversión bien hecha”, “más aún cuando es un tema ambiental”… PERO EN REALIDAD OCURRE TODO LO CONTRARIO … el TLC defiende a Doe Run del Estado peruano, como defendió a  Metalclad del Estado mexicano.

 

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DOE RUN Y EL TLC

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas/doe-run-y-el-tlc_77905.html#

 

La semana pasada el Grupo Renco, propietario de Doe Run Perú, anunció su intención de iniciar un arbitraje internacional dentro del marco del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y el Perú.

¿Qué argumenta Renco/Doe Run? Haber recibido un trato injusto e inequitativo de parte del estado peruano y que además no le ha brindado seguridad total y protección a sus inversiones. Nada menos.

Luego del anuncio se han producido algunas reacciones. Llama la atención, sobre todo, la del ex ministro Alfredo Ferrero y principal negociador del TLC con los Estados Unidos. El ex ministro ha hecho mención a los capítulos ambiental y de los derechos laborales y ha señalado que “el TLC no amparará a Doe Run” y que en los TLC sólo “se protege la inversión bien hecha”, “más aún cuando es un tema ambiental”.

En realidad el capítulo del TLC que debería revisar el señor Ferrero es el capítulo X, que se refiere a las inversiones y es el que pretende utilizar Doe Run. Además, no es cierto que los procesos de arbitraje internacional sean muy sensibles a los temas ambientales. El primer laudo arbitral al amparo de un TLC (el TLC de América del Norte) tuvo a la base un tema ambiental: una empresa de los Estados Unidos, Metalclad, quería construir un depósito de desechos tóxicos en la localidad de Guadalcazar, en el Estado de San Luis de Potosí y el municipio le denegó el permiso. La empresa demandó y abrió un proceso. Según el laudo arbitral, favorable para la empresa, el Estado mexicano tomó medidas “equivalentes a una expropiación”.

Podríamos citar varios ejemplos que muestran que el espíritu de estos procesos arbitrales es sobre todo proteger los derechos de los inversionistas y no aspectos ambientales, como pretende hacer creer Ferrero. Al amparo del los TLC, los estados receptores de inversiones se han visto obligados a pagar millonarias indemnizaciones a empresas.

Como lo señala un comunicado de la Red Globalización con Equidad y CooperAccion, se debe evitar cometer nuevos errores de apreciación que terminen favoreciendo a Doe Run. De ahora en adelante, todo dependerá de lo que se haga o se deje de hacer y en esta ocasión debemos esperar que los derechos de todos los peruanos sean bien defendidos y así evitar que Doe Run se salga con la suya.

 

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GOBIERNO ESTA PARCIALIZADO CON MINERAS

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/entrevista/gobierno-esta-parcializado-con-mineras_66498.html#

Publicado: 19 de julio del 2010
 

El Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, formado por las ONG CooperAcción, Grufides y Fedepaz, dio a conocer hace unos días su sexto informe, en el que se examina la situación de la minería en cinco regiones: Piura, Cajamarca, Junín, Cusco y Apurímac. José de Echave, economista y responsable del Programa Derechos Colectivos e Industrias Extractivas de CooperAcción, analiza en la siguiente entrevista la situación de la minería en el país, los conflictos sociales y ambientales que la rodean y la política del gobierno en este tema.

¿Los conflictos sociales y ambientales producidos por la minería además de haber aumentado en número, también se están incrementando en intensidad?
Sí, sin ninguna duda. Hay un crecimiento en el número y especialmente en la intensidad de estos conflictos, que se van convirtiendo en conflictos que apuntan a cambios en políticas públicas. Hay una ausencia absoluta de estrategia para enfrentar los conflictos…

¿O hay una estrategia del gobierno que se centra en desacreditar las protestas y en la represión?
Se busca criminalizar la protesta. Esa es una lógica que agudiza los conflictos. Se ha afirmado una visión profundamente autoritaria. El gobierno no reconoce las razones objetivas de los conflictos sociales y los caricaturiza. Los conflictos están planteando la necesidad de modificar las reglas de juego para que la situación sea más equilibrada…

 

¿La razón central de los conflictos entre las poblaciones y las empresas mineras es la exigencia por una mayor participación en las ganancias que tienen estas empresas, o el rechazo a la minería como una opción de desarrollo?
Los conflictos no son uniformes. Hay zonas, como Piura, algunas provincias de Cajamarca, algunas zonas de Cusco, donde hay un rechazo a la minería, que no forma parte de la visión de desarrollo que tienen esas poblaciones y que, por el contrario, la perciben como una actividad que los va a afectar. Sin embargo, hay poblaciones, como las de Moquegua o Tacna, que coexisten con la actividad minera y en esos escenarios la población apunta a tratar de conseguir nuevos acuerdos sociales con la minería, lo que implica mayores recursos económicos y empleo local. No todos los conflictos vinculados a la minería tienen la misma agenda.

 

¿Los proyectos mineros en el Perú cumplen los estándares ambientales mínimos aceptados internacionalmente?
Nuestra legislación es sumamente laxa en este aspecto. Nuestros límites máximos de emisión de fundiciones y otras operaciones mineras son demasiado permisibles. Los estudios de impacto ambiental son totalmente obsoletos…

¿Son obsoletos o están parcializados con los intereses de las empresas?
Las dos cosas. Los estudios de impacto ambiental son hechos por una consultora que es elegida y pagada por la empresa minera, y responden a los intereses de la empresa que los encarga. Y los procesos de implementación del estudio de impacto ambiental con las audiencias públicas están totalmente controlados por las empresas. Además de responder a los intereses de las empresas, estos estudios de impacto ambiental también son obsoletos, porque sus estándares están muy por debajo de los estándares internacionales mínimos planteados por organismos como el Banco mundial y el BID. Este instrumento, que es prácticamente el que decide qué proyecto minero se aprueba y cuál no, está seriamente cuestionado.

 

¿Cómo ve la ordenanza del Gobierno Regional del Cusco que prohíbe las concesiones mineras?
Esa decisión expresa una preocupación legítima de las autoridades regionales por el avance caótico de la minería. Por ejemplo, casi un 90% de Chumbivilcas está concesionado a la minería. Sin embargo, los gobiernos regionales no tienen facultades sobre la mediana y gran minería, y las concesiones se otorgan en Lima. Este caso del Cusco abre una interesante discusión sobre las concesiones mineras y cómo involucramos en la toma de decisiones a las autoridades regionales para buscar un desarrollo más armónico. El incremento de las concesiones mineras, ahora estamos bordeando los 20 millones de hectáreas, plantea un debate importante de cómo ordenamos el territorio para definir en qué zonas puede haber minería y en cuáles no…

¿Deben suspenderse las concesiones mineras hasta que se produzca ese ordenamiento del territorio?
Eso ayudaría a que el crecimiento de la minería sea menos caótico. Hoy en día basta que una empresa minera pida operar en un territorio que no esté concesionado para que éste se le entregue, sin tomar en cuenta si este territorio es un ecosistema sensible o si hay poblaciones en ese lugar.

 

¿Para desarrollar un proyecto minero, una ley de consulta debe incluir la obligación de tener el consentimiento de la población que va a ser afectada, o basta con el procedimiento de consulta?
Sin duda que se requiere el consentimiento de la población. Si no es así, el gobierno puede decir ya consulté y ahora decido qué hacer. El reto para quienes quieren hacer minería es convencer a la población, y si no lo logran deben aceptar que no hay condiciones para desarrollar la minería en esa zona y dar un paso atrás.

¿Qué efectos tendría la no promulgación de la ley de consulta o la aprobación de una ley mediatizada con las observaciones hechas por el Ejecutivo?
Las observaciones que ha planteado el gobierno, una de las cuales es no reconocer a las comunidades campesinas de la sierra y de la costa como pueblos indígenas, desnaturalizan la ley de consulta. Una ley con esas observaciones estaría muy por debajo de lo que plantea el Convenio 169 de la OIT. Sería una caricatura de consulta ciudadana que sin duda provocaría una reacción muy fuerte de las poblaciones que tenían mucha expectativa con una ley de consulta. Cuando haya más información y más consulta a la población, entonces habrá menos conflictos.

El informe del Observatorio de Conflictos Mineros señala que hay una ausencia del Estado que permite abusos de las empresas mineras. ¿El problema es una ausencia del Estado o la existencia de una política estatal que defiende los intereses de las empresas mineras sobre los derechos de las poblaciones afectadas?

Existen ambos componentes. El PNUD ha trabajado un mapa que muestra dónde está presente el Estado y dónde no lo está, y si uno cruza esa información con las zonas de las operaciones de las empresas extractivas, de minería e Hidrocarburos, en la gran mayoría de casos hay una coincidencia de esas operaciones con las zonas de ausencia del Estado. Ese es un primer problema. Pero el otro elemento es que cuando el Estado interviene, esa intervención es parcializada con la empresa y no se percibe un Estado que busque contribuir a eliminar las asimetrías (entre las empresas y las comunidades). La opción del Estado es apostar a que las industrias extractivas sigan creciendo. El problema es que estas actividades siguen creciendo sin mecanismos de control, fiscalización y regulación.

 

El gobierno ha anunciado para este año inversiones en minería por tres mil millones de dólares. Como están las cosas, ¿esa es una buena o una mala noticia?
Nadie dice que el país se cierre a las inversiones, pero como están las cosas, con un Estado que deja hacer, que no interviene y que cuando interviene lo hace en forma parcializada con las empresas, y viendo la evolución de los conflictos vinculados a las industrias extractivas, lo evidente es que más inversiones mineras traerán más conflictos sociales y ambientales.

¿Es un error apostar a la minería como la locomotora del desarrollo económico del país?
El Perú es un país mega diverso y se debe apuntar a tener una economía diversificada respetuosa de la diversidad del país. Dentro de eso la minería puede tener un espacio, yo no creo que se deban cerrar todas las minas o que no se puedan aprobar nuevos proyectos mineros, pero no creo que la minería deba ser el núcleo central del desarrollo. Apostar a un modelo profundamente extractivista es un error.

“El TLC protege a Doe Run”

Hace un año el gobierno amplió por segunda vez el plazo a Doe Run para que cumpla con el Programa de Adecuación Ambiental (PAMA) de la fundición de La Oroya y este 27 de julio se vence el plazo para que la empresa reanude sus operaciones. Pero hasta ahora Doe Run ha incumplido sus compromisos. ¿Qué puede pasar en La Oroya?
La opción de darle a Doe Run mayor tiempo para que cumpla con el PAMA ha sido un error, de este gobierno y del anterior. Hemos llegado a una situación límite y aparentemente la empresa no va a reiniciar sus operaciones. En ese escenario, el gobierno va a tener que tomar la opción del retiro de la empresa. Eso abre una discusión complicada sobre lo que el contrato permite. Hoy en día, a causa del capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, la empresa tiene mayores herramientas que antes para defenderse…

 

¿El TLC amarra al gobierno para actuar frente a una empresa como Doe Run que reiteradamente ha incumplido sus compromisos?
El TLC le pone restricciones al gobierno. No me parecería extraño que la empresa utilice el TLC para demandar al estado peruano en tribunales internacionales. El argumento, que se lo he escuchado al ex ministro Ferrero, de que el TLC no protege a la empresa no es cierto. Le recomendaría al ex ministro Ferrero que revise el artículo 10.71 del capítulo de inversiones del TLC, en el que claramente hay varios elementos que esta empresa puede utilizar a su favor. El TLC protege a las inversiones, a las buenas y a las malas.

¿La Oroya es un caso emblemático de la parcialización del Estado con las empresas y su desinterés por el medio ambiente y la población?
Sin duda. Es una evidencia de esa parcialización y también de la incapacidad del Estado.

“Islay, Cajamarca y Piura son las zonas de mayor conflictividad por la minería”

¿Cuáles son las zonas del país en las que en este momento existe una mayor conflictividad social a causa de la minería?
En Islay (Arequipa), por el proyecto minero de Tía María que está en una zona en la que hay una actividad agrícola muy intensa. El 61% de Islay, que es una provincia costeña profundamente agrícola, está concesionado a la minería. En Islay hay un conflicto muy claro entre minería y agricultura. Cajamarca, donde hay un nuevo proceso de expansión minera muy fuerte sin consulta a la población. Ahí hay conflictos con varias empresas, como Yanacocha por el proyecto Conga, Gold Fields, Anglo American. Piura es otra zona de conflicto latente.

En Piura el rechazo mayoritario a las operaciones de la empresa Río Blanco ya ha dejado varios muertos. ¿Hay una salida a la vista a este conflicto?
Hay un entrampamiento muy fuerte. Las autoridades locales y la población han pedido reinstalar la mesa de diálogo, pero aparentemente para el gobierno el diálogo está cerrado y ha respondido a las protestas anunciado la instalación de una base militar en la zona. Este es un caso emblemático donde las instancias democráticas de diálogo retroceden frente a la vocación autoritaria del gobierno.

 

¿Por qué Río Blanco genera tanto rechazo?
En Piura hay un rechazo mayoritario no solamente al proyecto minero de Río Blanco, sino a que esa zona, que es agrícola, se convierta en un distrito minero. Es claro que ahí la gente no quiere que haya minería. Forzar el ingreso de la minería genera una situación de mucha tensión. La población rechaza la minería porque esta zona donde está Río Blanco tiene un ecosistema muy especial, donde hay un sistema de lagunas, de páramos que recogen y distribuyen agua. Es una zona donde la población está muy vinculada a actividades de agricultura orgánica, como café. La población sabe que en esa misma zona se están intentando desarrollar otros cuatro o cinco proyectos mineros de envergadura, y que el proyecto de Río Blanco sería el primero en entrar a esa zona para convertirla en un distrito minero.

¿Un modelo de desarrollo agrícola sería más sostenible y rentable para la población de esa zona que la minería?
Sin duda que en esa zona un desarrollo basado en la agricultura y en el ecoturismo es una alternativa más viable y sostenible que la minería, y en perspectiva es económicamente más rentable para la población. Hay que generar las condiciones para desarrollar esta alternativa.

Entrevista:
Carlos Noriega http://www.diariolaprimeraperu.com/online/entrevista/gobierno-esta-parcializado-con-mineras_66498.html#

 

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Empresa minera Doe Run usa el TLC con EE.UU. para presionar al Estado

Perú | 7 de enero de 2011
Fuente: Mariátegui Revista de las Ideas http://mariategui.blogspot.com/2011/01/peru-empresa-minera-doe-run-usa-el-tlc.html

- Amenaza de millonario proceso de arbitraje internacional en el marco del TLC, busca debilitar la capacidad del Estado de ejecutar el cumplimiento de Doe Run.

 

- Capítulo de Inversiones del TLC comienza a mostrar sus problemas: Excesivas protecciones a los derechos de los inversionistas podrían ocasionar nuevas demandas contra el Estado peruano.

El reciente anuncio hecho por el Grupo Renco, representante de Doe Run Perú, de su intención de iniciar un arbitraje internacional contra el Estado peruano en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y los Estados Unidos, constituye el primer paso a lo que sería la primera demanda contra el Perú en el marco del supuesto incumplimiento de obligaciones amparadas por el TLC. La empresa demandaría al Estado peruano por el “sistemático trato injusto e inequitativo y no ha cumplido con brindarle total protección y seguridad” apelando al incumplimiento del articulo 10.5 (Nivel mínimo de trato) del Capítulo de X del TLC.

Para Alejandra Alayza, Coordinadora Ejecutiva de la RedGE, “La excesiva protección de los derechos de los inversionistas que otorgan los TLC permiten que a pesar de empresas como Doe Run Perú que han incumplido sistemáticamente sus obligaciones en el Perú, tengan ahora mecanismos internacionales para demandar al Estado peruano. Prefieren pagar el arbitraje internacional que asumir las responsabilidades que tienen en el país.” La amenaza de inicio de arbitraje impone un plazo de 90 días para que el Estado peruano logre un acuerdo con la empresa, sino se iniciaría un costosísimo proceso de arbitraje internacional.

 

Para el economista José De Echave de CooperAcción esta demanda no es una sorpresa: “En los TLCs, empresas que están seriamente cuestionadas nacional e internacionalmente, encuentran recovecos legales para la impunidad y para debilitar la capacidad soberana de negociación del Estado peruano”. El experto recordó que desde inicio de las negociaciones de los TLCs diversas organizaciones advirtieron estos problemas, a pesar de que los funcionarios del MINCETUR siempre buscaron minimizar estas consecuencias. Atrás quedaron las declaraciones del ex ministro Alfredo Ferrero, que afirmó que “el TLC no amparará a Doe Run” y que en los TLC sólo “se protege la inversión bien hecha”, “más aún cuando es un tema ambiental”.

Los expertos advirtieron que estos casos podrían aumentar considerando que estas protecciones se otorgan en todos los TLCs, incluyendo protecciones a países como China, Canadá o Unión Europea, con fuerte presencia en el sector minero y de hidrocarburos, sectores con alto nivel de conflictividad. “Es necesaria la rápida y clara definición del Estado frente este problema, mostrando desde el inicio una posición firme frente a estos procesos”, concluyó De Echave. http://www.albatv.org/Empresa-minera-Doe-Run-usa-el-TLC.html

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DOE RUN y el TLC

http://www.actualidadambiental.pe/?p=8675
Escribe José De Echave C. / Cooperacción

 

La semana pasada el Grupo Renco, propietario de Doe Run Perú, anunció su intención de iniciar un arbitraje internacional dentro del marco del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y el Perú.

¿Qué argumenta Renco/Doe Run? Haber recibido un trato injusto e inequitativo de parte del Estado peruano que además no les ha brindado seguridad total y protección de a sus inversiones. Nada menos.

Luego del anuncio se han producido algunas reacciones. Llama la atención, sobre todo, la del ex ministro Alfredo Ferrero y principal negociador del TLC con los Estados Unidos. El ex ministro ha hecho mención a los capítulos ambiental y de los derechos laborales y ha señalado que “el TLC no amparará a Doe Run” y que en los TLC sólo “se protege la inversión bien hecha”, “más aún cuando es un tema ambiental”.

En realidad el capítulo del TLC que debería revisar el señor Ferrero es el capítulo X, que se refiere a las inversiones y es el que pretende utilizar Doe Run. Además, no es cierto que los procesos de arbitraje internacional sean muy sensibles a los temas ambientales. El primer laudo arbitral al amparo de un TLC (el TLC de América del Norte) tuvo a la base un tema ambiental: una empresa de los Estados Unidos, Metalclad, quería construir un depósito de desechos tóxicos en la localidad de Guadalcazar, en el Estado de San Luis de Potosí y el municipio le denegó el permiso. La empresa demandó y abrió un proceso. Según el laudo arbitral, favorable para la empresa, el Estado mexicano tomó medidas “equivalentes a una expropiación”.

Podríamos citar varios ejemplos que muestran que el espíritu de estos procesos arbitrales es sobre todo proteger los derechos de los inversionistas y no aspectos ambientales, como pretende hacer creer Ferrero. Al amparo del los TLC, los estados receptores de inversiones se han visto obligados a pagar millonarias indemnizaciones a empresas.

Como lo señala un comunicado de la Red Globalización con Equidad y CooperAccion, se debe evitar cometer nuevos errores de apreciación que terminen favoreciendo a Doe Run. De ahora en adelante, todo dependerá de lo que se haga o se deje de hacer y en esta ocasión debemos esperar que los derechos de todos los peruanos sean bien defendidos y así evitar que Doe Run se salga con la suya.

 

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PERÚ, LEGADO DE ALAN GARCÍA: CONFLICTOS MINEROS EN ESCALADA, MECANISMOS DE REGULACIÓN COJOS, CONCESIONES SUPERAN LOS 2 MILLONES DE HECTARES POR AÑO, LOS ULTIMOS QUE SE ENTERAN SON LOS POBLADORES Y LAS AUTORIDADES REGIONALES, MAS DEL 50% DE HUANCAVELICA Y CAJAMARCA SE HALLAN EN ESTA DRAMATICA SITUACIÓN, LA SELVA ES IGUALMENTE “PASTO DE GIGANTES”.

 

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TLC PROTEGE A DOE RUN

En la siguiente entrevista, José de Echave, economista, responsable del programa de Minería y Comunidades de la ONG CooperAcción y coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros, cuestiona la decisión de extender por 30 meses el plazo para que la empresa norteamericana Doe Run, que opera el complejo metalúrgico de La Oroya, cumpla con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). De Echave señala que los antecedentes de esta empresa generan serias dudas de que vaya a cumplir. También se pronuncia sobre los crecientes conflictos en el sector minero y sus causas y la respuesta de las empresas y del gobierno, y advierte que las condiciones están dadas para que se repita otro “Baguazo”.

Publicado: 28 de setiembre del 2009

-¿Qué consecuencias tendrá esta segunda extensión de tiempo dada por el gobierno a Doe Run para que cumpla con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA)?
-Es un pésimo mensaje que el Perú da como país. Con esta medida se están rompiendo todos los criterios que deben tener las normas legales, que deben ser generales, porque en este caso se está legislando con nombre propio. Se está dando el mensaje que aquí los inversionistas pueden hacer prácticamente lo que quieren, que se premia a una empresa, como Doe Run, que desde que ha llegado al país ha incumplido todas sus obligaciones, entre ellas las ambientales, pero también sus obligaciones con los bancos y con sus proveedores, y que tiene problemas de acotaciones tributarias…

 

-Es decir, se ha favorecido a una empresa que tiene muy malos antecedentes…
-Doe Run tiene antecedentes terribles, no sólo en el Perú, sino también fuera del país. Estamos ante una empresa que tiene los peores comportamientos sociales, ambientales y financieros. Con esta medida de ampliar el plazo para el PAMA a favor de Doe Run, el Estado se muestra sumamente permisivo frente a este tipo de comportamientos.

-Doe Run asegura que por la crisis económica mundial no estaba en capacidad de hacer la inversión necesaria para cumplir con el PAMA en el tiempo previsto.
-No hay ninguna razón que justifique esta ampliación del plazo. La empresa ha tenido varios años con utilidades muy importantes. Entre 2004 y 2008 obtuvo aproximadamente 500 millones de dólares de utilidad, por lo que ha tenido recursos más que suficientes para haber cumplido con el PAMA.

-¿La pasividad del gobierno ha permitido este incumplimiento de Doe Run?
-Cuando se dio la anterior ampliación del PAMA, que vencía en octubre de este año, el Estado tenía la obligación de hacer auditorías financieras para ver si la empresa estaba invirtiendo lo que debía invertir, pero el gobierno no ha cumplido su rol de regular, de fiscalizar y de sancionar a la empresa.

-El gobierno justifica esta ampliación del PAMA con la necesidad de evitar un problema social ante un cierre de la empresa que dejaría a más de tres mil trabajadores sin empleo.
-Sin duda un posible colapso del complejo metalúrgico del cual depende la vida económica de La Oroya sería un problema social de envergadura. Frente a esta situación, era una obligación del gobierno construir escenarios alternativos para que este complejo metalúrgico siga funcionando. No creo que la ampliación del PAMA por 30 meses asegure los tres mil puestos de trabajo. El camino que se está siguiendo no da ninguna garantía que Doe Run mantenga esos empleos. Ni el futuro de los trabajadores, ni el futuro del complejo metalúrgico de La Oroya, pueden estar a salvo con el comportamiento de una empresa como Doe Run…

-Los trabajadores han salido a apoyar a la empresa porque entienden que así defienden sus empleos.
-No tengo dudas que la empresa ha estado detrás de estas protestas. La preocupación de los trabajadores es legítima, pero me da la impresión que el peor aliado de los trabajadores es Doe Run. Yo no pondría las manos al fuego de que al momento de relanzar su producción la empresa vaya a mantener todos los puestos de trabajo. Es muy probable que haya despidos. Seguimos en un escenario incierto.

 

-¿Cree que Doe Run volverá a incumplir sus compromisos?
-Por sus antecedentes, no creo que vaya a cumplir…

-¿No hay garantías para que Doe Run cumpla esta vez?
-En este punto, la ley que amplía el PAMA es muy general y no señala las garantías para que Doe Run cumpla con las inversiones que debe hacer. La empresa ha obtenido una ampliación del PAMA, pero sigue sin capital de trabajo. Doe Run ha argumentado que esta ampliación del PAMA le permitirá obtener financiamiento de la banca, pero esta empresa tiene los peores antecedentes en términos de pago a sus acreedores, por lo que tengo serias dudas que sea confiable para la banca y obtenga financiamiento. Tengo mis dudas que la empresa realmente quiera quedarse en el país…

-¿Si no quiere quedarse, por qué ha presionado tanto para obtener esta ampliación del PAMA que le permite seguir operando?
-Creo que está ganando tiempo para buscar un escenario en el cual el Estado cometa algún error que le permita reclamar una indemnización. En el Tratado de Libre Comercio (TLC) que el Perú tiene firmado con Estados Unidos hay un capítulo de protección de inversiones en el que se habla de expropiación directa e indirecta. Una expropiación indirecta es cualquier medida del estado peruano que afecte las expectativas de ganancias de una empresa norteamericana, frente a lo cual el Estado puede ser sujeto de una demanda internacional por parte de la empresa. No descartaría la posibilidad que Doe Run esté jugando a esperar que el Estado la intervenga y así utilizar los mecanismos del TLC para acusar al estado peruano de afectar sus operaciones y presentar una demanda internacional en su contra reclamando una indemnización.

-¿El TLC protege a Doe Run y le amarra las manos al estado peruano?
-Sin duda que protege a Doe Run. En este caso, el TLC es un arma a favor de Doe Run y juega en contra del estado peruano. Este ha entrado en esta situación con las manos atadas por el TLC, que le ha restringido las alternativas de manera sustantiva. Con este caso comenzamos a ver las consecuencias negativas del capítulo de protección de las inversiones de Estados Unidos que está incluido en el TLC, que limita las posibilidades de acción del estado peruano.

 

 

-¿Sin el TLC, el Estado habría podido anular el contrato con Doe Run por el incumplimiento de sus compromisos sin preocuparse por una demanda?
-Sin un TLC firmado, el Estado tranquilamente le podría haber dicho a la empresa que se vaya por haber incumplido el contrato de privatización y no había ninguna consecuencia.

“Lo ocurrido en Bagua se puede repetir”

-¿El gobierno ha aprendido algo de lo ocurrido en Bagua?
Ha aprendido muy poco, y ese aprendizaje no se está traduciendo en procesos concretos.

No se quiere modificar un milímetro el marco legal, que es la base de los conflictos sociales. Hay una actitud de buscar criminalizar la protesta, de reprimirla todavía más…

-¿Estamos en una situación en la que un conflicto como el de Bagua puede repetirse en cualquier momento?
-No tengo la menor duda que eso puede repetirse, tanto en zonas amazónicas como en andinas, en zonas de Hidrocarburos o de minería. No se ha tomado ninguna medida para evitar que un conflicto de esa magnitud se vuelva a presentar.

-¿Cuáles son las zonas más conflictivas?
-Piura y Cajamarca son dos escenarios complicados y tensos. Hay que mirar con mucha atención Apurímac, donde más del 50 por ciento del territorio está concesionado. En Arequipa se está viviendo una situación bastante tensa en Islay, donde hay una actividad agrícola muy importante y se quiere desarrollar un proyecto minero. En Cerro de Pasco está el tema del desplazamiento de la ciudad. Otra zona conflictiva es la provincia de Yauli, en Junín, donde el proyecto de Toromocho implica la reubicación del distrito de Morococha.

“Conflictos sociales aumentan en número y en intensidad”

-En la reciente Convención Minera de Arequipa se trató el tema de los conflictos sociales. ¿Hay avances por parte de las empresas y del gobierno para entender las causas de estos conflictos?
-Los conflictos sociales vinculados a la minería están aumentando en número y en intensidad. Yo estuve en la Convención Minera y la impresión que tengo es que, si bien se debatió el tema de los conflictos sociales, el argumento central manejado por las empresas y el gobierno sigue siendo el de la existencia de una agenda oculta, de intereses políticos, de un complot contra las inversiones mineras. Eso es un gran error. Si no se reconoce la existencia de agendas legítimas que los conflictos sociales están tratando de plantear y poner sobre la mesa, no se va a avanzar en desarrollar estrategias frente a las protestas.

-¿Un elemento central de las protestas sociales es el cuestionamiento al modelo de desarrollo primario exportador basado en la minería?
-Los conflictos sociales, además de mover agendas y expectativas locales, comienzan a cuestionar abiertamente las reglas de juego. Sin duda hay un cuestionamiento a este modelo primario exportador, que implica un crecimiento caótico de la actividad minera que no es sostenible. Se cuestiona la política de concesiones y se señala que este crecimiento caótico de la minería no puede continuar. No se plantea que no haya minería, sino que ésta se desarrolle bajo ciertas condiciones, y los aspectos sociales y ambientales, y en algunos casos también culturales, están siendo puestos sobre la mesa. También se exige que existan mejores mecanismos de participación ciudadana y que las poblaciones sean informadas y consultadas cuando sus territorios son concesionados; que haya instrumentos de gestión ambiental más rigurosos; que los aportes de la minería en coyunturas favorables, como la vivida entre 2004 y 2008, sean sustantivos; que haya un Estado que esté presente, que controle, que regule, que represente el interés nacional…

-¿Un factor clave de los conflictos sociales es que el Estado juega a favor de las empresas?
-Hay un cuestionamiento claro y abierto al rol del Estado, que es un Estado sumamente laxo y permisivo frente a las empresas mineras. El Perú es el escenario del Estado ausente, de la autorregulación, donde lo que predomina son acuerdos entre pobladores y empresas mineras, en una situación de asimetría absoluta que favorece a las empresas. Esta situación de asimetría y de desequilibrio, causada por un marco legal muy favorable a las empresas mineras y que recorta los derechos de las poblaciones, es lo que está en la base de los conflictos sociales. Si no hay una voluntad política de cambiar y se sigue apostando a que la minería crezca como lo ha venido haciendo en los últimos años, los conflictos sociales van a seguir aumentando.

 

Carlos Noriega
Entrevista http://www.diariolaprimeraperu.com/online/entrevista/el-tlc-protege-a-doe-run_47136.html#

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Bases Militares y Tratados de libre comercio – TLCs sobre América Latina – Reservas de Agua Dulce – Nuevo Orden Mundial –

Se da por sentado que un TLC es un acuerdo comercial regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países o bloques que lo integren, como es el caso de Centroamérica y Dominicana con Estados Unidos. 

Mas, este último es inequitativo -aparte de por las dimensiones económicas y geográficas de los integrantes- porque la Unión Americana conserva intactas sus medidas proteccionistas y los subsidios agrícolas, pero su contra parte ni siquiera los posee. 

Los TLC de este tipo no implican integración económica, social y política en condiciones justas y favorables para todos sus miembros. 

Priman los preceptos del neoliberalismo, desde la perspectiva del Consenso de Washington, que enfatiza lo tecnocrático y macroeconómico, a la vez que rechaza el papel del Estado en lo económico y lo social. 

Por el contrario, defienden el libre mercado capitalista como mejor garante del equilibrio institucional y del crecimiento económico de un país o grupo de ellos. 

 

 

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Published by cinabrio - en MALA MINERÍA
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12 enero 2011 3 12 /01 /enero /2011 17:32

Doe Run vs. Peru, Metalclad vs. Mexico, Toxic Waste and NAFTA

 

 

 

"No es cierto que los procesos de arbitraje internacional sean muy sensibles a los temas ambiental" afirma José De Echave y cita el caso de Metalclad, que quería construir un depósito de desechos tóxicos en el Estado de San Luis de Potosí y el municipio le denegó el permiso. La empresa demandó y abrió un proceso. Según el laudo arbitral, favorable para la empresa, el Estado mexicano tomó medidas “equivalentes a una expropiación”.

 

 

 

 

 

El especialista José De Echave, es conocido por proponer una moratoria en la entrega de concesiones mineras por parte del Estado peruano, sumamente concesivo al respecto y que se caracteriza por una particular mano blanda con incentivos tributarios, totalmente fuera de lugar, en todo el sector energía y minas.

DOE RUN y el TLC

 
 


Escribe José De Echave C. / Cooperacción

 

 

11 January 2011 - La semana pasada el Grupo Renco, propietario de Doe Run Perú, anunció su intención de iniciar un arbitraje internacional dentro del marco del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y el Perú.

¿Qué argumenta Renco/Doe Run? Haber recibido un trato injusto e inequitativo de parte del Estado peruano que además no les ha brindado seguridad total y protección de a sus inversiones. Nada menos.

Luego del anuncio se han producido algunas reacciones. Llama la atención, sobre todo, la del ex ministro Alfredo Ferrero y principal negociador del TLC con los Estados Unidos. El ex ministro ha hecho mención a los capítulos ambiental y de los derechos laborales y ha señalado que “el TLC no amparará a Doe Run” y que en los TLC sólo “se protege la inversión bien hecha”, “más aún cuando es un tema ambiental”.

En realidad el capítulo del TLC que debería revisar el señor Ferrero es el capítulo X, que se refiere a las inversiones y es el que pretende utilizar Doe Run. Además, no es cierto que los procesos de arbitraje internacional sean muy sensibles a los temas ambientales. El primer laudo arbitral al amparo de un TLC (el TLC de América del Norte) tuvo a la base un tema ambiental: una empresa de los Estados Unidos, Metalclad, quería construir un depósito de desechos tóxicos en la localidad de Guadalcazar, en el Estado de San Luis de Potosí y el municipio le denegó el permiso. La empresa demandó y abrió un proceso. Según el laudo arbitral, favorable para la empresa, el Estado mexicano tomó medidas “equivalentes a una expropiación”.

Podríamos citar varios ejemplos que muestran que el espíritu de estos procesos arbitrales es sobre todo proteger los derechos de los inversionistas y no aspectos ambientales, como pretende hacer creer Ferrero. Al amparo del los TLC, los estados receptores de inversiones se han visto obligados a pagar millonarias indemnizaciones a empresas.

Como lo señala un comunicado de la Red Globalización con Equidad y CooperAccion, se debe evitar cometer nuevos errores de apreciación que terminen favoreciendo a Doe Run. De ahora en adelante, todo dependerá de lo que se haga o se deje de hacer y en esta ocasión debemos esperar que los derechos de todos los peruanos sean bien defendidos y así evitar que Doe Run se salga con la suya.

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EL TLC PROTEGE A DOE RUN

 

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/entrevista/el-tlc-protege-a-doe-run_47136.html#

En la siguiente entrevista, José de Echave, economista, responsable del programa de Minería y Comunidades de la ONG CooperAcción y coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros, cuestiona la decisión de extender por 30 meses el plazo para que la empresa norteamericana Doe Run, que opera el complejo metalúrgico de La Oroya, cumpla con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). De Echave señala que los antecedentes de esta empresa generan serias dudas de que vaya a cumplir. También se pronuncia sobre los crecientes conflictos en el sector minero y sus causas y la respuesta de las empresas y del gobierno, y advierte que las condiciones están dadas para que se repita otro “Baguazo”.

-¿Qué consecuencias tendrá esta segunda extensión de tiempo dada por el gobierno a Doe Run para que cumpla con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA)?
-Es un pésimo mensaje que el Perú da como país. Con esta medida se están rompiendo todos los criterios que deben tener las normas legales, que deben ser generales, porque en este caso se está legislando con nombre propio. Se está dando el mensaje que aquí los inversionistas pueden hacer prácticamente lo que quieren, que se premia a una empresa, como Doe Run, que desde que ha llegado al país ha incumplido todas sus obligaciones, entre ellas las ambientales, pero también sus obligaciones con los bancos y con sus proveedores, y que tiene problemas de acotaciones tributarias…

-Es decir, se ha favorecido a una empresa que tiene muy malos antecedentes…
-Doe Run tiene antecedentes terribles, no sólo en el Perú, sino también fuera del país. Estamos ante una empresa que tiene los peores comportamientos sociales, ambientales y financieros. Con esta medida de ampliar el plazo para el PAMA a favor de Doe Run, el Estado se muestra sumamente permisivo frente a este tipo de comportamientos.

-Doe Run asegura que por la crisis económica mundial no estaba en capacidad de hacer la inversión necesaria para cumplir con el PAMA en el tiempo previsto.
-No hay ninguna razón que justifique esta ampliación del plazo. La empresa ha tenido varios años con utilidades muy importantes. Entre 2004 y 2008 obtuvo aproximadamente 500 millones de dólares de utilidad, por lo que ha tenido recursos más que suficientes para haber cumplido con el PAMA.

-¿La pasividad del gobierno ha permitido este incumplimiento de Doe Run?
-Cuando se dio la anterior ampliación del PAMA, que vencía en octubre de este año, el Estado tenía la obligación de hacer auditorías financieras para ver si la empresa estaba invirtiendo lo que debía invertir, pero el gobierno no ha cumplido su rol de regular, de fiscalizar y de sancionar a la empresa.

-El gobierno justifica esta ampliación del PAMA con la necesidad de evitar un problema social ante un cierre de la empresa que dejaría a más de tres mil trabajadores sin empleo.
-Sin duda un posible colapso del complejo metalúrgico del cual depende la vida económica de La Oroya sería un problema social de envergadura. Frente a esta situación, era una obligación del gobierno construir escenarios alternativos para que este complejo metalúrgico siga funcionando. No creo que la ampliación del PAMA por 30 meses asegure los tres mil puestos de trabajo. El camino que se está siguiendo no da ninguna garantía que Doe Run mantenga esos empleos. Ni el futuro de los trabajadores, ni el futuro del complejo metalúrgico de La Oroya, pueden estar a salvo con el comportamiento de una empresa como Doe Run…

-Los trabajadores han salido a apoyar a la empresa porque entienden que así defienden sus empleos.
-No tengo dudas que la empresa ha estado detrás de estas protestas. La preocupación de los trabajadores es legítima, pero me da la impresión que el peor aliado de los trabajadores es Doe Run. Yo no pondría las manos al fuego de que al momento de relanzar su producción la empresa vaya a mantener todos los puestos de trabajo. Es muy probable que haya despidos. Seguimos en un escenario incierto.

-¿Cree que Doe Run volverá a incumplir sus compromisos?
-Por sus antecedentes, no creo que vaya a cumplir…

-¿No hay garantías para que Doe Run cumpla esta vez?
-En este punto, la ley que amplía el PAMA es muy general y no señala las garantías para que Doe Run cumpla con las inversiones que debe hacer. La empresa ha obtenido una ampliación del PAMA, pero sigue sin capital de trabajo. Doe Run ha argumentado que esta ampliación del PAMA le permitirá obtener financiamiento de la banca, pero esta empresa tiene los peores antecedentes en términos de pago a sus acreedores, por lo que tengo serias dudas que sea confiable para la banca y obtenga financiamiento. Tengo mis dudas que la empresa realmente quiera quedarse en el país…

-¿Si no quiere quedarse, por qué ha presionado tanto para obtener esta ampliación del PAMA que le permite seguir operando?
-Creo que está ganando tiempo para buscar un escenario en el cual el Estado cometa algún error que le permita reclamar una indemnización. En el Tratado de Libre Comercio (TLC) que el Perú tiene firmado con Estados Unidos hay un capítulo de protección de inversiones en el que se habla de expropiación directa e indirecta. Una expropiación indirecta es cualquier medida del estado peruano que afecte las expectativas de ganancias de una empresa norteamericana, frente a lo cual el Estado puede ser sujeto de una demanda internacional por parte de la empresa. No descartaría la posibilidad que Doe Run esté jugando a esperar que el Estado la intervenga y así utilizar los mecanismos del TLC para acusar al estado peruano de afectar sus operaciones y presentar una demanda internacional en su contra reclamando una indemnización.

-¿El TLC protege a Doe Run y le amarra las manos al estado peruano?
-Sin duda que protege a Doe Run. En este caso, el TLC es un arma a favor de Doe Run y juega en contra del estado peruano. Este ha entrado en esta situación con las manos atadas por el TLC, que le ha restringido las alternativas de manera sustantiva. Con este caso comenzamos a ver las consecuencias negativas del capítulo de protección de las inversiones de Estados Unidos que está incluido en el TLC, que limita las posibilidades de acción del estado peruano.

-¿Sin el TLC, el Estado habría podido anular el contrato con Doe Run por el incumplimiento de sus compromisos sin preocuparse por una demanda?
-Sin un TLC firmado, el Estado tranquilamente le podría haber dicho a la empresa que se vaya por haber incumplido el contrato de privatización y no había ninguna consecuencia.


“Lo ocurrido en Bagua se puede repetir”

-¿El gobierno ha aprendido algo de lo ocurrido en Bagua?
Ha aprendido muy poco, y ese aprendizaje no se está traduciendo en procesos concretos.

No se quiere modificar un milímetro el marco legal, que es la base de los conflictos sociales. Hay una actitud de buscar criminalizar la protesta, de reprimirla todavía más…

-¿Estamos en una situación en la que un conflicto como el de Bagua puede repetirse en cualquier momento?
-No tengo la menor duda que eso puede repetirse, tanto en zonas amazónicas como en andinas, en zonas de Hidrocarburos o de minería. No se ha tomado ninguna medida para evitar que un conflicto de esa magnitud se vuelva a presentar.

-¿Cuáles son las zonas más conflictivas?
-Piura y Cajamarca son dos escenarios complicados y tensos. Hay que mirar con mucha atención Apurímac, donde más del 50 por ciento del territorio está concesionado. En Arequipa se está viviendo una situación bastante tensa en Islay, donde hay una actividad agrícola muy importante y se quiere desarrollar un proyecto minero. En Cerro de Pasco está el tema del desplazamiento de la ciudad. Otra zona conflictiva es la provincia de Yauli, en Junín, donde el proyecto de Toromocho implica la reubicación del distrito de Morococha.


“Conflictos sociales aumentan en número y en intensidad”

-En la reciente Convención Minera de Arequipa se trató el tema de los conflictos sociales. ¿Hay avances por parte de las empresas y del gobierno para entender las causas de estos conflictos?
-Los conflictos sociales vinculados a la minería están aumentando en número y en intensidad. Yo estuve en la Convención Minera y la impresión que tengo es que, si bien se debatió el tema de los conflictos sociales, el argumento central manejado por las empresas y el gobierno sigue siendo el de la existencia de una agenda oculta, de intereses políticos, de un complot contra las inversiones mineras. Eso es un gran error. Si no se reconoce la existencia de agendas legítimas que los conflictos sociales están tratando de plantear y poner sobre la mesa, no se va a avanzar en desarrollar estrategias frente a las protestas.

-¿Un elemento central de las protestas sociales es el cuestionamiento al modelo de desarrollo primario exportador basado en la minería?
-Los conflictos sociales, además de mover agendas y expectativas locales, comienzan a cuestionar abiertamente las reglas de juego. Sin duda hay un cuestionamiento a este modelo primario exportador, que implica un crecimiento caótico de la actividad minera que no es sostenible. Se cuestiona la política de concesiones y se señala que este crecimiento caótico de la minería no puede continuar. No se plantea que no haya minería, sino que ésta se desarrolle bajo ciertas condiciones, y los aspectos sociales y ambientales, y en algunos casos también culturales, están siendo puestos sobre la mesa. También se exige que existan mejores mecanismos de participación ciudadana y que las poblaciones sean informadas y consultadas cuando sus territorios son concesionados; que haya instrumentos de gestión ambiental más rigurosos; que los aportes de la minería en coyunturas favorables, como la vivida entre 2004 y 2008, sean sustantivos; que haya un Estado que esté presente, que controle, que regule, que represente el interés nacional…

-¿Un factor clave de los conflictos sociales es que el Estado juega a favor de las empresas?
-Hay un cuestionamiento claro y abierto al rol del Estado, que es un Estado sumamente laxo y permisivo frente a las empresas mineras. El Perú es el escenario del Estado ausente, de la autorregulación, donde lo que predomina son acuerdos entre pobladores y empresas mineras, en una situación de asimetría absoluta que favorece a las empresas. Esta situación de asimetría y de desequilibrio, causada por un marco legal muy favorable a las empresas mineras y que recorta los derechos de las poblaciones, es lo que está en la base de los conflictos sociales. Si no hay una voluntad política de cambiar y se sigue apostando a que la minería crezca como lo ha venido haciendo en los últimos años, los conflictos sociales van a seguir aumentando.

Carlos Noriega
Entrevista diario La Primera, Lima, Perú.

  

El conflicto del basurero tóxico de Metalclad en Guadalcázar, San Luis Potosí

  

 

Fernando Bejarano González*
 
Éste es el caso de la lucha ciudadana para impedir la reapertura de un basurero1  tóxico de la empresa estadounidense Metalclad, y para exigir la limpieza de más de 20,000 toneladas de residuos peligrosos, que aún se encuentran enterradas en el predio denominado La Pedrera, del municipio de Guadalcázar en San Luis Potosí.

Guadalcázar se sitúa en el altiplano central en el estado de San Luis Potosí. Aunque hoy es un municipio pobre, tuvo sus días de gloria en tiempos de la Colonia española, cuando florecía por la explotación de sus minas de oro y plata2. En los datos censales de 1995, Guadalcázar contaba con una población de 26,974 habitantes distribuidos en 110 localidades, de las que sólo seis so-brepasan los 1,000 habitantes. Como muchos otros municipios pobres, su población se dedica principalmente a la agricultura de temporal, en cultivos de maíz, frijol, sorgo y en forrajes para una pequeña ganadería bovina y caprina. Dado su escaso nivel de ingresos, parte de la población se ve obligada a migrar por temporadas a los centros urbanos de México o a Estados Unidos.3
Lo que en su momento fue promovido como la primera inversión modelo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en materia de infraestructura para el depósito de residuos peligrosos  en México, acabó siendo la primera demanda de una empresa extranjera contra el gobierno mexicano que se somete al arbitraje de un tribunal comercial internacional, siguiendo las reglas de protección a la inversión acordadas en el capítulo 11 del TLCAN.
El fallo de dicho tribunal a favor de Metalclad y su revisión posterior por un tribunal canadiense por el que México finalmente pagó poco más de 16 millones de dólares a esta empresa, tiene graves repercusiones para el futuro de la democracia y soberanía municipal y estatal no sólo en México, sino también en Estados Unidos, Canadá y el conjunto de los países de América Latina. Y tendrá más, pues este tipo de cláusulas de protección se han incorporado en la propuesta para crear un Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) que promueve actualmente el gobierno del presidente George W. Bush.

 

* El autor fue coordinador de la campaña de tóxicos de Greenpeace México, de 1993 a finales de 1996 y estuvo involucrado directamente en este caso. Fue invitado por el Sindicato de Trabajadores Públicos de Canadá y por Greenpeace Canadá a participar como observador en el inicio de las audiencias públicas sobre el caso Metalclad ante la Suprema Corte de Columbia Británica en febrero de 2001. Actualmente es coordinador de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM). rapam@prodigy.net.mx
 
 

 

Greenpeace members handcuffed together and sitting on steel drums similar to toxic waste drums outside of the Mexican Office of Environmental Protection, calling attention to the toxic waste disposal facility at Guadalcazar, San Luis Potosi, owned by the U.S. company Metalclad Corporation, Mexico City, Mexico, July 19, 1995. (AP/Wide World Photos. Reproduced by permission.)

 

Greenpeace members handcuffed together and sitting on steel drums similar to toxic waste drums outside of the Mexican Office of Environmental Protection, calling attention to the toxic waste disposal facility at Guadalcazar, San Luis Potosi, owned by the U.S. company Metalclad Corporation, Mexico City, Mexico, July 19, 1995.







toxic sites /// mineral disposals ///  Toxic Waste and NAFTA Rancho Mesa de Tijuana, Baja California, México,

 

 

CAPÍTULO 11 DEL TLCAN Y LOS LITIGIOS DE INVERSIONISTAS CONTRA ESTADOS 46-Metalclad vs México: Vertedero de Desechos ... con presentar una demanda inversionista-Estado amparada en el TLCAN contra el gobierno canadiense por un innovador proyecto de ... www.citizen.org/documents/Chapter_11_Spanish_FINAL.pdf · Página en caché · Archivo PDF

Artículos y editoriales de México ... escritores mexicanos acerca de los temas de mayor actualidad en México ... -De Metalclad al caso de Clorobenceno S.A-El Programa ... no planificado, mayor demanda de suelo y de energía ... esp.mexico.org/lapalabra/una/13860/desechos-toxicos:-jugoso-negocio · Página en caché

RED MEXICANA DE ACCION FRENTE AL LIBRE COMERCIO Metalclad Corporations -empresa norteamericana dedicada al tratamiento y confinamiento de residuos peligrosos-, gana la demanda contra México ... www.rmalc.org.mx/CIADI/metalclad_noticias.htm ·

Metalclad Corporations -empresa norteamericana dedicada al tratamiento y confinamiento de residuos peligrosos-, gana la demanda contra México argumentando "expropiación" por parte de nuestro gobierno al no autorizar la operación del confinamiento de residuos peligrosos en Guadalcázar, San Luis Potosí, afectando así, sus intereses comerciales.

México, después de recibir la noticia del fallo en su contra por parte de un panel comercial internacional ligado al Banco Mundial (CIADI, 30 de agosto 2000) así como del monto fijado como indemnización a Metalclad (16 millones 685 mil dólares), hace uso de la función correctiva que el artículo 1136 del Tratado marca, e impugna la sentencia ante una corte canadiense, con el objetivo de lograr la anulación de dicha resolución.

 

 

Aprendizaje, Cognición y Mapas Conceptuales Se demanda a los Estados No a las empresas. En ... defectos del sitio.” (TLCAN. Caso Metalclad vs México) ... Caso Bechtel Group contra Gobierno de Bolivia ... www.iis.ucr.ac.cr/publicaciones/tlc/recursos-didacticos/2005CES... · Página en caché · Archivo PPT

Caso CIADI No. ARB(AF)/99/1 El sustento de Metalclad en ... el tribunal de amparo resolvió en su contra. 8. Hay ... otras partes de la demanda, el demandante alega que, desde 1990, altos funcionarios de México ... www.economia.gob.mx/.../Casos_Mexico/Marvin/escritos/Contestacion_a_la_demanda_Mexico.pdf ·

 

d. El conflicto del basurero• ... el depósito de residuos peligro-sos en México, acabó siendo la primera demanda de una empresa extran-jera contra el ... dirigida a la titular de la Semarnap. 43 La demanda de Metalclad ... meme.phpwebhosting.com/~migracion/rimd/coleccion_america_latina/enfrentando_la... · Página en caché · Archivo PDF

Seminario de Capacitación sobre Negociación de Acuerdos de ... Período de presentación y contestación de la demanda. ... Metalclad v. México; SD Myers v. Canadá ... Casos NAFTA contra México (casos resueltos ... www.acs-aec.org/Documents/Trade/SeminarioCapacitacion/Procedural_sp.ppt · Página en caché · Archivo PPT

Fortuna El juicio del consorcio estadunidense Metalclad Corporations en contra México es para los analistas un paradigma de ... Estados Unidos promovió entonces una demanda contra México ...

revistafortuna.com.mx/contenido/index.php/2010/07/15/tlcancapitulo-11-la-fabrica-de... · Página en caché

Revista de Derecho Privado ... de Acaverde, S.A. de C.V. en contra del gobierno de México ... bien haberse desistido de los ya iniciados. 59. Una segunda demanda se ... otros casos además del de Metalclad y de ...

www.juridicas.unam.mx/publica/rev/derpriv/cont/7/dtr/dtr2.htm · Página en caché

Los tratados sobre promoción y protección de las inversiones ... ... del 2003 concerniente la demanda de autopista Concesionada de Venezuela (AUCOVEN) contra la ... de Metalclad, sin pagar a Metalclad una indemnización por la expropiación. México ...

alainet.org/active/8311 · Página en caché

Metalclad vs. Mexico, Toxic Waste and NAFTA | Solidarity - In October 1996, Metalclad Corporation, a U.S. waste-disposal company, ... of San Luis Potos<161> refused it permission to reopen a waste disposal facility. ... "Metalclad wants to reopen and expand a toxic dump site in Guadalcazar ...
www.solidarity-us.org/node/977 -

 

 

 

 
 

 

Metalclad vs. Mexico, Toxic Waste and NAFTA

— Gerard Greenfield

LAST AUGUST 25 the NAFTA Tribunal for the case of Metalclad Corp vs. Mexico ruled in favor of Metalclad, ordering the Mexican government to pay US$16.7 million in compensation.  It is the first ruling in an investor-to-state lawsuit under NAFTA.

In October 1996, Metalclad Corporation, a U.S. waste-disposal company, accused the Mexican government of violating NAFTA's Chapter 11 when the state of San Luis Potos<161> refused it permission to reopen a waste disposal facility.

The state governor ordered the site closed down after a geological audit showed the facility would contaminate the local water supply.  The governor then declared the site part of a 600,000-acre ecological zone. Metalclad claimed that this constituted an act of expropriation and sought US$90 million in compensation.

Other Chapter 11 Cases

In 1997 the U.S. chemicals giant, Ethyl Corp, used NAFTA's Chapter 11 to sue the Canadian government for a ban imposed on MMT, a gasoline additive produced by Ethyl which is toxic and hazardous to public health.  Ethyl claimed that the ban "expropriated" its assets in Canada and that "legislative debate itself constituted an expropriation of its assets because public criticism of MMT damaged the company's reputation."

Ethyl sued the Canadian government for US$250 million.  A year later, in June 1998, the Canadian government withdrew environmental legislation banning MMT, and paid Ethyl Corp US$13 million to settle the case.

Three more suits are outstanding against the Canadian government, three against the Mexican government and two against the U.S. government.

The case against the United States by a Canadian corporation, Mexthanex, also gained attention with a September 5 article in The National Post announcing that Methanex will seek US$970 million in compensation for environmental laws in California which are "tantamount to expropriation."

All of these cases are based on the "rights" of investors guaranteed in NAFTA's Chapter 11, where a broad definition of "expropriation" is combined with the right of investors to directly sue governments for compensation (under "investor-to-state" dispute resolution).

A September 1 article in The Globe & Mail on the Metalclad ruling (again) drew attention to the threat posed by Chapter 11 to government regulations protecting the environment and public health.  This may even add to the ongoing (though low-key) debate on whether the wording of investment rules should be revised.

The Root of the "Problem"

It is important, however, to understand the Metalclad ruling in its wider context, not only as an assault on environmental regulation, but in the politics of government regulation as a whole.

In most reports on the Metalclad vs. Mexico case the "problem" was that state legislation caused Metalclad to lose the value of its investment.  The debate is then carried out in terms of the validity of the legislation in protecting the environment and public health.

But we should remind ourselves that this kind of legislation does not appear out of thin air. As with most social and environmental regulation protecting the rights and interests of working people, it was the result of sustained local struggle:

  • "Metalclad wants to reopen and expand a toxic dump site in Guadalcazar County in the northern part of the north-central state of San Luis Potos<161>.  That the company might succeed in doing so—despite the opposition of many local officials and citizens—has kept Guadalcazar residents on edge. Residents do not trust the federal government to enforce environmental laws. When the Mexican company that Metalclad bought its toxic dump from refused to obey federal orders to close down in 1991, local residents—-brandishing machetes—enforced the order themselves."—Multinational Monitor, (October 1995)
  • "When local authorities ignored the complaints of outraged community members, citizens brandishing machetes mobilized in September 1991, preventing tractor trailers from unloading more toxic wastes."—Multinational Monitor (October 1995)From this perspective it is clear that the "problem" began not with the environmental regulations but with a well-organized protest by the local community.  This struggle from below forced the municipal government of Guadalcazar to impose the ban, which in turn forced the state governor to respond.Thus the NAFTA ruling in favor of Metalclad is not just an assault on environmental regulation.  It is an assault on the original local struggle that brought this legislation into being.
  • In another case, it was reported that ".  .  .  peasants held a week-long sit-in at the end of September 1998, at Metalclad's construction site for the latest proposed industrial toxic waste site in Mexico, in El Llano, Aguascalientes."

From the very beginning the federal government of Mexico supported Metalclad's investment project and attempted to force the state of San Luis Potosi to reverse its ban. Though the NAFTA ruling against Mexico means that the federal government must pay compensation to Metalclad, the federal government can still treat it as a "victory" against San Luis Potos<161> and a warning to other states.

This not only applies to the case of Mexico.  In the United States and Canada the reality is that federal governments are often willing to "lose" these cases in order to discipline provincial, state or municipal governments that have adopted progressive social and environmental policies.  Where federal governments do not have the legal or political power to reverse such legislation, it can allow the "external" intervention of NAFTA to act on its behalf.

"Regulatory Expropriation"

Over the last ten years the concept of "regulatory expropriation" has become an important part of the neoliberal or "free trade" agenda.  It is well known that this agenda involves breaking down barriers to trade and investment, creating more freedom for corporations to pursue profits at any social or ecological cost.

These barriers include the regulation of corporate activities by governments, such as laws on employment, environmental protection and public health.  It also includes government regulation in the form of public sector services and utilities, where private industry is excluded.

From the perspective of corporations, this kind of government regulation reduces the value of their potential profits.  In other words, it prevents them from making even higher profits.  This then is tied to the concept of expropriation.

According to a strict legal definition, expropriation is understood as the taking of private property (land) by the government.  For example, if a government builds a highway that goes through private property, confiscation is considered an act of expropriation and typically compensation is paid to the private owner.

However, NAFTA and other recent international treaties use an expanded definition of expropriation.  There are three important aspects of this expanded definition:

  1. Private property not only refers to land and physical assets, but the market-determined commercial value of property, including a company's asset value and future profit earnings.
  2. Traditionally compensation was awarded only when the whole value of property was lost. Under the new definition it applies when any part of its commercial value is lost.
  3. It is not only expropriation but acts "tantamount to expropriation" that require compensation.  This means that a wide range of government policies, laws or administrative measures can be treated as having a similar effect as expropriation.

In this way the neoliberal attack on government regulation is combined with a very broad definition of expropriation to produce the new legal-political concept of regulatory expropriation:

  • Any national or subnational government regulations (laws, treaties, administrative measures, policies) which reduce or limit the value of the private commercial property can be considered a form of "regulatory expropriation."

Regulatory expropriation not only changes the meaning of expropriation, adding to the list of foreign investors' rights, but redefines the meaning of government regulation.  A wide range of government policies, administrative measures and laws which restrict, moderate, guide, adapt or deter the activities of foreign investors can now treated as acts of taking away the property of these corporations.

The "Takings" Movement

It is important to recognize that regulatory expropriation is not just a new concept in international trade and investment treaties, but a political project of a well-organized corporate movement.  This movement began under the Reagan administration and is referred to as the "takings movement" or "takings project."

Under Reagan, right-wing judges and lawyers used a series of Supreme Court cases to redefine the meaning of the "takings clause" in the Fifth Amendment of the U.S. Constitution.  This clause reads: ".  .  .  nor shall private property be taken for public use without just compensation." By applying an expanded definition of "private property" and "taking," it was ruled that government regulations which limited the commercial value of investment projects or restricted profit earnings could be treated as acts of expropriation.

Most of these cases concerned lawsuits by property developers against local and state governments for laws on ecological zoning and environmental protection.  Property developers claimed that this legislation negatively affected their commercial value (including future profits).  As a result local governments were forced to pay compensation to these companies for "regulatory takings" (expropriation).

Some states passed laws to protect companies against "regulatory takings" but by the end of the 1980s attempts to pass this kind of legislation were less successful.  When attempts to pass federal laws on "regulatory takings" failed, the right-wing judicial/corporate movement shifted its focus to NAFTA.

One of the most important outcomes of the "takings movement" was that local governments were forced to do a "takings assessment" before introducing new laws. Draft laws were being watered down or revised to avoid the possibility of expensive lawsuits in the future.  This fear of being sued for expropriation by corporations became part of the law-making process.  NAFTA has had a similar effect at a trinational level.

Conclusion

A Free Trade Area of the Americas (FTAA) negotiating group on investment rules was formed in 1998 and is currently drafting the investment chapter of the FTAA. This will be ready by January 2001 at the latest, and will be finalized in Argentina in April 2001 immediately before the Summit of the Americas in Quebec City. Despite opposition to the inclusion of NAFTA Chapter 11 or MAI-like rules in the FTAA, there are strong indications that this is going ahead.

Although an investor-to-state complaint system might be successfully opposed, there is a real risk that the expanded definition of expropriation will be included.

It is important to recognize that the U.S. "takings movement" and NAFTA's model of an expanded definition of expropriation has already been included in several new bilateral investment agreements in the region.  The United States has signed such agreements with Argentina, Bolivia, Ecuador, Honduras, Jamaica, Nicaragua, and Trinidad & Tobago.  Canada has signed such agreements with Argentina, Barbados, Costa Rica, Ecuador, Panama, Uruguay, Venezuela and Trinidad & Tobago.

The vague wording "tantamount to expropriation," "equivalent to expropriation" or "expropriation, nationalization or measures which have a similar effect" allows a broad definition of acts of expropriation to include government regulations.

As part of the broader fight against free trade and investment regimes, we must fight to exclude the concept of regulatory expropriation from international agreements.

This involves reinstating the primacy of national regulations on public health, health care, education, environment, community development, employment protection, trade union and labour rights, natural resources (e.g.  water), genetic resources (e.g.  seed), etc, over and above trade agreements.  This means effectively excluding the above-mentioned social sectors from the overall terms of trade agreements.

In short, with regard to investment rules on regulatory expropriation our immediate priorities must be:

  1. Severely restrict the definition of expropriation.
  2. Narrowly define the meaning of property so that it cannot be interpreted to include market-determined commercial asset value or future profit earnings.
  3. Expand the definition of "public purpose" that allows for expropriation without compensation.  Therefore regulations on the social sectors listed above should be treated as a legitimate public purpose.  This would effectively exclude these regulations from corporate compensation claims.
erard Greenfield is a labor research activist working in East and Southeast Asia.

 

 

 

 

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Published by cinabrio - en MALA MINERÍA
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3 enero 2011 1 03 /01 /enero /2011 16:59

 

New Zealand mine tragedy is closer to home than it seems

Una investigación legal de la tragedia donde murieron 29 hombres en la mina de carbón Pike River Coal, el 1 de noviembre de 2010en Nueva Zelanda, se realizará en enero de 2011. Probablemente se cierre la mina definitivamente. aún no se puede recuperar los cuerpos. Las empresas mineras de todo el mundo, demandan niveles de productividad que están reñidos con los procedimientos de seguridad. Esto lleva a negligencias en seguridad, para lograr mayores rendimientos y mayores beneficios.

 

La mayoría de las personas involucradas en la industria de la minería profunda del carbón, sospechaban muy a su pesar, que a los pocos minutos de la explosión en la mina de carbón Pike River en Nueva Zelanda, los 29 hombres desaparecidos, estaban muertos.

 

El daño causado por la explosión en la entrada a la mina, y el hecho de que un minero fue lanzado por la explosión, constituían pruebas de que los hombres dentro del socavón, no tenía ninguna posibilidad de escapar o sobrevivir. Los niveles de gases tóxicos y explosivos, detectados después de la explosión, quitaron toda esperanza, días antes del anuncio oficial de la perdida de todas las vidas.

 

El marketeo vergonzoso del rescate de los 33 mineros en Atacama, es la excepción y no la regla de resultados de rescates, tras los siniestros mineros en todas partes del mundo.

 

El desastre minero de Nueva Zelanda puede replicarse en Inglaterra.

 

27 November 2010 - A fines de noviembre de 2010, 200 mineros fueron evacuados de uno de los mayores socavones mineros de Inglaterra, a causa del inminente peligro de una explosión de metano.

 

La mina Kellingley en West Yorkshire emplea a 600 hombres y es una de las minas profundas de carbón más productivas del mundo, produciendo más de 2 millones de toneladas de carbón al año. Se escuchó una explosión tras el minado reciente y los hombres se apresuraron a alcanzar la superficie. Se necesitaron dos horas para la evacuación.

 

La corporación UK Coal, propietaria de la mina Kellingley, está investigando el incidente con la Inspección de Minas. El secretario de la Unión Nacional de Mineros, Chris Kitchen, declaró que hubo cuatro explosiones, una tras otra, causada como el gas metano acumulado a punto de ignición en varias de las galerías en trabajo. Chris Kitchen, agregó: "Nos preocupa, sobre todo después de lo que ha sucedido en Nueva Zelanda, que algo como esto suceda en Inglaterra."

 

El problema es la productividad: las empresas mineras de todo el mundo, incluidas las estatales, como las de China, demandan niveles de productividad que están reñidos con los procedimientos de seguridad. Esto lleva a negligencias en seguridad, para lograr mayores rendimientos y mayores beneficios.

 

Los resultados pueden ser horribles. En 1934, en mina de carbón Gresford en Gales, 266 mineros murieron en la explosión de un socavón. El desastre llevó a la composición del Himno de los Mineros (the miners' anthem), que siempre se toca en los funerales de los hombres que mueren en los socavones.

 

 No sabemos la causa de la tragedia en Pike River, pero los mineros se están preguntando ¿por qué?, la mina de carbón fue inaugurada hace apenas dos años, no debía haber habido un desastre. Las normas de seguridad en las minas de Nueva Zelanda, al igual que en Gran Bretaña, son tan rigurosas que las muertes y lesiones graves, simplemente no deben ocurrir.

 

Hace unas semanas asistí a la inauguración de un monumento a los 15 mineros muertos en la mina de carbón Kellingley, desde que comenzó a trabajar  en 1958. Fue encabezada por las viudas de dos hombres muertos allí en 2008 y 2009.

 

Sea cual sea el resultado de las investigaciones en Pike River, y en lo que podría haber sido una tragedia aún mayor en Kellingley, Inglaterra, los controladores de la industria de la minería del carbón, en Gran Bretaña, en Nueva Zelanda, y en todo el mundo, deben tener en cuenta que la seguridad de los mineros tiene prioridad sobre los objetivos de producción.

 

 

New Zealand mine tragedy is closer to home than it seems

Only this week, a mine in Yorkshire was evacuated after a suspected methane explosion. Safety must come before profits  

                               Family members of miners trapped in the Pike River coal mine
A policewoman supports family members of miners at the Pike River colliery as they learn of a second explosion.

Most people involved in the deep coal mining industry will have reluctantly suspected, or guessed, that within minutes of the explosion at Pike River colliery in New Zealand the 29 men missing there were dead. The damage caused by the blast outside the entrance to the mine, and the fact that one miner was hurled out by the explosion, was evidence that the men inside the workings had no chance of escape or survival. The levels of toxic and explosive gases detected after the explosion removed all doubts well before the official announcement days later.

 

The New Zealand disaster is closer to home than is at first evident.

 

This week 200 miners at one of Britain's biggest remaining pits were evacuated because of a suspected methane explosion. Kellingley colliery in West Yorkshire employs 600 men and is one of the world's most productive deep coal mines, churning out more than 2m tonnes of coal a year. A blast was heard from recently mined workings and the men rushed to the surface. It took two hours.

 

UK Coal, which owns Kellingley, is investigating the incident with the Mines Inspectorate. The National Union of Mineworkers at the pit says there were four explosions, one after another, caused as methane gas repeatedly built up to ignition point in workings where coal had been removed.

Chris Kitchen, national secretary of the National Union of Mineworkers, said this: "We are concerned, especially after what has happened in New Zealand, that with our stringent safety procedures something like this has happened."

 

The problem is productivity. Mining companies around the world, including state-run operations such as those in China, demand productivity levels that are at odds with safety procedures. This leads to the cutting of corners in pursuit of more output to create higher profits.

 

The results can be horrific. In 1934 at Gresford colliery in Wales, 266 miners died in a pit explosion. The disaster led to the composition of Gresford, the miners' anthem, often played at the funerals of men who die in the pits, at ceremonial occasions (and referred to in the recent Cif post by Peter Crookston).

We do not know the cause of the tragedy at Pike River, but the miners there are asking questions about why, in a supposedly state-of-the-art coal mine, opened just two years ago, such a disaster could happen. Safety regulations in New Zealand's mines, as in Britain's, are so rigorous that deaths and serious injury simply should not take place.

A few weeks ago I attended the unveiling of a memorial to 15 miners killed at Kellingley colliery since work began there in 1958. It was led by the widows of two men killed in 2009 and 2008.

 

Whatever the outcome of the inquiries at Pike River, and into what could have been an even bigger tragedy at Kellingley, the controllers of the coal mining industry, in Britain, in New Zealand, and around the world, must be made to take note that the safety of the miners takes precedence over its production targets.

 

 

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Investigación legal de la tragedia se realizaría en enero de 2011

 

 

Una investigación legal de las 29 víctimas que murieron en el desastre de la mina de carbón Pike River Coal en Nueva Zelanda se realizará en enero de 2011.

La investigación se llevará a cabo en el Tribunal del Distrito Greymouth  - a una hora de la mina donde una explosión de metano atrapó a los 29 hombres bajo tierra, el 19 de noviembre de 2010.

Probablemente la investigación se limite a confirmar las identidades de los fallecidos y, en la medida de lo posible, establecer la causa de la muerte y los marcos de tiempo probables, comunicó el juez Neil MacLean.

"Las cuestiones más amplias acerca de la causa y la prevención posible, puede ser cubierta por la Real Comisión de Investigación, de modo de evitar cualquier prejuicio y permitir otras investigaciones. La indagatoria es probable que sea aplazada indefinidamente después de enero," dijo el juez MacLean. "Quiero hacer lo que pueda para que las familias tengan la información que necesitan para ayudarles a hacer frente a las difíciles circunstancias que rodean esta tragedia", dijo.

La investigación permitirá al Juez MacLean registrar legalmente la muerte y obtener los certificados de defunción para las familias.

Mientras tanto, Pike River Coal Ltd  recibió a los representantes de la PricewaterhouseCoopers para facilitar a la policía un nuevo plan para recuperar lo antes posible, los cuerpos de las víctimas, entre ellos dos australianos.

El avance en Pike River Coal, ha sido lento – las máquinas trabajan para estabilizar las condiciones, pero no están funcionando tan bien como se esperaba y el mal tiempo ha dificultado los esfuerzos.

El vocero John Fisk dijo que sería la policía de Nueva Zelanda la encargada de comunicar la conveniencia de volver a entrar en la volátil mina.

El cierre de la mina podría ser el resultado final "si el plan fracasa, dijo Fisk a Radio Nueva Zelanda.

"Todo lo que podemos hacer es tratar de facilitar el proceso y estamos poniendo todo el esfuerzo en hacerlo," dijo.

 

Pike River mine inquest date set

Updated: 15:56, Wednesday December 22, 2010

Pike River mine inquest date set

A coronial inquest into the 29 men who died in the Pike River Coal mine disaster in New Zealand will be held next month.

The inquest will be held at Greymouth District Court - about an hour from the Pike River Coal mine where a methane explosion trapped the 29 men underground on November 19.

The inquest was likely to be limited to confirming the identities of the deceased and, as far as possible, establishing the cause of death and likely time frames, Judge Neil MacLean said.

'Wider issues concerning cause and possible prevention are likely to be covered by the Royal Commission of Inquiry, so to avoid any prejudice and allow all other investigations to be completed, the inquest is likely to be adjourned indefinitely after the January date,' Judge MacLean told reporters.

He expected to hear the best evidence available from police and other experts.

'I want to do what I can so that the families have the information they need to help them cope with the difficult circumstances surrounding this tragedy,' he said.

The inquest will allow Judge MacLean to legally register the deaths and get death certificates for the families.

Meanwhile, Pike River Coal Ltd receivers PricewaterhouseCoopers are due to provide the police with a new plan to recover the bodies of the men, among them two Australians, on Wednesday.

Progress at the remote South Island mine has been slow - machines working to stabilise the conditions aren't working as well as expected and bad weather has hampered efforts.

Receiver John Fisk said it would be up to the NZ police to make a call on whether to re-enter the volatile mine.

Closing the mine 'could be the ultimate outcome' if the plan failed, Mr Fisk told Radio New Zealand.

'All we can do is really try and facilitate a process and we're putting every effort we can into doing that,' he said.

 

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No miracles left

 

Nov 24th 2010, by The Economist online

 

WHEN an explosion on November 19th at the Pike River Coal company mine, on the rugged west coast of New Zealand’s South Island, trapped 29 miners, the country hoped for a miracle. Everyone thought of Chile, where 33 miners were rescued in October after two months trapped underground; or of New Zealand itself, where a violent earthquake devastated the city of Christchurch in September and everyone was spared. Alas, it was not to be. A second blast on November 24th put the grim toll beyond doubt. The policeman in charge of the rescue effort declared that all the missing men were thought dead.

Although New Zealanders had been hoping for the best, they had been prepared for the worst. The site of the first explosion was only 120 metres underground, but 2km from the mine’s entrance. Not a word was ever heard from the missing men: 24 New Zealanders, two Britons, two Australians and a South African, ranging in age from 17 to 62. 

Rescuers scrambled to the mine’s head but they were stymied by a build-up of poisonous gases. As in Chile, the miners’ relatives assembled, in the nearby town of Greymouth, their anger growing in the face of the official view that a rescue attempt would be too dangerous. In the final days, two robots went in. Poignantly, the second returned with images of a mining helmet, its light still glowing. 

John Key, the prime minister, declared a state of mourning for the nation. Such tragedies are felt keenly in New Zealand, with its population of only 4m, and all the more so on the west coast. One of New Zealand’s remotest regions, cut off from the rest of the South Island by mountains, it was long a centre for coal and gold mining and forestry, though it has recently become more famous for its Tolkienesque scenery. The launch of the Pike River operation in 2008 brought a welcome boost to a depressed local jobs market.

Mr Key has ordered an immediate inquiry. Trading of shares in Pike River has been suspended. New Zealand’s only listed coal company, it specialises in high-quality coking coal for the Asian steel industry. No funding from its main shareholder, New Zealand Oil & Gas Limited, which holds a 30% share, is guaranteed beyond December.

The tragedy has once again focused attention on the dangers of mining. In New Zealand the coal industry is small (producing the equivalent of only 2.8m tonnes of oil in 2009, with 0.1% of the world’s proven reserves) and accidents are infrequent (the last big one, in 1967, killed 19). Elsewhere the industry has become far safer in recent years. But Russia and especially China remain black spots. In China, the world’s largest producer, official statistics own up to 2,600 mining deaths in 2009. On November 22nd however, 29 people were rescued from a flooded mine in Sichuan province. No such fate for the Kiwis.

http://www.economist.com/blogs/asiaview/2010/11/new_zealands_mining_disaster

 

 

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http://static2.stuff.co.nz/1290572468/115/4382115.jpg

 

www.theepochtimes.com/n2/content/view/46433/  Families grieving after hearing news of second explosion at Pike River Coal Mine.

 

www.heraldsun.com.au/news/australian-miner-wi...

 

www.smh.com.au/photogallery/world/pike-river-...  The entrance to the Pike River coal mine. 26 Nov 2010 - Twenty-nine men dead in coalmine tragedy in Greymouth, New Zealand.

 

 

 

 

 

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24 diciembre 2010 5 24 /12 /diciembre /2010 01:37

 

 

 

Antes de que termine el año, queremos seguir alimentando el esfuerzo por transformar la Base de Datos de Conflictos Mineros de Latinoamérica (OLCA/OCMAL), en una herramienta eficiente de gestión de conflictos para las comunidades.

Pensando en todos los pueblos que en América Latina están enfrentados a la expoliación de sus recursos naturales, es que continuamos complementando informaciones, subiendo nuevos casos y actualizando datos.
Reiteramos nuestro agradecimiento a todas las comunidades que nos colaboran e invitamos a que cada vez más personas y organizaciones nos ayuden a consolidar este esfuerzo colectivo. (basededatosocmal@gmail.com)

 

 

 

Nombre del conflicto: Veladero contamina aguas del departamento de Iglesia
Descripción:
Lugar: San Juan
País(es):
Argentina,
Comunidad afectada:
Personas afectadas:
10993 (Aproximadamente)
Derechos conculcados:
Acciones directas que violan el derecho a la salud
Condiciones de trabajo inadecuadas, peligrosas o deterioradas
Contaminación
Degradación de los recursos productivos
Deterioro de los recursos naturales
Exposición a un medio ambiente peligroso
Violacion a derecho de pueblos a gozar y disponer plenamente de sus recursos naturales
Violaciones al derecho a un medio ambiente saludable
Violaciones al derecho de los pueblos a la autodeterminacion
Violaciones al derecho de los pueblos al desarrollo
Acciones emprendidas:
Inicio del daño: 1994  Inicio del conflicto: 2005
Proyecto implicado:
Coordenadas: 29º 23´ S 69º 56´ W
Empresa relacionada:
Documentación:
Información relacionada en: -
Actualizado: 06-10-2010

 

 


Nuevos conflictos registrados:

 

Argentina:
Extracción de Litio en Salar del Hombre Muerto
Veladero contamina aguas del departamento de Iglesia
Esquel: movilización histórica para paralizar El Desquite
Pobladores de Andalgalá rechazan autorización a proyecto minero Agua Rica

 

Bolivia:
Inti Raymi contamina Oruro (Fusión de los casos Kori kollo y Kori chaca)
Mineras San Cristóbal afecta fuentes de agua de comunidades

 

Chile:
Caimanes contra la construcción de tranque de relaves de minera Los Pelambres
Codelco y Soquimich contaminan y secan el oasis de Quillagua
Doña Inés de Collahuasi contamina y seca el oasis de Pica
Minera Dayton contamina aguas de Andacollo

 

Ecuador:
Intag se opone a la minería de Ascendant Corp.

 

Guatemala:
Minera Marlin: amenaza para el agua y la agricultura en Guatemala

 

Panamá:
Fiebre de oro en Soná

 

Colombia:
El Cerrejón, el carbón de la Guajira

 

Perú
Barrick se impone en Alto Chicama
Pierina: engaños, contaminación y destrucción

 

 

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BASE DE DATOS  CONFLICTOS MINEROS OLCA/OCMAL

 

Como muchos y muchas ya saben, hemos comenzado a desarrollar una base de datos de conflictos mineros en América Latina. El objetivo es difundir las distintas luchas que se vienen desarrollando, tener antecedentes más claros y argumentados del comportamiento de las empresas en otras latitudes, articular esfuerzos a partir de problemáticas comunes y ayudarnos a dimensionar el calibre de la devastación que la megaminería química está produciendo en nuestro continente, y por supuesto dimensionar también lo que pueden los pueblos cuando se organizan y se coordinan en una apuesta de vida.

Para potenciar este esfuerzo nos hemos dispuesto a desarrollar un boletín bi-mensual que releve los nuevos conflictos fichados, pero además que invite a las y los actores de las diversas resistencias, a complementar el material disponible, completar datos que siempre faltan actualizar los conflictos, y en fin asumir que socializarnos la información es una tarea colectiva que requiere del protagonismo comunitario.

Para incentivar en esta tarea les adjuntamos un díptico que difunde la base y nos enseña a subir datos en ella (el que pueden reenviar por mail o imprimir) y les comunicamos que ya están arriba los conflictos enviados por las comunidades al mail basededatos@gmail.com.

 

Los conflictos incorporados son:

 

MÉXICO:

·         Baja California dice no a Paredones Amarillos de Vista Gold Corpmina

·         Municipio de Motozintla, Chiapas, se opone a Mina de Oro en Ejido Carrizal

 

NICARAGUA

·         Vecinos de Larreynaga, León, denuncian contaminación sostenida de minera Tritón S.A

 

ARGENTINA

            ·         Exploración de  Uranio a 7 kilómetros de la plaza principal de Tinogasta

 

CHILE

·         Chanavayita contra Collahuasi por contaminación de la planta de molibdeno en Patache

·         Explotación de yacimientos de carbón en Isla Guafo

·         Oposición a Proyecto de extracción minera de hierro en las dunas de Putú

 

PERÚ

·         Distrito de Reque se opone planta de demostración de Río Tinto por temor a contaminación.

·         Municipio de Vegueta se opone a embarcadero de plomo.

·         Oposición de agricultores del Valle del río Tambo (Cocachacra) al proyecto Tía María.

·         Reubicación de la población de Morococha para desarrollar proyecto minero de Toromocho.

·         Oposición de las comunidades de Chumbivilcas a las concesiones y actividades mineras.

·         Valle de Tambo contra proyecto de Southern Perú.

·         Comunidad de Juprog denuncia contaminación minera por parte de la empresa Antamina.

 

REPÚBLICA DOMINICANA

·         Vecinos de Cotuí contra proyecto Pueblo Viejo de Barrick Gold.

 

HONDURAS:

·         Santa Barbara Dice No A La Minera Oracle Energy.

 

Gracias por todas las colaboraciones, esperamos más aportes que fortalezcan la defensa del agua y la vida en nuestro continente

 

 

Equipo Base de Datos OLCA/OCMAL

http://www.olca.cl/ocmal

 

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Nombre del conflicto: Extracción de Litio en Salar del Hombre Muerto
Descripción:
Lugar: Antofagasta de la Sierra
País(es):
Argentina,
Inicio del daño:

1997  Inicio del conflicto: 2000 http://www.olca.cl/ocmal/ds_conf.php?nota=Conflicto&p_busca=63

 

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18 diciembre 2010 6 18 /12 /diciembre /2010 19:07

 

                               

Peligro de rotura de represas de desechos mineros como el de Hungría a principios de octubre de 2010 amenazan por todos lados “El Mundo Desarrollado”.

Minería Irresponsable no distingue países desarrollados de rezagados.

La rotura y el vertido en las minas de Aznalcóllar, una catástrofe anunciada ya cumplió 12 años pero se mantiene una política interesada de inacción ante el desolador panorama ofrecido por las instalaciones mineras .

   

Once años de la catástrofe de Aznalcóllar

 

 

  

 

La zona minera de Aznalcóllar continúa siendo maltratada en el XI aniversario de la catástrofe anunciada. Lejos de optar por la restauración e inertización de los suelos contaminados y devolver al espacio parte de lo que fue, la Administración andaluza mantiene su política interesada de inacción ante el desolador panorama ofrecido por las instalaciones mineras once años después del desastre ecológico.

 

 

 

           

 

 

 
 

Ecologistas en Acción, junto al resto de grandes asociaciones ecologistas del país, llevó a cabo el pasado año, una campaña reivindicativa con motivo del X Aniversario del vertido tóxico que asoló al río Guadiamar y a través del cual, se afectó al mismísimo Parque Nacional de Doñana en un negro 25 de abril de 1998. Con esa campaña, se quiso reclamar de la administración una serie de medidas que reforzaran y completaran el titánico esfuerzo iniciado una década antes para devolver, en la medida en que fue posible hacerlo, la salud al ecosistema destruido. Cuatro fueron en principio, las demandas que el pasado año hacíamos desde la sensibilidad ecologista y cuatro, las carencias y amenazas detectadas diez años después de la tragedia : en primer lugar, la nula restauración de las instalaciones mineras, en segundo lugar, la pésima gestión del diseñado, ex profeso, Corredor Verde del Guadiamar, en tercer lugar, la peor de las iniciativas políticas imaginables para la comarca, la autorización de la actividad industrial y de los vertidos al Guadalquivir, de una nueva mina, cercana a Aznalcóllar llamada “Cobre Las Cruces”, con su lamentable récord europeo en dimensiones a cielo abierto. Por último, los proyectos de Regadíos que se quieren contemplar en algunas zonas de la comarca y que convertirían al río Guadiamar en poco más que una acequia.

 

Ha transcurrido un año desde aquella campaña y a día de hoy, tenemos que informar a la opinión pública de la respuesta que los gestores al frente de las administraciones responsables, han ofrecido a la ciudadanía:

 

1º- No existe planteamiento alguno para restaurar los suelos ni el material de desecho apilado en las gigantescas escombreras. La tristemente famosa balsa de lodos, causante del vertido tóxico al sufrir una rotura, mantiene en su interior millones de metros cúbicos de materiales altamente contaminantes, que no son tratados, pero que producen aguas con altas cargas de metales pesados que son enviadas a la antigua corta minera y tras ella, a una depuradora para ser vertidas al río Agrio. Este proceso de bombeo y depuración, no tiene caducidad y se prolongará muchas décadas. Los responsables de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, consideran que esa indefinida situación, resulta lógica. Mientras, la corta minera se ve a menudo colmatada por las ingentes cantidades de aguas ácidas que llegan a rozar el nivel considerado seguro (cota 0 según nivel del mar) y a partir del cual, podría contaminarse el acuífero Niebla-Posadas.

Tampoco los problemas que generan los grandes acopios de escombros (verdaderos montes artificiales a base de mineral), han tenido al parecer, la importancia mínima exigida para que nuestros gestores se interesen por sus consecuencias. El resultado lo sufren sobre todo, los ríos y arroyos cercanos, en forma de vertidos por lixiviados o aguas de escorrentía.

 

Con las pasadas lluvias del mes de marzo, los voluntarios del Programa andaluz “Andarríos”, así como diversos departamentos universitarios, que trabajan en la zona tomando muestras y analizando la calidad ambiental, asistían atónitos a la llegada desde las escombreras, de aguas que mostraban un color completamente anaranjado y que se mezclaban con las transparentes y prístinas del arroyo Los Frailes, afluente del Guadiamar, impidiendo el flujo de especies protegidas y en peligro de mamíferos, peces, anfibios y macroinvertebrados o de la flora autóctona. No es el resultado del desconocimiento, esta situación fué denunciada administrativa y públicamente por Ecologistas en Acción y el resto de ONGs ambientales, aportando incluso, muestras y análisis de estas aguas ácidas con contenidos en metales, miles de veces superiores a los establecidos legalmente. Nos preguntamos qué sería de un particular, si fuera éste, el responsable de semejante delito ecológico. Nos preguntamos también porqué no se ofrecen trabajos de restauración y revegetación de los suelos y escombreras a tantos mineros que quedaron sin empleo después del desastre.

 

2º- La creación del Corredor Verde del Guadiamar, supuso un considerable esfuerzo económico y personal dado que se tuvieron que limpiar de lodos muchos kilómetros a ambos márgenes del río para su restauración ecológica. También supuso en algunos casos, la expropiación a los propietarios de unas tierras, que ya no podían cultivarse ni servir de pastos. La caza y la pesca fueron prohibidas. La idea, aplaudida desde los sectores ambientalistas de crear un pasillo ecológico que conectase las poblaciones de plantas y animales del sur (Doñana) y del norte de la provincia de Sevilla (Sierra Norte), parecía un rayo de luz ante tanta tragedia y desidia administrativa. El pasado año, los conservacionistas solicitábamos la vigilancia y cuidado para con el Corredor Verde, al detectar el deterioro de éste por vandalismo en las infraestructuras de uso público, circulación de vehículos a motor, caza furtiva, etc…y también abogábamos por la ampliación hacia el norte, de la extensión ocupada por el Corredor, con objeto de hacer efectiva aquella original idea de pasillo ecológico, con el río Guadiamar haciendo de eje entre norte y sur. A día de hoy, las cosas ya no siguen como entonces, a decir verdad, las cosas ahora, estan algo más complicadas:

No solo podemos observar la falta de asistencia para especies necesitadas de un medio, mínimamente adecuado, en sus desplazamientos hacia nuevos territorios (como podría resultar de la correcta gestión del Corredor Verde para el lince ibérico por poner un ejemplo), sino que atisbamos en el horizonte, el interés de la industria minera, por encontrar nuevas localizaciones para futuros proyectos con tremendos impactos ambientales característicos del sector. Ya lo hace con el llamado proyecto “Salomé,” que consiste en la realización de estudios geológicos en plena zona LIC (Lugar de Interés Comunitario) como es la del río Guadiamar, y en una parte de su cuenca a la que no llegó a afectar el vertido fatal hace once años. Cobre Las Cruces, promotora del estudio que persigue la explotación de nuevos yacimientos, parece no poner límites a su codicia. Estaremos muy atentos a la respuesta que la Junta de Andalucía ofrezca a la solicitud de investigación de este nuevo disparate que afectaría directamente al futuro del Corredor Verde como medio efectivo de conexión ecológica.

En cuanto a la pesca, ya se ha autorizado (sin muerte), así como la apicultura y por dejadez, algunas formas de ganadería. Recientes estudios nos muestran como la vegetación del Corredor acumula en sus tejidos trazas muy superiores de agentes contaminantes a las recomendables. Creemos que es una completa irresponsabilidad por parte de las autoridades ambientales, olvidar la salud de personas y animales.

 

3º- Lo ocurrido con el proyecto minero que Cobre Las Cruces lleva a cabo en la cercanas localidades de Gerena, Salteras y Olivares y el tremendo impacto que el vertido al Guadalquivir generará en su ecosistema o el que ha causado en aquellas antiguas y bondadosas tierras de labor, da para muchos libros. Libros que tratan sobre la inmoralidad que supone supeditar a toda costa el interés económico de empresa y administración frente a cualquier valor, sea cual sea la naturaleza del mismo. Paralizada durante meses por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por contaminar el acuífero Niebla-Posadas, (del que es abastecida la capital de Sevilla en época de sequía), sorprendida con las manos en la masa al detraer mucha más agua de la que tenía autorizada y cambiando el modelo del proyecto en varias ocasiones por fracasar en el cumplimiento de los condicionantes administrativos (hasta el punto de rediseñar por completo el original), no han sido motivos suficientes para que la administración se haya decantado por la rigurosidad y seriedad en sus propios procesos de control y autorización. Nuestra exigencia, repetida tantas veces, de obligar a la empresa a mantener un “vertido cero”, no es escuchada por aquellos que tienen en su mano la posibilidad de imponerla. Nos preguntamos cómo reaccionaran los responsables políticos andaluces en otro, más que posible, futuro y negro día cuando nos estalle en la cara otra catástrofe anunciada. Nos atrevemos a adelantar que no habrá responsabilidades públicas, como no las hubo once años atrás en Aznalcóllar.

 

4º- Por último, insistir en la necesidad de conservar el río Guadiamar como lo que es, uno de los pocos ríos escasamente regulados que aún conservamos, y como lo que puede llegar a ser, si es que se lo permiten los gestores ambientales. Una de las amenazas a las que se ve expuesto es la de los regadíos del norte de Doñana, en los Hatos, así como los nuevos regadíos que algunos propietarios desean para la tradicional zona de secano de la propia Aznalcóllar. Para Doñana y su sobrexplotado acuífero, exigimos que se eliminen concesiones de riego que durante años han extraído agua de forma ilegal en mayores volúmenes de los autorizados. La administración pretende premiar a regantes sin escrúpulos con agua del río Agrio, importante afluente del Guadiamar a cambio de recuperar el mencionado y maltrecho acuífero. Vestir un santo para desvestir otro. El Corredor ecológico y el río Guadiamar se convertiría en un mero canal de riego sujeto a las presiones de unos regantes de cultivos que tradicionalmente no han mostrado una mínima sensibilidad ecológica. Nos preguntamos si los responsables de la Agencia Andaluza del Agua mostrarán un perfil distinto, acorde con unos tiempos que exigen una mayor amplitud de miras y lejos del corte productivista que ha caracterizado la política de aguas en épocas menos democráticas que esta. Los ríos no presionan a las administraciones para que se les devuelva el caudal ecológico con el que les amparan las leyes comunitarias, quizás por eso, la mediocridad política siempre acaba recortando lo que, solo a los ríos, pertenece. Por si no se percatan de ello, esta situación no deja de significar que a diario, se producen robos institucionalizados. Como aquel de hace pocos años, en el que Bolidén-Apirsa se marchó con subvenciones abonadas incluso después de la catátrofe anunciada, dejando tras de sí, un espantoso expolio llevado a cabo contra el patrimonio natural del río Guadiamar.

 

 

 

La mina de Aznalcóllar sigue contaminando y causando desastres ecológicos a pesar de que hace ya más de una década que cesó la explotación minera. Unos jóvenes de Gerena dieron la voz de alarma a Gerena Verde el pasado fin de semana:

 

-”Kini, algo ha pasado en la parte baja del pantano de Aznalcóllar, porque hay miles de peces muertos y el agua esta de color azul turquesa”-plataformagerena.wordpress.com/…/

 

jueves 8 de abril de 2010

 

NUEVO DESASTRE ECOLÓGICO EN AZNALCÓLLAR COMO CONSECUENCIA DE LA MINA CUANDO SE VAN A CUMPLIR DOCE AÑOS DE LA MAYOR CATÁSTROFE AMBIENTAL DE ESPAÑA…

 

                  

 
 

MINA DE AZNALCOLLAR 10 años de la catastrofe anunciada

 

CONVOCAN:

Adecuna de Aznalcóllar, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF/Adena.

CONTENIDOS DE LA CAMPAÑA:

Las administraciones públicas sólo van a incidir en estas fechas sobre las acciones que han acometido de recuperación del Guadiamar. La idea global de nuestra campaña debe ser recordar el carácter de CATÁSTROFE ANUNCIADA de lo que pasó y denunciar todas aquellas cosas que 10 años después todavía no se han aprendido por parte de las administraciones públicas, que hace que aparezcan peligros reales de que se vuelva a repetir en el futuro catástrofes similares. En concreto, incidiremos en:

1. Situación de dejadez actual del Corredor Verde del Guadiamar, cinco años después de su inauguración.

2. Situación actual de la balsa que reventó. Situación actual de los lodos y residuos que se almacenan en las cortas de Aznalcóllar y Los Frailes. Peligros de contaminación del acuífero Niebla-Posadas. Filtraciones contaminantes hacia el arroyo de los Frailes que desemboca finalmente en el Guadiamar, …

3. Los riesgos de catástrofe ambiental en la Mina de Las Cruces (Gerena), por contaminación del acuífero Niebla-Posadas y por el vertido tóxico de metales pesados al Guadalquivir en La Algaba.

Lema de la campaña:

1998 MINAS DE AZNALCÓLLAR = MINA DE LAS CRUCES 2008 NO MÁS VERTIDOS TÓXICOS

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MINERÍA IRRESPONSABLE no distingue países desarrollados de rezagados.

 

MINERÍA IRRESPONSABLE no distingue países desarrollados de rezagados.

Represa minera chilena provocaría tragedia como la de lodos rojos de Hungría

Represa minera El Mauro, el 3° tranque de relave más grande de América Latina y el más grande de Chile podría rajarse y desencadenar tragedia similar a la de Hungría, según denuncias de poblaciones aledañas.

Un mal diseño del tranque de relaves de Minera Los Pelambres (MLP), puede provocar la fractura del embalse y el vertido de lodos residuales tóxicos como el ocurrido en Hungría el 4 de octubre último, cuando un millón de metros cúbicos de lodo rojo venenoso, subproducto de la producción de aluminio, contaminó   tres departamentos del oeste del país, desatando el peor desastre químico nunca antes visto en Hungría.

 

MINERÍA IRRESPONSABLE no distingue países desarrollados de rezagados.

 

MINERÍA IRRESPONSABLE no distingue países desarrollados de rezagados.

Fábrica que originó vertido tóxico en Hungría reanuda su actividad


Hungary has announced that an aluminium plant behind a toxic spill that killed nine people and left scores injured and homeless has been cleared to start production again.

La empresa de bauxita-aluminio ya ha iniciado el calentamiento industrial y tan pronto se alcance la buena temperatura iniciará a producir Las autoridades húngaras decidieron hoy 13 de octubre, reanudar la actividad de la fábrica de bauxita-aluminio causante del accidente industrial del 4 de octubre, que provocó la peor catástrofe ecológica en la historia del país .

 

Escribió Malcolm Allison

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8 diciembre 2010 3 08 /12 /diciembre /2010 20:19

Las empresas mineras recurren ahora a la estrategia del lobo: disfrazarse de ovejas, mantener perfil bajo y clavar los dientes al menor descuido!!!

ES SECRETO A VOCES que los estudios de impacto, la documentación y los argumentos científicos de la minera son UN MAMARRACHO!!!

La empresa Minera San Jorge, subsidiaria de la Coro Mining group de Canadá y administrada localmente por el grupo mendocino BRGPG, que pretende desarrollar una ación mega-minera a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas en el Valle de Uspallata, pretende hacerle creer a la gente que su explotación será de “baja magnitud”.

 

 

En su Informe de Impacto Ambiental (IIA) la empresa afirma que “en comparación con otros proyectos mineros es una mina que se podría calificar de pequeña a mediana, con 27.000 toneladas diarias de procesamiento. en contraste, la Mina Veladero (en San Juan, de Barrick Gold), procesa 53.500 toneladas diarias y en otros países hay minas que procesan 200.000 toneladas diarias” (textual IIA pag 239).

 

 

 

En cuanto a la magnitud de los impactos ambientales es inaceptable que Minera San Jorge califique en el IIA como “pequeño a mediano” a un proyecto que incluye un tajo a cielo abierto de 1.700 metros de largo por 950 metros de ancho por entre 350 y 420 metros de profundidad, un depósito de colas de 155 millones de toneladas cubriendo 800 hectáreas (superficie similar al dique de colas de Minera Alumbrera y más grande que el previsto en Pascua Lama) y escombreras de 290 millones de toneladas sobre 447 hectáreas y de 90 metros de altura.

Mendoza: Minería: ¿Que derechos se asignan las transnacionales?




Dic 2010- Es inadmisible que una empresa extranjera quiera imponer sus tiempos y reglas al Estado.
En los últimos días hemos asistido a hechos sumamente graves, en torno al debate sobre que minería quiere el pueblo mendocino, que modelo de desarrollo deseamos construir.
En ese contexto se realizo una audiencia publica con una enorme participación de todos los sectores, los datos de las exposiciones son contundentes, el pueblo mendocino dice no al proyecto minero en San jorge.

En el sector científico y académico es SECRETO A VOCES que la documentación y argumentos científicos de la minera son un mamarracho por donde se lo mire, lo mismo se sabe en Irrigación!!!…

Gran cantidad de científicos y profesionales especializados han presentado informes que contradicen lo que dice la empresa, los cuales aun no han sido incorporados en el expediente.
El Secretario de Ambiente Guillermo Carmona, (quien no ha expresado que que no va a aprobar la Declaración de Impacto Ambiental), definió un proceso para que las universidades logren acuerdos metodológicos para lograr dictámenes con mas fortaleza científica y académica, y que IRRIGACIÓN se expida también sobre la cuestión del agua para darle veracidad a la DIA (Declaración de Impacto Ambiental). Es decir la Secretaría de Ambiente, en el marco “institucional” vigente, pide mas precisiones científicas y jurídicas a otras instituciones.
La empresa minera y los grupos de medios aliados salieron a presionar públicamente a través de una solicitud y notas periodísticas realmente amarillas y desvirtuando la realidad. Es claro que se alteraron ante la posibilidad de que se desnuden aun mas sus mentiras!!!
Entendemos que ese proceder de la empresa y de esos medios ponen en riesgo la institucionalidad y la gobenabilidad de la provincia de Mendoza. Pero claro gobernabilidad e institucionalidad parecen ser dos palabras que se usan solo para deslegitimar reclamos populares.
LA PROVINCIA DE MENDOZA NO PERMITIRÁ QUE TRASNACIONALES IMPONGAN SU AGENDA
Los mendocinos no podemos permitir que sean las transnacionales las que impongan el rimo y el método sobre el cual tomamos las decisiones en cuanto al manejo de nuestro recursos y el modelo de desarrollo que queremos.
¿Que podemos esperar de esta empresa si antes de que el proyecto sea aprobado ya esta tratando de corromper al Estado y sus funcionarios?
¿Que garantías tenemos los mendocinos si el organismo de control esta siendo deslegitimado antes de empezar?
La situación es realmente bochornosa y grave, porque lo que esta en juego es el agua, la vida, la distribución de las riquezas. No solo de nosotros , si no de generaciones que vienen!!!
Pero pareciera que la seguridad jurídica es solo para las empresas, en cambio los ciudadanos, el pueblo no tenemos seguridad de ningún tipo.
EL INFAME “LEGADO” DEL MENEMISMO
El menemismo y su filosofía neoliberal nos heredaron un paquete de leyes y jurisprudencia para fortalecer esquemas feudales e impedir cualquier proyecto nacional de desarrollo, así desformando el significado Federal, hoy algunos gobiernos provinciales negocian tristemente nuestro bienes y nuestras vidas.
Será necesario cambiar esa legislación por una nueva y democrática acorde a estos tiempos!!!
Sin embargo en este momento ni siquiera ese marco jurídico retrogrado es respetado y pareciera que la única ley es la voz de las transnacionales mineras.
En un contexto mundial en el cual el calentamiento global esta directamente asociado a modelos estractivistas y saqueadores, que además de alterar gravemente el equilibrio ecológico han generado una alarmante desigualdad social, este tipo de emprendimientos aparecen desfasados y sin ninguna justificación mas que la avaricia y el colonialismo.
¿Crisis hídrica para el pueblo, pero agua en abundancia para las mineras?
Nosotras y nosotros campesinos indígenas estamos siguiendo muy de cerca este proceso, y alertamos que no vamos quedarnos sentados mientras rematan nuestras montañas, el agua, nuestros minerales al mejor postor que lo único que promete es saqueo y contaminación.
Estamos convencidos que tenemos el derecho de analizar y discutir colectivamente cual es el modelo de desarrollo que queremos, y dentro del mismo que tipo de minería desarrollaremos y que minería no permitiremos.
Lucharemos intensamente por ese derecho.
Exigimos a la empresa y sus cómplices en el gobierno y en algunos  medios que se atengan a lo que dictamina el pueblo, la ciencia y la legislación.
Llamamos al pueblo mendocino a seguir con atención este proceso y participar activamente.
No a la minería saqueadora y contaminante!!!
Fuera las transnacionales!!!
La tierra y el agua no son mercancías!!!
No debe cambiar el clima, debe cambiar el sistema!!!
Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra
Movimiento Nacional Campesino indígena
CLOC Vía Campesina

Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra de Mendoza
Movimiento Nacional Campesino Indigena
Argentina
“Camino al primer congreso nacional setiembre 2010″

 

Publicado por Norberto Costa en Movida Ambiental

Minería: ¿Que derechos se asignan las transnacionales? – BOLETIN Minería: ¿Que derechos se asignan las transnacionales? Publicado por Norberto Costa en 20:35. Es inadmisible que una empresa extranjera quiera imponer sus
boletinmovidaambiental.blogspot.com/…/mineria-que-derechos-se-asignan-las.html -

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Disfraz minero: proyecto pequeño y de baja magnitud

Argentina - Mendoza
Lunes 25 de Enero de 2010

 

 

 

La empresa Minera San Jorge, subsidiaria de la Coro Mining group de Canadá y administrada localmente por el grupo mendocino BRGPG, que pretende desarrollar una ación mega-minera a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas en el Valle de Uspallata, pretende hacerle creer a la gente que su explotación será de “baja magnitud” sin especificar (en realidad nunca especifica absolutamente nada de lo que dice) el porqué de tales afirmaciones.Fuente: Federico-soria.blogspot.com

 

En su Informe de Impacto Ambiental (IIA) la empresa afirma que “en comparación con otros proyectos mineros es una mina que se podría calificar de pequeña a mediana, con 27.000 toneladas diarias de procesamiento. en contraste, la Mina Veladero (en San Juan, de Barrick Gold), procesa 53.500 toneladas diarias y en otros países hay minas que procesan 200.000 toneladas diarias” (textual IIA pag 239).

Es inaceptable que Minera San Jorge califique a su proyecto como pequeño a mediano por el sólo hecho de que va a procesar la mitad de mineral por día que otro como Veladero, o mucho menos que otros de “clase mundial”. El decreto 820/06 (redactado por los propios mineros a la medida de sus intereses), es una norma legal vigente que brinda una aproximación a qué debe entenderse por proyecto “pequeño, al diferenciar entre plantas de tratamiento según procesen entre más o menos de 80.000 toneladas por año, es decir 125 veces más de las 10.000.000 de toneladas anuales previstas en la mina San Jorge.

 

Siguiendo con el propio criterio de las mineras, el SERNAGEOMIN de Chile, clasifica a las empresas mineras en función de las horas trabajadas. Según su definición, las mineras grandes superan los 400 trabajadores, las medianas entre 80 y 400 y las pequeñas menos de 80 (Anuario de Minería en Chile, SERNAGEOMIN, Chile, 2009, pag. 58). Según la cantidad de empleos que dice generará minera San Jorge de aproximadamente 400 puestos en etapa de producción, el proyecto estará en una escala entre mediana y grande.

 

En 2008, las 16 grandes empresas privadas de Chile y las 4 divisiones de la estatal CODELCO, produjeron en conjunto más de 5.000.000 de toneladas en cobre fino equivalente, las 22 medianas produjeron alrededor de 260.000 y las numerosas empresas pequeñas menos de 90 mil (ibíd. pag. 15 y 60); en base a estos números en promedio, las empresas grandes produjeron más de 250.000 toneladas y las medianas aproximadamente 12.000 toneladas, más de tres veces manos de las 40.000 toneladas que producirá Minera San Jorge, confirmando que en cantidad de producción, dicho proyecto está entre la mediana y la gran magnitud.

 

En cuanto a la magnitud de los impactos ambientales es inaceptable que Minera San Jorge califique en el IIA como “pequeño a mediano” a un proyecto que incluye un tajo a cielo abierto de 1.700 metros de largo por 950 metros de ancho por entre 350 y 420 metros de profundidad, un depósito de colas de 155 millones de toneladas cubriendo 800 hectáreas (superficie similar al dique de colas de Minera Alumbrera y más grande que el previsto en Pascua Lama) y escombreras de 290 millones de toneladas sobre 447 hectáreas y de 90 metros de altura.

Las inexactitudes y tergiversaciones de la empresa minera San Jorge no sólo fueron vertidas en su IIA, también ellos mismos se encargaron de difundirlas a la opinión pública por medios masivos de comunicación. Por ejemplo, según nota de Diario El Sol (Mendoza) del 20 de agosto de 2009, “el Gerente de Medio Ambiente y Relaciones con la Comunidad (…) negó que el proyecto San Jorge pueda considerarse como megaminero. Dijo que se trata de un proyecto entre mediano y pequeño”

 

Para graficar la enorme magnitud del Proyecto Minero San Jorge con datos empíricos y veraces, se efectuó un montaje de los mayores componentes del mismo, volcados a la misma escala sobre imágenes satelitales de la Ciudad de Mendoza, la localidad y oasis agrícola de Uspallata y el sitio real de emplazamiento del proyecto. Los fotomontajes fueron realizados por el Prof. Marcelo Giraud, de la carrera de Geografía de la Universidad Nacional de Cuyo.

 

Proy San Jorge superpuesto a imagen satelital de la ciudad de Mendoza

 

 

Proy San Jorge superpuesto a imagen satelital al oasis de Uspallata

 

 

Proy San Jorge superpuesto a imagen satelital del lugar del yacimiento

 

Cabe agregar que en el propio IIA del Proyecto Minero San Jorge, se memnciona que esos componentes (graficados en los fotomontajes) conformanen en conjunto lo que ellos autodenominan “área de influencia directa del proyecto”, abarcando aproximadamente 3.000 hectáreas en el territorio, donde el suelo será transformado en su totalidad, arrancando la totalidad de la cobertura vegetal, eliminando la fauna. y desapareciendo completamente su fisonomía natural original. Esa “área de influencia directa” no incluye otras obras de magnitud a desarrollar en el proyecto, tales como el camino de acceso de 4 km. de largo, el embalse de contención del Arroyo El Tigre, de superficie y volúmen no determinado y el canal de conducción desde ese embalse hasta el sitio de la mina, de 22 km. de longitud; tampoco incluye la extensión que tendrán los impactos más importantes, como la dispersión del ruido o el material particulado, la perturbación de hábitats de la fauna y la flora, etc.

Hasta el momento ningún proyecto de tal magnitud había sido presentado en la autoridad ambiental de la Provincia de Mendoza ni menos aún ejecutado (salvo las represas actualmente existentes, que no fueron obras de tal magnitud, pero que implicaron la inundación de miles de hectáreas).

 

 

http://www.noalamina.org/mineria-argentina/mineria-mendoza/disfraz-minero-proyecto-pequeno-y-de-baja-magnitud

En provincias mineras se rechaza la actividad

Nacho Gaffuri / MDZ

 4 de Octubre de 2010 – Un sondeo realizado por Julio Aurelio a segura que la población de las provincias donde hay explotación de minerales se expresa a favor de privilegiar el cuidado al medio ambiente antes que los beneficios económicos. El 60 por ciento en promedio de La Rioja, San Juan, Neuquén, Santa Cruz, Chubut y Catamarca expresa esta opinión.

   
Cuando todavía está abierta la herida de los gobernadores “cordilleranos” y las empresas mineras tras la sanción de la Ley de Glaciares, la población de las provincias donde hay explotación de minerales rechaza este tipo de actividad en la región y se expresa a favor de privilegiar el cuidado al medio ambiente antes que los beneficios económicos.

Así lo indica una encuesta realizada en septiembre, en pleno debate parlamentario, por la consultora Aresco, dirigida por Julio Aurelio. La muestra incluyó a La Rioja, San Juan, Neuquén, Santa Cruz, Chubut y Catamarca. Las dos últimas jurisdicciones están conducidas por mandatarios opositores, a diferencia del resto, que está alineado con la Casa Rosada.

 

Ante la consulta de si está de acuerdo, en general, con el desarrollo de la minería en su provincia, el 31,3% respondió que “nada” y el 30,2% contestó que “poco”. Es decir, el 61,5% mostró su descontento con la actividad. En tanto, el 27,8% la respaldó. Este escenario explica, en gran medida, por qué los gobernadores –defensores de políticas pro mineras– fueron reticentes al pedido de organizaciones ambientalistas y asambleas ciudadanas de realizar plebiscitos locales. Con estos números, habrían sido derrotados en las urnas.

 

El único plebiscito que se realizó fue en la localidad chubutense de Esquel, en 2003. El resultado fue contundente: el 80% de la población se opuso al megaproyecto de Meridian Gold. Sin embargo, esa consulta no fue vinculante. Uno de los más fervientes opositores a este mecanismo es el gobernador sanjuanino José Luis Gioja, que luchó hasta último momento para que se aprobara la versión original de la Ley de Glaciares y no la corregida después del acuerdo entre el senador Daniel Filmus y el diputado Miguel Bonasso. Esta última iniciativa establece zonas de protección de glaciares y es más restrictiva de la expansión minera.

También de acuerdo con los resultados del estudio, hay una fuerte negativa de la población a la explotación a cielo abierto, que llega al 76,5%. El 52,7%, en tanto, calificó que esta actividad trae aparejado “un impacto importante” en referencia a la contaminación.

 

Según el sondeo de Aresco, la mayoría privilegia el cuidado del medio ambiente antes que la generación de empleo que producen los emprendimientos mineros. El 72,5% de los encuestados consideró que es más importante la protección del hábitat y sólo el 17,1% ponderó la creación de puestos de trabajo. La bandera de las mejoras económicas es uno de los argumentos centrales que exponen las firmas a la hora de defender sus iniciativas.

La minería bate récords de exportaciones desde 2000. El año pasado superó otra vez la marca al alcanzar los 2.800 millones de dólares, el 11,7% más respecto del ejercicio anterior, según cifras oficiales. Considerado uno de los negocios más rentables, goza de exenciones fiscales desde 1993. En este punto, sólo el 19,1% de los encuestados estuvo de a favor de los beneficios impositivos.

 

 

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  • : Ecología y sostenibilidad socioambiental, énfasis en conservación de ríos y ecosistemas, denuncia de impacto de megaproyectos. Todo esto es indesligable de la política y por ello esta también se observa. Ecology, social and environmental sustainability, emphasis on conservation of rivers and ecosystems, denounces impact of megaprojects. All this is inseparable from politics, for it, the politics is also evaluated.
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  • Malcolm Allison H malcolm.mallison@gmail.com
  • Biólogo desde hace más de treinta años, desde la época en que aún los biólogos no eran empleados de los abogados ambientalistas. Actualmente preocupado …alarmado en realidad, por el LESIVO TRATADO DE(DES)INTEGRACIÓN ENERGÉTICA CON BRASIL
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