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DOE RUN Y EL TLC
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas/doe-run-y-el-tlc_77905.html#
La semana pasada el Grupo Renco, propietario de Doe Run Perú, anunció su intención de iniciar un arbitraje internacional dentro del marco del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y el Perú.
¿Qué argumenta Renco/Doe Run? Haber recibido un trato injusto e inequitativo de parte del estado peruano y que además no le ha brindado seguridad total y protección a sus inversiones. Nada menos.
Luego del anuncio se han producido algunas reacciones. Llama la atención, sobre todo, la del ex ministro Alfredo Ferrero y principal negociador del TLC con los Estados Unidos. El ex ministro ha hecho mención a los capítulos ambiental y de los derechos laborales y ha señalado que “el TLC no amparará a Doe Run” y que en los TLC sólo “se protege la inversión bien hecha”, “más aún cuando es un tema ambiental”.
En realidad el capítulo del TLC que debería revisar el señor Ferrero es el capítulo X, que se refiere a las inversiones y es el que pretende utilizar Doe Run. Además, no es cierto que los procesos de arbitraje internacional sean muy sensibles a los temas ambientales. El primer laudo arbitral al amparo de un TLC (el TLC de América del Norte) tuvo a la base un tema ambiental: una empresa de los Estados Unidos, Metalclad, quería construir un depósito de desechos tóxicos en la localidad de Guadalcazar, en el Estado de San Luis de Potosí y el municipio le denegó el permiso. La empresa demandó y abrió un proceso. Según el laudo arbitral, favorable para la empresa, el Estado mexicano tomó medidas “equivalentes a una expropiación”.
Podríamos citar varios ejemplos que muestran que el espíritu de estos procesos arbitrales es sobre todo proteger los derechos de los inversionistas y no aspectos ambientales, como pretende hacer creer Ferrero. Al amparo del los TLC, los estados receptores de inversiones se han visto obligados a pagar millonarias indemnizaciones a empresas.
Como lo señala un comunicado de la Red Globalización con Equidad y CooperAccion, se debe evitar cometer nuevos errores de apreciación que terminen favoreciendo a Doe Run. De ahora en adelante, todo dependerá de lo que se haga o se deje de hacer y en esta ocasión debemos esperar que los derechos de todos los peruanos sean bien defendidos y así evitar que Doe Run se salga con la suya.
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GOBIERNO ESTA PARCIALIZADO CON MINERAS
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/entrevista/gobierno-esta-parcializado-con-mineras_66498.html#
Publicado: 19 de julio del 2010 | |
El Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, formado por las ONG CooperAcción, Grufides y Fedepaz, dio a conocer hace unos días su sexto informe, en el que se examina la situación de la minería en cinco regiones: Piura, Cajamarca, Junín, Cusco y Apurímac. José de Echave, economista y responsable del Programa Derechos Colectivos e Industrias Extractivas de CooperAcción, analiza en la siguiente entrevista la situación de la minería en el país, los conflictos sociales y ambientales que la rodean y la política del gobierno en este tema.
¿Los conflictos sociales y ambientales producidos por la minería además de haber aumentado en número, también se están incrementando en intensidad?
Sí, sin ninguna duda. Hay un crecimiento en el número y especialmente en la intensidad de estos conflictos, que se van convirtiendo en conflictos que apuntan a cambios en políticas públicas. Hay una ausencia absoluta de estrategia para enfrentar los conflictos…
¿O hay una estrategia del gobierno que se centra en desacreditar las protestas y en la represión?
Se busca criminalizar la protesta. Esa es una lógica que agudiza los conflictos. Se ha afirmado una visión profundamente autoritaria. El gobierno no reconoce las razones objetivas de los conflictos sociales y los caricaturiza. Los conflictos están planteando la necesidad de modificar las reglas de juego para que la situación sea más equilibrada…
¿La razón central de los conflictos entre las poblaciones y las empresas mineras es la exigencia por una mayor participación en las ganancias que tienen estas empresas, o el rechazo a la minería como una opción de desarrollo?
Los conflictos no son uniformes. Hay zonas, como Piura, algunas provincias de Cajamarca, algunas zonas de Cusco, donde hay un rechazo a la minería, que no forma parte de la visión de desarrollo que tienen esas poblaciones y que, por el contrario, la perciben como una actividad que los va a afectar. Sin embargo, hay poblaciones, como las de Moquegua o Tacna, que coexisten con la actividad minera y en esos escenarios la población apunta a tratar de conseguir nuevos acuerdos sociales con la minería, lo que implica mayores recursos económicos y empleo local. No todos los conflictos vinculados a la minería tienen la misma agenda.
¿Los proyectos mineros en el Perú cumplen los estándares ambientales mínimos aceptados internacionalmente?
Nuestra legislación es sumamente laxa en este aspecto. Nuestros límites máximos de emisión de fundiciones y otras operaciones mineras son demasiado permisibles. Los estudios de impacto ambiental son totalmente obsoletos…
¿Son obsoletos o están parcializados con los intereses de las empresas?
Las dos cosas. Los estudios de impacto ambiental son hechos por una consultora que es elegida y pagada por la empresa minera, y responden a los intereses de la empresa que los encarga. Y los procesos de implementación del estudio de impacto ambiental con las audiencias públicas están totalmente controlados por las empresas. Además de responder a los intereses de las empresas, estos estudios de impacto ambiental también son obsoletos, porque sus estándares están muy por debajo de los estándares internacionales mínimos planteados por organismos como el Banco mundial y el BID. Este instrumento, que es prácticamente el que decide qué proyecto minero se aprueba y cuál no, está seriamente cuestionado.
¿Cómo ve la ordenanza del Gobierno Regional del Cusco que prohíbe las concesiones mineras?
Esa decisión expresa una preocupación legítima de las autoridades regionales por el avance caótico de la minería. Por ejemplo, casi un 90% de Chumbivilcas está concesionado a la minería. Sin embargo, los gobiernos regionales no tienen facultades sobre la mediana y gran minería, y las concesiones se otorgan en Lima. Este caso del Cusco abre una interesante discusión sobre las concesiones mineras y cómo involucramos en la toma de decisiones a las autoridades regionales para buscar un desarrollo más armónico. El incremento de las concesiones mineras, ahora estamos bordeando los 20 millones de hectáreas, plantea un debate importante de cómo ordenamos el territorio para definir en qué zonas puede haber minería y en cuáles no…
¿Deben suspenderse las concesiones mineras hasta que se produzca ese ordenamiento del territorio?
Eso ayudaría a que el crecimiento de la minería sea menos caótico. Hoy en día basta que una empresa minera pida operar en un territorio que no esté concesionado para que éste se le entregue, sin tomar en cuenta si este territorio es un ecosistema sensible o si hay poblaciones en ese lugar.
¿Para desarrollar un proyecto minero, una ley de consulta debe incluir la obligación de tener el consentimiento de la población que va a ser afectada, o basta con el procedimiento de consulta?
Sin duda que se requiere el consentimiento de la población. Si no es así, el gobierno puede decir ya consulté y ahora decido qué hacer. El reto para quienes quieren hacer minería es convencer a la población, y si no lo logran deben aceptar que no hay condiciones para desarrollar la minería en esa zona y dar un paso atrás.
¿Qué efectos tendría la no promulgación de la ley de consulta o la aprobación de una ley mediatizada con las observaciones hechas por el Ejecutivo?
Las observaciones que ha planteado el gobierno, una de las cuales es no reconocer a las comunidades campesinas de la sierra y de la costa como pueblos indígenas, desnaturalizan la ley de consulta. Una ley con esas observaciones estaría muy por debajo de lo que plantea el Convenio 169 de la OIT. Sería una caricatura de consulta ciudadana que sin duda provocaría una reacción muy fuerte de las poblaciones que tenían mucha expectativa con una ley de consulta. Cuando haya más información y más consulta a la población, entonces habrá menos conflictos.
El informe del Observatorio de Conflictos Mineros señala que hay una ausencia del Estado que permite abusos de las empresas mineras. ¿El problema es una ausencia del Estado o la existencia de una política estatal que defiende los intereses de las empresas mineras sobre los derechos de las poblaciones afectadas?
Existen ambos componentes. El PNUD ha trabajado un mapa que muestra dónde está presente el Estado y dónde no lo está, y si uno cruza esa información con las zonas de las operaciones de las empresas extractivas, de minería e Hidrocarburos, en la gran mayoría de casos hay una coincidencia de esas operaciones con las zonas de ausencia del Estado. Ese es un primer problema. Pero el otro elemento es que cuando el Estado interviene, esa intervención es parcializada con la empresa y no se percibe un Estado que busque contribuir a eliminar las asimetrías (entre las empresas y las comunidades). La opción del Estado es apostar a que las industrias extractivas sigan creciendo. El problema es que estas actividades siguen creciendo sin mecanismos de control, fiscalización y regulación.
El gobierno ha anunciado para este año inversiones en minería por tres mil millones de dólares. Como están las cosas, ¿esa es una buena o una mala noticia?
Nadie dice que el país se cierre a las inversiones, pero como están las cosas, con un Estado que deja hacer, que no interviene y que cuando interviene lo hace en forma parcializada con las empresas, y viendo la evolución de los conflictos vinculados a las industrias extractivas, lo evidente es que más inversiones mineras traerán más conflictos sociales y ambientales.
¿Es un error apostar a la minería como la locomotora del desarrollo económico del país?
El Perú es un país mega diverso y se debe apuntar a tener una economía diversificada respetuosa de la diversidad del país. Dentro de eso la minería puede tener un espacio, yo no creo que se deban cerrar todas las minas o que no se puedan aprobar nuevos proyectos mineros, pero no creo que la minería deba ser el núcleo central del desarrollo. Apostar a un modelo profundamente extractivista es un error.
“El TLC protege a Doe Run”
Hace un año el gobierno amplió por segunda vez el plazo a Doe Run para que cumpla con el Programa de Adecuación Ambiental (PAMA) de la fundición de La Oroya y este 27 de julio se vence el plazo para que la empresa reanude sus operaciones. Pero hasta ahora Doe Run ha incumplido sus compromisos. ¿Qué puede pasar en La Oroya?
La opción de darle a Doe Run mayor tiempo para que cumpla con el PAMA ha sido un error, de este gobierno y del anterior. Hemos llegado a una situación límite y aparentemente la empresa no va a reiniciar sus operaciones. En ese escenario, el gobierno va a tener que tomar la opción del retiro de la empresa. Eso abre una discusión complicada sobre lo que el contrato permite. Hoy en día, a causa del capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, la empresa tiene mayores herramientas que antes para defenderse…
¿El TLC amarra al gobierno para actuar frente a una empresa como Doe Run que reiteradamente ha incumplido sus compromisos?
El TLC le pone restricciones al gobierno. No me parecería extraño que la empresa utilice el TLC para demandar al estado peruano en tribunales internacionales. El argumento, que se lo he escuchado al ex ministro Ferrero, de que el TLC no protege a la empresa no es cierto. Le recomendaría al ex ministro Ferrero que revise el artículo 10.71 del capítulo de inversiones del TLC, en el que claramente hay varios elementos que esta empresa puede utilizar a su favor. El TLC protege a las inversiones, a las buenas y a las malas.
¿La Oroya es un caso emblemático de la parcialización del Estado con las empresas y su desinterés por el medio ambiente y la población?
Sin duda. Es una evidencia de esa parcialización y también de la incapacidad del Estado.
“Islay, Cajamarca y Piura son las zonas de mayor conflictividad por la minería”
¿Cuáles son las zonas del país en las que en este momento existe una mayor conflictividad social a causa de la minería?
En Islay (Arequipa), por el proyecto minero de Tía María que está en una zona en la que hay una actividad agrícola muy intensa. El 61% de Islay, que es una provincia costeña profundamente agrícola, está concesionado a la minería. En Islay hay un conflicto muy claro entre minería y agricultura. Cajamarca, donde hay un nuevo proceso de expansión minera muy fuerte sin consulta a la población. Ahí hay conflictos con varias empresas, como Yanacocha por el proyecto Conga, Gold Fields, Anglo American. Piura es otra zona de conflicto latente.
En Piura el rechazo mayoritario a las operaciones de la empresa Río Blanco ya ha dejado varios muertos. ¿Hay una salida a la vista a este conflicto?
Hay un entrampamiento muy fuerte. Las autoridades locales y la población han pedido reinstalar la mesa de diálogo, pero aparentemente para el gobierno el diálogo está cerrado y ha respondido a las protestas anunciado la instalación de una base militar en la zona. Este es un caso emblemático donde las instancias democráticas de diálogo retroceden frente a la vocación autoritaria del gobierno.
¿Por qué Río Blanco genera tanto rechazo?
En Piura hay un rechazo mayoritario no solamente al proyecto minero de Río Blanco, sino a que esa zona, que es agrícola, se convierta en un distrito minero. Es claro que ahí la gente no quiere que haya minería. Forzar el ingreso de la minería genera una situación de mucha tensión. La población rechaza la minería porque esta zona donde está Río Blanco tiene un ecosistema muy especial, donde hay un sistema de lagunas, de páramos que recogen y distribuyen agua. Es una zona donde la población está muy vinculada a actividades de agricultura orgánica, como café. La población sabe que en esa misma zona se están intentando desarrollar otros cuatro o cinco proyectos mineros de envergadura, y que el proyecto de Río Blanco sería el primero en entrar a esa zona para convertirla en un distrito minero.
¿Un modelo de desarrollo agrícola sería más sostenible y rentable para la población de esa zona que la minería?
Sin duda que en esa zona un desarrollo basado en la agricultura y en el ecoturismo es una alternativa más viable y sostenible que la minería, y en perspectiva es económicamente más rentable para la población. Hay que generar las condiciones para desarrollar esta alternativa.
Entrevista:
Carlos Noriega http://www.diariolaprimeraperu.com/online/entrevista/gobierno-esta-parcializado-con-mineras_66498.html#
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Empresa minera Doe Run usa el TLC con EE.UU. para presionar al Estado
Perú | 7 de enero de 2011
Fuente: Mariátegui Revista de las Ideas http://mariategui.blogspot.com/2011/01/peru-empresa-minera-doe-run-usa-el-tlc.html
Amenaza de millonario proceso de arbitraje internacional en el marco del TLC, busca debilitar la capacidad del Estado de ejecutar el cumplimiento de Doe Run.
Capítulo de Inversiones del TLC comienza a mostrar sus problemas: Excesivas protecciones a los derechos de los inversionistas podrían ocasionar nuevas demandas contra el Estado peruano.
El reciente anuncio hecho por el Grupo Renco, representante de Doe Run Perú, de su intención de iniciar un arbitraje internacional contra el Estado peruano en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y los Estados Unidos, constituye el primer paso a lo que sería la primera demanda contra el Perú en el marco del supuesto incumplimiento de obligaciones amparadas por el TLC. La empresa demandaría al Estado peruano por el “sistemático trato injusto e inequitativo y no ha cumplido con brindarle total protección y seguridad” apelando al incumplimiento del articulo 10.5 (Nivel mínimo de trato) del Capítulo de X del TLC.
Para Alejandra Alayza, Coordinadora Ejecutiva de la RedGE, “La excesiva protección de los derechos de los inversionistas que otorgan los TLC permiten que a pesar de empresas como Doe Run Perú que han incumplido sistemáticamente sus obligaciones en el Perú, tengan ahora mecanismos internacionales para demandar al Estado peruano. Prefieren pagar el arbitraje internacional que asumir las responsabilidades que tienen en el país.” La amenaza de inicio de arbitraje impone un plazo de 90 días para que el Estado peruano logre un acuerdo con la empresa, sino se iniciaría un costosísimo proceso de arbitraje internacional.
Para el economista José De Echave de CooperAcción esta demanda no es una sorpresa: “En los TLCs, empresas que están seriamente cuestionadas nacional e internacionalmente, encuentran recovecos legales para la impunidad y para debilitar la capacidad soberana de negociación del Estado peruano”. El experto recordó que desde inicio de las negociaciones de los TLCs diversas organizaciones advirtieron estos problemas, a pesar de que los funcionarios del MINCETUR siempre buscaron minimizar estas consecuencias. Atrás quedaron las declaraciones del ex ministro Alfredo Ferrero, que afirmó que “el TLC no amparará a Doe Run” y que en los TLC sólo “se protege la inversión bien hecha”, “más aún cuando es un tema ambiental”.
Los expertos advirtieron que estos casos podrían aumentar considerando que estas protecciones se otorgan en todos los TLCs, incluyendo protecciones a países como China, Canadá o Unión Europea, con fuerte presencia en el sector minero y de hidrocarburos, sectores con alto nivel de conflictividad. “Es necesaria la rápida y clara definición del Estado frente este problema, mostrando desde el inicio una posición firme frente a estos procesos”, concluyó De Echave. http://www.albatv.org/Empresa-minera-Doe-Run-usa-el-TLC.html

DOE RUN y el TLC
http://www.actualidadambiental.pe/?p=8675
Escribe José De Echave C. / Cooperacción
La semana pasada el Grupo Renco, propietario de Doe Run Perú, anunció su intención de iniciar un arbitraje internacional dentro del marco del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y el Perú.
¿Qué argumenta Renco/Doe Run? Haber recibido un trato injusto e inequitativo de parte del Estado peruano que además no les ha brindado seguridad total y protección de a sus inversiones. Nada menos.
Luego del anuncio se han producido algunas reacciones. Llama la atención, sobre todo, la del ex ministro Alfredo Ferrero y principal negociador del TLC con los Estados Unidos. El ex ministro ha hecho mención a los capítulos ambiental y de los derechos laborales y ha señalado que “el TLC no amparará a Doe Run” y que en los TLC sólo “se protege la inversión bien hecha”, “más aún cuando es un tema ambiental”.
En realidad el capítulo del TLC que debería revisar el señor Ferrero es el capítulo X, que se refiere a las inversiones y es el que pretende utilizar Doe Run. Además, no es cierto que los procesos de arbitraje internacional sean muy sensibles a los temas ambientales. El primer laudo arbitral al amparo de un TLC (el TLC de América del Norte) tuvo a la base un tema ambiental: una empresa de los Estados Unidos, Metalclad, quería construir un depósito de desechos tóxicos en la localidad de Guadalcazar, en el Estado de San Luis de Potosí y el municipio le denegó el permiso. La empresa demandó y abrió un proceso. Según el laudo arbitral, favorable para la empresa, el Estado mexicano tomó medidas “equivalentes a una expropiación”.
Podríamos citar varios ejemplos que muestran que el espíritu de estos procesos arbitrales es sobre todo proteger los derechos de los inversionistas y no aspectos ambientales, como pretende hacer creer Ferrero. Al amparo del los TLC, los estados receptores de inversiones se han visto obligados a pagar millonarias indemnizaciones a empresas.
Como lo señala un comunicado de la Red Globalización con Equidad y CooperAccion, se debe evitar cometer nuevos errores de apreciación que terminen favoreciendo a Doe Run. De ahora en adelante, todo dependerá de lo que se haga o se deje de hacer y en esta ocasión debemos esperar que los derechos de todos los peruanos sean bien defendidos y así evitar que Doe Run se salga con la suya.
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PERÚ, LEGADO DE ALAN GARCÍA: CONFLICTOS MINEROS EN ESCALADA, MECANISMOS DE REGULACIÓN COJOS, CONCESIONES SUPERAN LOS 2 MILLONES DE HECTARES POR AÑO, LOS ULTIMOS QUE SE ENTERAN SON LOS POBLADORES Y LAS AUTORIDADES REGIONALES, MAS DEL 50% DE HUANCAVELICA Y CAJAMARCA SE HALLAN EN ESTA DRAMATICA SITUACIÓN, LA SELVA ES IGUALMENTE “PASTO DE GIGANTES”.
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TLC PROTEGE A DOE RUN
En la siguiente entrevista, José de Echave, economista, responsable del programa de Minería y Comunidades de la ONG CooperAcción y coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros, cuestiona la decisión de extender por 30 meses el plazo para que la empresa norteamericana Doe Run, que opera el complejo metalúrgico de La Oroya, cumpla con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). De Echave señala que los antecedentes de esta empresa generan serias dudas de que vaya a cumplir. También se pronuncia sobre los crecientes conflictos en el sector minero y sus causas y la respuesta de las empresas y del gobierno, y advierte que las condiciones están dadas para que se repita otro “Baguazo”.
Publicado: 28 de setiembre del 2009
-¿Qué consecuencias tendrá esta segunda extensión de tiempo dada por el gobierno a Doe Run para que cumpla con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA)?
-Es un pésimo mensaje que el Perú da como país. Con esta medida se están rompiendo todos los criterios que deben tener las normas legales, que deben ser generales, porque en este caso se está legislando con nombre propio. Se está dando el mensaje que aquí los inversionistas pueden hacer prácticamente lo que quieren, que se premia a una empresa, como Doe Run, que desde que ha llegado al país ha incumplido todas sus obligaciones, entre ellas las ambientales, pero también sus obligaciones con los bancos y con sus proveedores, y que tiene problemas de acotaciones tributarias…
-Es decir, se ha favorecido a una empresa que tiene muy malos antecedentes…
-Doe Run tiene antecedentes terribles, no sólo en el Perú, sino también fuera del país. Estamos ante una empresa que tiene los peores comportamientos sociales, ambientales y financieros. Con esta medida de ampliar el plazo para el PAMA a favor de Doe Run, el Estado se muestra sumamente permisivo frente a este tipo de comportamientos.
-Doe Run asegura que por la crisis económica mundial no estaba en capacidad de hacer la inversión necesaria para cumplir con el PAMA en el tiempo previsto.
-No hay ninguna razón que justifique esta ampliación del plazo. La empresa ha tenido varios años con utilidades muy importantes. Entre 2004 y 2008 obtuvo aproximadamente 500 millones de dólares de utilidad, por lo que ha tenido recursos más que suficientes para haber cumplido con el PAMA.
-¿La pasividad del gobierno ha permitido este incumplimiento de Doe Run?
-Cuando se dio la anterior ampliación del PAMA, que vencía en octubre de este año, el Estado tenía la obligación de hacer auditorías financieras para ver si la empresa estaba invirtiendo lo que debía invertir, pero el gobierno no ha cumplido su rol de regular, de fiscalizar y de sancionar a la empresa.
-El gobierno justifica esta ampliación del PAMA con la necesidad de evitar un problema social ante un cierre de la empresa que dejaría a más de tres mil trabajadores sin empleo.
-Sin duda un posible colapso del complejo metalúrgico del cual depende la vida económica de La Oroya sería un problema social de envergadura. Frente a esta situación, era una obligación del gobierno construir escenarios alternativos para que este complejo metalúrgico siga funcionando. No creo que la ampliación del PAMA por 30 meses asegure los tres mil puestos de trabajo. El camino que se está siguiendo no da ninguna garantía que Doe Run mantenga esos empleos. Ni el futuro de los trabajadores, ni el futuro del complejo metalúrgico de La Oroya, pueden estar a salvo con el comportamiento de una empresa como Doe Run…
-Los trabajadores han salido a apoyar a la empresa porque entienden que así defienden sus empleos.
-No tengo dudas que la empresa ha estado detrás de estas protestas. La preocupación de los trabajadores es legítima, pero me da la impresión que el peor aliado de los trabajadores es Doe Run. Yo no pondría las manos al fuego de que al momento de relanzar su producción la empresa vaya a mantener todos los puestos de trabajo. Es muy probable que haya despidos. Seguimos en un escenario incierto.
-¿Cree que Doe Run volverá a incumplir sus compromisos?
-Por sus antecedentes, no creo que vaya a cumplir…
-¿No hay garantías para que Doe Run cumpla esta vez?
-En este punto, la ley que amplía el PAMA es muy general y no señala las garantías para que Doe Run cumpla con las inversiones que debe hacer. La empresa ha obtenido una ampliación del PAMA, pero sigue sin capital de trabajo. Doe Run ha argumentado que esta ampliación del PAMA le permitirá obtener financiamiento de la banca, pero esta empresa tiene los peores antecedentes en términos de pago a sus acreedores, por lo que tengo serias dudas que sea confiable para la banca y obtenga financiamiento. Tengo mis dudas que la empresa realmente quiera quedarse en el país…
-¿Si no quiere quedarse, por qué ha presionado tanto para obtener esta ampliación del PAMA que le permite seguir operando?
-Creo que está ganando tiempo para buscar un escenario en el cual el Estado cometa algún error que le permita reclamar una indemnización. En el Tratado de Libre Comercio (TLC) que el Perú tiene firmado con Estados Unidos hay un capítulo de protección de inversiones en el que se habla de expropiación directa e indirecta. Una expropiación indirecta es cualquier medida del estado peruano que afecte las expectativas de ganancias de una empresa norteamericana, frente a lo cual el Estado puede ser sujeto de una demanda internacional por parte de la empresa. No descartaría la posibilidad que Doe Run esté jugando a esperar que el Estado la intervenga y así utilizar los mecanismos del TLC para acusar al estado peruano de afectar sus operaciones y presentar una demanda internacional en su contra reclamando una indemnización.
-¿El TLC protege a Doe Run y le amarra las manos al estado peruano?
-Sin duda que protege a Doe Run. En este caso, el TLC es un arma a favor de Doe Run y juega en contra del estado peruano. Este ha entrado en esta situación con las manos atadas por el TLC, que le ha restringido las alternativas de manera sustantiva. Con este caso comenzamos a ver las consecuencias negativas del capítulo de protección de las inversiones de Estados Unidos que está incluido en el TLC, que limita las posibilidades de acción del estado peruano.
-¿Sin el TLC, el Estado habría podido anular el contrato con Doe Run por el incumplimiento de sus compromisos sin preocuparse por una demanda?
-Sin un TLC firmado, el Estado tranquilamente le podría haber dicho a la empresa que se vaya por haber incumplido el contrato de privatización y no había ninguna consecuencia.
“Lo ocurrido en Bagua se puede repetir”
-¿El gobierno ha aprendido algo de lo ocurrido en Bagua?
Ha aprendido muy poco, y ese aprendizaje no se está traduciendo en procesos concretos.
No se quiere modificar un milímetro el marco legal, que es la base de los conflictos sociales. Hay una actitud de buscar criminalizar la protesta, de reprimirla todavía más…
-¿Estamos en una situación en la que un conflicto como el de Bagua puede repetirse en cualquier momento?
-No tengo la menor duda que eso puede repetirse, tanto en zonas amazónicas como en andinas, en zonas de Hidrocarburos o de minería. No se ha tomado ninguna medida para evitar que un conflicto de esa magnitud se vuelva a presentar.
-¿Cuáles son las zonas más conflictivas?
-Piura y Cajamarca son dos escenarios complicados y tensos. Hay que mirar con mucha atención Apurímac, donde más del 50 por ciento del territorio está concesionado. En Arequipa se está viviendo una situación bastante tensa en Islay, donde hay una actividad agrícola muy importante y se quiere desarrollar un proyecto minero. En Cerro de Pasco está el tema del desplazamiento de la ciudad. Otra zona conflictiva es la provincia de Yauli, en Junín, donde el proyecto de Toromocho implica la reubicación del distrito de Morococha.
“Conflictos sociales aumentan en número y en intensidad”
-En la reciente Convención Minera de Arequipa se trató el tema de los conflictos sociales. ¿Hay avances por parte de las empresas y del gobierno para entender las causas de estos conflictos?
-Los conflictos sociales vinculados a la minería están aumentando en número y en intensidad. Yo estuve en la Convención Minera y la impresión que tengo es que, si bien se debatió el tema de los conflictos sociales, el argumento central manejado por las empresas y el gobierno sigue siendo el de la existencia de una agenda oculta, de intereses políticos, de un complot contra las inversiones mineras. Eso es un gran error. Si no se reconoce la existencia de agendas legítimas que los conflictos sociales están tratando de plantear y poner sobre la mesa, no se va a avanzar en desarrollar estrategias frente a las protestas.
-¿Un elemento central de las protestas sociales es el cuestionamiento al modelo de desarrollo primario exportador basado en la minería?
-Los conflictos sociales, además de mover agendas y expectativas locales, comienzan a cuestionar abiertamente las reglas de juego. Sin duda hay un cuestionamiento a este modelo primario exportador, que implica un crecimiento caótico de la actividad minera que no es sostenible. Se cuestiona la política de concesiones y se señala que este crecimiento caótico de la minería no puede continuar. No se plantea que no haya minería, sino que ésta se desarrolle bajo ciertas condiciones, y los aspectos sociales y ambientales, y en algunos casos también culturales, están siendo puestos sobre la mesa. También se exige que existan mejores mecanismos de participación ciudadana y que las poblaciones sean informadas y consultadas cuando sus territorios son concesionados; que haya instrumentos de gestión ambiental más rigurosos; que los aportes de la minería en coyunturas favorables, como la vivida entre 2004 y 2008, sean sustantivos; que haya un Estado que esté presente, que controle, que regule, que represente el interés nacional…
-¿Un factor clave de los conflictos sociales es que el Estado juega a favor de las empresas?
-Hay un cuestionamiento claro y abierto al rol del Estado, que es un Estado sumamente laxo y permisivo frente a las empresas mineras. El Perú es el escenario del Estado ausente, de la autorregulación, donde lo que predomina son acuerdos entre pobladores y empresas mineras, en una situación de asimetría absoluta que favorece a las empresas. Esta situación de asimetría y de desequilibrio, causada por un marco legal muy favorable a las empresas mineras y que recorta los derechos de las poblaciones, es lo que está en la base de los conflictos sociales. Si no hay una voluntad política de cambiar y se sigue apostando a que la minería crezca como lo ha venido haciendo en los últimos años, los conflictos sociales van a seguir aumentando.
Carlos Noriega
Entrevista http://www.diariolaprimeraperu.com/online/entrevista/el-tlc-protege-a-doe-run_47136.html#
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Se da por sentado que un TLC es un acuerdo comercial regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países o bloques que lo integren, como es el caso de Centroamérica y Dominicana con Estados Unidos.
Mas, este último es inequitativo -aparte de por las dimensiones económicas y geográficas de los integrantes- porque la Unión Americana conserva intactas sus medidas proteccionistas y los subsidios agrícolas, pero su contra parte ni siquiera los posee.
Los TLC de este tipo no implican integración económica, social y política en condiciones justas y favorables para todos sus miembros.
Priman los preceptos del neoliberalismo, desde la perspectiva del Consenso de Washington, que enfatiza lo tecnocrático y macroeconómico, a la vez que rechaza el papel del Estado en lo económico y lo social.
Por el contrario, defienden el libre mercado capitalista como mejor garante del equilibrio institucional y del crecimiento económico de un país o grupo de ellos.
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